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"Se tarda más y más cada día": Palmieri advierte que la democracia en Venezuela se aleja

Redacción Cambio — Sun, 13 Sep 2026 08:15:00 GMT

El exdiplomático estadounidense Francisco Palmieri habló en entrevista con Julio Sánchez Cristo sobre los recientes acercamientos energéticos entre el Gobierno de Estados Unidos y Venezuela, y urgió a dar mayor claridad sobre los convenios firmados entre el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, y Delcy Rodríguez.

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La visita de Wright a Caracas culminó con la firma de siete acuerdos energéticos que involucran a Chevron, ENI, Primera Vías y Aspect Holdings. Según Palmieri, estos convenios proyectan un incremento de la producción de crudo entre 500.000 y 600.000 barriles diarios, respaldado por una inversión estimada de entre 7 y 10 billones de dólares.

Sin embargo, advirtió que los contratos no parecen estar vinculados al gran acuerdo anunciado por Donald Trump: "es un poquito oscuro otra vez lo que está pasando con ese acuerdo entre los Estados Unidos y Venezuela", dijo. Criticó además la falta de reglas claras en unas negociaciones que no han sido aprobadas por la Asamblea Nacional: "en este momento yo creo que la pelota está con la Casa Blanca para dar más información y claridad de ese acuerdo".

Sobre las declaraciones de Trump acerca de las elecciones en Venezuela, Palmieri expresó preocupación: "me preocupo porque reiteró el presidente Trump otra vez que Venezuela todavía no está lista para elecciones", manifestó, y agregó que "la fase de volver la democracia de Venezuela se tarda más y más cada día". Lamentó que la administración estadounidense prefiera trabajar con Delcy Rodríguez en lugar de impulsar un cambio real: "Edmundo González sin duda ganó las elecciones de julio 2024".

Sobre la captura de Nicolás Maduro, Palmieri consideró que el propio exmandatario selló su destino: "en ese caso, Nicolás Maduro hizo su cama y pagó el precio de no haber negociado una mejor salida de la crisis". "Ahora tenemos que luchar para una transición a la democracia de nuevo, donde los venezolanos mismos pueden escoger y decidir su propio futuro", concluyó.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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Zozobra, ansiedad y depresión: la insólita demanda de Papá Pitufo contra el Estado

Ana María Cuesta — Sun, 13 Sep 2026 08:00:00 GMT

Diego Marín Buitrago, alias ‘Papá Pitufo’, investigado en Colombia como presunto líder de una red de contrabandistas, sostiene que la orden de captura con fines de extradición dictada en su contra en 2024 le causó graves afectaciones emocionales y psicológicas a él y a su familia. CAMBIO revela cuánto reclama al Estado colombiano y qué dicen los estados financieros que ha presentado.

Angustia, zozobra, ansiedad, depresión, incertidumbre, afectaciones emocionales y psicológicas. Diego Marín Buitrago, el enigmático comerciante de 64 años, señalado por la Fiscalía como el ‘zar’ de una poderosa red de contrabandistas, ahora afirma que padece todo lo descrito en la primera línea y reclama una millonaria indemnización del Estado por las supuestas irregularidades presentadas con su orden de captura.

'Papá Pitufo' pretende una reparación de 400 salarios mínimos —aproximadamente $700 millones de pesos— para él, su esposa, Liset Samboní, y sus tres hijos, quienes, supuestamente, también presentan afectaciones psicológicas derivadas del proceso penal que llevó a que fuera solicitado en extradición y por el que se expone a una pena de hasta 27 años de cárcel por concierto para delinquir y cohecho por dar u ofrecer.

CAMBIO accedió a la demanda presentada por el llamado zar del contrabando contra las autoridades que intervienen en su proceso de extradición: la Fiscalía General de la Nación, la Cancillería, la Rama Judicial y el Ministerio de Justicia. Las cuatro entidades son señaladas de haberle causado los supuestos perjuicios por los que reclama una reparación.

Interpol activa la circular roja contra Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo

La demanda de Marín Buitrago cuestiona, principalmente, que una misma orden judicial haya sido utilizada para capturarlo dos veces: la primera vez en España, el 5 de abril de 2024, y la segunda en Portugal, el 3 de diciembre del mismo año. Como se sabe, Marín aprovechó que lo dejaron en libertad provisional en España para fugarse a Portugal, donde finalmente fue recapturado.

Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, en una de sus audiencias desde Portugal. Crédito: captura de pantalla.

'Pitufo' asegura que la decisión de libertad provisional a su favor, adoptada el 6 de abril de 2024 por el Juzgado Central de Instrucción 002 de la Audiencia Nacional de España, bastaba para provocar la cancelación de la orden de captura dictada un mes antes en Colombia. Pero la orden colombiana no perdió vigencia.

El señalado contrabandista quedó en libertad en Portugal en junio de 2025 tras una acción de habeas corpus. Ahora sostiene que las supuestas irregularidades en la orden de captura proferida por el Juzgado 48 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá le han causado perjuicios que todavía persisten. Afirma que él y su familia sufren una “afectación continuada” y, por ello, busca que el Estado colombiano sea condenado.

La captura de la discordia

Marín Buitrago, el hombre que el año pasado se declaró como un "perseguido político" del gobierno de Gustavo Petro, luego de haber protagonizado una controversia por un aporte de 500 millones de pesos a su campaña presidencial —recursos que posteriormente fueron devueltos—, afirma que la orden de captura dictada en su contra en 2024 fue irregular.

¿Por qué? Su abogado William Mejía alega en la demanda presentada que, como quiera que Marín se encontraba en España, país del que también es ciudadano, la orden de captura en su contra sólo podía dictarse cuando existiera una resolución que resolviera su situación jurídica, ya sea con medida de aseguramiento, acusación en firme o con una sentencia. Dicha regla aparece en el artículo 512 del Código de Procedimiento Penal.

'Papá Pitufo' fue imputado en contumacia, es decir, como reo ausente, en enero de 2025, meses después de sus capturas internacionales. Su acusación formal se produjo sólo hasta noviembre del año pasado.

Abogado de Papá Pitufo aseguró que sí se reunió con Gustavo Petro en Bogotá

El abogado de Pitufo advierte que se cometió un "error judicial" al haberse solicitado, en enero de 2024, una orden de captura con fines de imputación y medida de aseguramiento, tramitándola simultáneamente con una notificación roja de la Interpol.

Fragmento de la demanda de Diego Marín Buitrago, en la que alega perjuicios y afectaciones psicológicas por la orden de captura dictada en su contra.

Por esa supuesta irregularidad, el abogado Mejía advierte que la Rama Judicial, la Fiscalía, la Cancillería y el Ministerio de Justicia deben responder patrimonialmente por haber afectado la libertad, la tranquilidad, el buen nombre, la estabilidad emocional y al núcleo familiar de Marín Buitrago. El abogado afirma que la demanda no cuestiona la existencia de la investigación, lo que reprocha es que, supuestamente, no se siguieran las reglas especiales de cooperación internacional y extradición para dictar la orden de captura.

"Esa actuación judicial produjo efectos dañosos reales y verificables, pues la orden de captura No. 002 del 11 de marzo de 2024 no permaneció como una simple decisión interna del proceso penal, sino que fue proyectada internacionalmente y sirvió de fundamento para la captura del señor Diego Marín Buitrago en España y, posteriormente, para su nueva privación de la libertad en Portugal", señala la acción judicial.

La conciliación fallida

Previo a la presentación de la demanda, Marín Buitrago intentó llegar a una conciliación, en instancias de la Procuraduría General de la Nación, con las entidades demandadas.

¿Qué pidió en esa diligencia? Que se pactara un pago de 400 salarios mínimos, discriminados así: 100 salarios para él, por los perjuicios morales por la "angustia, la zozobra, el dolor y sufrimiento causados", otros 100 salarios para él, como consecuencia de la violación de su derecho al debido proceso, y otro pago de 50 salarios mínimos para cada uno de sus familiares, su esposa y sus tres hijos.

La diligencia fracasó el 20 de mayo de 2026. En ella, la Rama Judicial afirmó que los argumentos jurídicos de 'Papá Pitufo' no tienen fundamento, pues asumió erróneamente que la decisión de libertad provisional dictada en España provocaría el fin de la orden de captura dictada en Colombia.

Los detalles de la acusación de la Fiscalía por tentativa de feminicidio contra el hijo de ‘Papá Pitufo’

"La tesis de la parte convocante descansa en una premisa que no se ajusta al marco normativo aplicable: asumir que la libertad provisional decretada por las autoridades españolas el 6 de abril de 2024, produjo, por sí sola, la pérdida de vigencia de la orden de captura librada en Colombia", señaló el apoderado de la Rama Judicial.

La Rama Judicial también señaló que la legislación española permite que sus ciudadanos, requeridos en extradición, gocen de libertad provisional "sin que ello impida la continuación del procedimiento ni excluya, en abstracto, nuevas actuaciones orientadas a la entrega".

Ante la conciliación fallida, lo que procede ahora es que un juzgado administrativo de Bogotá decida si admite o no la insólita acción judicial presentada por el llamado 'zar del contrabando'.

Fragmento del acta de la audiencia de conciliación entre Papá Pitufo y las entidades demandadas.

Las cuentas de Papá Pitufo

Aunque la Fiscalía le atribuye a Diego Marín un poder corruptor tan grande, capaz de comprar policías y funcionarios con millonarios recursos, los reportes que él ha remitido ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional -DIAN- demuestran que su patrimonio en 2025 fue estimado en $3.869 millones de pesos.

Se trata de un patrimonio inferior, por ejemplo, al del presidente de la República Abelardo de la Espriella ($17.180 millones) y al del ministro de justicia Iván Cancino ($5.160 millones).

Según documentos a los que accedió CAMBIO, en los últimos cuatro años Diego Marín Buitrago ha recibido ingresos anuales cercanos a los 600 millones de pesos. El señalado 'zar del contrabando' justifica sus recursos como pensionado y rentista de capital.

Análisis financiero y patrimonial de Diego Marín Buitrago. Crédito: suministrado.

CAMBIO también conoció que, a la par de la demanda con la que pretende una indemnización por 700 millones de pesos, 'Papá Pitufo' también presentó otras acciones judiciales encaminadas a que pueda recibir en Europa las mesadas de la pensión de vejez que tiene retenidas en Colombia.

En esa vía, el 12 de agosto, una juez de Bogotá le concedió una tutela en la que le ordenó al Banco BBVA que realice todas las gestiones pertinentes para que Marín Buitrago pueda abrir una cuenta que le permita recibir en Portugal las mesadas pensionales reconocidas por Colpensiones, incluidos los retroactivos a que hubiere lugar. 'Pitufo' está pensionado desde agosto de 2024 y recibe una asignación mensual de aproximadamente $13.9 millones de pesos.

***

Con la demanda presentada contra la Nación, Papá Pitufo aspira a embolsillarse 700 millones de pesos, un monto superior a los recursos que, supuestamente, ha recibido anualmente en los últimos cuatro años por su alegada actividad como empresario.

Algunos colombianos quizás consideren paradójico que el presunto contrabandista, que habría corrompido a funcionarios de los puertos del país y que hasta habría intentado "infiltrar" la campaña de Gustavo Petro, hoy persiga una indemnización del Estado, que, aparentemente, no necesitaría al ser el supuesto líder de una organización criminal.

Marín seguirá esperando desde Portugal que se defina si admiten o no su demanda, y si lo extraditan o no a Colombia, donde afrontará un juicio del que ya se ha advertido un alto riesgo de impunidad por prescripción.

ana.cuesta@cambiocolombia.com

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Dos visiones distintas sobre el Estado: Musgrave vs. Buchanan

Alejandro Gaviria — Sat, 12 Sep 2026 11:00:00 GMT

¿Es el Estado es un consejero benevolente que busca el bien común o un Leviatán incapaz de controlar sus propios excesos? Este texto de Alejandro Gaviria enfrenta cara a cara a dos gigantes de la economía, y da las claves para entender el debate fiscal que hoy divide a Colombia.

Este artículo presenta, de manera sucinta, dos visiones distintas de la organización fiscal del Estado moderno. Ambas visiones están pensadas para Estados democráticos. Ambas fueron desarrolladas durante la segunda mitad del siglo XX. Y ambas aportan posibles soluciones a los problemas fiscales que aquejan a Colombia y a otros países del mundo. El debate político al respecto, casi sobra decirlo, necesita un mejor entendimiento sobre el papel del Estado, así como sobre sus límites y extravíos.

Especial Imaginar la Democracia

La primera visión, que en la literatura académica se conoce como el enfoque de Finanzas públicas, empieza por definir las funciones fiscales del Estado. Richard A. Musgrave (1910-2007), el economista que inició y desarrolló esta tradición académica, señaló, desde los años cuarenta del siglo pasado, tres funciones fundamentales: la provisión de bienes públicos (el sistema de justicia, las autopistas, los parques públicos, la vigilancia epidemiológica, entre otros), la redistribución que persigue, así sea parcialmente, la justicia social o la igualdad de oportunidades y los estímulos macroeconómicos que buscan estabilizar la economía.

Las tres funciones, argumenta Musgrave, presuponen la posibilidad de acuerdos colectivos, esto es, la existencia de comunidades que deciden voluntariamente aportar a una bolsa común para garantizar algunos fines de eficiencia y equidad. Musgrave dice, en defensa de su idea del Estado, que “las políticas públicas existen no como una aberración al orden natural de los mercados privados, sino como un medio igualmente válido y natural de resolver diferentes problemas”. En algunos casos, supone Musgrave, la solución pública es la más adecuada. En otros, la solución privada o de mercado puede funcionar mejor. Pero ambas son, en esta visión, igualmente defendibles.

Al mismo tiempo, el Estado existe —argumenta Musgrave— porque los ciudadanos manifiestan o expresan, a través del voto, por ejemplo, una idea de la justicia social, una especie de acuerdo (así sea cambiante) sobre los niveles de pobreza o desigualdad que no son tolerables y que demandan, por lo tanto, una intervención remedial. Musgrave es muy claro al respecto, no esconde sus ideas políticas: “Sin un sentido de la justicia social, la buena sociedad no puede ser definida y sin una definición de la buena sociedad, la democracia no puede funcionar”.

El Estado existe —argumenta Musgrave— porque los ciudadanos manifiestan o expresan, a través del voto, por ejemplo, una idea de la justicia social, una especie de acuerdo (así sea cambiante) sobre los niveles de pobreza o desigualdad que no son tolerables y que demandan, por lo tanto, una intervención remedial

La visión de Musgrave, que surge de las ideas socialdemócratas europeas y tuvo un desarrollo posterior en las universidades bostonianas, tiene un énfasis normativo. Enfatiza, por ejemplo, los impuestos equitativos, la maximización de una función de bienestar colectiva y el uso de análisis de costo-beneficio para priorizar inversiones públicas. No parte de un tamaño ideal del Estado. No habla de Estado grande o pequeño. El Estado, en esta visión, es tan grande como lo desean los ciudadanos. El gasto debe, eso sí, ajustarse a la capacidad fiscal, al recaudo.

Este énfasis normativo —dice Musgrave— no intenta describir el mundo, sino plantear (a los gobiernos, sobre todo) un conjunto de políticas óptimas o eficientes. Musgrave asume, si se quiere, la posición de consejero económico que tiene influencia en los líderes políticos. Su visión es tecnocrática. Para bien y para mal. Ya lo veremos.

La segunda visión, que contrasta con la primera (pero no necesariamente la reemplaza), se conoce con el nombre de Elección pública (Public choice, en inglés). Está asociada con la llamada Escuela de Virginia y con el economista estadounidense James M. Buchanan (1919-2013), formado en la Universidad de Chicago. Buchanan ganó el Premio Nobel en 1986. Musgrave nunca lo obtuvo. Tal vez porque fue más un gran sintetizador que un pensador original.

James Buchanan tampoco escondía sus ideas políticas. Señaló, a finales del siglo pasado, en una conferencia compartida con Musgrave en Múnich, Alemania, que la “democracia parecía incapaz de controlar sus propios excesos y estaba cayendo en el caos bajo el peso de un gobierno que hacía las veces de Leviatán”. La tradición de Elección pública tenía claramente un acento libertario.

