Las regiones ahora recibirán más dinero: ¿eso qué significa?

Con la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), el país retomó el debate de la descentralización y la promesa es que, entre 2027 y 2035, la nación les trasladará más labores y más dinero a los departamentos y municipios. Al final de esos años, el Gobierno nacional debería ser más pequeño y los regionales más fuertes y con recursos para atender las necesidades de sus habitantes.

Durante el último debate en la plenaria de la Cámara de Representantes, la parlamentaria Katherine Miranda destacó los cálculos del Ministerio de Hacienda, según los cuales en esos años la nación le giraría a los recursos entre 218 y 263 billones de pesos, equivalente a nueve reformas tributarias como las últimas que se han presentado y aprobado.

De allí la preocupación de expertos, economistas, centros de pensamiento y el mismo Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), pues este mayor gasto público podría llevar a mayor endeudamiento del país y comprometer los esfuerzos de Colombia por cumplir la regla fiscal, reducir sus déficits y sanear su balance macroeconómico, si además de este gasto el Gobierno nacional sigue cumpliendo tantas funciones como hasta ahora.

La fórmula de suma cero

Para responder a esa preocupación, que incluso advirtieron inversionistas internacionales y representantes de bancos multilaterales al Gobierno, el proyecto incluyó tres medidas:

1. Marco Fiscal:

El incremento de los recursos que la nación les gira a las regiones cada año, es decir, cuánto crecen los giros del SGP cada año, tendrá que estar acorde con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, un documento del Ministerio de Hacienda en el que detalla cada año la meta de déficit fiscal, cómo se financiará y en qué gastará la nación, además de hacer una proyección para los siguientes diez años.

2. Ley de competencias:

Tan pronto como el presidente sancione la ley de reforma al SGP, su Gobierno tendrá seis meses para presentarle al Congreso un proyecto de ley que regule y explique cómo, cuándo y cuántas tareas o competencias dejará de hacer la nación para que pasen a manos de las entidades departamentales y municipales. Sin la aprobación de esta segunda ley, no podrá entrar en vigencia la reforma al SGP, es decir, los giros a las regiones se mantendrían en las condiciones actuales.

3. Más gastos, menos funciones:

La ley de competencias también tendrá que asegurar que por cada peso adicional que la nación le transfiera a un municipio o departamento, esa entidad territorial asumirá una tarea que cueste ese mismo peso, para que el Gobierno nacional se libere de ese trabajo. La idea es evitar que se dupliquen funciones y que la nación termine haciendo lo mismo, pero con menos recursos.

Pese a esos seguros, expertos como la economista Carolina Soto advirtió recientemente que “Colombia tiene una buena reputación de manejo macroeconómico y estos proyectos la ponen en riesgo aunque en teoría sea de suma cero porque no hay competencias regionales para asumir esas nuevas cargas administrativas. Este es un salto al vacío que no recoge la Misión de Descentralización”.

Sin embargo, el Gobierno le envía un mensaje claro a quienes advierten que esta reforma tendría un impacto fiscal fuerte: con la norma actual, los giros del SGP aumentarán en 10 puntos porcentuales del PIB el próximo año, mientras que con la reforma el incremento total sería de 8,46 por ciento, es decir, que no sería la reforma la que comprometa el balance fiscal de la nación.