Aprobada la reforma laboral en la Cámara, ¿quiénes ganan y qué sigue ahora?

En 2022, en los primeros meses de presidencia de Gustavo Petro, el gabinete en pleno presentó con una fiesta al aire libre y ante cientos de invitados sindicales el proyecto de reforma laboral del gobierno. Sin embargo, meses después la iniciativa legislativa se cayó porque los senadores de la Comisión Séptima ni siquiera llegaron a votar en primer debate el proyecto. Por este motivo, al final de la legislatura quedó eliminado.

Pero ni el presidente ni su ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, estaban dispuestos a rendirse. Con el inicio de la nueva legislatura en 2023, presentaron un nuevo proyecto de reforma laboral cuyo principal cambio fue la eliminación del bloque de artículos que pretendía aumentar las protecciones e incentivos sindicales: la parte que más debate y resistencia generó en el proyecto original. Y aunque transcurrió más de un año sin buenas nuevas, esta semana la Cámara de Representantes terminó un debate de más de 10 días para aprobar la reforma laboral y pasarla a la cancha del Senado.

El proyecto llega a la Comisión Séptima del Senado con varios cambios y el antecedente de una aprobación por amplia mayoría, 93 votos a favor y 13 en contra, pero aún con varias advertencias sobre sus consecuencias negativas en la generación de nuevos empleos, la formalización laboral y la dinámica económica.

Sumas y restas laborales

Incluso el gobierno ha reconocido que el proyecto de ley no está diseñado para generar nuevos empleos directamente, sino para aumentar los beneficios y protecciones a los trabajadores formales del país, que según los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), para agosto de 2024 eran 10,3 millones de los 23,4 millones de trabajadores del país. La tesis del gobierno es que mejorar las condiciones económicas de los trabajadores formales puede generarles una mejor posición económica que incentivará el consumo privado y, por esa vía, el crecimiento económico que a su vez se reflejará en la creación de más empleos formales.

Pero desde el sector privado y académico, así como en la oposición, hay quienes advierten que la cuenta no es tan fácil, y que la reforma como está planteada podría llevar a una reducción de cerca de 500.000 empleos formales en el corto plazo.

No hay una única medida que potencialmente lleve a la pérdida de empleos o incluso a un incremento de la informalidad. Las medidas que hacen más estrictos los despidos laborales, dicen algunos expertos, podría llevar a una ola de despidos antes de la entrada en vigencia de la ley, de ser apropado el proyecto por el Congreso antes del 20 de junio de 2025, cuando se acaba la actual legislatura. Esto pese a que la Cámara de Representantes eliminó el artículo que encarecía las indemnizaciones por despidos injustificados en función de la cantidad de años que había pasado un empleado en la empresa.

Para el sector turismo, restaurantes y servicios, el impacto también llegará de la mano del cambio en la jornada nocturna, que ya no empezaría a las nueve de la noche, como en la actualidad, sino a las siete de la noche y terminaría a las seis de la mañana, es decir, un incremento de dos horas que se estima en 8,95 por ciento por empleado o lo que, para el total de los trabajadores formales del país, significa un incremento de 0,73 por ciento en la masa salarial, según los cálculos de la consultora Dapper.

Un estudio de la firma indica que, si bien ese incremento salarial representa una mejora en las condiciones de los trabajadores, “existe el riesgo de que este aumento en los costos laborales pueda resultar en una reducción de los servicios nocturnos, un incremento en los precios al consumidor, y potencialmente un aumento en la informalidad laboral en sectores ya vulnerables”.

A eso se suman la exigencia del pago del salario mínimo para los practicantes del SENA y el incremento en la cantidad de aprendices que debe contratar cada empresa según la cantidad de trabajadores de planta que registre. Aunque la intención también es mejorar las condiciones laborales de los estudiantes del Sena o generar mayores ingresos para la institución si las empresas contratan menos de los aprendices que requieren, el economista Martín Jaramillo advierte que esto podría tener un efecto negativo sobre la productividad.

Jaramillo explica que las empresas más productivas contratan menos aprendices del Sena, pues requieren menos de esa mano de obra más barata pero con menos experiencia, mientras que las empresas pequeñas e improductivas, que generan menores ingresos y ganancias, contratan a más practicantes del Sena, ya que pueden pagarles un salario inferior al mínimo. Con el cambio de estas condiciones, como lo aprobó la Cámara de Representantes, las empresas grandes y productivas podrían optar por pagar al Sena en lugar de contratar más aprendices, mientras que las improductivas tendrían que recortar mano de obra pues sus ingresos no estarían a la altura de los mayores costos.

Los que requieren más discusión

La Cámara de Representantes eliminó de la reforma laboral dos medidas que prometen volver a la discusión ya sea en el debate en el Senado o en nuevas iniciativas legislativas.

Por un lado está la reglamentación del contrato laboral rural, en la que la ministra Ramírez prometió insistir ante el Senado de la República en lo que queda del trámite de la reforma laboral en aras de luchar, según ella, por mejorar las condiciones del campesinado colombiano.

Sin embargo, el tema rural va más allá de la creación o no de contratos laborales y la reglamentación del jornal. En este campo hay que tener en cuenta que las condiciones de las cosechas, el clima y hasta los ciclos de rotación de cultivos, así como otras tareas del campo y el volumen de actividad agropecuaria de subsistencia, evitan que las jornadas y los ingresos en el mundo agropecuario sean constantes y estables a lo largo de, al menos, un solo año calendario, como sucede con tantas otras actividades laborales, especialmente aquellas urbanas.

Por otro lado están las medidas que intentan promover la equidad de género y de identidad sexual. Si bien la Cámara de Representantes aprobó que la licencia de paternidad sea de un mes para equilibrar las cargas de cuidado con las madres y eso es considerado un avance en ese tema, eliminó el artículo de licencia de maternidad y/o paternidad para parejas del mismo sexo, una medida sobre la que ya se anuncia mayor debate dentro y fuera del Congreso, pero que mientras tanto deja excluida a esta población y a merced de las políticas o negociaciones individuales o colectivas de sus empresas.

Aún con los cambios y negativas que recibió el Gobierno, es positivo sobre el futuro de la reforma laboral, que ahora tendrá ocho meses para que la Comisión Séptima y la plenaria del Senado nombren ponentes, negocien con el Ministerio de Trabajo y con sus compañeros los cambios que le harían al proyecto de ley y lo aprueben. Sin embargo, tal como pasó con la fallida reforma a la salud, hay quienes advierten que ese será un escenario más complicado para la iniciativa gubernamental. El tiempo lo dirá.