Más allá del ACPM: los problemas estructurales que aquejan al sector transporte

Hace dos semanas Colombia se paralizó casi una semana por un paro de transportadores. El anunció de un aumento de 2.000 pesos en el galón del diésel disparó protestas y bloqueos en 20 departamentos. Allí se materializaron también múltiples quejas y reclamos del sector y los pequeños conductores, que van más allá de solo el combustible, y reflejan una serie de problemas estructurales dentro de un sector transversal a muchos otros de la economía.

El sector transporte enfrenta problemas estructurales, que van desde temas técnicos, como el sistema con el que se calculan los pagos que reciben los conductores y costos, hasta situaciones de seguridad, bloqueos, informalidad y el envejecimiento de los conductores y la falta de talento joven. 

Aunque el diésel no subió como pretendía el gobierno, se acordaron solo dos aumentos, cada uno de 400 pesos, en lugar de las tres alzas de 2.000 que proyectaba el ministerio de Hacienda. El gobierno se sentó con las asociaciones y sindicatos de camioneros, conductores de flotas y otros vehículos y acordaron un acta con 15 compromisos que esperan cumplir en lo que resta del año y el próximo, antes de revisar cómo subir 5.200 pesos más que quedan pendiente en el precio del galón para equipararlo al precio internacional. 

Informalidad, el problema del que pocos sectores escapan en Colombia

El sector transporte no es menor en la economía colombiana. Aporta 5 por ciento del PIB, genera 1,7 millones de empleos, entre directos e indirectos, y es una de las actividades económicas más transversales, pues participa en 89 por ciento de las subdivisiones del PIB.  El transporte por carretera moviliza el 95 por ciento de las mercancías del país y al año se transportan por carretera alrededor de 137 millones de toneladas.  

En el país hay habilitadas 4.345 empresas por el Ministerio de Transporte y el parque automotor de carga se compone por aproximadamente 360.000 vehículos, de los cuales 80 por ciento está en manos de personas naturales y 20 por ciento pertenece a personas jurídicas.

De estas, la gran mayoría con mipymes. El 91,8 por ciento de las empresas con microempresas, el 6,1 por ciento pequeñas empresas, 1,6 por ciento compañías y medianas y solo 0,5 por ciento del sector lo componen grandes firmas. 

A pesar de ser un sector altamente regulado e intervenido, uno de los grandes problemas que enfrenta es la alta informalidad. 

De las 4.345 empresas de transporte habilitadas por el Ministerio, sólo 2.199, es decir el 50 por ciento, reportan información al Registro Nacional Despachos de Carga por Carretera, el RNDC, una herramienta que tiene el gobierno para identificar qué empresas pagan correctamente las planillas según el Sistema de Costos Eficientes del Transporte Automotor de Carga (Sice-TAC), y cuáles lo están haciendo por debajo. 

Estas cifras fueron presentadas durante el congreso de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar), que se realizó entre el 18 y el 20 de septiembre en Cartagena. La asociación agremia a más de 200 empresas del sector transporte, responsables de transportar el 80 por ciento de la carga del país. El evento reunió a 2.200 personas del sector, representantes del gobierno y de las empresas. 

Nidia Hernández, presidente de Colfecar, aseguró que en el sector “hay un hueco grande de informalidad que no permite operar en igualdad de condiciones”. Por ejemplo, en 2023 solo 2.058 compañías del sector pagaron la tasa de vigilancia que exige la Superintendencia de Transporte, el 49 por ciento. 

El Sice-Tac, la manzana de la discordia en el sector

Según Hernández,  aunque existe esta herramienta que define el valor mínimo por ruta por tonelada al propietario del vehículo, históricamente el Sice-Tac no ha funcionado como debería “por un desequilibrio entre ingresos y costos”. Cálculos del gremio indican que entre 2021 y 2024 el valor pagado por tonelada transportada ha subido 13 por ciento, mientras que el costo del transporte ha subido en el mismo lapso alrededor de 26 por ciento. 

“El Sistema de Costos Eficientes del Transporte Automotor de Carga (Sice-TAC) es una herramienta que define el valor mínimo por ruta por tonelada al propietario del vehículo, sin tener en cuenta la utilidad para el propietario y la generación de valor que realiza la empresa de transportes”, aseguró. 

Este es uno de los temas centrales de los acuerdos que tienen sentados el gobierno y las asociaciones de transportadores luego del paro de inicios de mes. El viceministro de Transporte, Eduardo Enríquez, mencionó también durante el evento que para levantar el paro se acordó con los transportadores suspender cualquier alza adicional al precio del diésel hasta que se logren “transformaciones estructurales”. 