Buchanan dice, de manera interesante, que los economistas educados en la Universidad de Chicago nunca aspiraron, con unas pocas excepciones, a ser consejeros de gobierno o tecnócratas, y nunca creyeron que podían tener la atención del príncipe. Su énfasis fue siempre el entendimiento y la defensa de las formas de cooperación espontánea que ocurren en los mercados. Si Musgrave hizo énfasis en las fallas de mercado, Buchanan hizo lo propio con las fallas de Estado.

Su enfoque fue siempre menos prescriptivo. Quiso —así lo afirmó recurrentemente— describir el mundo de la política como era, no como debería ser. Sugirió que la visión de Musgrave era un poco ingenua, que confiaba demasiado en los políticos y consideraba, erróneamente, que los gobernantes son dictadores benevolentes en espera del consejo de un economista iluminado.

Buchanan decía que su visión más pesimista de la política (y de las teorías normativas) había sido alimentada, en buena medida, por los teóricos italianos de las finanzas públicas que, dado su objeto de estudio, entendían que el poder y la política no estaban dominados por personas benevolentes. Su visión, podría decirse, es a veces cínica, un pecado, diría él, menos peligroso que la ingenuidad.

Buchanan concebía el Estado como una especie de Leviatán dispuesto siempre a aumentar sus ingresos. Insaciable. Consecuentemente, postulaba la importancia de normas constitucionales que mantuvieran los presupuestos equilibrados o incluso que limitaran el gasto público. La democracia, en su opinión, necesitaba controlar sus excesos, atarles las manos a los políticos con el fin de evitar un crecimiento excesivo y perjudicial del Estado.

Buchanan concebía el Estado como una especie de Leviatán dispuesto siempre a aumentar sus ingresos. Insaciable

Musgrave y Buchanan en Colombia

Richard A. Musgrave tuvo una larga relación con Colombia. Vino por primera vez en 1949, como economista jefe de la primera misión del Banco Mundial, liderada por Lauchlin Currie. Regresó a Colombia a finales de los años sesenta durante el Gobierno de Carlos Lleras Restrepo. Era para entonces profesor de la Universidad de Harvard y lideró una misión técnica que entregó unas recomendaciones concretas para una reforma tributaria. Las recomendaciones, contenidas en un documento publicado en 1969, Bases para una reforma tributaria en Colombia, tuvieron una gran influencia en las décadas posteriores.

Musgrave trajo a Colombia su visión socialdemócrata y tecnocrática. Sus ideas planteaban no solo la posibilidad de aumentar los impuestos (y hacerlos más progresivos), sino también de utilizar el gasto público como un instrumento para la construcción de equidad. Sus recomendaciones fueron incorporadas parcialmente en la reforma tributaria de 1974, promovida por el presidente Alfonso López Michelsen y su ministro de Hacienda, Rodrigo Botero. Parte de esta reforma, sobre todo en lo que atañe al impuesto de renta, sobrevive, más de cincuenta años después, en el Estatuto Tributario colombiano.

En Colombia, Musgrave planteó no solo la posibilidad de aumentar los impuestos (y hacerlos más progresivos), sino también de utilizar el gasto público como un instrumento para la construcción de equidad

Me atrevo a señalar que el espíritu de Musgrave, en cuanto a la progresividad del sistema impositivo y la necesidad de maximizar una función de bienestar implícita (en particular el bienestar de los más necesitados), hace parte también de nuestra Constitución Política. Un espíritu que, reitero, supone que el Estado debe jugar un papel preponderante en la construcción de equidad. Esta concepción coincidió, entre otras cosas, con un aumento sustancial del tamaño del Estado colombiano de 1995 a 2025.

La relación de James Buchanan con Colombia fue mucho más distante. La revista del Banco de la República publicó un artículo suyo sobre política fiscal y monetaria en 1962. Nunca hizo parte de las muchas misiones que, patrocinadas por la banca multilateral, continuaron la tradición tecnocrática colombiana. Una de sus ideas sí terminó teniendo un impacto directo en la conceptualización de la política fiscal (más teórico que real, cabe advertir).

El Congreso de Colombia aprobó en 2011 un acto legislativo que convirtió la sostenibilidad fiscal en un criterio constitucional. “La sostenibilidad fiscal debe orientar a las ramas y órganos del poder público, dentro de sus competencias, en un marco de colaboración armónica”, dice el artículo inicialmente. Al final, sin embargo, el artículo revive en un parágrafo el espíritu de Musgrave: “Al interpretar el presente artículo, bajo ninguna circunstancia, autoridad alguna de naturaleza administrativa, legislativa o judicial podrá invocar la sostenibilidad fiscal para menoscabar los derechos fundamentales, restringir su alcance o negar su protección efectiva”.

Esta contradicción presagió, podría decirse, la situación actual de las finanzas públicas: un déficit proyectado superior a 9 por ciento del PIB para 2027, un costo creciente del endeudamiento público, un gasto desbordado, ineficiente en muchas dimensiones (el costo marginal de la deuda parece muy superior al beneficio marginal del gasto creciente) y un equilibrio político, a la Buchanan, en el cual el interés colectivo parece subordinado al interés de los políticos. Todos quieren gastar más. Las leyes que ordenan gasto se aprueban con una facilidad inusitada.

Sin duda, las ideas de Musgrave, su optimismo tecnocrático, pueden dar luces (de nuevo) sobre la necesidad de un sistema tributario más eficiente y progresivo. Pero sus ideas sobre el gasto resultan incompletas. Colombia necesita también algo del pesimismo de Buchanan, de su visión del gasto público no como un acuerdo social o político que recoge una concepción compartida de justicia social, sino como una desviación de la política, como una especie de Leviatán desatado o, al menos, amenazante.

La regla fiscal, cabe recordar, fue fácilmente desmontada con argumentos políticos que tuvieron poca oposición. Cada gobierno encuentra, en las inflexibilidades presupuestales y la complejidad de las discusiones legislativas, una buena excusa para seguir aumentando el gasto público. Después de la pandemia, la situación se ha vuelto insostenible. Como dicen los teóricos italianos de las finanzas públicas (de quienes Buchanan aprendió el escepticismo político), “la situación actual es grave, pero no es seria”.

Cada gobierno encuentra, en las inflexibilidades presupuestales y la complejidad de las discusiones legislativas, una buena excusa para seguir aumentando el gasto público

En 1998, la Universidad de Múnich organizó una conferencia económica (Public finance and public choice: two contrasting visions of the State) a la que asistieron, como invitados especiales, Richard A. Musgrave y James Buchanan; el primero tenía entonces 87 años, el segundo 78. Ambos expusieron de manera extensa las ideas resumidas en este artículo. Al final de la conferencia, Buchanan contó una anécdota ilustrativa. Años atrás había estado con Musgrave en otra conferencia y un asistente preguntó si el gobierno, bajo ciertas circunstancias, debería ser constreñido. Buchanan contestó: “Suponga que usted tiene un tigre, un tigre mascota. ¿Le gustaría que tuviera un bozal en caso de que pueda morder a alguien? Creo que sí. Sin embargo, Musgrave parece dispuesto a no hacerlo porque, en su opinión, el tigre bien puede comerse el pasto”.

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“Desde el principio supe que era un error”: esposa de escolta asesinado por equivocación en Bogotá

Redacción Cambio — Sat, 12 Sep 2026 09:30:00 GMT

Emma Rozo, esposa de Luis Gabriel Gutiérrez, el escolta asesinado junto al empresario Gustavo Aponte en Bogotá, habló en entrevista con Julio Sánchez Cristo sobre los seis meses que ha vivido su familia desde el crimen y la noticia de que el doble homicidio habría sido producto de una equivocación. Según la investigación conocida por la familia, el ataque estaba dirigido contra otra persona.

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Rozo aseguró que desde el comienzo tuvo la sensación de que algo no correspondía con el crimen, especialmente porque, según relató, ni su esposo ni Aponte habían recibido amenazas. “Desde el principio supe que era un error porque todo fue muy raro”, afirmó. Al recordar a Gutiérrez, lo describió como un hombre dedicado a su familia y cercano a sus hijos, su madre, sus hermanos y a ella.

Con la información de que habrían asesinado a las personas equivocadas, el dolor se transformó también en rabia. “Tengo rabia, mucha rabia. Perdimos dos personas tan valiosas por una equivocación”, manifestó Rozo. La mujer aseguró que la familia no ha recibido mayores detalles de la investigación y que, hasta ahora, la información que conocen proviene principalmente de lo que se ha hecho público.

La captura de Leonel Enrique Llanos, quien se declaró inocente de los delitos que le fueron imputados, representó para la familia un primer avance después de seis meses. “Esperamos seis meses para que cogieran a un desgraciado de estos. Seis meses es mucho tiempo cuando matan a una persona que uno quiere y que uno necesita en su casa”, expresó Rozo.

Pese a esa captura, la esposa del escolta aclaró que no puede hablar de felicidad. Para ella, permanece el vacío y las preguntas sobre lo ocurrido. “Cogieron a alguien y esto da un poco de tranquilidad, no felicidad, porque el vacío sigue, y el dolor sigue”, afirmó. También contó que durante estos meses le ha pedido a Dios que el caso pueda esclarecerse: “No es justo que maten a alguien así”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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El riesgo de eliminar lo incómodo

Marta Orrantia — Sat, 12 Sep 2026 08:00:00 GMT

La democracia es algo que, con frecuencia, damos por sentado. Para la mayoría de nosotros es algo que está ahí, un intangible, que nos permite caminar por la calle a la hora que queramos, hablar de lo que nos apetezca, ver a quien nos dé la gana y votar por quien nos parezca más idóneo. Así de fácil. Tanto, que no pensamos en ello. No pensamos en que esa misma democracia puede erosionarse y que, con unas pocas acciones, nuestras vidas pueden cambiar de manera radical.

A veces, como en un golpe de Estado, la democracia se acaba de un brochazo. Pero en otras ocasiones su deterioro es paulatino, paso a paso, con acciones minúsculas pero constantes. Acciones que pueden parecernos inanes, o incluso interesantes, o con las que tal vez estemos de acuerdo porque creemos que nos convienen. He escuchado en estos días frases peligrosas como: “es necesario poner límites”, “la sociedad ha ido demasiado lejos”, “alguien tiene que mostrar autoridad”. Y me pregunto, invariablemente, si quienes las dicen saben que en cualquier momento puede llegar su turno. No de ser encarcelados, o no necesariamente. Ni de ser asesinados. Sino de ser arrinconados. Porque la democracia es justamente eso: esa libertad de movimiento, de culto, de palabra y de pensamiento que hace que todos quepamos. Y los signos que he visto en este último mes me indican que estamos frente a un país en el que empieza a estrecharse el espacio para quienes piensan distinto.

No es evidente, lo sé. Y ya me imagino a muchos tildándome de paranoica —están en todo su derecho, si este sigue siendo un país democrático—. Pero he visto sesgos inquietantes en el nuevo Gobierno, y uno de los más preocupantes es su relación con las voces que lo incomodan.

El lenguaje es uno de estos sesgos. Quien controla la narrativa controla una parte decisiva de la verdad. Y veremos mucho más de eso en los siguientes meses. Ya no se podrá decir “niña” ni “campesino”, porque el Gobierno pretende tener el monopolio del lenguaje y obligarnos a cambiarlo: a través de los medios, de las instituciones, de los ministerios y de sus funcionarios. Cuando el poder decide qué palabras son aceptables y cuáles deben desaparecer, no solo corrige vocabularios: delimita lo que puede pensarse, decirse y discutirse en público.

El siguiente paso es la eliminación, lenta pero sistemática, de los medios de comunicación o de los periodistas que resultan incómodos. Lo vimos con las Emisoras de Paz. Lo vimos también con Ana Cristina Restrepo y Camila Zuluaga en su espacio de Blu Radio, y ahora con la decisión de RCN de terminar el contrato con Vladdo. No se trata de episodios aislados ni de simples cambios de programación. Se trata de periodistas silenciados en un momento en que el país necesita, más que nunca, voces capaces de incomodar al poder.

En el caso de Vladdo hay una historia que no cabe en la caricatura entendida como chiste pasajero. Su periodismo de opinión ha atravesado gobiernos de muy distinto signo, ha señalado abusos, contradicciones, vanidades y cegueras del poder, y lo ha hecho con una mezcla poco frecuente de valentía, creatividad y profundidad. Sus dibujos no son solo trazos ingeniosos: son formas de mirar la realidad del país, de condensar en una imagen aquello que a veces una columna entera no logra decir. Por eso resulta tan grave que una voz así sea apartada justo cuando más urge conservar el derecho a disentir.

Admiro y respeto a Vladdo, y también admiro enormemente la valentía y la agudeza de Ana Cristina Restrepo y de Camila Zuluaga, pero incluso si no lo hiciera, el punto seguiría siendo el mismo. La democracia es tener voces de disenso y poder elegir si escucharlas, si leerlas, si verlas. La democracia es también libertad de palabra y pluralidad en la prensa, porque no solo la sociedad necesita escuchar verdades incómodas: también los gobernantes, especialmente aquellos que se rodean de personas incapaces de contradecirlos.

Lo siguiente, me temo, será la educación. Porque si de callar se trata, si lo que se busca es unificar el discurso, ¿qué mejor manera que hacerlo desde los colegios? ¿Qué mejor forma que moldear desde temprano aquello que se puede preguntar, leer o discutir?

Al comienzo, cuando un gobierno intenta unificar el discurso, solemos engañarnos pensando que algo podemos ganar: un poco de seguridad, menos ruido, el alivio de no escuchar a quien nos cae mal o nos contradice. Pero esa comodidad dura poco. A la larga perdemos todos, porque tarde o temprano dejaremos de caber. Y entonces descubriremos, demasiado tarde tal vez, que nuestras libertades no son las únicas válidas y que una democracia sin voces incómodas deja de ser democracia para convertirse apenas en obediencia.

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No más malas decisiones contra Ecopetrol

Jorge Enrique Robledo — Sat, 12 Sep 2026 08:00:00 GMT

Nada tengo que corregir de mis controversias con las políticas de petróleo, gas y Ecopetrol del presidente Gustavo Petro, quien en su gobierno apenas le revolvió una pisca de verdad a sus toneladas de falsedades sobre este sector. Una vergüenza nacional e internacional.

Su cuento de que el consumo de petróleo sería reemplazado en el corto plazo por energías renovables —solar y eólica, principalmente— fue siempre una gran mentira. Calculada para engañar a ambientalistas y ciudadanos, como lo advertí al explicar que bienvenidas esas energías, pero que, por sus mayores costos, no era realista que desplazaran a las volandas a los combustibles fósiles.

Verdad que se confirmó entre 2022 y 2025, cuando la producción mundial de petróleo no solo no se redujo, sino que aumentó de 100,0 a 105,8 millones de barriles de petróleo promedio al día, un incremento considerable que no impidió el desarrollo de las energías alternativas.

Fue además irresponsable que en ese Gobierno le hubiera impuesto a Ecopetrol gastarse grandes sumas en comprarles a unos extranjeros sus inversiones en energías alternativas en Colombia, que ellos habían podido desarrollar. Y de lo peor fue la decisión de la ministra de Ambiente en 2024, sin duda respaldada por Petro, de sabotear la presencia en el Caribe colombiano de un barco de gran capacidad científica para poder desarrollar la producción de gas, cuando simultáneamente crecían sus importaciones al país.

Además, no fueron menores los varios hechos de corrupción en la Ecopetrol del anterior Gobierno, empezando por las andanzas de Ricardo Roa y de otros personajes vinculados a la cúpula petrista.

Sobre el Ecopetrol del presidente Abelardo de la Espriella, por lo que se sabe, empieza muy mal. Porque quiere imponer en la presidencia de una empresa que exige conocimientos complejos a Joaquín Gutiérrez, sin experiencia en hidrocarburos y con discutibles negocios de salud. Luego su único mérito es pertenecer a la rosca de la campaña electoral de Abelardo de la Espriella, otro que se presenta de una manera y con frecuencia actúa de otra.

Grave que no se le haya oído a nadie de este Gobierno descartar el dañino y falso ambientalismo de Petro contra Ecopetrol. Ojalá que no sea porque les suenan grandes negocios montados sobre esa equivocación.

