¿Reincorporarse no paga? Los proyectos productivos de los exFarc no despegan después de ocho años

“La realidad es que la mayoría de proyectos de la reincorporación están quebrados. Las políticas agrarias siguen siendo las mismas de los gobiernos anteriores, y eso no funciona. Vale más pagar un obrero para que produzca el mango, que vender el mango. No es rentable”, asegura Julio César Orjuela, líder de la Cooperativa Coomudersa, una de las más de cien asociaciones que surgieron como resultado del Acuerdo de Paz con la extinta guerrilla de las Farc en 2016. 

En esta cooperativa están vinculadas 28 familias de excombatientes alrededor de un proyecto productivo ovino caprino, aunque también cultivan frutas, tienen un vivero y crían gallinas ponedoras. Viven en el municipio de Agua de Dios, en Cundinamarca.   

Orjuela es uno de los miles de excombatientes que, en el marco del Acuerdo de Paz, decidió dejar las armas para volver al campo. También es uno de los miles de excombatientes que desde el pasado 16 de diciembre no reciben el pago de su renta básica —un apoyo económico equivalente al 90 por ciento del salario mínimo legal— y de la que dependen la mayoría de ellos, porque, como lo menciona Orjuela, los proyectos productivos no les dan para vivir hoy.

Esta demora en los pagos tiene que ver con los problemas de caja o de liquidez que viene experimentando el Gobierno en los últimos meses, y que han ocasionado en las últimas semanas demoras en los pagos de contratistas del Estado y también retrasos en los subsidios que reciben los excombatientes. 

“Esto nos ha ocasionado muchos problemas en el territorio. No todo el mundo entiende. Es una necesidad del estómago. La mayoría de los firmantes estaban contando con la renta básica para navidad y año nuevo, para comprar cositas o la ropa de los pelaos, y eso golpeó mucho. Hay mucha gente nuestra disgustada con obvia razón, pero intentamos entenderlo de una forma más política”, aclara Orjuela. 

El Partido Comunes publicó un comunicado hace unos días en el que expresaba su preocupación por la “grave crisis” en la implementación del acuerdo. Entre varios temas, el texto menciona el incumplimiento en el pago de la asignación mensual de 10.973 firmantes, y en el suministro de los acompañamientos alimentarios para 10.355 personas en proceso de reincorporación. 

“Esta situación no solo afecta el sustento de las familias, sino también compromete los proyectos para construir una paz duradera. Es inadmisible que mientras se habla de 'Paz Total', los firmantes de paz vivan en incertidumbre económica y sus derechos fundamentales sean vulnerados”, dice la comunicación oficial del partido político que surgió de la extinta guerrilla.

El comunicado cuestiona también el hecho de que el presidente Gustavo Petro ha declarado que “ni un peso se quitará a la paz” y que los recursos están garantizados, pero la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), entidad que lidera los procesos de reincorporación de los excombatientes, ha visto un recorte del 73 por ciento del presupuesto, lo que, según el partido político, ha reducido drásticamente su capacidad operativa. 

¿Qué pasa con los pagos? 

Desde hace meses, el Gobierno ha tenido problemas de caja o de liquidez, es decir, no tiene plata a la mano para pagar todos los compromisos que tiene por estos días. El ministro de Hacienda, Diego Guevara, ha reconocido el problema, que se sustenta especialmente en el menor recaudo de impuestos de 2024 frente a las proyecciones que tenía el Gobierno. 

Las cuentas con las que la administración armó su presupuesto en 2024 contemplaban ingresos por 315 billones vía impuestos. Con estos números, el Gobierno hizo sus cálculos. Sin embargo, en junio del año pasado y ante los malos resultados del primer semestre, le tocó ajustar esa proyección a 258 billones. Aún no se tiene el consolidado de los tributos de todo el año, pero, a noviembre, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) había recogido 248 billones de pesos en impuestos.

La caída en ese recaudo se explica, entre otros, por la desaceleración económica de 2023, que venía golpeando a la economía colombiana y afectó los ingresos de las empresas y personas y, por ende, lo que se les cobra por impuestos fue menor en 2024. Tampoco se materializó la idea que tenía el Gobierno de recaudar alrededor de 10 billones de pesos por el arbitraje de litigios entre la Dian y los contribuyentes. 

Otra de las razones detrás del ‘hueco’ en los impuestos se explica por un “error administrativo” del Gobierno y que el propio presidente Gustavo Petro reconoció. En 2023 se hicieron anticipos muy altos en el impuesto de renta, es decir, se adelantó el pago del impuesto que se iba a pagar en 2024, y eso generó un desbalance en las cuentas públicas. 

