La ley de servicios públicos cumple 30 años ¿Cuál es su siguiente etapa?

En 2022, cuando la economía nacional y mundial se recuperaban de las consecuencias de la pandemia de covid-19, las empresas comercializadoras de energía iniciaban la recuperación de los saldos pendientes por cobrar de la Opción Tarifaria aplicada durante la pandemia para congelar las tarifas.

Al mismo tiempo, en Colombia y en el mundo, la inflación empezó a subir por problemas logísticos, como el buque carguero varado en el Canal del Suez y la escasez de materias primas, entre otros. El sector eléctrico no estuvo exento, por lo que las tarifas subieron más que la inflación y muchas empresas acumularon aún más saldos pendientes.

Con ese panorama, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) ajustó a finales de 2023 sus normas para que cada comercializadora pudiera decidir en cuánto tiempo recuperar el dinero de la opción tarifaria ya que eran tantos recursos que estaba en riesgo la estabilidad financiera del sector.

En la región Caribe, donde ahora operan dos empresas, Air-e decidió que su proceso tardaría solo un año, mientras que Afinia lo dividió en cinco años. Todo eso hizo que los precios de la energía, especialmente en La Guajira, Atlántico y Magdalena, subieran de tal modo que los medios reportaron protestas, cacerolazos e incrementos de hasta 50 por ciento en las facturas de los hogares, de acuerdo con la ciudad en la que estaban.

Dos años después, el país sigue discutiendo sobre los precios de la energía y la posibilidad de cambiar la fórmula con la que se calculan. Incluso, el gobierno tiene entre sus cartas una reforma a la ley de servicios públicos que ha regulado al sector desde hace 30 años.

La historia

En 1994 entró en rigor una ley que creó la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) y la Comisión de Regulación de Agua (CRA). Además, permitió la entrada de empresas privadas y mixtas al negocio de la energía en Colombia, con la idea de que hicieran las inversiones necesarias para mejorar y ampliar las redes.

En ese entonces, Colombia se recuperaba social y económicamente de su último apagón hasta el momento, el de 1992-1993, recordado por la hora Gaviria, cuando los relojes de Colombia se adelantaron una hora para aprovechar mejor la luz del sol, y que fue la consecuencia de una fuerte sequía, un sistema que no estaba preparado, falta de recursos y hasta corrupción.

Hasta ese momento, tanto la distribución como la generación de energía estaban a cargo de empresas públicas que dejaron de hacer inversiones necesarias en mantenimiento y expansión de la red por décadas. A eso se sumó un Fenómeno de El Niño muy largo que llevó a los embalses de las generadoras hidroeléctricas a sus mínimos históricos.

Para paliar la crisis, el Gobierno contrató dos barcazas que debían generar energía pero nunca lo hicieron, ordenó cortes programados de energía eléctrica en las noches y adelantó la hora oficial del país en una hora, con el fin de aprovechar mejor la luz del día.

Después, con el país regresando a la normalidad, el gobierno le presentó al Congreso la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios y de su mano otra ley para modernizar al sector de la energía eléctrica. Esas son las leyes 142 y 143 de 1994, de las que tanto se ha hablado en los últimos dos años.

Con ambas leyes no solo se crearon nuevas entidades, sino que se le abrió el camino a las empresas privadas y mixtas para ofrecer servicios públicos a los colombianos, en un momento en el que las deudas del sector eléctrico equivalían al 30 por ciento de la deuda pública del país.

La situación actual

Hoy, Colombia pasó de cerca del 84 por ciento de cobertura de energía eléctrica a superar el 90 por ciento. Según cálculos de Fedesarrollo, en los departamentos y municipios donde habita el 90 por ciento de los colombianos, la cobertura de este servicio es prácticamente universal.

En los otros territorios, que incluyen departamentos como Vichada, Vaupés o La Guajira, la cobertura avanza con soluciones renovables no convencionales y otros proyectos no conectados al Sistema Interconectado Nacional (SIN). Ahí entran también las comunidades energéticas creadas por el gobierno de Gustavo Petro.

Por el lado de los precios, los últimos dos años han estado marcados por guerras internacionales, aumentos de la demanda, proyectos atrasados, inflación y protestas.

Atrás quedaron las manifestaciones de usuarios en La Guajira, Atlántico y Magdalena en las que se quejaban porque sus facturas habían subido hasta 50 por ciento de un mes a otro. Sin embargo, el tema sigue vigente, pues si bien la inflación ha bajado y los precios de la energía ya no son los protagonistas, el actual gobierno lleva dos años hablando de una nueva fórmula de energía que beneficie más a los usuarios.

En una esquina está el superintendente de Servicios Públicos Dagoberto Quiroga, quien ha pedido a los gobernadores y alcaldes del Caribe que presten atención a los impuestos adicionales que cobran mediante la factura de la electricidad, como las tasas de seguridad y alumbrado público, pues hay lugares en los que dicho cobro equivale hasta a un 30 por ciento de la factura.

Así mismo, en compañía del presidente Gustavo Petro e incluso de las empresas del sector, el superintendente advierte de que el cobro de la opción tarifaria que evitó cobros elevados de la energía en tiempos de coronavirus se ha convertido en una carga pesada para los usuarios.

El problema está especialmente en los tres departamentos donde opera la intervenida Air-e, que decidió acelerar el cobro de dicha opción a sus usuarios, mientras otras, como Afinia de EPM, decidieron prolongar en el tiempo el cobro de la opción tarifaria para evitar un incremento abrupto de los precios, aun cuando eso significa asumir la deuda por más tiempo dentro de sus balances.

El futuro que se divisa

El presidente Gustavo Petro insistió en su discurso durante el Congreso de Generación de Energía de Acolgen en la necesidad de modificar la fórmula de cálculo del precio de la energía y en incorporar en la junta directiva de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) al menos a un representante de la sociedad civil. El mandatario incluso planteó la creación de tarifas diferenciales.

Algunas de estas medidas se incluirían en el proyecto de reforma a los servicios públicos que la superintendencia del ramo había prometido presentar ante el Congreso después del 20 de julio; es decir, hace tres meses. Por su parte, los gremios han insistido en que las leyes funcionan adecuadamente y que para enfrentar los retos actuales del sector no es necesario modificarlas.

Al mismo tiempo, el sector se enfrenta a una nueva sequía que vaticina semanas críticas de abastecimiento que incluso están llevando a algunos a advertir sobre la posibilidad de un racionamiento de energía en los primeros meses del año entrante, que son típicamente los de menos lluvias, si no se toman medidas pronto.

En el caso de Bogotá, el retraso en proyectos de líneas de transmisión, que debieron entregarse en 2015 y 2017 para aumentar la capacidad de transporte de energía desde otras regiones hasta la capital, podría provocar cortes de energía en las primeras horas de la noche en 2025.

Otra situación que pone en riesgo al sector son los retrasos en los pagos de los subsidios de energía para estratos del 1 al 3 y que, tres meses después, muchas empresas comercializadoras todavía no reciben los créditos de Findeter con los que el presidente Petro prometió que el Estado asumiría la deuda de la opción tarifaria.

Finalmente, desde el lado de la ejecución, el sector le insiste al gobierno en trabajar en equipo  para atender las coyunturas del sector y para destrabar y acelerar los proyectos de generación y transmisión. Allí, reiteran los empresarios, se necesitan señales claras de inversión, pero también una mejora en la gestión de las licencias, permisos y demás trámites que requieren los proyectos del sector.