Y los colombianos debemos ser enfáticos en repudiar la muy equivocada idea que mueven amigos del Gobierno, de aumentar la privatización de Ecopetrol hasta el 49 por ciento de sus acciones. Posición que es muy propia de los cercanos a las trasnacionales, entre ellos De la Espriella, quien es principalmente gringo, según lo juró, con el riesgo de ser sancionado si no cumple, ante las autoridades de Estados Unidos.
Privatización que para los colombianos nos es tan inteligente como vender la nevera para comprar el mercado, en la que los únicos que de verdad ganan son los compradores, comisionistas de bolsa y los de la banca de inversión, más los políticos que les colaboren.

Coletilla. El próximo martes nos vemos en la asamblea de accionistas de Ecopetrol, a la que ojalá la cambien de sitio para no amontonarnos como sardinas en lata y nos den un tratamiento amable.

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Pague a la DIAN, así ya haya pagado antes

Luis Alberto Arango — Sat, 12 Sep 2026 08:00:00 GMT

Una retención pagada dos meses tarde, hace once años, se convirtió en una causa penal y una deuda cinco veces mayor. El caso expone un sistema donde el interés no tiene techo y la sanción no distingue error de fraude — y por qué eso termina golpeando a quien hace empresa.

"Pague a la DIAN, así ya lo haya pagado antes, y luego reclame." Esa fue la conclusión de varios abogados que consulté sobre el caso de una compañía. Lo entiendo: conocen la DIAN, y saben que un proceso contencioso administrativo de años puede salir más costoso que pagar de nuevo, con sanción e intereses.

La compañía había pagado una retención en la fuente hace más de diez años, un par de meses tarde, sin registrarlo de manera correcta ante la DIAN. Hoy el caso está en la Fiscalía, contra el gerente de esa época, por omisión del agente retenedor. Los sesenta y tres millones que se pagaron, al no quedar bien presentados, se dieron por no recibidos. Y entre sanciones e intereses de once años, se convirtieron en más de trescientos millones.

Para muchas compañías ese dinero no es fácil de conseguir, a veces es imposible, y con el costo del dinero hoy, más crítico todavía.

“Entre sanciones e intereses de once años, se convirtieron en más de trescientos millones”.

Cuando alguien le debe al Estado, la maquinaria no perdona un solo día: intereses sin techo, a la tasa de usura menos dos puntos, que en un litigio largo multiplican la deuda original. Cuando el Estado le debe al ciudadano —por un cobro mal hecho, una glosa anulada— no hay intereses, salvo que el administrado se someta a años de demanda contra la DIAN, con pocas probabilidades de ganar. La balanza no es pareja.

No es un caso aislado. Una empresa bogotana que presta servicios en Medellín olvidó presentar, hace dos años, la información exógena municipal. La Secretaría de Hacienda le liquidó una multa de más de cien millones calculada sobre la totalidad de sus ingresos nacionales, no sobre lo que factura en esa ciudad. Así quedó liquidada, y así tendrá que enfrentarla, dedicando meses y sumando honorarios de asesores legales defendiéndose de la arbitrariedad.

Vale la pena, también, destacar el otro lado de la moneda. Conocí otro caso, con un problema de registros en la presentación de declaraciones de importación, con el mismo riesgo: multas millonarias, pese a haber pagado impuestos de aduana de más por un error.

Ahí el desenlace fue distinto: el funcionario entendió que no había mala fe y encontró la forma de hacer las correcciones dentro de la norma vigente. La empresa no tuvo que volver a pagar los impuestos aduanales ni la sanción, ni pasar meses o años reclamando lo pagado de más. La diferencia no estuvo en la gravedad de la falta, sino en el margen de maniobra de ese funcionario.

Ese contraste es el mejor argumento a favor de una reforma. Son pocos los funcionarios sin actitud proempresarial, pero cuando aparecen, casi nunca es por mala voluntad: la norma no les da herramientas para ayudar, y hacerlo por fuera de ese margen los expone a una investigación disciplinaria. La solución no es esperar a que cada contribuyente tenga la suerte de toparse con el funcionario correcto o con una norma más permisiva, sino darles a todos la posibilidad de resolver con criterio los errores que no nacen del dolo.

“La respuesta que ha encontrado el país, reforma tras reforma, es la amnistía”.

El diseño tributario, nacional o municipal se construyó, con razón, para que nadie use la plata retenida de terceros como caja propia — y por eso recurre a intereses y sanciones que pueden ser muy duras. El problema es que, en el camino, también atrapa a quien se equivocó de buena fe, pagó tarde u olvidó reportar información exógena — y ahí la respuesta del Estado debería ser proporcional, no la misma.

Y como los intereses de mora no tienen techo ni hay un mecanismo ágil para cruzar lo ya pagado, el funcionario queda con las manos atadas: aplica la norma en su versión más dura, o se arriesga él mismo a una investigación disciplinaria por "ayudar".

Nadie gana, salvo quizás quien ve en esa desproporción la oportunidad de pedir por debajo de la mesa lo que la ley no permite resolver por encima de ella. Trescientos millones por una falta de sesenta y tres es, para un funcionario con pocos escrúpulos, una invitación abierta a negociar.

La respuesta que ha encontrado el Estado, reforma tras reforma, es la amnistía: cada cierto tiempo el Gobierno de turno abre una ventana con intereses reducidos y sanciones con descuento. La más reciente, de este año, bajó la tasa de interés moratoria, temporalmente, al 4,5% anual y las sanciones al 15% de su valor.

Es un alivio real, pero también la confesión de que el sistema es tan desproporcionado que ni el Estado ni el municipio puede sostenerlo sin corregirlo por ley, decreto o resolución cada tanto. Si la excepción se volvió la única forma razonable de cobrar, el problema no está en el contribuyente: está en la regla.

“Nada de esto le quita al Estado su facultad de perseguir el fraude real”.

Lo que hace falta no es otra amnistía, sino una reforma de fondo con tres ejes: un tope razonable a los intereses moratorios, que hoy crecen sin límite mientras dure un litigio; mecanismos rápidos de compensación, para que lo ya pagado se cruce contra la deuda sin años de trámite ni dobles pagos; y sanciones proporcionales a la falta, no a la capacidad recaudatoria de quien las impone. Nada de esto le quita al Estado su facultad de perseguir el fraude real.

Falta, además, reconocer algo obvio: somos falibles, y en impuestos y aduanas el error es, estadísticamente, casi inevitable. Con las docenas —a veces cientos, como en aduanas— de reportes y declaraciones que presenta una empresa cada año, que ocurra un error de vez en cuando no debería ser condena de por vida ni confiscación del patrimonio de una empresa o de quien la representa. Tiene más sentido un régimen escalonado: corrección y pedagogía primero, sanción proporcional después, y solo al final —con reincidencia sistemática o indicios reales de dolo— la puerta a lo penal y a la persecución sancionatoria real del Estado.
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Las mujeres estarán más expuestas a la pobreza: estos son los riesgos que definirán quiénes serán pobres en 2040

Laura Lucía Becerra Elejalde — Sat, 12 Sep 2026 01:02:10 GMT

Un nuevo estudio advierte que las brechas de género podrían profundizarse en los próximos años y que la pobreza estará marcada por factores que van más allá de los ingresos. ¿Qué riesgos determinarán quiénes estarán más expuestos en 2040?

Las mujeres estarán más expuestas en la próxima década a caer en situación de pobreza que los hombres. A pesar de los avances en las últimas décadas en materia de género, las brechas entre hombres y mujeres persisten en los indicadores de pobreza, sus condiciones de calidad de vida, el mercado laboral y el acceso al sistema financiero.

Un nuevo estudio elaborado por Bancamía y la Fundación Microfinanzas BBVA, presentado este martes en Bogotá, concluyó que en los próximos años estás brechas podrían aumentar en lugar de disminuir en América Latina y en Colombia y que factores como el clima, la edad, el vivir en zonas de conflicto o incluso la inteligencia artificial, definirán qué poblaciones son más propensas a caer en la pobreza en 2040.

La trampa de la pobreza

Según datos del Banco Mundial, 1 de cada tres latinoamericanos, el 32 por ciento, es “económicamente vulnerable”. Es decir, aunque no son pobres hoy, tienen una alta probabilidad de serlo en unos años.

En la región el 24,8 por ciento de la población está en situación de pobreza, son 167 millones de personas, o uno de cada cuatro. Aunque esta es la mejor cifra desde que existen registros comparables, la otra cara de la moneda, la pobreza extrema, evidencia la fragilidad que tienen millones de ciudadanos en esta parte del mundo de caer en condición de pobreza a futuro.

En América Latina hay 65 millones de personas en condición de pobreza extrema, el 9,7 por ciento de la población, cuando una década atrás el indicador era de 7,7 por ciento.

Mujeres al frente del hogar: las cifras que retratan una realidad desigual en Colombia

“El problema central de América Latina ya no es sacar personas de la pobreza, es conseguir que permanezcan fuera de ella. Es una trampa de pobreza, hay engranajes que hacen que la gente caiga y salga recurrentemente en la pobreza”, dice Giovanni di Plácido, director de Research y Estrategia de la Fundación Microfinanzas BBVA.

El experto comenta que aunque la región ha aprendido a reducir la pobreza monetaria, todavía no ha aprendido a producir hogares con ingresos estables, empleos productivos, patrimonio y capacidad de absorber un golpe o shock económico.

Eventos como la pandemia, o en un ejemplo local el reciente terremoto en el occidente colombiano, pueden profundizar esta incidencia de la pobreza extrema. “Lo que demuestra el terremoto es que, para una población muy cerca al umbral de pobreza, un shock como este hará que parte de la población entre y salga de esa condición, pero también se configura una pobreza estructural con personas que seguirán en la pobreza a lo largo del tiempo”, comenta el experto.

La pobreza del futuro

Un elemento que destaca el experto es que la pobreza es un fenómeno en el que confluyen diferentes fuerzas y que ha cambiado a lo largo del tiempo.

A inicios del siglo XX golpeaba especialmente a los peones que trabajaban en las haciendas; en la década de los 70 eran los migrantes en las barriadas de las ciudades, y desde hace un par de décadas la población sin empleo formal que vive en las periferias es la que más siente la pobreza en las grandes urbes. Pero en los próximos quince años serán otros los factores que marcarán la pobreza.

El primero de ellos son los conflictos. Di Plácido indica que 60 por ciento de los pobres extremos del mundo vivirá en estados frágiles hacia 2030. “Su pobreza no la cura el crecimiento; la cura la paz”, advierte el experto. Un ejemplo en la región puede ser Haití y en el caso colombiano la zona del Pacífico o también el Catatumbo.

Un segundo factor que incidirá en la pobreza en el futuro es el clima, especialmente en una región altamente vulnerable al cambio climático. Un ejemplo de estos choques en el país, por ejemplo, son las avalanchas e inundaciones, o los sucesos en Córdoba de este año, que afectan especialmente a las personas de menores ingresos.

La edad y el envejecimiento poblacional también determinarán la pobreza en quince años. La curva demográfica viene cambiando y esto representa un reto para los sistemas pensionales, laborales y de salud de los países de la región.

“Lo que a Francia le tomó 115 años, duplicar sus mayores de 65, a América Latina le tomará 25. Llegará a vieja antes que a rica, y antes que a formal”, advierte el ejecutivo.

Los otros dos factores que reconoce el estudio tiene que ver con la tecnología. El primero es la inteligencia artificial. Aunque el estudio enfatiza en que esta tecnología no quita los empleos en sí, sí puede incidir sobre las dinámicas de trabajo y por ende en los pagos de seguridad social.

El último factor son los datos y el acceso a ellos. Para Di Plácido, “la conectividad es el agua potable del siglo XXI”, y si una persona existe pero no aparece en los registros, si no tiene una identidad digital, queda limitada en temas como el crédito, o el mercado laboral formal.

El análisis, encontró que el país tendrá entre 12 y 14 millones de personas en condición de pobreza, entre el 21 y el 24 por ciento de la población, pero con una composición muy distinta a la actual.

¿Cómo combatir la pobreza?

El estudio plantea que la solución a esa trampa de pobreza está en las microempresas. Tanto en Colombia como en América Latina el grueso de las empresas son micro, pequeñas y medianas empresas. El auge del emprendimiento en América Latina es un síntoma, no la solución a un tejido empresarial que no es sólido.

Para el experto, hacer romántico al microemprendedor es una forma elegante de abandonarlo. El microemprendimiento es una especie de bote salvavidas, dice, pero la tarea es transformarlo en un barco que les permita salir adelante.

El impacto en las mujeres

Detrás de cada microempresa o pequeño negocio hay una familia. Un dato que llama la atención del estudio es que en 2040 tendremos una sociedad en la que, posiblemente, el 55 por ciento de los hogares serán de jefatura femenina, y por eso se propone un análisis con un enfoque de género. Para resolver el problema de la pobreza en general hay que resolver el problema de la pobreza femenina.

El Informe de Inclusión Financiera de este año, que presentó hace un par de semanas la Superintendencia Financiera y Banca de la Oportunidades señala, por ejemplo, que aunque el acceso y el uso de los depósitos presentan niveles elevados tanto en hombres como en mujeres, persisten las brechas de género. En 2025 se registraron brechas cercanas a 7 puntos porcentuales en acceso y de 5 puntos porcentuales en uso.

La pobreza también se mide en horas: el costo invisible del cuidado no remunerado

La presidenta de Bancamia, Viviana Araque, menciona que si el ecosistema financiero no involucra la variable de género no tendrá como cerrar las brechas. “Las mujeres pagan mejor, pero solicitan menos productos. Se puede mejorar su crecimiento”, dice la banquera, quien destaca que factores como el tiempo que dedican las mujeres a sus familias así como otras cargas de cuidado hacen que sean más cuidadosas a la hora de solicitar créditos.

Araque menciona que la brecha existe en todo el mercado Colombia. Pues el monto promedio del microcrédito que reciben las mujeres es 17,4 por ciento en comparación con los hombres. El promedio de ellas es de 6,9 millones frente a 8,4 millones en promedio en el caso masculino.

Araque insiste en que el acceso a crédito y el fortalecimiento de las mipymes debe estar acompañado de la autonomía económica de las mujeres: “Esto no se construye con una sola solución. Esa autonomía se construye a través de diferentes mecanismos y aliados para abrir caminos de progreso”.

En resumen, la cara de la pobreza de Colombia en 2040 será más femenina, más rural y más vieja, y requerirá de soluciones tanto de política pública como de productos del sistema financiero con un enfoque de género.

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Gaona debuta en el Consejo de Seguridad y toma partido en la pelea jurídica por las sanciones a Irán

Carol Tatiana Gómez — Sat, 12 Sep 2026 00:22:08 GMT

El embajador Mauricio Gaona hizo su primera intervención ante el Consejo de Seguridad de la ONU, en una sesión sobre las sanciones a Irán por su programa nuclear. Gaona dijo que esas sanciones siguen siendo válidas. Aquí los detalles de su participación.

Colombia debutó este viernes en el Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York, en medio de una sesión que discutió la validez de las sanciones contra Irán por su programa nuclear. El embajador Mauricio Gaona, quien asumió recientemente el cargo, tomó la palabra por primera vez ante el organismo para fijar la posición del país.

Esas sanciones a Irán, impuestas por la ONU en 2006 (se trata de un embargo de armas, el congelamiento de activos y restricciones al enriquecimiento de uranio, se levantaron en el 2015 cuando Irán firmó un acuerdo nuclear con varias potencias. Ese acuerdo incluía una cláusula de seguridad en la que si Irán incumplía sus compromisos, las sanciones podían volver a activarse de forma automática, sin necesidad de un nuevo voto en el Consejo. Ese mecanismo se conoce como "snapback", y Reino Unido, Francia y Alemania lo activaron en agosto de 2025 al considerar que Irán no había cumplido su parte.

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Sin embargo, ese acuerdo tenía fecha de vencimiento y expiraba el 18 de octubre del 2025. La posición que fijó Gaona fue que ese mecanismo y el comité que lo vigila siguen teniendo efecto, pese a que el acuerdo original que los sustentaba ya venció. "La presunta inefectividad de un mecanismo operativo para resolver controversias no diluye el efecto jurídico precedente de una disposición del derecho internacional", dijo el embajador. Por su parte, Rusia dijo que al vencerse el acuerdo, las sanciones dejaron de tener validez legal.

