La discusión en Colombia sobre impuestos a vapeadores, cigarrillos electrónicos y otras tecnologías

La industria tabacalera se ha transformado en los últimos años y ahora ofrece diferentes productos, algunos incluso sin nicotina. Hoy, las opciones para los fumadores van desde el cigarrillo y el tabaco hasta los vapeadores, cigarrillos electrónicos, calentadores de tabaco.

Sin embargo, en Colombia solo los cigarros, cigarrillos y cigarritos están gravados con un impuesto que se actualizó en la reforma tributaria de 2016 con un incremento específico de 2.100 pesos. Con el paso del tiempo, ese impuesto se ha actualizado con la fórmula del índice de precios al consumidor (IPC) más seis puntos porcentuales cada año, por cada cajetilla de 20 unidades o su fracción equivalente.

La actualización más reciente de esta política es una ley que presentaron los senadores Norma Hurtado al Congreso y José David Name y que esa corporación aprobó para alinear al país con el Convenio Marco de Control de Tabaco plasmados en la Ley 1335 de 2009. Con la Ley 2354 de 2024, todas esas nuevas opciones para fumar y para consumir nicotina se adaptaron al convenio en cuanto a la prohibición de humo en espacios cerrados, también a sus limitaciones en publicidad, pero agregó que los consumidores tienen derecho a informarse sobre los efectos positivos y negativos de consumir tabaco o nicotina con esos nuevos dispositivos.

Y aunque la Superintendencia de Industria y Comercio está reglamentando cómo será ese acceso a información, el país todavía no tiene un impuesto para lo estos nuevos productos, pese a que desde 2009 se han presentado al Congreso alrededor de 15 proyectos relacionados.

Las propuestas

Mientras tanto, Philip Morris International (PMI), que tiene presencia directa en Colombia desde la compra de Coltabaco en 2005, pide a los legisladores locales que aprueben un impuesto para todos los vapeadores, cigarrillos electrónicos, calentadores de tabaco y demás dispositivos y productos de nicotina.

Silvia Barrero, directora de Asuntos Externos del clúster andino de PMI dice: “Ha hecho carrera, de manera tal vez equivocada o de pronto malintencionada, que la compañía siempre hace lobby o está interesada en gestionar que no haya impuestos para esta nueva categoría. Nada más equivocado que eso, al contrario. Creemos que la única forma de lograr nuestro objetivo empresarial, nuestra visión de largo plazo, que es dejar de vender cigarrillos, es que esta nueva categoría de productos tenga el mejor marco regulatorio y fiscal posible para esas personas que quieren continuar consumiendo tabaco y nicotina, porque la mejor opción siempre es dejar de hacerlo totalmente, pero hay personas que no lo harán. Y eso lo sabemos”.

Uno de los proyectos para gravar estos productos es respaldado por la representante a la Cámara Carolina Giraldo, quien propone un impuesto específico, más conocido como ad valorem, de 891 pesos por gramo de chimú, rapé, picadura y Productos de Nicotina Oral (PNO) y de 2.000 pesos por mililitro de soluciones líquidas con y sin nicotina contenidos en cigarrillos electrónicos, sucedáneos o imitadores, ya sean recargables o desechables.

A partir del segundo año de aplicación, la tarifa se actualizaría con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año anterior más seis puntos porcentuales. Para los cigarrillos, cigarritos y tabacos tradicionales, la tarifa tendría la misma fórmula de actualización, pero el primer año el impuesto sería de 11.175 pesos, que equivalen casi a triplicar la tarifa impuesta en 2016.

La representante Giraldo explica que “el componente específico del impuesto que se propone es el que tiene un mayor impacto en el precio final de los productos y, por tanto, el que tiene un mayor efecto en la reducción del consumo y de la asequibilidad. Este tipo de medida está alineada con el Plan de Acción de la Organización Panamericana de la Salud para fortalecer el control del tabaco en la Región de las Américas 2025-2030, en términos de la implementación de medidas relacionadas con los precios e impuestos para reducir la demanda de tabaco”.

Por su parte, el representante conservador Antonio Zabaraín propone que la tarifa para los cigarrillos, cigarritos y tabacos sea de 3.700 pesos por cada cajetilla de 20 unidades, o su fracción equivalente; de 295 pesos por gramo de chimú, rapé, picadura y Productos de Nicotina Oral (PNO), así como por cada consumible de tabaco y por mililitro de soluciones líquidas con y sin nicotina contenidos en cigarrillos electrónicos, sucedáneos o imitadores, ya sean recargables o desechables.

Incluso, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) emitió recientemente un concepto en el que advertía que los países de América Latina necesitan una actualización en sus regímenes tributarios al tabaco pues “los costos sociales y económicos del consumo de tabaco en los países de América Latina y el Caribe superan con creces los ingresos recaudados mediante los impuestos al tabaco. Una política de impuestos al tabaco bien diseñada constituye una herramienta costo-efectiva para contrarrestar el impacto del consumo de tabaco, y los países de América Latina y el Caribe disponen de un amplio margen de mejora en lo que respecta al diseño y la administración de estos impuestos”.

Las respuestas

La Federación Nacional de Departamentos (FND) envió a la Cámara de Representantes un documento en el que advierte que el proyecto de la representante Giraldo es inconveniente en la medida en que el incremento propuesto de las tarifas es tan alto que podría generar un incremento en el contrabando de estos productos. Además, dice la federación, el cambio de destinación del impuesto que propone el proyecto de ley para que el recaudo sea específicamente para salud representa un problema fiscal para los departamentos, que hoy tienen libre destinación del impuesto.

Por su parte, PMI advierte que mucho de este contrabando sirve como mecanismo para lavado de dinero ilícito, de modo que no debería subirse tanto el precio del impuesto para no incentivar un incremento en la venta ilegal de esos productos.

En cambio, proponen tarifas un poco menores a las que propone el representante Zabaraín, “en la medida en que cuanto menor sea la carga tributaria, más fácil va a ser la transición de los fumadores adultos a estas nuevas categorías. Hoy el impuesto es cero, entonces cualquier carga impositiva que se genere va a traer un traumatismo en el mercado y va a generar posiblemente incentivos para la evasión. Tiene todo el sentido empezar con una carga impositiva moderada para lograr la formalización del mercado de vapeadores y cuando ya haya una industria formalizada, consolidada, que se tenga certeza realmente de los actores legales, de los volúmenes de consumo y demás, pues uno sí puede pensar en empezar a implementar incrementos que ayuden a que ese recaudo sea mayor”, explica Barrero.

Para la senadora Norma Hurtado, “Colombia debería avanzar hacia una regulación de los cigarrillos electrónicos basada en evidencia científica que considere tanto la protección de la salud pública como la sostenibilidad ambiental, como un etiquetado al 80 por ciento sin colores llamativos, restricción de acceso a menores de edad y medidas de reducción del impacto ambiental”.