“Me da risa que Cecilia López esté aterrada por la expropiación, si ella fue la que hizo esa ley”: Jhenifer Mojica, ministra de Agricultura

La próxima semana pasan dos cosas importantes para Jhenifer María Sindei Mojica Flórez: será nombrada ministra de Agricultura y cumplirá 39 años. No es la funcionaria más joven que ha liderado esta cartera. El récord lo tiene Andrés Felipe Arias. Sin embargo, su edad sí ha sido utilizada por sus detractores para sacarla del camino. Hace diez años cuestionaban que –a tan corta edad– fuera subdirectora de tierras del Incoder. En ese momento empezó lo que ella califica una persecución de la Procuraduría.

La sanción fue destituirla de su cargo como subgerente de tierras del Incoder e inhabilitarla para trabajar con el Estado por diez años. Sin embargo, en 2017, la Procuraduría de Fernando Carrillo revocó dicha sanción.

Hablar de ese momento de su vida se le hace difícil y solo hace un mes y medio se sintió reparada, cuando en respuesta a una demanda que interpuso contra el Ministerio Público, el procurador 127 judicial II para asuntos administrativos, Franky Urrego, anotó que su inhabilidad había tenido un mayor perjuicio por ser mujer.

Como toda una rockstar con la que todos quieren foto, Jhenifer Mojica se despidió de los funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras la mañana del 29 de abril, durante un desayuno organizado en el Hotel Tequendama, de Bogotá.

Mojica es muy cercana a los movimientos de comunidades campesinas, indígenas y afro. Durante el desayuno, Armando Valbuena, secretario de la Ieanpe (Instancia Especial de Pueblos Etnicos del Acuerdo de paz), le dijo que “no ha sido fácil esperar ocho meses para posesionarse en el cargo que le corresponde”. Trato distinto recibió de la ministra saliente, Cecilia López, quien no le quiso recibir el empalme del Gobierno Duque, del que Mojica se encargó, ni quiso entregarle el Ministerio cuando iba de salida.

En entrevista con CAMBIO, la nueva ministra de Agricultura se refirió a su estrategia para que la reforma agraria despegue y manifestó que el Gobierno no tiene interés en comprar tierra a la fuerza.

CAMBIO: Si bien la expropiación está amparada por la Constitución, ¿no cree que volver ese proceso expedito a través del Plan Nacional de Desarrollo podría generar que se acentúe más la violencia en el país?

Jhenifer Mojica: Eso quisieran los que generan esos rumores. Esa gente que infunde temor bajo el imaginario de que somos enemigos o que los perseguimos es la que ha actuado así y cree que nosotros somos iguales. Y no. Aquí nadie ha hablado de expropiación. Se ha dicho que tenemos voluntad y dinero para comprar tierras. Ni siquiera nos alcanza el tiempo para atender todo lo que ya hay sobre la mesa de ofertas voluntarias de tierras. Es decir, todo lo que tenemos que atender ya nos demanda y nos ocupa todo el tiempo que tenemos en el gobierno para poder ejecutar el acceso a tierras.

CAMBIO: ¿Entonces por qué se tramitó en el PND el proceso expedito para expropiar?

J.M.: Desde el Gobierno hemos dado nuestro apoyo a la proposición que presentó la representante Tamara Argote y esta proposición simplifica algunas de las cosas que necesitábamos para facilitar las compras como temas de saneamiento, avalúos y demás. Son cosas operativas. 

CAMBIO: Se habla de un proceso expedito de compra de tierras de 20 días...

J.M.: Eso es lo que señala la representante Katherine Miranda y son dos proposiciones diferentes. Esta es del representante Bastidas, que es quien la suscribe. El que hace las leyes en este país es el Congreso y es un poder distinto al Ejecutivo. El Ejecutivo plasmó sus iniciativas en el PND y todos los congresistas tienen derecho a tener iniciativas legislativas y ahí hay de todo. Nosotros vamos a comprar, no a expropiar. Pero cabe mencionar que la expropiación está en la Constitución.

CAMBIO: ¿Y si el propietario dice que no quiere vender?

J.M.: Se compra otro predio. Tenemos un montón de ofertas en la mesa, no solo de Fedegán. La reforma agraria no se reduce ni a Fedegán ni solo a la compra de tierras.