🇨🇴🇺🇳 Hoy reafirmamos nuestro compromiso ante el Consejo de Seguridad de la ONU frente a la no proliferación nuclear y el régimen de verificación en Irán. Sin reglas no hay seguridad.

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— J. MAURICIO GAONA (@JMauricioGaona) September 11, 2026

Gaona cerró su intervención apelando a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, un instrumento general del derecho internacional, para respaldar lo que dijo y citó el principio de buena fe en el cumplimiento de los compromisos entre Estados como lo que debería primar. El embajador resumió su posición con una frase que también publicó en su cuenta de X: "Sin reglas no hay seguridad".

¿Qué hay detrás de las sanciones a Irán?

La disputa tiene que ver, en el fondo, con si Irán ha seguido enriqueciendo uranio por encima de lo que se acordó en 2015. Ese es el punto que la comunidad internacional lleva meses vigilando, y el que le da sentido a que las sanciones y el comité de verificación sigan funcionando.

El tema volvió a la mesa del Consejo de Seguridad después de que el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) llevara el caso de Irán de nuevo al organismo, algo que no pasaba hacía veinte años. El debate se reactivó porque hay preocupación real sobre qué tanto ha avanzado Irán con su programa.

Mauricio Gaona, embajador de Colombia ante la ONU, junto al secretario general António Guterres durante la presentación de sus cartas credenciales. Créditos: Redes Sociales

Y eso es lo que señala Gaona, pues para él, aunque el mecanismo de verificación no logre frenar por completo a Irán, eso no significa que deba desaparecer. Al contrario, insiste en que hay que mantenerlo vigente, así su efectividad esté en duda.

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Gaona se posesionó como embajador el 3 de septiembre en Bogotá y viajó a Nueva York el fin de semana siguiente para asumir el cargo. Esta misma semana presentó sus cartas credenciales ante el secretario general de la ONU, António Guterres, antes de tomar la palabra por primera vez ante el Consejo de Seguridad.

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El cuestionado Plazas Vega como “héroe”, el nuevo capítulo de la batalla cultural de De la Espriella

Alejandra Bonilla Mora — Sat, 12 Sep 2026 00:21:31 GMT

¿A quién se le puede decir “héroe”? Mientras el Presidente pretende instrumentalizar el juicio civil en Estados Unidos en contra del coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega por el caso de la ejecución extrajudicial del magistrado auxiliar Carlos Horacio Uran, quien salió vivo del ataque al Palacio de Justicia en 1985, la familia busca justicia.

“Por favor cuida a las niñas. Te mando un beso. Te amo como siempre”. Así recuerda Ana María Bidegain parte de la última conversación que tuvo con su esposo Carlos Horacio Urán, magistrado auxiliar del Consejo de Estado, el 6 de noviembre de 1985, día en que el M-19 se tomó el corazón de la justicia misma: el Palacio de Justicia.

Sentada en un atril del Tribunal del Distrito Sur de la Florida, la profesora Bidegain contó cómo ese mismo día empezó el periplo por encontrarlo, luego de que amigos y periodistas como Julia Navarrete le dijeran que lo habían visto salir con vida del Palacio.

No hubo razón, ni llamada que sirviera: el cuerpo de Uran fue encontrado después dentro del edificio, lavado y con un disparo a corta distancia. Sus pertenencias fueron halladas en 2007 en la Brigada 13 del Ejército, mismo año en que una investigación periodística encontró las piezas de video clave que mostraban al jurista salir del edificio.

Plazas Vega, ante la justicia estadounidense por el caso del magistrado Carlos Uran

Un apartado de ese video fue presentado en el segundo día del juicio civil con el que la familia busca justicia por la ejecución extrajudicial de Uran. Al frente estaba Luis Alfonso Plazas Vega, coronel en retiro del Ejército, entonces comandante de la Escuela de Caballería del Ejército, quien hizo parte de la coordinación de la respuesta ese 6 y 7 de noviembre de 1985, reacción que pasó todo límite según ya probaron tanto la Corte Suprema de Justicia, como el Consejo de Estado y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Dibujante: Heather Rodriguez, FIU College of Communication, Architecture and The Arts. Crédito: Miami Law Human Rights Program

Se estableció que el Ejército interrogó, torturó, ejecutó y desapareció a sobrevivientes que fueron calificados como de “especiales”; que la Casa del Florero se volvió un centro de tortura; y que algunas personas fueron llevadas a otras unidades militares que esconden todavía los gritos del horror.

La pregunta es clara: si el magistrado salió con vida del Palacio de Justicia y luego fue encontrado en el edificio muerto, ¿Quiénes son los responsables? ¿Por qué la Fiscalía no ha podido -o no ha querido- encontrarlos? ¿Por qué la justicia en Colombia sigue insistiendo en que Uran habría caído muerto dentro del Palacio?

Plazas Vega, absuelto en Colombia únicamente por las desapariciones de la guerrillera Irma Franco y el trabajador de la cafetería Carlos Rodríguez Vera, enfrenta ahora una demanda civil que la familia del magistrado Uran presentó, insistiendo en que el oficial sí sabía del tratamiento que estaban recibiendo las personas calificadas como “especiales”, una vez salían del edificio, en el segundo piso de la Casa del Florero.

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El recurso asegura que Uran, herido pero vivo, estaba bajo la custodia o control físico de Plazas Vega o de sus hombres; que su cuerpo muestra rastros de tortura;; que tenía un disparo a corta distancia como integrantes del M-19 que participaron en la toma y que su cadáver fue custodiado incluso en Medicina Legal como un supuesto integrante de la guerrilla. Además, la demanda afirma que Plazas Vega sí inspeccionó el segundo piso de la Casa del Florero donde “los especiales” eran interrogados y que ordenó transferirlos a otras unidades donde fueron torturados.

¿A quién se le puede llamar “héroe”?

Esta semana, una vez más, el país se dividió en bandos cuando el presidente Abelardo de la Espriella calificó de “héroe de la patria” a Plazas Vega, insistiendo en que ya fue procesado en Colombia y absuelto en casación por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Esa sentencia dictada por mayoría y con dos salvamentos de voto, no impide que las víctimas busquen justicia, sea en Colombia o en otros países.

La familia Uran llevó ante la justicia de Estados Unidos a Plazas Vega, quien reside en Miami, en donde está vigente la Ley de Protección a Víctimas de Tortura de 1991 (TVPA), que prevé una pretensión de responsabilidad civil en Estados Unidos para ciertos actos de tortura y ejecuciones extrajudiciales actuando bajo autoridad oficial de un país extranjero. Será un jurado de civiles con diferentes orígenes el que dicte el veredicto: si decreta una responsabilidad civil (una condena económica) o si falla a favor del exoficial, tras escuchar testimonios de testigos de ambas partes y evidencias documentales.

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Mientras la familia Uran quiere evitar la politización de un proceso que arrancó en 2022, el presidente De la Espriella apeló al discurso tradicional de la derecha y de la fuerza pública para defender a Plazas Vega públicamente: le dice “héroe”, descalifica la búsqueda de justicia llamándola “persecución judicial”, cuestiona el litigio estratégico, que es usado por abogados de todo el mundo y toma partido a su favor. Si De la Espriella hablara únicamente como penalista, su opinión sería solo eso, una opinión, pero como jefe de Estado, su intervención es problemática.

No le corresponde al presidente de la República decir quién es inocente y quién es culpable. Tampoco le corresponde al jefe de Estado insinuar que toda alegación hacia un integrante de la Fuerza Pública es un ataque. Esa respuesta es propia del concepto de “guerra jurídica”, un término que usan los militares para desestimar cualquier reparo en su contra aun cuando haya evidencias. El presidente De la Espriella dice que, si Plazas tiene que enfrentar procesos por hechos ocurridos en el “ejercicio de su deber”, entonces el “Estado” debe acompañarlo.

Esa sola frase parece más una carretera revisionista hacia la impunidad, que un llamado a esclarecer lo que pasó y acabar de una buena vez el pacto de silencio sobre la toma y la retoma. Aunque el presidente tiene derecho a defender sus propios ideales y los de aquellos que representa, ¿qué implicaciones tiene su mensaje? ¿Acaso la ‘batalla cultural’ del presidente implica negar excesos de fuerza y verdades incontrovertibles?

No le corresponde al presidente de la República decir quién es inocente y quién es culpable. ¿Acaso la ‘batalla cultural’ del presidente implica negar excesos de fuerza y verdades incontrovertibles?

Otro de los aspectos problemáticos de lo dicho por el presidente De la Espriella -que también pone en riesgo a la familia Uran-es el llamado explícito a usar los mecanismos del Estado para la defensa de un particular. Lo anterior no tiene precedentes en la historia de Colombia. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, como su nombre lo indica, no puede ponerse al servicio de un ciudadano y, menos aún, cuando se trata de un hombre con las sombras del coronel (r) Plazas Vega.

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El Centro Democrático se metió en la ‘batalla’ con una constancia en el Congreso en la que defienden a Plazas Vega y piden que su respaldo “se materialice mediante gestiones políticas y diplomáticas” y que se “analice el apoyo económico por parte del Estado para sufragar los gastos en que han debido incurrir el coronel, su familia y su equipo de defensa”. La bancada -ahora oficialista- insiste en que Plazas estaba cumpliendo sus labores.

Abogados consultados por CAMBIO aseguraron que, aunque el respaldo de De la Espriella como de un grupo de congresistas es válido, otra cosa es pretender interferir en un proceso judicial en otro país, en donde existe un modelo de independencia distinto al colombiano y donde no es aceptable ese “abrazo cortesano” que en Colombia es casi normal. De hecho, si se recuerda, en la misma sentencia de Plazas Vega, la Corte incluyó un apartado para insistir en que su fallo fue en derecho y no respuesta a objeciones políticas.

Entre la sentencia y las atrocidades que soportaron los sobrevivientes

Carlos Uran salió vivo del Palacio. Foto: Noticias Uno.

Plazas Vega fue absuelto en Colombia en una decisión dividida pero mayoritaria por la Corte Suprema, máximo tribunal de la justicia ordinaria que en cambio, sí condenó al general en retiro Jesús Armando Arias Cabrales, superior de Plazas, en un pronunciamiento que indica que la retención de los “sospechosos” y la aprehensión de los guerrilleros no fueron ideas de último momento, sino parte del operativo.

“La desaparición de los ‘capturados’ corresponde a un plan estratégicamente diseñado desde cuando se inició la operación conforme a las líneas del ‘Plan Tricolor’, y que culmina precisamente con la captura y clasificación de los sospechosos y con su posterior ocultamiento al poder civil, desde ese momento y hasta ahora”, dice el fallo contra Arias Cabrales.

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La sentencia de Plazas Vega -que no menciona ni una sola vez a Carlos Horacio Urán, apunta a que no hay prueba suficiente para responsabilizarlo por las desapariciones de Franco y Rodríguez “por hacer parte de una estructura organizada de poder o bajo la modalidad de posición de garante, o simplemente como coautor”. Y también dice que Plazas no se ocupó de seleccionar sospechosos, que no quedó a cargo de los rescatados, desestimando testimonios que dicen lo contrario como el de Yolanda Santodomingo, torturada en la Casa del Florero, y declarando la responsabilidad de los excesos allí cometidos al B2 del Ejército, al mando del coronel Edilberto Sánchez Rubiano, condenado y prófugo de la justicia.

Germán Romero, quien representa a familiares de los desaparecidos de la cafetería del Palacio, le dijo a CAMBIO que la justicia ya reconoció que las desapariciones forzadas ocurrieron por responsabilidad del accionar de la fuerza pública, que no solo hubo un exceso en el uso de la fuerza, sino que “de manera deliberada se hizo la privación de la libertad, la comisión de torturas y finalmente la desaparición forzada de personas y en algunos casos la ejecución extrajudicial de estas”.

¿Se puede hablar de “héroes” en una cadena de mando que permitió tales atrocidades?

El juicio en Estados Unidos

“Recuerdo que cantaba mucho, recuerdo su calidez”. Xiomara Uran, una de las hijas del magistrado le contó al jurado el recuerdo de un padre que le fue arrebatado y el dolor de una familia que fue amenazada e intimidada por personal militar, al punto de tener que exiliarse. Orlando Arrechea, exfuncionario de la Corte Suprema, contó que tras salir del Palacio fue llevado al segundo piso de la Casa del Florero, tratado como un “especial”, golpeado, pateado y presionado para decir que supuestamente colaboraba con el M-19.

Arrechea señaló directamente a Plazas Vega como un agente que sí daba órdenes en la Casa del Florero, dijo que sí interactuó con él y que el militar lo golpeó repetidamente. Incluso, fue una de las personas que trasladaron a la Escuela de Caballería en donde fue torturado.

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Ricardo Gámez Mazuera, un exinformante del Ejército que hizo labores de inteligencia sobre personas señaladas de ser del M-19, le dijo al jurado que vio a Plazas Vega en la Casa del Florero y recordó que el oficial sí habría dado la orden de torturar personas. Según él, lo que Plazas dijo fue: “Llévenselo, trabájenlo y repórtenme cada dos horas”. Este es uno de los testimonios claves de este juicio en el que declaró igualmente el excomisionado de la Verdad Alejandro Valencia y familiares de los trabajadores desaparecidos de la cafetería del Palacio de Justicia.

Dibujante: Camila Alfar, FIU College of Communication, Architecture and The Arts.. Crédito: Miami Law Human Rights Program

La demanda de la familia alega que sí hay evidencias de que Plazas Vega, como comandante de la operación, no solo tuvo constante diálogo con Arias Cabales y el coronel Sánchez Rubiano para coordinar la respuesta armada, sino que “personalmente escoltó a un número de rehenes rescatados del Palacio de Justicia a la Casa del Florero, en donde fueron interrogados por los militares, incluyendo hombres del B2 (unidad de inteligencia dentro de la Brigada 13)”.

La demanda insiste en que Plazas Vega sí estuvo en el segundo piso de la Casa del Florero y que dio órdenes directas al personal militar sobre esas personas “especiales”. También afirma que el 7 de noviembre el magistrado Uran fue castigado por personal militar al mando de Plazas Vega y tratado bajo ese régimen de “especial”, provocando intenso dolor y sufrimiento a él y a su familia.

“Ya herido, el magistrado Uran fue privado de atención médica y, en su lugar, brutalizado por los militares —incluyendo golpes en el rostro— antes de su ejecución extrajudicial”, dice el recurso que detalla cómo esos actos atroces no solo provocaron un intenso dolor y sufrimiento físico y mental, sino que se perpetraron “de manera intencional y deliberada (para) castigar al magistrado Urán” por hechos que él o terceras personas habrían realizado y para “discriminar” al jurista por las convicciones políticas que el Ejército creía que él tenía.

¿A quién le dará la razón el jurado? El juicio sigue la otra semana. Lo cierto es que, luego de una lectura breve de los expedientes y de los hechos ampliamente conocidos, resulta inaceptable que el Estado colombiano pretenda darle al coronel Plazas Vega el calificativo de héroe.

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Las cuentas de Energía Ya: ¿puede el plan de De la Espriella afrontar la crisis energética?

Juan Manuel Pinto — Sat, 12 Sep 2026 00:03:14 GMT

CAMBIO analizó los datos de XM y encontró que la demanda de energía crece 5,9 por ciento y, sin ahorro, podría dejar al sistema con apenas 1 por ciento de margen frente a una sequía fuerte. Incluso si Energía Ya funciona, el país necesitará sostener durante meses niveles de generación térmica nunca antes alcanzados, mientras las plantas enfrentan problemas de liquidez.

El gobierno de Abelardo de la Espriella ha venido anunciando medidas para garantizar el suministro de energía eléctrica, debido a un fuerte fenómeno de El Niño que pondrá a prueba la resiliencia de la matriz energética del país. Entre las medidas anunciadas por el Gobierno están 1,5 billones de pesos destinados al sector energía y el plan “Energía Ya”, que busca reducir el consumo de los hogares y garantizar la generación térmica.

El enfoque de ahorro de energía no es nuevo. En 2016, cuando el gobierno Santos enfrentó otro fenómeno de El Niño, propuso algo similar con el programa “Apagar Paga”. Aunque con sus matices, ambos programas parten de una lógica similar: dar incentivos a los usuarios que disminuyan su consumo y cobrar más a quienes lo aumenten.

