Más caro el remedio que la enfermedad: el chicharrón que provocó el congelamiento de los peajes

En colombia 28 casetas de peajes pertenecen al Instituto Nacional de Vías (Invías) y 118 peajes están a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

Crédito: Colprensa

27 Noviembre 2023

Más caro el remedio que la enfermedad: el chicharrón que provocó el congelamiento de los peajes

Este año el Gobierno decidió no incrementar las tarifas de los peajes y armó todo un lío alrededor de la financiación de los proyectos de concesión. Ahora el Ministerio de Transporte trabaja en medidas para compensar lo que las concesionarias dejaron de recibir y anuncia que el próximo año el precio de los peajes subirá dos veces.

Por: Laura Lucía Becerra Elejalde

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Una de las decisiones más polémicas del gobierno de Gustavo Petro ha sido la de congelar las tarifas de peajes en 2023. Así, al inicio de este año ni los precios de las 28 casetas que gestiona el Instituto Nacional de Vías (Invías), ni los de los 118 peajes a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) en las vías concesionadas, se incrementaron 13,1 por ciento, acorde con la inflación de 2022. 

El Ministerio de Transporte decidió congelar las tarifas de los peajes con el fin de aliviar el bolsillo de los conductores, ya bastante cascados por la inflación. A cambio, se comprometió a disponer de un monto para entregarles a las concesiones lo que habrían ganado si los peajes hubieran aumentado; y a “diseñar y aplicar los mecanismos necesarios” para el restablecimiento de las tarifas a más tardar el 31 de diciembre de 2024, con el propósito de normalizar el esquema tarifario estimado para ese momento.

Lo malo es que el gobierno no les ha cumplido a las concesiones y estas sí han tenido que vérselas con un hueco que puede ser mayor a los 800.000 millones de pesos. En pocas palabras, el remedio de haberles perdonado el incremento a los conductores está resultando más caro que si se los hubiera cobrado.

La decisión del gobierno de congelar los peajes ha sido criticada. La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) asegura que esta decisión afectó el equilibrio económico de los proyectos, pues los peajes son una fuente de ingresos fundamental para estos. Por su parte, el exvicepresidente Garmán Vargas Lleras cuestionó la inseguridad jurídica que generó la decisión de modificar contratos viales de manera unilateral y el hueco de “casi un billón de pesos” que resultó por congelar los peajes.  

¿Cómo afectó el congelamiento de peajes a los proyectos?

La primera gran consecuencia de congelar las tarifas ha sido es el enredo jurídico y financiero que se ha generado en los proyectos concesionados, aquellos en los que los particulares financian la construcción de obras a cambio de explotar los proyectos por un tiempo para recuperar la inversión. En particular, los perjudicados han sido los proyectos de cuarta generación, o 4G. 

“La decisión de congelar las tarifas de los peajes este año comprometió seriamente la estructura financiera de las concesiones. Por como están diseñadas, estas figuras contemplan unos incrementos anuales en las proporciones establecidas en el contrato y cualquier alteración a ese esquema afecta en su totalidad la estructura financiera”, explicó Ana María Sánchez, socia de infraestructura en la firma Cuatrecasas. 

La abogada aseguró que esta decisión ha afectado la confianza inversionista, pues sienta un precedente de que la estructura financiera de los contratos está sujeta a los vaivenes políticos, lo que aumenta el riesgo. Para solventar el impacto financiero del congelamiento de los peajes en los proyectos, el Gobierno comprometió 500.000 millones de pesos por medio de la adición presupuestal que aprobó en junio de este año. 

Sin embargo, y como explicó a CAMBIO el presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), Juan Martín Caicedo, “esta adición no contempla el menor recaudo que han visto las iniciativas privadas por el no ajuste de peajes, cuya única fuente de ingresos es precisamente esta”. 