CAMBIO: La reforma agraria no necesita un trámite legislativo. ¿En qué se va a enfocar, con los instrumentos existentes, para que esto avance?

J.M: Tenemos la Ley 160 de 1994, ley de reforma agraria y desarrollo rural campesino; y está el decreto ley 902 de 2017, que es el del fast track. Me da risa que Cecilia López esté aterrada por la expropiación, si ella fue la que hizo esa ley. Esa es la normativa vigente para expropiación.

En Colombia siempre resolvemos todo haciendo leyes, pero que no se cumplen. La tarea es cumplirlas. Con lo que tenemos vamos a ejecutar. Tener una Agencia Nacional de Tierras robustecida. Con la gente capaz, con presupuesto, reabriendo oficinas en territorio, fortaleciendo al Igac, lo lograremos. Tenemos que sumar y movernos en simultáneo.

CAMBIO: ¿Pero cómo saber el valor de la tierra si el catastro multipropósito tampoco avanza?

J.M.: Con el Igac hemos trazado una hoja de ruta para recuperar el tiempo que se perdió en los primeros cuatro años de implementación del acuerdo de paz. Nos toca hacer la tarea de los estudiantes malos anteriores, que se colgaron. Toca ponernos al día, pero dando resultados.

CAMBIO: ¿Cómo va a trabajar el tema de la agricultura para que la entrega de tierras no sea un fracaso?

J.M.: La reforma agraria es generar condiciones para la población que produce alimentos. Lo primero es la tierra. Ahí están los bienes de la SAE, los bienes de la Agencia de Tierras, las titulaciones y compra de tierras, entre otros. Lo segundo es generar un desarrollo productivo. No se trata de entregar tierra por entregar porque eso se ha hecho históricamente. El 60 por ciento de las propiedades en el catastro surgieron del proceso de titulación de baldíos y no se ha logrado redistribuir las condiciones en equidad. Colombia es el segundo país en el mundo más desigual en el acceso a tierras. En 2014 el censo agropecuario dejó en evidencia que un puñado de productores acumulan el 85 por ciento del área productiva de Colombia. Eso es vergonzoso.

CAMBIO:  ¿Cómo va a lograr que la inflación de alimentos caiga?

J.M.: Necesitamos que quienes produzcan alimentos tengan mejores condiciones y su situación no sea tan frágil para que nos lleguen más y mejores alimentos.

CAMBIO: ¿Habrá cabida al control de precios?

J.M.: Tengo que esperar el empalme porque entiendo que la ministra López venía avanzando un poco en esos diálogos. Todavía no tengo claro el tema e igual cualquier solución se debe discutir con los gremios.

CAMBIO: Otro de los temas relevantes con los que arranca su ministerio es la relación difícil con los caficultores, ¿qué sigue para los cafeteros?, ¿se puede esperar alguna retaliación de su cartera?

J.M.: Como lo dijo el ministro Bonilla, lo que sigue es restablecer las relaciones porque el sector cafetero es muy importante para la economía y para el sector agropecuario. Este sector es un aliado vital para la transformación social. Quisiéramos que se pusiera la camiseta de esta “Colombia Potencia Mundial de la Vida” y que nos enseñara al resto de la ruralidad cómo funcionan sus sistemas democráticos y jalonamiento comercial.

CAMBIO: Uno de los mayores problemas de los cafeteros de a pie son los contratos a futuro. Muchos no están cumpliendo con ello y otros están quebrando. ¿Qué hará?

J.M.: Esos contratos fueron importantes en su momento para generar anclajes. Fue una apuesta de la anterior administración. Se venden anticipadamente las cosechas para asegurar ingresos, pero hay un lío terrible con las intermediarias y cooperativas, porque el precio del café sube estrepitosamente y eso hace que los cafeteros lo vendan y no cumplan los contratos. Se viene otro reto y es que Brasil va a sacar una tanda de cosecha muy grande y eso va a hacer que ese precio elevado baje. La solución es de todos. Tenemos que recomponer lo que se malogró.

CAMBIO: Usted tiene experiencia en trabajar con tierras, víctimas y reparación. ¿Qué anécdotas la han marcado?