CAMBIO analizó los datos de XM para entender en qué condiciones llega el sistema eléctrico a este nuevo Niño y hasta dónde pueden ayudar las medidas del Gobierno. Los datos muestran un sistema con menos agua que en niños pasados, una demanda que está creciendo más de lo esperado y que, incluso si se cumplen las metas de ahorro, dependerá durante los próximos meses de niveles de un parque térmico al límite de su capacidad.

¿Cómo estamos frente a El Niño?

Según explicó a CAMBIO Clara Inés Pardo, doctora en economía y políticas energéticas, el sistema eléctrico colombiano depende en gran medida de las centrales hidroeléctricas. Esto “permite generar electricidad de manera relativamente limpia y competitiva, pero también significa que una sequía prolongada puede tensionar rápidamente el sistema”. Ese es precisamente uno de los riesgos que enfrenta el país durante los próximos meses con el fenómeno de El Niño.

Esta no es la primera vez que el país se expone a un fenómeno de El Niño: ya ocurrió en las temporadas de 2015-2016 y 2023-2024. La diferencia es que este Niño arranca con menos agua. Desde junio, los ríos han entregado a los embalses apenas tres de cada cuatro litros de lo normal, menos que en esos mismos meses de los dos episodios anteriores. Y las térmicas ya empezaron a relevar al agua: en agosto quemaron más gas que en el mismo mes de 2015 y de 2023.

Crédito: CAMBIO

Por otro lado, los datos apuntan a que este Niño podría ser más intenso que los anteriores. El Niño se mide con el índice ONI: cuántos grados por encima de lo normal está el agua del océano Pacífico. Entre más se calienta, más puede reducir las lluvias en buena parte de Colombia. En julio iba en 1,8 grados, un poco más que en 2015, y el IDEAM calcula un 81 por ciento de probabilidad de que pase de 2, el umbral de un Niño muy fuerte.

Además, este Niño llega en un momento en que la demanda de energía está creciendo mucho más de lo esperado. “El Niño pone a prueba al sistema energético; los problemas estructurales determinan qué tan bien soporta esa prueba”, explicó Pardo.

Colombia viene aumentando su demanda de energía

En general, la demanda de energía del país ha venido subiendo a un ritmo acelerado en 2026. Respecto a 2025, el crecimiento es de alrededor de 5,9 por ciento. Es más del doble de lo que se esperaba: “La UPME proyecta, para el escenario medio, un crecimiento promedio anual de alrededor de 2,52 % en 2025-2039, mientras que durante 2026 se han observado incrementos mensuales mucho mayores asociados, entre otros factores, a las altas temperaturas”, explicó Pardo.

Crédito: CAMBIO

Actualmente, el país tiene capacidad suficiente para cubrir la demanda de energía. Sin embargo, como buena parte de la generación depende de las centrales hidroeléctricas, una sequía prolongada durante el fenómeno de El Niño podría reducir esa holgura.

En ese escenario cobra importancia la llamada energía firme: la cantidad de electricidad que el sistema puede garantizar incluso en condiciones críticas de agua. Allí las centrales termoeléctricas, que generan energía con gas y otros combustibles, se vuelven fundamentales.

El problema es que este año la demanda ya ha llegado a superar, en algunos momentos, la capacidad de energía firme del sistema. Hasta ahora eso no ha generado dificultades porque las hidroeléctricas han aportado la energía restante, pero esa holgura podría reducirse a medida que bajen los niveles de los embalses.

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Pero el aumento no viene de todos los consumidores por igual. Está concentrado en el mercado regulado, donde están los hogares, pequeños negocios e instituciones oficiales. Mientras tanto, entre las industrias de alto consumo, que negocian directamente su suministro de energía en el mercado no regulado, la demanda ha venido disminuyendo.

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¿Cuánto puede ayudar ahorrar energía?

Por eso el programa Energía Ya se enfoca en reducir el consumo de hogares y pequeños negocios, aunque excluye a las instituciones oficiales. Según un comunicado de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), es “un programa transitorio de seis meses para que los hogares y pequeños negocios salvaguarden las fuentes naturales a través de la reducción de su consumo de energía”.

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La estrategia ya tiene un antecedente. Según explicó a CAMBIO Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), “la última vez que se utilizó bien un programa de ahorro fue en 2016, que duró seis semanas. En esas seis semanas se alcanzó a ahorrar más o menos el 4,5 por ciento de lo que estaba consumiendo Colombia en ese momento, lo cual no es menor. Fue un esfuerzo grande”.
Ese programa del gobierno de Juan Manuel Santos se llamó “Apagar Paga”. CAMBIO analizó los datos de XM de ese fenómeno de El Niño y encontró que durante la campaña el consumo de los hogares bajó alrededor de 4 puntos y mantuvo esa tendencia después de que terminó.

Sin embargo, la CREG no se atreve a pronosticar cuánto se ahorrará esta vez. El propio regulador admite que el programa “no cuenta con evidencia empírica de efectividad”. En el documento con el que sustentó la resolución se limita a señalar que la experiencia internacional ubica las reducciones de consumo entre 1,5 y 3,5 por ciento. Castañeda es más optimista: “Nuestra cuenta es que podríamos estar hablando de ahorros entre el 4 y el 5 por ciento de la demanda, si el programa es efectivo y exitoso”.

CAMBIO hizo la cuenta con los datos de XM. Si de aquí a febrero el consumo se comporta como en esos mismos meses del año pasado, ajustado por el crecimiento que ha tenido la demanda este año, el país llegaría a rozar el límite de la energía que el sistema puede garantizar incluso en una sequía fuerte: quedaría un margen de apenas 1 por ciento.

Con un ahorro dentro del rango que cita la CREG, esa holgura aumentaría a entre 2 y 4 por ciento. Y si el país lograra reducir el consumo en una magnitud similar a la de 2016, el margen sería de alrededor de 4 por ciento.

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Sin embargo, este enfoque tiene un problema y es que pone la carga sobre el usuario. Sobre esto, Javier Lastra, experto en temas energéticos y exgerente de Afinia (empresa electrificadora del Caribe), explicó a CAMBIO que "El programa de ahorro de energía puede ayudar a administrar la demanda, pero no podemos trasladar toda la responsabilidad al usuario”.

“Especialmente en el Caribe colombiano y en poblaciones por debajo de los mil metros sobre el nivel del mar, las altas temperaturas exigen mayor esfuerzo a los equipos de refrigeración de tal manera que resulta desigual y perjudicial generar sanciones a los hogares y negocios en estas zonas del país" añadió.

Lo que no venga de ahorro saldrá de energía térmica

Incluso si se cumplen las metas de ahorro, el país seguirá dependiendo de las térmicas para enfrentar una nueva sequía. De hecho, desde febrero su generación se ha triplicado, como parte de las medidas para ahorrar agua en los embalses.

Lo que viene será más exigente. En su boletín energético de julio, XM advirtió que, para superar el verano, las térmicas tendrían que generar más de 90 GWh diarios de forma sostenida, algo que, según el propio operador, nunca ha ocurrido en la historia del sistema. CAMBIO revisó la generación térmica diaria desde 2008. En esos más de 6.800 días, las térmicas solo superaron ese nivel en 149 ocasiones. Y la racha más larga duró menos de seis semanas, durante lo peor del Niño pasado, cuando los embalses llegaron a sus niveles más bajos.

Crédito: CAMBIO

El problema es que esa capacidad no depende solo de que las plantas estén disponibles, sino de que tengan recursos para operar. Como explicó a CAMBIO Javier Lastra, “las térmicas son precisamente el respaldo que necesitamos para preservar el agua de los embalses durante El Niño. Si no tienen liquidez para comprar combustible y operar, esa capacidad puede existir físicamente pero no estar efectivamente disponible cuando el sistema la necesite”.

La presión financiera ya es alta. Según explicó Pardo, la CREG señala que alrededor del 80 por ciento de los 2,3 billones de pesos de cartera correspondiente a generadores está concentrada en térmicos. Por eso, añadió, “pagar la deuda no es simplemente un problema contable. Es una medida de seguridad energética”.

El Gobierno ya anunció recursos para aliviar parte del problema. Energía Ya contempla 1,5 billones de pesos para el sector, con un primer giro de 300.000 millones para pagar deuda corriente a los generadores térmicos. Además, esta semana el Ministerio de Hacienda anunció que presentará un proyecto con mensaje de urgencia por otros 1,2 billones de pesos para garantizar el suministro de energía durante El Niño.

El Ministro de Hacienda solicitará al congreso aprobar 1,2 billones para evitar un apagón durante el fenómeno de El Niño - Créditos: Colprensa

Las cifras permiten dimensionar el tamaño del reto. Según Castañeda, mantener las térmicas encendidas durante un mes y comprar el combustible necesario cuesta alrededor de 1,5 billones de pesos. Eso no significa que los recursos del Gobierno vayan a financiar un mes de generación: están destinados a pagar energía ya entregada y aliviar los problemas de liquidez del sector.

Lastra advierte que el riesgo sigue abierto. A su juicio, si no se consiguen los recursos necesarios para que las plantas puedan seguir operando, el país podría enfrentar un “apagón financiero” antes que uno físico.

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“Petro cometió graves errores, pero del lado de De la Espriella está el fascismo”: Claudia López

Jonathan Beltrán — Fri, 11 Sep 2026 23:43:22 GMT

En diálogo con CAMBIO, la exalcaldesa reveló detalles de su reencuentro con Gustavo Petro y ratificó sus críticas a los casos de corrupción registrados durante su Gobierno. Además, esbozó las reglas con las que el progresismo elegirá a sus candidatos para las elecciones regionales y dio luces sobre los nombres que podrían integrar esa alianza.

Un mes después del inicio del Gobierno de Abelardo de la Espriella, una fotografía inesperada volvió a poner a Claudia López y a Gustavo Petro en el mismo encuadre. Después de años de críticas, acusaciones de traición e intercambio de demandas, la exalcaldesa de Bogotá y el expresidente se reencontraron para unir fuerzas de cara a las elecciones regionales de 2027.

Después de la derrota de sus proyectos políticos en las urnas, Petro y López se sentaron a conversar sin cámaras ni micrófonos de por medio. Tomaron un café, hablaron de los años de distanciamiento, repasaron las diferencias que los llevaron a enfrentarse públicamente y discutieron sobre el futuro de la izquierda. Cuando llegó la hora de despedirse, Petro le propuso tomarse una foto para sellar su reencuentro. “Me sorprendió porque no estaba entre mis planes. Pero acepté”, recuerda.

La imagen llega después de años de disputas por el Metro de Bogotá, críticas mutuas sobre sus administraciones y hasta una demanda de la exalcaldesa contra Petro por su presunta participación indebida en política durante las elecciones. Ahora, quienes estuvieron enfrentados durante el último cuatrienio, buscan remar en el mismo barco para contener la fuerza del uribismo y del naciente partido Defensores de la Patria.

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En diálogo con CAMBIO, la exalcaldesa reconoce que las divisiones del progresismo y los errores del Gobierno Petro le dieron el triunfo a De la Espriella en segunda vuelta. Por eso, a poco más de un año de los comicios regionales, detalló el mecanismo con el que su sector político elegiría a sus candidatos y habló sobre la posibilidad de que ella o el expresidente vuelvan a estar en el tarjetón.

CAMBIO: ¿Qué hay detrás de la foto con el expresidente Petro y que cambió para que ese encuentro fuera posible?

Claudia López: De mi parte el propósito es de enmienda y de reconciliación del mundo progresista. Yo fui a conversar con el presidente Petro y le agradezco el gesto de recibirme. Por mi defensa del Metro de Bogotá, ellos decidieron declararme enemiga del progresismo y traidora de su proyecto. Desde su sector tuvieron una actitud supremamente sectaria y mezquina, en gran parte por denuncias fundadas sobre casos de corrupción en su Gobierno.

Petro y Claudia López: el primer movimiento de cara a las elecciones de 2027

En la conversación le dije: “Presidente, espero que usted entienda hoy que los verdaderos traidores de su Gobierno son quienes incurrieron en actos de corrupción durante su administración, no yo”. Él dijo como jefe de Estado que los resultados me salieron mal a mí, pero también le salieron mal a él y al Pacto Histórico. Sobre todo le salieron peor al país, que hoy tiene que padecer un gobierno autoritario de derecha, con un prontuario vinculado con mafias y supremamente autoritario.

CAMBIO: ¿Por qué no fue posible concretar esa alianza antes de la primera vuelta?

C.L: Un amigo me dijo: “Te hicieron el pase en el minuto 200, ¿ya para qué?”. Pero no fue posible antes porque durante la campaña había mucha soberbia y arrogancia del Pacto Histórico, cuya consigna era “Solo Petro en esta mondá”. Para ellos no existía nada más. Todo el que criticara, se opusiera o fuera progresista pero no petrista era declarado enemigo y excluido. Y, como se vio en la primera vuelta, esa estrategia fracasó: perdieron.

"“Sería tonto no reconocer que Petro es el líder de la fuerza más grande del progresismo”: Claudia López. Crédito: Pablo David - CAMBIO

A pesar de todas las calumnias y agresiones en mi contra, yo no hago política por satisfacer mi ego. El petrismo y el abelardismo no son dos extremos equivalentes. El abelardismo es un proyecto antidemocrático, fascista y dictatorial que quita derechos. El petrismo es un proyecto democrático y progresista que cometió muchos errores en el Gobierno y los pagó. Pero eso es lo que hace la democracia: cobrar en las urnas.

CAMBIO: ¿Cuál es su postura frente a las denuncias de fraude electoral que ha mantenido el expresidente Petro?

C.L: El gran error de esa campaña fue insistir en una narrativa de fraude que no pudieron probar, que no tenía ni pies ni cabeza y que no comparto en lo absoluto. Quedaron como malos perdedores y perdieron tiempo. Quedamos a 270.000 votos de ganar la elección, pero la realidad es la realidad: Abelardo ganó. Yo nunca lo he desconocido ni lo desconoceré. Soy demócrata y uno tiene que reconocer los resultados cuando gana y cuando pierde. Aquí perdimos por errores de todos.

Gobernar al estilo De la Espriella: prioridades, logros y desafíos de su primer mes en el poder

CAMBIO: Usted advirtió sobre los casos de corrupción que salpicaron al Gobierno Petro y a figuras del Partido Verde como Iván Name, Sandra Ortiz y Carlos Ramón González. ¿Cree que el expresidente no sabía lo que estaba ocurriendo dentro de su Gobierno?

C.L: Eso lo está estableciendo la justicia. Yo renuncié al Partido Verde por esos casos de corrupción, denuncié esos hechos ante la justicia y celebro que esté tomando las medidas correspondientes. A todas las Julianas Guerrero de este mundo, que les claven la mayor pena posible. Yo los denuncié y por eso me declararon enemiga. Pero los enemigos son los que robaron al Gobierno y al país, no yo por denunciarlo. Y la justicia hoy está tomando su curso.

“Va a haber Claudia para rato, no me voy a retirar cuando hay un proyecto fascista al frente”: López sobre su futuro político de cara a las próximas elecciones | Crédito: Colprensa

En estos casos ya hubo un costo político por los aciertos y por los errores del Gobierno. Los ciudadanos pasaron una factura y esa es la democracia. Hay unas decisiones de la justicia que tendrán que seguir su curso, por supuesto, pero ese pasado no se puede cambiar. Pero sí puede hacer una enmienda, reconocer esos errores, dejar el sectarismo, condenar realmente la corrupción y, sobre todo, tomar medidas más sólidas para que en un futuro gobierno no se vuelva a repetir esa historia inadmisible.

CAMBIO: Más allá de esta fotografía inicial con el expresidente Petro, ¿qué sigue para enmendar esa relación con otras figuras del Pacto Histórico?

C.L: Ellos me acusaron de ser enemiga por defender el Metro. Al contrario, al presidente le dije que si no paran esa pelea, van a volver a perder la Alcaldía de Bogotá. Y celebro que me haya contestado: “Tiene razón, esa es otra página que hay que pasar”. Yo no me quedo en resentimientos personales. Por supuesto, tampoco soy de las que se dejan agredir impunemente.