La directora de la ARN, Alejandra Miller, envió un parte de tranquilidad a los excombatientes esta semana y aseguró que, luego de revisar las cuentas con el ministro de Hacienda, el retraso de la renta básica se solucionará la primera semana de febrero. 

“Tenemos garantizado este recurso para el pago de la renta básica durante todo el año 2025. No habrá recorte en el presupuesto de la Agencia para la Reincorporación, que mantendrá su presupuesto para el programa de reincorporación integral y todos los otros programas que atiende”, dijo Miller. 

Sin embargo, muchos excombatientes están con el agua al cuello luego de mes y medio sin recibir el pago, del cual dependen la mayoría de ellos, porque los proyectos no les dan para vivir.

La reincorporación, tras ocho años del Acuerdo de Paz

Cifras de la ARN evidencian que 77.003 personas salieron de grupos al margen de la ley en Colombia entre los años 2001 y 2024. De ellas, 20.048 se desmovilizaron individualmente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (Farc-EP) y 14.136 excombatientes lo hicieron por medio del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto. 

Para estos últimos excombatientes, la ARN diseñó un proceso de reincorporación que contempla la generación de alternativas productivas, ya sean colectivas o individuales, las cuales, en palabras de la entidad, “consoliden fuentes de ingresos sostenibles en el mediano y largo plazo en el marco de la legalidad”. Las personas en proceso de reincorporación tienen derecho, por una única vez, a un apoyo económico para emprender un proyecto. 

Según el último reporte mensual de la entidad, que corresponde a noviembre de 2024, actualmente hay 6.003 proyectos aprobados que benefician a 11.066 excombatientes, para los cuales se han destinado 104.888 millones de pesos desde el Estado. De esos proyectos aprobados, a 5.842 se les han desembolsado recursos. 

La ARN indica que de los proyectos con recursos desembolsados, 1.203 están cerrados o vendieron y destinaron los recursos a otro fin. Esto es, el 20 por ciento de los proyectos a los que se le giraron recursos. También hay 360 pendientes de seguimiento para determinar su estado y 99 no han iniciado. 

Sumado a esto, la ARN es la encargada de otorgar beneficios económicos a las empresas en proceso de reincorporación para satisfacer sus necesidades básicas y, según la entidad, el 94 por ciento de los firmantes, es decir 13.367 personas, reciben la renta básica. En lo que va de este gobierno se han girado, entre agosto de 2022 y noviembre de 2024, 334.753 millones de pesos en estos subsidios. 

“La base económica fundamental de esas más de 12.000 familias es esa renta básica y, al no llegarles, la gente pasa por situaciones difíciles justo en la época del año donde todos aspiran tener algo en la casa. Ha sido un golpe muy duro para la gente nuestra”, aseguró a CAMBIO el senador del Partido Comunes Julián Gallo.  

Según Gallo, parte de la gravedad de la situación tiene que ver con que la reincorporación socioeconómica como estaba planteada “nunca se implementó en el gobierno de Iván Duque, que apostó a dispersar a la gente”. Eso, según el congresista, tiene como consecuencia que al día de hoy más del 90 por ciento dependan de esa renta básica. 

“La reincorporación no puede seguir dependiendo de esta renta básica. Somos gente que sabemos trabajar, que queremos sentirnos parte de esta sociedad. Esto se logra con proyectos productivos. Si algo habla mal del proceso de paz es que la gente siga dependiendo de la renta básica. Si parte de esa plata se hubiera invertido en proyectos, no habría estos problemas”, asegura Gallo. 

¿Por qué no han funcionado los proyectos productivos? 

Desde Agua de Dios, en Cundinamarca, Orjuela reconoce que en la cooperativa entienden que el problema de los pagos de estas últimas semanas es algo coyuntural, y asegura que lo que más los inquieta no son los subsidios, sino la situación de los proyectos. 

Según Orjuela, parte del problema radica en que en Colombia no se sabía de formulación de proyectos de este tipo y, aunque en el papel muchos de ellos eran prometedores, no se hizo un análisis real del terreno o de la tasa de retorno y por eso en la práctica no tuvieron la rentabilidad esperada. 

“El campo no es rentable —admite—. Este Gobierno ha intentado impulsar la reforma rural, pero no lo han dejado avanzar. Nosotros somos campesinos, y aunque en algún momento nos levantamos en armas, al final volvimos al campo”. 

Esa es la realidad de muchos excombatientes en proceso de reincorporación. En 2019, 30 firmantes y sus familias se trasladaron al municipio de Puerto Guzmán, en Putumayo. Su idea era iniciar un proyecto de piscicultura y vivir de él. 