J.M.: Llevábamos cinco días en Urabá, en una jornada masiva recibiendo denuncias de víctimas. Yo trabajaba como abogada junior para la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Debía diligenciar formatos de casos. Yo hacia el trabajo rápido y mecanizado porque eran filas larguísimas. Cuando uno escucha historias tan duras uno se vuelve como acorazado. Llegó una señora y me contó su historia y cuando le pregunté cómo se llamaba su hijo, no me respondió, y cuando levanté la mirada, estaba llorando. Yo me quedé shockeada y ella me dijo: “No se llamaba, se llama...” Era un caso de desaparición y ella tenía la esperanza de encontrarlo. Esa historia se me viene a la mente cada que me vuelvo indolente.

Me impactó mucho el caso de la Hacienda Bella Cruz, porque pudimos resolver el proceso agrario. Cuando yo llegué al Incoder me encontré con que los procesos de tierras estaban engavetados y que los baños estaban clausurados porque estaban llenos de expedientes desordenados sin resolver, de gente esperando respuesta hace 20 y 30 años. Ahí estaba lo de la Hacienda Bella Cruz, un caso atroz de desplazamiento forzado y masacres paramilitares en los años 90.

La historia de Las Pavas también me marcó. Yo era subgerente de tierras de Incoder y tenía bajo mi responsabilidad la toma de las decisiones en los procesos agrarios en esa finca y tomé decisiones administrativas para recuperar los baldíos. Los ocupantes de ese predio tenían muchas denuncias por desplazamiento. Conocí a la comunidad que denunciaba y era impresionante su capacidad de resistencia pacífica.

CAMBIO: Precisamente José Ernesto Macías, dueño de la hacienda Las Pavas, inició la denuncia en su contra que terminó con la inhabilidad que le puso la administración de Alejandro Ordóñez. ¿Qué fue lo que pasó?

J.M.: Macías me puso un montón de denuncias con el ánimo de sacarme de su caso. Había como diez denuncias distintas y la que se movió de forma express es la denuncia por supuestamente no cumplir con los requisitos para estar en el Incoder. Yo soy abogada, he litigado y he tenido fe en la justicia, pero en ese proceso me burlaron todas las garantías procesales; o sea, como profesional se me vino todo al piso porque yo no creía que las garantías no funcionaran para mí, que me violaran mi debido proceso.

Yo encontré en el Incoder que mis antecesores eran de un nivel de corrupción tan alto que desaparecían expedientes y cobraban cuota para contratar gente. Lo que hicieron conmigo fue una persecución para que yo no cumpliera mi trabajo. También fue un tema de género y así lo reconoce la misma Procuraduría.

CAMBIO: Usted está a la espera de que la indemnicen con 232 millones de pesos...

J.M.: El abogado fue el que puso esa cifra por perjuicios morales. Hace más de un mes nos sorprendió que la misma Procuraduría dice que yo sufrí un acto de violencia de género, y yo así lo creo, porque a mí lo que me decían en ese momento era que no tenía derecho a tener ese cargo directivo siendo una mujer joven. No podían creer que yo tuviera la experiencia en ese momento, como efectivamente sí la tenía. Este caso me afectó muchísimo psicológicamente. Yo no podía hablar de esto hasta hace muy poco.  

A mí no me importa si me pagan o no esa indemnización, el escrito de la Procuraduría para mí fue reparador.

CAMBIO: En su despedida se puede ver el cariño que le tienen las comunidades campesinas, indígenas y afro. Si usted lideró el empalme en Agricultura, ¿por qué cree que no fue ministra desde el inicio?

J.M.: Siempre me dije a mí misma que me falta pelo para el moño. No soy hija de nadie importante, no represento una cuota en ese balanceo político.

CAMBIO: ¿Qué cree que no funcionó con los ministros salientes?

J.M.: Gestión. Pero no es una gestión por cumplir metas o números, porque siempre una obsesión de todos los gobiernos es ejecutar plata. Yo me refiero a una gestión y una eficiencia alineada con las bases populares que votaron por este proyecto. Necesitamos que los más necesitados sientan que les estamos respondiendo, que estamos impactando su vida positivamente, que no era carreta.