Los altos funcionarios del Gobierno De la Espriella que figuran como “pobres” o “vulnerables” en el RUI

Yo soy católica y mockusiana. Así que sí creo que todos tenemos remedio y que todos tenemos una segunda oportunidad. Errar es de humanos, pero corregir es de valientes. Hay que generar un proceso —que no será fácil, pero es indispensable— de reconciliación de la ciudadanía progresista, de tal manera que no le quiten ni le violenten sus derechos y que los nuevos liderazgos tengan un mínimo chance en una plataforma progresista unida para enfrentar la aplanadora de la derecha y del nuevo Gobierno

CAMBIO: Ahora que la derecha está en el poder, ¿cuál es su balance de este primer mes de Abelardo de la Espriella como presidente?

C.L: Al presidente le tocó enfrentar una tragedia brutal desde el primer día, con el terremoto. Yo, que pasé por la pandemia y por una situación similar al comienzo de mi gobierno, creo que en general ha respondido bien. Ha asumido el tema con liderazgo y del lado de la gente, de las regiones, de los gobernadores y de los alcaldes afectados.

"La guerra cultural la hacen para que no se les note lo autoritario y lo corrupto”: Claudia López sobre una de las principales apuestas de De la Espriella | Crédito: Colprensa

Pero también creo que ni siquiera el terremoto frenó la agenda de derecha y autoritaria de este Gobierno. Tienen un millón de niños por fuera del sistema escolar y la prioridad de las dos ministras de Educación no fue escolarizarlos, sino discriminar a los jóvenes de la comunidad LGBTI, hablar de una ideología de género que no existe y anunciar cambios en unas cartillas.

Yo creo que esto cada día va a empeorar. Pienso en todos los incautos que decían que cuando ganaran se iban a moderar y que iba a gobernar José Manuel Restrepo. Pobres idiotas útiles. No solamente gobierna Abelardo, como era apenas obvio, sino que además llegaron con toda la agenda antiderechos, con la discriminación, con el propósito de eliminar el progresismo y de desconocer la Constitución de 1991 y el Estado laico.

CAMBIO: En su primer mes, el Gobierno construyó mayorías en Senado y Cámara. ¿Cómo hará oposición el centro y la centroizquierda desde el Congreso?

C.L: Va a ser muy difícil hacer control político y oposición. Los gobiernos construyen mayorías a punta de clientelismo y corrupción; eso está escrito y no me sorprende. Al contrario, veo que empezaron de primíparos, creyendo que iban a poder enfrentarse al Centro Democrático, y pronto entendieron que tenían que construir una mayoría.

De la Espriella cuenta como aliados a dos de cada tres congresistas para el periodo 2026-2030 Crédito: CAMBIO

El Partido Liberal se declaró partido de Gobierno con Petro y ahora también con Abelardo. Les da lo mismo el progresismo que el autoritarismo. Lo único que realmente les importa es la plata, la clientela y los puestos. Hay un enorme unanimismo, un enorme abuso del poder, un silenciamiento de cualquier voz crítica y censura abierta contra la prensa.

CAMBIO: El Partido Verde se declaró en independencia frente al Gobierno De la Espriella. ¿Cuál es su lectura de esa decisión?

C.L: Yo diría lo mismo que dije sobre el Partido Liberal: por la plata baila el perro. Yo lamento mucho que el Verde haya terminado siendo un partido que tiene precio.

Alianza Verde se declara en independencia: así fue la derrota de los que querían ser oposición

CAMBIO: ¿En esa alianza del centroizquierda hay espacio para nombres como el de Sergio Fajardo?

C.L: Sergio Fajardo nunca se ha declarado progresista. Él ha dejado colgado al progresismo una y otra vez: en 2018 decidió votar en blanco, en 2022 también y en 2026 volvió a hacerlo. A él solo le sirve él mismo o la derecha. Yo, en cambio, he sido progresista toda mi vida. Y también he denunciado cuando el progresismo se equivoca o incurre en hechos de corrupción. No podemos excusarnos en cualquier cosa con el argumento de que hay que enfrentar a la derecha.

CAMBIO: Estamos a poco más de un año de las elecciones regionales. ¿Cuál será la estrategia del progresismo?

C.L: Llevo meses haciendo esta tarea en silencio, conversando con personas como Iván Cepeda, Clara López y María José Pizarro —a quienes les agradezco que gestionaran este encuentro con el expresidente Petro—, con Guillermo Rivera y con Juan Fernando Cristo. Debemos ahora construir métodos y reglas de convergencia de cara al próximo año. De esa manera, los nuevos liderazgos progresistas tendrán una plataforma con garantías para competir frente a la derecha.

En la disputa por el Metro de Bogotá, Petro buscó modificar el trazado para soterrar la primera línea y López defendió la ejecución del contrato firmado para el trayecto elevado | Crédito: Colprensa

CAMBIO: ¿Cuáles cree usted que deberían ser esas reglas y mecanismos para definir las candidaturas a gobernaciones, alcaldías y concejos?

C.L: Sin duda, tendrán que ser mecanismos democráticos. En el progresismo no cabe el bolígrafo de ningún caudillo, y eso está bien. Yo se lo dije al presidente: me parece que el Pacto Histórico ha dado un gran ejemplo de democracia interna con las consultas, el voto popular y las listas cerradas y paritarias, que garantizan una mayor participación de las mujeres.
Que nadie venga ahora a decir que, porque hay que hacer una coalición, tenemos que volver al voto abierto.

Hay que mantener las listas cerradas y paritarias. Debemos definir mediante consultas cómo se seleccionarán las candidaturas de la coalición. Hay que compartir unos principios generales, pero también permitir que cada territorio tenga propuestas concretas y pertinentes. Con Petro conversamos sobre eso, pero debemos profundizar.

CAMBIO: ¿Es posible que usted o el expresidente Gustavo Petro sean candidatos a algunos de los cargos en disputa el próximo año?

C.L: No conversamos nada al respecto. Yo todavía no he tomado ninguna decisión sobre si voy a seguir o volver a ser candidata. Pero, como dije durante la campaña, va a haber Claudia para rato. No me voy a ir ni me voy a retirar cuando tengo al frente un proyecto que considero dictatorial y fascista. Si voy a ser candidata o no, es una decisión que todavía no he tomado y que tampoco tengo afán de tomar. Y el presidente tampoco me mencionó nada al respecto.

Claudia López propuso el café y Gustavo Petro lo aceptó. Ambos acordaron nuevos encuentros para formalizar su 'Alianza por la Vida' | Crédito: Redes sociales

CAMBIO: ¿Cómo evitar que esta nueva alianza de centroizquierda solo orbite alrededor de la figura de Gustavo Petro?

C.L: Ese es sin duda el gran tema de esta discusión. He recibido cientos de mensajes de personas que me dicen “Claudia, entendemos la gravedad del abelardismo, el autoritarismo y el proyecto que tenemos al frente. Entendemos que hay que enmendar errores y unir al progresismo, pero ¿por qué con Petro?”. Pero él es el líder de la fuerza política más grande del progresismo. No podemos desconocer a su gente, a sus electores ni a sus liderazgos.

El petrismo hace parte del progresismo y Petro es su principal líder, pero esto no puede convertirse en un proyecto caudillista alrededor de una persona. Ni de Petro, ni de nadie. El riesgo que tenemos al frente es muy grande. Tenemos que encontrar una forma de competir unidos en democracia.

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Juzgado de Puerto Asís suspende aspersión aérea con glufosinato de cultivos ilícitos en Putumayo

Carol Tatiana Gómez — Fri, 11 Sep 2026 22:32:54 GMT

Un juez de Puerto Asís suspendió la fumigación aérea con glufosinato en Putumayo mientras estudia una tutela contra el plan autorizado por el Gobierno. La decisión es preventiva y cuestiona que los estudios y mapas usados para sustentarlo aún no sean públicos.

Un juzgado de Puerto Asís, en Putumayo, suspendió este 11 de septiembre cualquier aspersión aérea con glufosinato de amonio en el departamento. Esto se debe a una tutela de la Fundación Tiempo de Cambios para la Transformación Social contra la Presidencia, el Ministerio de Agricultura y varias entidades del Gobierno.

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Con la acción judicial se busca frenar el plan de fumigación que el Consejo Nacional de Estupefacientes había autorizado el 18 de agosto. El despacho fue claro en que la decisión no da por probado ningún daño a la salud o al ambiente, pero que se trata de una medida preventiva. El juez explicó que la resolución afirma apoyarse en estudios técnicos y mapas que aún no han sido aportados al proceso ni publicados en los sitios oficiales de las entidades.

El reclamo de la fundación ambiental

La fundación que interpuso la tutela dijo que el plan de fumigación amenaza derechos fundamentales a la salud, el agua, la participación ciudadana y la protección de la biodiversidad en Putumayo. Según la tutela, "la medida pretende ejecutarse en un territorio de especial relevancia ecológica, caracterizado por su riqueza hídrica, biodiversidad y presencia de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, sin que exista información pública suficiente que permita descartar razonablemente posibles riesgos para la salud humana, los ecosistemas, las fuentes hídricas, los cultivos lícitos y las especies polinizadoras de la región".

La tutela solicita suspender cualquier actividad de aspersión aérea. Crpeditos: Colprensa

La tutela, presentada por Jhonatan Enrique Meneses Valencia en representación de la fundación contra la Presidencia y otras nueve entidades del Gobierno, pidió puntualmente suspender "cualquier actividad de aspersión aérea con glufosinato de amonio" en el departamento.

Los riesgos y las implicaciones de que el Gobierno derogara la norma que frenaba la fumigación aérea con glifosato

El respaldo de la Corte Constitucional

El juzgado se apoyó en dos sentencias de la Corte Constitucional, la T-236 de 2017 y la T-413 de 2021, sobre programas de fumigación aérea de cultivos ilícitos. Esa jurisprudencia reconoce que este tipo de aspersiones con sustancias químicas implica riesgos significativos para la salud humana y el ambiente, y que esos riesgos deben evaluarse aunque no exista una certeza científica sobre esos riesgos.

La Corte también exige que decisiones como esta se sustenten en evidencia objetiva, análisis territoriales y mecanismos efectivos de participación, porque terminan afectando ecosistemas sensibles y comunidades rurales y étnicas. Es por eso que el juzgado invocó el principio de precaución para justificar la suspensión mientras se recauda la información que hoy hace falta.

De la Espriella cierra lo que quedaba de la paz total: termina todos los diálogos y espacios sociojurídicos

Las fumigaciones comenzaban esta semana

Cultivos de coca en Colombia. Créditos: Colprensa

Según la fundación que puso la tutela, la aspersión en Putumayo se haría entre el 12 y 17 de septiembre, unos días después de la decisión judicial. El juzgado no dio ese dato por confirmado, pero dijo que la sola posibilidad de que fuera tan pronto justificaba suspenderla mientras se revisan los estudios.

El juzgado no descartó que ciertos detalles operativos del plan estén protegidos por seguridad nacional. Pero eso que eso no exime al Gobierno de entregar la información que le permita a un juez entender qué tan grande es el impacto ambiental y social de la fumigación.

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El contrato de diez millones mensuales que le dejaron amarrado a la prima de la Coco, una de las “mariposas amarillas”

Redacción Cambio — Fri, 11 Sep 2026 22:00:12 GMT

Cuatro días después del cambio de Gobierno, el agente interventor de Coosalud le entregó a Martha Zawady, prima de María Masip Zawady, un contrato para dirigir las comunicaciones de la cooperativa. El contrato va hasta el 31 de diciembre.

Martha Elena Zawady Rodríguez es periodista y prima de María Masip Zawady, conocida como “la Coco”, una de las mujeres señaladas como parte de las llamadas “mariposas amarillas”, un círculo cercano al expresidente Gustavo Petro al que distintas fuentes atribuyen influencia en nombramientos y contratos estatales.

El pasado 20 de agosto, CAMBIO reveló la identidad de María Masip Zawady y los contratos otorgados durante el gobierno Petro a su hermano y a su prima, Martha Zawady.

A esta última le fueron entregados 6 contratos por 232 millones de pesos según lo registrado por las bases de datos públicas de contratación.

Sin embargo, hay uno que no había entrado al radar por dos razones.El Fue celebrado bajo las reglas del derecho privado y Zawady no se refirió a él reveló cuando fue consultada por sus vínculos con Coosalud.

El contrato firmado cuatro días después del cambio de Gobierno

El 17 de diciembre de 2024,el Gobierno de Gustavo Petro, a través de la Supersolidaria decretó la toma de posesión de la Cooperativa Coosalud. La medida dejó su administración y representación legal en manos de agentes especiales nombrados por esa entidad. El 6 de julio de 2026, la entonces superintendente María José Navarro designó en ese cargo a Bayron Arrieta. Fuentes consultadas por CAMBIO han señalado a Navarro como cercana al círculo de María Masip Zawad. En conversación con este medio, Navarro reconoció que conocía a Masip, pero negó que ella hubiera influido en sus nombramientos o en sus decisiones.

El pasado 11 de agosto, Bayron Arrieta Jiménez, agente especial de Coosalud, firmó con Martha Zawady un contrato para la coordinación de la oficina de comunicaciones de la cooperativa, hasta el 31 de diciembre.

El documento estableció un valor de $50 millones más IVA, distribuidos en cinco pagos mensuales de $10 millones entre agosto y diciembre. Aunque el contrato comenzó el 11 de agosto, no redujo proporcionalmente el primer pago: para ese mes fijó la misma suma prevista para los cuatro meses siguientes.

El contrato fue suscrito con la cooperativa, por lo que su vigencia no dependía de la permanencia de Arrieta. El documento solo contemplaba tres causales de terminación: vencimiento del plazo, mutuo acuerdo o incumplimiento. Así, la entidad comprometió recursos hasta diciembre y, si se levantaba la intervención, la administración que retomara el control de la cooperativa debía asumir el contrato.

Contrato firmado entre la Cooperativa Coosalud y Martha Zawady.

Según el documento conocido por CAMBIO, Zawady además de coordinar la oficina de comunicaciones, debía elaborar comunicados de prensa, supervisar las respuestas a los medios, aprobar campañas y contenidos, organizar y presentar eventos, y vigilar los protocolos de comunicación internos y externos.

Los antecedentes de Martha Zawady con el grupo Coosalud

El contrato de comunicaciones representó la segunda vinculación documentada de Martha Zawady con la estructura empresarial de Coosalud. La primera ocurrió el 4 de agosto de 2025, cuando una asamblea extraordinaria removió a la junta directiva de Coosalud Inversa y eligió a sus nuevos integrantes.

Andrés Felipe Arango, entonces agente especial de la Cooperativa Coosalud, presentó una lista única en la que Zawady fue incluida como suplente personal del tercer renglón, junto al miembro principal Jhonathan Mauricio Ortiz Arnedo. La propuesta fue aprobada por unanimidad, pero el acta no explicó quién postuló a Zawady ni cuáles fueron los criterios utilizados para escogerla.

Coosalud Inversa era una sociedad de inversiones vinculada a la cooperativa y había suscrito una operación por $172.690 millones para adquirir hasta el 40 % de Coosalud EPS. Zawady aseguró posteriormente que su participación en la junta no era remunerada, que nunca asistió a una sesión y que presentó su renuncia irrevocable a finales de agosto de 2025.

El fallo que ordenó devolver Coosalud a sus asociados

La firma del contrato coincidió con una controversia judicial que cuestionaba la continuidad de la intervención. El 11 de agosto de 2026, el mismo día en que Bayron Arrieta contrató a Martha Zawady, el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Cartagena recibió y admitió una tutela promovida por varios asociados contra la Superintendencia de la Economía Solidaria y la Cooperativa Coosalud.

Los demandantes sostuvieron que la intervención se había prolongado sin cumplir su finalidad de recuperar la cooperativa y que había afectado los derechos económicos y políticos de los asociados. Entre los hechos cuestionados estaba la exclusión de 3.149 de los 5.199 asociados, equivalentes al 60,4 %, en un reciente proceso de elección de delegados, principalmente porque se encontraban en mora.

El juzgado ordenó a Arrieta entregar, en un plazo de cinco días hábiles, la administración material, contable y financiera de la cooperativa a la Asamblea General de Delegados vigente.