“Como todos los proyectos de reincorporación, en medio del afán de ejecución y de implementación de los recursos por los operadores el proyecto se presentó, se planteó y ejecutó, pero no hemos tenido los mejores resultados. También fue un poco por desconocimiento nuestro en temas de piscicultura”, indica Armando Aroca, fundador y representante legal de la Cooperativa Multiactiva Comunitaria del Común (Comuccom), que hoy agrupa a 42 personas. 

Con los años han ido fortaleciendo el proyecto, y producen mojarra roja, cachama y sábalos. Tienen una planta de procesamiento de peces, registro Invima y están inscritos ante el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). A pesar de eso, las cuentas no dan.  
 
“Solo en 2023, luego de casi siete años de que se conformó la asociación, logramos excedentes. Ese año pasamos el valle de la muerte y alcanzamos el punto de equilibrio del negocio, y en 2024 también logramos excedentes. Pero son poquitos: si algo, son para reinversión”, cuenta. Actualmente producen alrededor de 24 toneladas de pescado por año. 

Y se dieron cuenta de que las dinámicas comerciales y la competencia de los grandes productores de pescado en el Huila no permitían que el negocio fuera rentable. Los costos no dan para vender al por mayor y por eso prefirieron concentrarse en la venta local. 

“Me atrevo a decir que, a nivel nacional, ningún asociado vive de los proyectos que se han implementado, y nosotros no somos la excepción”, asegura Aroca.

Pero no solo en el campo se vive al límite con las cuentas. 

En Bogotá, en una esquina del barrio La Soledad, una casa colorida llama la atención de los transeúntes. Se llama La Roja Casa Cultural, un café bar en el que se vende La Roja, una cerveza artesanal fabricada por antiguos miembros de la guerrilla y que da nombre al espacio. También se comercian varias marcas de café producidas por excombatientes, así como miel, libros, confecciones y bisutería elaboradas por varias asociaciones y cooperativas. 

“Tenemos las dificultades de todas las pequeñas empresas. Estamos tratando de salir adelante. Pese a las dificultades, que son las mismas que traemos de hace siete años, ha habido avances importantes con este ‘gobierno del cambio’, pues hemos contado con estrategias de fortalecimiento”, cuenta Luz Mery López, representante legal de la Asociación para la Comercialización de Productos para la Paz (Asopropaz). 

Este proyecto tiene cuatro años de existencia y a él están ligadas 20 familias firmantes. Sin embargo, López asegura que todavía no pueden vivir de él. 

“Algo fundamental es el acceso a la propiedad del predio: eso nos ayudaría a estabilizar sustancialmente el proyecto, así como lo es el acceso a la tierra para quienes trabajan en lo agropecuario. Tenemos un arriendo con inmobiliaria y es de locos”, dice.

La lideresa espera con calma a que llegue febrero y el pago. “No es un problema grave. Lo grave sería que no se le dé prioridad a la implementación del Acuerdo de Paz, y ese es nuestro mayor reto. Sentimos un apoyo y voluntad política, pero hay que darle celeridad. Esto no depende del Gobierno, sino de todos los sectores, como el Congreso. Es una responsabilidad compartida”, sostiene López. 

Para Emilio Archila, quien fue consejero presidencial para la estabilización y consolidación de la Presidencia de la República durante el gobierno de Iván Duque, el proceso de reincorporación ha sido positivo. 

“Hay varias regiones del país en las que hay proyectos de excombatientes que son fenomenales. En Cauca no solo hay proyectos productivos pequeños, sino también grandes proyectos de porcicultura. En el Valle, a algunos le han comprado la producción a futuro”, asegura. 

Archila destaca que en el Plan de Desarrollo de Duque se incorporó una extensión de las ayudas durante “todo el tiempo que fuera necesario”, y también una hoja de ruta de reincorporación. “Hicimos un censo y establecimos en qué situación específica estaba cada uno de los 13.000 excombatientes, y, a partir de allí, cómo llegar a lo que se consideraba suficiente, incluida la generación de ingresos”, explicó Archila. 

Según el exfuncionario, la formulación y aprobación de los proyectos implicaba el cumplimiento de estándares altos, como contar con canales de comercialización que se revisaban con la ARN y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

Sin embargo, se puede decir que muchos proyectos de reincorporación no han terminado de despegar tras años del Acuerdo. Y aunque el Gobierno actual ha puesto en su agenda esta labor, los excombatientes siguen dependiendo de los subsidios.