Los transportadores han denunciado en repetidas ocasiones que, por el diseño del sistema, las empresas no siempre terminan pagando el valor justo. Según Enríquez, este es uno de los asuntos en los que se están centrando las conversaciones en este momento. “Tenemos una hoja de ruta clara, hay temas laborales, en costos, que van todos de la mano”, dijo el viceministro. 

La inseguridad acecha las carreteras del país

Otro de los grandes problemas del sector es la inseguridad en las vías. Según la presidente de Colfecar, en una encuesta que se realizó con los empresarios del sector en agosto los temas que más preocupaban eran:

• Inseguridad: 23 por ciento. 
• Incumplimiento del Sice-Tac por la informalidad: 17 por ciento. 
• Alza en el precio del ACPM: 16 por ciento. 
• Bloqueos por comunidades inconformes: 15 por ciento. 
• Peajes: 15 por ciento. 
• Estado de la infraestructura: 14 por ciento

Colfecar denunció que, según cifras del propio Ministerio de Defensa y su balance de orden público, se ha dado un aumento del 29 por ciento en las extorsiones, y del 70 por ciento en los secuestros este año. 

“El deterioro de la seguridad ha sido alarmante y desafortunadamente vemos que la situación empeoró en el último año. Es lo que actualmente más nos preocupa a los empresarios del transporte”, aseguró Juan David Gaviria, presidente de TDM, una empresa de logística, y actual presidente de la junta del gremio. 

Según el empresario, los transportadores perciben un deterioro en los niveles de inseguridad habitual que afectan directamente el sector, como son hurtos de mercancía, de vehículos, polizones, extorsiones, muertes de conductores, entre otras modalidades. 

En el caso de los bloqueos, entre enero de 2023 y agosto de 2024, el gremio ha contabilizado pérdidas por 6,1 billones de pesos como resultado de 1.214 bloqueos en las vías nacionales. 

Entre enero y agosto de este año se presentaron en el país 472 bloqueos, lo que representa 3.380 horas pérdidas, o el equivalente a 140 días con la carga inmovilizada, con pérdidas por 2,5 billones de pesos. 

Entre los principales motivos de los bloqueos se cuentan protestas por el servicio de energía, por temas como las altas tarifas o la falta de prestación del servicio; por las condiciones de las vías nacionales y el mal estado de las vías terciarias: protestas por temas educativos como la infraestructura a los colegios o pagos pendientes a educadores; por problemas en la prestación del servicio de agua, y protestas contra peajes, ya sea por peticiones de las comunidades para eliminarlos, o por solicitudes de tarifas diferenciales para las poblaciones cercanas a los peaje. 

Problemas de costos y personal 

Para los transportadores de carga lo que más pesa en su estructura de costos es el combustible. Por eso no es de extrañar las protestas de hace unos días. Según el índice de costos de transporte por carretera (ICTC) que mide el Dane, el 40 por ciento de los costos operativos de un camión corresponde a gastos de combustible, 45 por ciento son los costos fijos, dentro de los que están los peajes, que son cerca del 12 por ciento; 10 por ciento corresponde a insumos, y 5 por ciento son partes, piezas, servicios de mantenimiento y reparación.

A esto se suma además el aumento de los peajes, que por el congelamiento a inicios de 2023, este año han subido 18,4 por ciento, y los incrementos de los costos laborales, pues si se suman los aumentos del salario mínimo entre 2022 (10 por ciento), 2023 (16 por ciento) y 2024 (12 por ciento), equivale a un incremento de 43 por ciento en los últimos tres años.  

Además, hay otro fenómeno que está golpeando al sector, pero que no es exclusivo de Colombia: la escasez de conductores por cuenta del cambio generacional. A los jóvenes no les llama la atención ser camioneros, y los retos de formalización y las carencias en educación hacen poco atractivo el oficio. 

“En Colombia la mayoría de los conductores tienen más de 50 años y el relevo generacional no es fácil. Hay un tema de formación. Los muchachos no encuentran donde formarse, la conducción de carga no llega a niveles técnicos y obtener las licencias de conducción es costoso”, cuestionó Hernández, quien propuso como solución que el SENA incluya dentro de sus programas de formación la conducción de carga. 

Cuando los transportadores paran, todo el país para. El sector, que tiene la capacidad de mover la economía, literalmente, tiene problemas serios cuyas soluciones no son simples. El gobierno estará sentado por meses con las bases camioneras revisando promesas como incluir en la reforma laboral una propuesta especial para el sector transportador, o una política de reposición vehicular, pero la tarea no es fácil.