En el contexto de esta historia, Arrieta comprometió pagos hasta diciembre y, quince días después de firmar el documento, un juez le ordenó entregar la administración de Coosalud. Así las cosas, el contrato de la prima de Zawady quedó como una obligación heredada a la administración entrante.

El contrato que no apareció en el comunicado de Zawady

Para la elaboración del primer artículo sobre la presunta cercanía entre María Masip Zawady con el expresidente Petro y los contratos recibidos por sus familiares, CAMBIO consultó a Martha Zawady. Ese contacto inicial se llevó a cabo el 14 de agosto de 2026, tres días después de la firma del contrato. En ese momento, la periodista no atendió la solicitud de este medio. Trece días después divulgó un comunicado en el que explicó su trayectoria, sus contratos estatales, sus fuentes de ingresos y sus relaciones con Coosalud.

En el documento, Zawady negó tener vínculos con Coosalud EPS y aseguró que ya no integraba la junta directiva de Coosalud Inversa. Explicó que había sido suplente durante algunas semanas, sin recibir honorarios, y que presentó su renuncia irrevocable a finales de agosto de 2025. También sostuvo que ejercía el periodismo de manera independiente.

La negación sobre la EPS no es desvirtuada por el nuevo contrato, pues este fue firmado con la Cooperativa Coosalud, una persona jurídica diferente, pero parte del mismo grupo empresarial. Sin embargo, cuando se pronunció públicamente para aclarar sus nexos con el grupo Coosalud, Zawady no informó que tenía una relación contractual vigente con la cooperativa, suscrita dieciséis días antes y por la cual recibiría $50 millones más IVA hasta diciembre.

Después de conocer el contrato, CAMBIO le envió un cuestionario sobre las circunstancias de su vinculación, el proceso mediante el cual fue seleccionada y su labor en Coosalud Inversa. Zawady no contestó las preguntas. En su lugar, remitió un audio y mensajes, en los que cuestionó la actuación de este medio.

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El monto del presupuesto 2027: el primer gran pulso del Gobierno De la Espriella con el Congreso

Laura Lucía Becerra Elejalde — Fri, 11 Sep 2026 21:57:58 GMT

El Gobierno de Abelardo de la Espriella enfrenta esta semana su primera gran prueba en el Congreso: lograr la aprobación del monto de un presupuesto récord para 2027, en medio de las alertas por el deterioro de las cuentas fiscales y las dudas sobre cómo se hará el ajuste prometido. ¿Cuáles son los retos que enfrenta el proyecto?

El gobierno de Abelardo de la Espriella jugará una de sus cartas claves esta semana en el Congreso, pues el martes se vence el plazo que tienen las comisiones económicas para aprobar el monto del presupuesto general de 2027. Son 634,9 billones, una cifra histórica que viene acompañada de un gran interrogante: ¿tiene el país como sostener esas cuentas?

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El ministro de Hacienda Miguel Gómez se estrenó en la cartera hace poco más de un mes con dos retos mayúsculos: recibió unas finanzas públicas en cuidados intensivos y con la instrucción del presidente de ajustarlas, y a eso se le sumó, a solo tres días en su rol, la tarea de atender una emergencia económica por el terremoto del pasado 10 de agosto.

El gobierno ha insistido en que el presupuesto que radicó hace un par de semanas — luego de que el Congreso devolvió a Hacienda el proyecto que había dejado la administración de Gustavo Petro — es un presupuesto que “sincera las cuentas” y refleja la realidad de la salud fiscal, con gastos por cerca de 20 billones que no se habían contabilizado y compromisos de deuda adicionales a los que se pedían en el proyecto anterior por 37 billones de pesos.

En resumen, el proyecto que pasará a la palestra de las comisiones terceras y cuartas de Cámara y Senado esta semana prevé gastos de funcionamiento por 392,5 billones, 155,4 billones para el servicio de deuda y 86,9 billones para inversión. En total, el presupuesto aumenta en 60 billones en comparación con el proyecto de Petro.

¿Qué dicen los 11 decretos que emitió el gobierno en el marco de la emergencia económica?

Estas cifras, según los cálculos del ministro de Hacienda dejará al país con el peor déficit de los últimos años, incluso más profundo que en el año de la pandemia: 9,4 por ciento. Pero Hacienda tiene otro ‘as’ bajo la manga, una reforma fiscal que aún no se conoce, y con la que promete un ajuste de 45 billones en los gastos.

No son unas cuentas atractivas, seguramente el pulso con el Legislativo será complejo, y el ministro medirá su capacidad de negociar mientras la temporada de ‘luna de miel’ entre el Gobierno y el Congreso que caracteriza los primeros meses de todo gobierno.

Unas finanzas en rojo

Es la primera vez que el Congreso le devuelve un proyecto de presupuesto a Hacienda en un año de cambio del Congreso. Lograr la aprobación del monto no será sencillo y las cifras preocupan. Para el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), organismo independiente adscrito al ministerio de Hacienda y encargado de velar por el cumplimiento de la regla fiscal, el nuevo proyecto de presupuesto y la actualización de las metas fiscales “reconocen de manera más realista la magnitud del desequilibrio fiscal, pero evidencia una situación particularmente exigente para las finanzas públicas”.

El CARF ya había advertido en varias ocasiones sobre la salud de las finanzas del país y sobre inconsistencias entre el gasto que incorporaba el presupuesto de Petro y las cuentas del Marco Fiscal de Mediano Plazo, un documento que había presentado también el exministro Germán Ávila apenas unas semanas antes.

“El Comité valora el mayor realismo de las cuentas fiscales, pues constituye un marco más adecuado para dimensionar el ajuste requerido”, aseguró el CARF. Pero esto no es un parte de tranquilidad. El escenario actualizado evidencia una situación fiscal particularmente compleja hacia adelante: el déficit fiscal, estima el Comité, podría llegar a 10 por ciento el próximo año y la deuda neta alrededor de 67,3 por ciento del PIB, muy cerca de la meta de 71 por ciento que está fijada por ley como un límite manejable para la economía colombiana.

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Juan David Grillo, director técnico (e) del CARF, le explicó a CAMBIO el riesgo de esta situación. “Es como un hogar. En la medida que los gastos de una familia superan de manera excesiva sus ingresos, esos hogares van a tener que endeudarse más y más. Y llegará un punto en que los prestamistas o las centrales de riesgo empezarán a calificarlo mal porque consideran que esa familia no podrá cumplir con los pagos de deuda, y se convierte en un problema. Son elementos que, como en los hogares, se replican en la nación”, advierte el experto.

Para Grillo el gran problema que enfrenta hoy el país es que el Estado colombiano “nunca había experimentado un desbalance tan grande entre ingresos y gastos, ni siquiera en la pandemia”.

De hecho ya algunas calificadoras tienen la lupa puesta sobre las cuentas colombianas. Esta semana Fitch Ratings emitió un comentario sobre el proyecto presentado por el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella y mostró su preocupación por el nivel de déficit y deuda del país.

Para Fitch, el nuevo presupuesto proyecta “una imagen más realista de los desafíos fiscales de Colombia”, pero la calificadora advierte que incluso si se implementan medidas para reducir la brecha presupuestaria, el déficit seguiría encima de sus pronósticos y la deuda mantendría una trayectoria ascendente más pronunciada.

El Gobierno planea presentar una ley fiscal para acompañar el proyecto de presupuesto. Crédito imagen: Freepik.

¿Un recorte inminente?

El gobierno ha prometido una ley fiscal que Gómez bautizó como ‘ley de rescate económico’, para ajustar en 2,2 por ciento del PIB los gastos, lo que implica un recorte de 45 billones el año entrante.

Pero el propio CARF ha llamado la atención sobre los riesgos de esta estrategia, en la que si bien corresponde al Gobierno presentar oportunamente las alternativas de ajuste; la decisión requerirá de la aprobación del Congreso de la República.

En su reporte sobre Colombia, Fitch también se mostró alerta y advirtió que la medida podría enfrentar resistencia política y verse diluida dependiendo de su contenido. “Un gobierno elegido con una plataforma de reducción de impuestos y mantenimiento del gasto social se enfrenta ahora a unos costos de reconstrucción aún indeterminados y a un Congreso fragmentado, lo que complica la senda hacia la consolidación fiscal”, comentó la firma.

Las pistas que ha dado Gómez sobre el proyecto se suman a las promesas de campaña de De la Espriella de reducir una cuarta parte del Estado. Pero varios expertos advierten que para generar ahorros significativos, estos recortes deberán aplicarse a partidas rígidas —como los salarios y las transferencias sociales— que constituyen la mayor parte del presupuesto, lo cual resultará impopular.

Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, menciona que si el país no recorta su gasto fiscal podría enfrentarse a un escenario similar al de otros de la región que han enfrentado desbalance fiscales mayores que han afectado no solo sus cuentas fiscales, sino también otros indicadores como su crecimiento o la inflación.

“La medicina está siendo amarga y fuerte, pero a futuro, si no pasamos por un plan de recorte, lo que nos espera es un universo en el que estaremos pagando muchos intereses, y probablemente nos volvamos como algunos países latinoamericanos de los 80, o como Argentina, un caso más reciente, que año a año se está ‘quebrando’ porque no alcanza la plata”, advirtió el académico.

Para el experto, la experiencia internacional ha demostrado que en escenarios en los que los gastos superan los ingresos, han demostrado ser más efectivas las medidas de recorte que los aumentos en impuestos.

Pero la meta de una ley fiscal que reduzca el gasto en 2,2 por ciento del PIB es ambiciosa, “sumamente optimista”, en palabras de Andrés Pardo Amézquita, director de Estrategia Macroeconómica para América Latina de XP Investments, dadas las restricciones políticas que enfrenta la administración y el respaldo mayoritario —aunque limitado— con el que cuenta en el Congreso.

“Incluso si se implementara la totalidad del ajuste de 40 billones de pesos, el déficit fiscal seguiría siendo excepcionalmente elevado”, dijo el experto.

Por eso, asegura Pardo, lo más probable que el gobierno adopte una estrategia de financiación basada en un paquete coordinado con organismos multilaterales, entre los que podrían figurar el Banco Mundial, el Bando Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y, eventualmente, el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Es probable que dicha estrategia trascienda la mera obtención de nuevos préstamos y combine, en cambio, apoyo presupuestario, financiación condicionada a políticas y recursos vinculados a reformas estructurales”, advirtió el experto.

El reto de convencer al Congreso

Las discusiones sobre el monto del presupuesto iniciaron hace dos semanas, con una intervención del ministro Gómez ante las comisiones económicas. Gómez defendió su proyecto y aseguró que este no incluye “maquillaje contable” como el de su antecesor. Justificó el aumento de la deuda

Lograr el aval de las comisiones es fundamental para el gobierno, o podría repetirse el escenario del presupuesto de 2025, cuando el Congreso no aprobó el monto presupuesto, se avanzó en paralelo con los debates para evitar un bloqueo del funcionamiento del Estado, y el gobierno del presidente Petro terminó decretándolo, en un hecho insólito en el ciclo presupuestal. Pero como ese presupuesto tenía un faltante de 12 billones de pesos, quedó desfinanciado, y el gobierno luego se vio obligado a recortarlo.

La semana pasada el titular de la cartera de Hacienda celebró una serie de reuniones privadas con los coordinadores y ponentes del proyecto para revisar el proyecto y preparar la cancha para la discusión de esta semana que comienza.

Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda. Crédito imagen: Captura de video Cámara de Representantes.

Pero incluso los congresistas afines al gobierno han expresado algunos reparos. La senadora del Partido Salvación Nacional Sara Castellanos expresó en una de las discusiones en días pasado que si bien respaldaba el proyecto que presentó el gobierno, le preocupaba que este estuviera condicionado a una ley fiscal de la que aún no se conoce el texto.

“Hay que saber dónde se va a reducir ese dinero. Para aprobar el presupuesto es necesario que las comisiones sepan dónde se va a hacer el ajuste fiscal. Es necesario que esto no se apruebe a ciegas”, alertó Castellanos durante las discusiones.

El senador Christian Garcés, del Centro Democrático, aseguró a finales de la semana pasada que “no podemos tener” un presupuesto conformado por un servicio a la deuda de 155 billones, funcionamiento 393 billones y de inversión solo 87 billones. Propuso reducir los gastos de funcionamiento y a la par renegociar la deuda que sea posible, con el apoyo de la comunidad internacional y buscando mejores tasas.

“En ningún momento he propuesto no honrar los compromisos y Colombia está lejos de un default. Tenemos que buscar la forma de renegociar la deuda, como siempre se ha hecho”, propuso el senador.

El representante a la Cámara por el Tolima, Guillermo Alvira, del Partido Conservador, también se ha mostrado preocupado por la reducción del 14,6 por ciento en el presupuesto destinado al sector vivienda, especialmente en la coyuntura actual.

“Tener una casa propia transforma vidas, cambia la manera de pensar de una familia, mejora su calidad de vida y le permite progresar. Por eso me preocupa profundamente que, en medio de las necesidades que tiene el País, el presupuesto de vivienda se haya reducido”, señaló Alvira.

Hacienda se jugará toda su capacidad esta semana ante las comisiones para buscar un guiño positivo a la cifra de casi 635 billones que propone el gobierno De la Espriella para 2027. Si recibe la aprobación, el proyecto deberá surtir dos debates, primero ante las comisiones económicas y luego ante las plenarias de Senado y Cámara para convertirse en ley. Será la primera prueba con la que se medirá el nuevo gobierno en el Congreso.

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Gobierno anuncia la Operación Urano para atacar el robo de hidrocarburos en Cesar y Norte de Santander

Javier Patiño C — Fri, 11 Sep 2026 21:57:13 GMT

El Gobierno reactivó la Operación Urano en el sur del Cesar y Norte de Santander para combatir el robo de hidrocarburos y las economías criminales.

Luego de un consejo de seguridad realizado en Aguachica, Cesar, con la participación de autoridades locales y departamentales, el Gobierno Nacional anunció la reactivación de la Operación Urano, una estrategia orientada a combatir el robo de hidrocarburos y fortalecer la seguridad en el sur del departamento.

El ministro de Defensa, general retirado Jorge Mora, explicó que la operación busca enfrentar el hurto de combustibles mediante una acción articulada entre los ministerios de Defensa y del Interior, la Fuerza Pública y las autoridades territoriales.

La operación concentrará sus esfuerzos en el corredor Tamalameque – Aguachica, con especial atención al robo de gasolina y a las estructuras criminales que tienen presencia en esta zona.

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Por su parte, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, señaló que el robo de hidrocarburos también estaría alimentando otras economías criminales. Según explicó, parte del combustible hurtado sería trasladado hacia el Catatumbo, donde sería utilizado en actividades relacionadas con el narcotráfico y la minería ilegal.

“Entre Tamalameque y Aguachica hay 111 kilómetros de poliducto de gasolina. Se roban aproximadamente entre un millón y un millón y medio de barriles al año y los delincuentes se los llevan para el Catatumbo, para narcotraficar. Y, a la izquierda, está el comercio legal del oro”, afirmó Lara.

Como parte de la estrategia, el Gobierno anunció el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas para enfrentar las estructuras dedicadas al robo de hidrocarburos.

“El Ministerio del Interior apoyará la operación con recursos de su fondo de seguridad para la instalación de cámaras inteligentes con identificación biométrica y sistemas antidrones, en coordinación con el Ministerio de Defensa”, afirmó el general retirado Jorge Mora.

De acuerdo con el ministro Lara, el objetivo es afectar toda la cadena criminal, desde el hurto de hidrocarburos en el sur del Cesar hasta las estructuras y economías ilegales que se benefician de estas rentas.

La operación Urano busca afectar la cadena ilegal del robo de hidrocarburos. Foto: Colprensa.

“El objetivo del presidente es proteger la ciudad de Aguachica. El Ministerio del Interior se compromete a desplegar un sistema de cámaras inteligentes para detectar biométricamente el rostro de los bandidos y facilitar su captura. También se priorizarán tres estaciones de Policía y se instalarán sistemas antidrones que financiará el Ministerio del Interior en coordinación con el Ministerio de Defensa. Naturalmente, habrá un compromiso total con la seguridad del sur del Cesar”, aseguró Lara.

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El ministro de Defensa indicó que, durante el primer mes de la administración del presidente De la Espriella, han sido incautados más de 220.000 galones de combustible presuntamente robado.

