Poder pedagógico

Por: Óscar Sánchez

El sistema de educación pública de Colombia, entre el preescolar y la educación media (bachillerato) tiene 330.000 profesores y profesoras contratados por el Estado. Y junto a los educadores de colegios privados y los de colegios operados por comunidades con recursos públicos, llegamos a medio millón, la mayoría mujeres. Son la mayor presencia estatal permanente, la intelectualidad de sus comunidades y, de lejos, la organización que más años de escolaridad acumula en sus funcionarios. Representan el poder del conocimiento.

Sus familias son eje de la movilidad social, pues se ha probado que el destino de los hijos de educadores es generalmente satisfactorio. Además, la economía de país depende de ellos, pues en su salario invertimos 4 por ciento del PIB y cuando alcanzan estabilidad laboral consiguen invertir, ahorrar y consumir con responsabilidad. 

Muchos docentes saben que su trabajo cambia las vidas de sus estudiantes y sus comunidades. Pero muchos otros se sienten desprotegidos, sin recursos materiales y sin elementos técnicos para hacer su trabajo. Por eso el desarrollo profesional y el bienestar de ese medio millón de personas y sus familias es la mejor inversión y debe ser la principal prioridad del país.

Para ofrecer formación de primer nivel y elevar la motivación de profesoras y profesores en Colombia tenemos que corregir desigualdades críticas y construir consensos en la sociedad y entre los propios maestros sobre su papel en el proyecto de país. Por eso el plan nacional de desarrollo Colombia, Potencia de la Vida, que acaba de ser aprobado, ordena la estrategia Poder Pedagógico. Diez medidas para apoyar a los docentes, con especial énfasis en los territorios marginados y en los profesores que tienen menos garantías y menos ingreso. Esta estrategia incluye medidas clave: becas para estudios de posgrado flexibles y contextualizados en las mejores universidades; fortalecer las escuelas normales superiores y las facultades de educación; mejorar los servicios de salud y agilizar el pago de prestaciones sociales; mejorar las relaciones laborales en los colegios y con los gobiernos locales y nacional; cuidar a los profesores de zonas de conflicto armado; modificar la forma en que los docentes ingresan al sistema y como ascienden valorando su trabajo y su liderazgo; reconocer las necesidades específicas de las mujeres educadoras; ofrecer a los docentes provisionales que llevan años en esa condición, oportunidades de formación e ingreso a plantas definitivas; y hacer grandes esfuerzos por ampliar la planta de personal docente para atender la educación media, la educación inicial, la orientación escolar, la educación para la paz y la ciudadanía y las áreas de la formación integral desatendidas como el arte, el deporte y la educación ambiental.

Con todo, la tarea más difícil e importante que Poder Pedagógico está adelantando es un diálogo con toda la sociedad, liderado por la experiencia de los educadores y sabedores y su conocimiento de sus territorios y culturas. Las reformas que la escuela exige implican vencer la polarización sobre el rol de los educadores: el empresariado y los organismos internacionales han querido inocular recetas, mientras profes que cuentan con soluciones inspiradoras desde los territorios terminan bloqueados por falta de recursos o por falta de reconocimiento de la complejidad del país y su diversidad. Y a esto se suma la negociación de las condiciones laborales que suele ser confrontacional: la derecha es abiertamente antisindical y estigmatiza a los docentes públicos de modo descarado, y el sindicato y otras organizaciones reivindicativas privilegian estrategias de presión como la huelga.

Para que el país logre el poder pedagógico que requiere, necesitamos un gran acuerdo para valorar a nuestros docentes; y para exigirles resultados, ofrecerles garantías profesionales y escuchar su voz.