Caicedo dice que, mientras que los costos en los cuales incurren las concesiones para intervenir las vías se ajustaron en función del índice de precios al consumidor (IPC) del año pasado, los ingresos, por el contrario, se mantuvieron en acordes al IPC de 2021: “Esto resultó en una clara afectación al equilibrio económico de los contratos y, por ende, en un riesgo para la participación privada en infraestructura”. Caicedo advirtió que, de no ajustarse las tarifas de peajes se generarían importantes retrasos en términos de competitividad, productividad, crecimiento y desarrollo económico para los proyectos. 

El ministro de Transporte, William Camargo, le dijo a El Tiempo que el impacto por el congelamiento de las tarifas de peajes este año asciende a 800.000 millones de pesos y que por ahora se cuenta con 500.000 millones, habilitados por el ministerio de Hacienda.  “Con el mecanismo de los contratos y otras fuentes de financiación estamos buscando cubrir los restantes, que son de iniciativas privadas”. 

En las últimas semanas, el ministerio de Transporte anunció que subirá las tarifas para ponerse al día con los proyectos y solventar a los concesionarios que han tenido que cubrir ese faltante. 

De acuerdo con el Gobierno el próximo año se darán dos aumentos en los peajes: uno en enero, que será de 13,12 por ciento (correspondiente a la inflación de 2022); y otro en el segundo semestre, que corresponderá a la inflación de este año, que se calcula cerrará entre 9 por ciento y 10 por ciento. Con este panorama, los peajes subirán en 2024 alrededor de 22 por ciento. 

Posibles demandas, otra “papa caliente” que deja el lío de los peajes

Las decisiones en relación con los peajes han generado un lío jurídico y financiero no solo para las concesiones y los privados, sino también para el Gobierno. Según Sánchez, este es un problema que podría generar, incluso, varias demandas. 

En el caso de las iniciativas públicas, según la experta, los concesionarios están asumiendo el riesgo de liquidez, pero le están pasando al gobierno sus actas de liquidación de diferencia de recaudo entre lo que se ha debido cobrar y lo que se cobró, para que el Estado se las reconozca.

En cambio, según Sánchez, en las Iniciativas Privadas “no hay nada que hacer”, porque no tienen recursos públicos, de modo que no tienen la opción de una acta de diferencia de los recursos no recaudados por el congelamiento de tarifas.

La jurista explicó que la estructura financiera de las concesiones contempla incrementos anuales, y que aún no es claro cómo un alza en el segundo semestre de 2024 podría compensar todos los recursos que dejaron de recibir las concesionarias este año, con el impacto financiero que ya vieron los proyectos

“No sabemos si esas medidas van a compensar o resolver el hueco que generó el decreto, porque los borradores que han salido dicen que los concesionarios van a tener que pactar la forma en que se van a hacer los incrementos graduales, entonces tampoco hay nada concreto”, dijo Sánchez, quien también cuestionó que un alza abrupta podría poner en riesgo la infraestructura de los peajes, con episodios como quema de casetas, por la inconformidad de los usuarios frente a los aumentos.

Finalmente, según Sánchez, toda esta situación podría derivar en demandas para el Estado. “A través del decreto, el Gobierno hizo un cambio de ley en una regulación que afectó unos contratos firmados con unos privados, que son las concesionarias. Esa decisión de la Nación generó unos perjuicios a los privados, que tienen mecanismos contractuales a disposición, como por ejemplo los tribunales de arbitramento o demandas, para reclamar por el daño que se les ocasionó”, aseguró la abogada.

Incluso, varios de los concesionarios que tienen iniciativas privadas han iniciado demandas contra el Estado por cuenta de este cambio en la regulación. 

El lío en que quedaron el Gobierno y los responsables de los proyectos de infraestructura aún tiene varias aristas por resolver. Por ahora el ministerio de Transporte deberá comenzar a incrementar los peajes, mientras intenta solventar los desbalances financieros que se crearon en los diferentes proyectos por cuenta de un menor recaudo al proyectado. 

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