“La estadística del Gobierno anterior era de solo 43.000 galones mensuales. Hemos cuadruplicado esa capacidad de incautación de hidrocarburos”, puntualizó Mora.

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Fiscalía embarga tres bienes de Óscar Iván Zuluaga por recursos de Odebrecht en su campaña de 2014

Alejandro Aristizábal — Fri, 11 Sep 2026 21:43:50 GMT

Un apartamento, un inmueble en Caldas y la tercera parte de una vivienda en Bogotá quedaron bajo embargo mientras avanza el proceso de extinción de dominio por la presunta financiación irregular de la campaña presidencial de 2014.

La Fiscalía General de la Nación aseguró este viernes 11 de agosto, por medio de un comunicado, que impuso "medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo y embargo sobre tres inmuebles avaluados en más de 3.664 millones de pesos, que harían parte de patrimonio de Óscar Iván Zuluaga Escobar y su entorno familiar, y estarían vinculados a la investigación por la presunta financiación internacional de su campaña presidencial de 2014".

Detrás de esa cifra hay una ruta de plata que la Fiscalía cree haber reconstruido. Entre junio y julio de 2014, Odebrecht habría girado 1'610.740 dólares —más de 3.000 millones de pesos de la época— a una sociedad constituida en Panamá y asociada al publicista brasileño José Eduardo Cavalcanti de Mendonça.

La Fiscalía impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo y embargo sobre tres inmuebles avaluados en más de 3.664 millones de pesos, que harían parte del patrimonio de Óscar Iván Zuluaga y algunas personas de su entorno, y estarían vinculados a la investigación…
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) September 11, 2026

Ese dinero pagó servicios de publicidad para 'Zuluaga Presidente 2014-2018' y, según el ente de control, nunca apareció en los balances ni fue reportado a las autoridades electorales. Al venir de una persona jurídica extranjera, la plata configuraría una fuente prohibida de financiación política, de acuerdo con el artículo 27 de la Ley 1475 de 2011.

El trabajo que llevó al embargo salió del Grupo de Tareas Especiales de Odebrecht, adscrito a la Delegada para las Finanzas Criminales de la Fiscalía, que rastreó ese dinero hasta las propiedades hoy afectadas. Algunas de ellas eran directamente de Zuluaga y otras de su familia, como las que transfirió, en junio de 2023, mediante donación, a integrantes de su círculo, entre ellos su esposa, Martha Ligia Martínez.

El objetivo de la medida, según la Fiscalía, es “evitar que los activos sean vendidos, enajenados o comercializados mientras se surte el trámite de extinción de dominio".

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Zuluaga y Odebrecht: una relación de doce años

El origen de la investigación ocurrió en febrero de 2014, cuando Zuluaga se reunió en São Paulo con representantes de la constructora brasileña, entonces en plena expansión regional a punta de sobornos. Tres años después, en 2017, el escándalo Odebrecht estalló en Colombia y salpicó a las dos campañas que lideraron la intención de voto en las presidenciales de ese año: la de Juan Manuel Santos y la del propio Zuluaga. Todo ocurrió cuando declaraciones de exdirectivos de la constructora ante la justicia de Estados Unidos y Brasil empezaron a mencionar pagos a ambos equipos.

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La investigación penal tardó casi una década en llegar a una imputación. El 10 de julio de 2023, la Fiscalía llamó a audiencia a Zuluaga y a su hijo David, quien fue gerente de su campaña. Al padre le imputaron cargos de fraude procesal, falsedad en documento privado y enriquecimiento ilícito de particulares. Al hijo, solo fraude procesal, porque según la Fiscalía solo ocultó al Consejo Nacional Electoral el verdadero costo de la publicidad de la campaña. Ninguno de los dos aceptó los cargos.

La defensa, liderada por el abogado David Espinosa Acuña, intentó tumbar el proceso por nulidad, alegando falta de claridad en los cargos. La jueza rechazó esa solicitud en abril de 2024 y el Tribunal Superior de Bogotá terminó por destrabar la acusación, dejando el caso encaminado hacia el juicio.

El proceso penal sigue su curso en los juzgados de Bogotá. En paralelo, la Fiscalía abrió la vía de extinción de dominio para seguir la ruta de esos recursos hasta el patrimonio de Zuluaga y su entorno familiar.

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Ordenan proteger a 23 niños que cruzan un río con presencia de hipopótamos para ir a estudiar

Carol Tatiana Gómez — Fri, 11 Sep 2026 21:25:37 GMT

Un juez de Puerto Berrío le dio un mes a Corantioquia para decidir qué hacer con los hipopótamos que rondan el río Nare y exigió medidas urgentes de protección para que los estudiantes de la zona puedan seguir yendo a clases presenciales.

Cada día, 23 niños, niñas y adolescentes deben cruzar el río Nare en lancha, al menos dos veces, para llegar a sus colegios y volver a casa. En ese trayecto conviven con hipopótamos que habitan la zona, un riesgo que llevó a un juzgado de Puerto Berrío a ordenarles a las autoridades ambientales tomar medidas urgentes de protección.

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La Sentencia 242 del Juzgado Civil del Circuito de Puerto Berrío concedió el amparo a la vida y la seguridad personal de los estudiantes y ordenó garantizar que sigan yendo a clases presenciales, después de que el municipio considerara la posibilidad de pasarlos a modalidad virtual por el riesgo de los hipopótamos.

El fallo respondió a dos tutelas acumuladas de Norman Ferney Vélez Daza y Juber Martínez Giraldo, y vinculó a cerca de quince entidades, que van desde el Ministerio de Ambiente hasta la Defensoría del Pueblo y la empresa Transportes Rivertours.

El juez le dio a Corantioquia, la autoridad ambiental con jurisdicción sobre la zona, un plazo de un mes para hacer una valoración técnica de los hipopótamos y definir qué medida de manejo aplicará. La entidad tendrá un mes adicional para ejecutar esa decisión. El fallo no ordenó sacrificar, capturar ni trasladar a los animales, pues dejó esa definición en manos de la autoridad ambiental.

Además, el juzgado exigió instalar en 48 horas señalización preventiva en los puntos donde se han registrado avistamientos, entre ellos el Puente de la Soná, Islitas, Canteras, Gaticos, La Pesca y La Coqueta. También ordenó revisar la seguridad del transporte escolar fluvial que presta Transportes Rivertours, con la posibilidad de exigir una embarcación guía o restringir los viajes nocturnos si las medidas actuales no bastan.

El fallo no ordenó sacrificar, capturar ni trasladar a los animales, pues dejó esa definición en manos de la autoridad ambiental.

La tutela y los encuentros que ya preocupaban a la comunidad

Juber Martínez Giraldo y Norman Ferney Vélez Daza, representantes de los menores, interpusieron la tutela tras varios encuentros entre los hipopótamos y las embarcaciones escolares. Según relató El Colombiano, el 24 de julio unos pescadores reportaron haber sido perseguidos por un ejemplar adulto y perdieron la embarcación, aunque no hubo heridos.

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Un informe técnico de Corantioquia, citado en el mismo medio, confirmó los avistamientos y documentó que el animal puede desplazarse entre 5 y 29,3 kilómetros por el cauce, lo que dificulta establecer un punto fijo de riesgo. Hasta el momento no se han confirmado ataques directos contra los estudiantes, pero la corporación reconoce que existe un "riesgo latente" en la zona.

Un problema que Antioquia arrastra hace más de 15 años

Los hipopótamos del Magdalena Medio vienen de los cuatro ejemplares que Pablo Escobar metió de contrabando a la Hacienda Nápoles en los años ochenta. Nadie los controló después de su muerte y, sin depredadores naturales en Colombia, la población se disparó.

Corantioquia ya había intentado resolverlo antes, cuando en 2009 arrancó un plan de caza de control, pero la Gobernación de Antioquia lo prohibió. Quince años después, la decisión sigue sin tomarse, según reportó El Colombiano, medio al que la propia corporación le reconoció que resolver el problema requiere mucho dinero y capacidad operativa.

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Un hipopótamo en el Magdalena Medio, la región donde la especie se multiplicó sin control desde su llegada a la Hacienda Nápoles en los años ochenta.

También estuvo sobre la mesa sacar 80 hipopótamos hacia el santuario Vantara, en India, con plata del empresario Anant Ambani. Esa propuesta nunca se radicó de una manera formal y, tras visitar la zona en julio, Vantara cambió de idea. Ahora habla de montar un centro de cuidado permanente en Colombia, o de mandarlos a África, dos opciones que ya generan dudas entre especialistas.

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Gobierno de De la Espriella cancela licitación de 46.000 millones para el estadio Marino Klinger en Buenaventura

Nataly Ríos — Fri, 11 Sep 2026 21:04:40 GMT

La UNGRD canceló el proceso de contratación para la primera fase del estadio Marino Klinger, en Buenaventura, por 46.037 millones. La convocatoria había sido abierta durante los últimos días del gobierno de Gustavo Petro.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), bajo la dirección de David Santiago Tamayo, canceló el proceso de contratación por 46.037 millones destinado a la construcción y adecuación de la primera fase del estadio Marino Klinger, en Buenaventura.

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La decisión, revelada por Caracol Radio, se tomó sobre una convocatoria que había sido estructurada y publicada durante los últimos días del gobierno de Gustavo Petro. De acuerdo con el documento de cancelación conocido por esa emisora, la entidad encontró cuestionamientos relacionados con diferentes componentes técnicos, financieros y jurídicos del proceso.

La convocatoria había generado además controversia durante el gobierno anterior. El entonces director de la UNGRD, Carlos Carrillo, habría señalado en su momento que recibió presiones relacionadas con el proyecto por parte de la vicepresidenta Francia Márquez.

Carlos Carrillo, exdirector de la UNGRD y exgerente del Fondo Adaptación. Foto: UNGRD / Colprensa.

Una segunda licitación que tampoco prosperó

Según reveló Caracol Radio, el proceso que ahora fue cancelado correspondía a una segunda convocatoria para ejecutar las obras del estadio. La primera licitación había sido declarada desierta el 23 de julio de 2026. Cinco días después, el 28 de julio, fue publicada una nueva convocatoria, cuando faltaban pocos días para el cambio de Gobierno.

En esta segunda oportunidad se recibieron tres propuestas, presentadas el 21 de agosto. Sin embargo, el proceso fue cancelado antes de que las ofertas fueran abiertas y evaluadas. De acuerdo con el documento oficial, las propuestas permanecerán reservadas dentro del expediente y no serán sometidas a evaluación.

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¿Por qué fue cancelada la licitación?

El documento de cancelación señala que los problemas encontrados por la entidad no corresponden únicamente a aspectos puntuales, sino que tendrían un carácter estructural y afectarían diferentes elementos de la contratación.

Entre los componentes cuestionados aparecen el objeto y alcance del contrato, el presupuesto, las cantidades de obra, la matriz de riesgos, los requisitos de experiencia y los factores establecidos para la evaluación de las propuestas.

Uno de los principales reparos está relacionado con la estructuración del presupuesto. Según el documento, se habría determinado el costo de la obra sin que estuvieran completamente definidas las cantidades necesarias para su ejecución. El caso toma mayor relevancia al revisar los ítems incluidos en el presupuesto: de los 494 contemplados, 283 tenían una cantidad de cero, lo que representa el 57,3 por ciento del total.

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Entre los elementos que no contaban con cantidades presupuestadas aparecen equipos, sistemas de iluminación, bombas, tanques, elementos sanitarios y otros componentes necesarios para garantizar el funcionamiento autónomo del escenario deportivo.

La entidad encontró cuestionamientos relacionados con la estructura técnica y financiera del proceso, según revelo Caracol Radio. crédito: Alcaldía de Buenaventura.

Riesgo de una obra inconclusa

Según el análisis de la entidad, continuar con el proceso bajo esas condiciones podía generar diferentes riesgos durante la ejecución del contrato. Entre ellos, la UNGRD advierte sobre la posibilidad de que aparecieran cantidades de obra sin financiación, reclamaciones relacionadas con un eventual desequilibrio económico, una posible terminación anticipada del contrato y el riesgo de que el proyecto volviera a quedar inconcluso.

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Estos argumentos fueron incluidos en el documento mediante el cual se decidió cancelar la convocatoria. La decisión, sin embargo, no supone el abandono del proyecto. La entidad sostiene que la cancelación busca permitir una nueva estructuración de la obra, con bases técnicas, financieras y jurídicas que permitan reducir los riesgos identificados en el proceso.

De esta manera, el estadio Marino Klinger queda nuevamente a la espera de que se defina una ruta para avanzar con su construcción y adecuación, luego de que la segunda convocatoria para contratar las obras fuera cancelada antes de la evaluación de las ofertas.

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Desarticulada estructura vinculada al Clan del Golfo: 10 capturados y 39 bienes afectados con extinción de dominio

Javier Patiño C — Fri, 11 Sep 2026 20:51:38 GMT

La Operación Imperium, de la Policía Nacional, permitió desarticular una estructura ilegal señalada de participar en el tráfico de cocaína y lavado de activos, con injerencia en Medellín, Cali y el Urabá antioqueño.

Un grupo de investigadores de la Policía Antinarcóticos, en coordinación con la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) y la Fiscalía General de la Nación, logró la captura de diez personas. Uno de los capturados es solicitado con fines de extradición por las autoridades estadounidenses, por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y el lavado de activos.

De manera paralela, las autoridades aplicaron la extinción del derecho de dominio sobre 39 bienes, cuyo valor asciende a aproximadamente 12 millones de dólares. Con esta medida se busca afectar el patrimonio y las capacidades económicas de la organización criminal.

Según los investigadores, la estructura mantenía vínculos criminales con Wilmar Albeiro Mejía Úsuga, alias Richard, señalado como cabecilla de la Estructura Juan de Dios Úsuga del Clan del Golfo. De acuerdo con la investigación, esta organización habría articulado actividades relacionadas con el tráfico transnacional de cocaína y el manejo de recursos provenientes de actividades ilícitas.

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Uno de los principales mecanismos utilizados para movilizar y ocultar los recursos obtenidos del narcotráfico habría sido el uso de billeteras virtuales y criptoactivos. Según las autoridades, se realizaron transferencias hacia un exchange de criptomonedas ubicado en la República Islámica de Irán, mediante cuentas reportadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) por actividades relacionadas con el narcotráfico y el lavado de activos.

La investigación permitió establecer el movimiento de aproximadamente 180 millones de dólares en criptoactivos, que habrían sido transferidos y almacenados en billeteras frías, un mecanismo que dificulta el rastreo y control de los recursos.

La organización ilegal tenía varias viviendas para formalizar el negocio del narcotráfico. Foto: Policía Nacional

“En Colombia, la organización habría realizado operaciones financieras por aproximadamente 2,3 billones de pesos, mediante cerca de 2.000 transacciones internacionales, utilizando diferentes mecanismos para ingresar y movilizar recursos de origen ilícito dentro del sistema financiero nacional”, afirmó el general Ricardo Alarcón, jefe nacional del Servicio de Policía.

Las autoridades también establecieron que, mediante empresas legalmente constituidas, los integrantes de la estructura habrían canalizado importantes sumas de dinero provenientes de Estados Unidos, con el propósito de dar apariencia de legalidad a recursos producto del narcotráfico y facilitar su incorporación al sistema económico colombiano.

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Asimismo, la investigación permitió establecer que la organización habría desarrollado actividades de instrumentalización en la zona portuaria de Turbo, Antioquia, con el propósito de acceder a las instalaciones y procesos logísticos del puerto y facilitar actividades relacionadas con el tráfico transnacional de cocaína.

Los capturados son requeridos por los delitos de lavado de activos agravado, enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, de acuerdo con las órdenes y actuaciones judiciales correspondientes.

Los capturados deberán responder por los delitos de lavado de activos agravado, enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, narcotráfico y lavado de activos. Foto: Policía Nacional.

“Con la Megaoperación Imperium afectamos de manera contundente no solamente las capacidades operativas de una estructura dedicada al tráfico de cocaína, sino también su músculo financiero. El seguimiento a los recursos ilícitos y la cooperación internacional nos permitieron identificar importantes movimientos de dinero y afectar bienes utilizados para sostener estas actividades criminales”, manifestó el brigadier general William Castaño Ramos, director de la Policía Antinarcóticos.

El alto oficial agregó que la Policía logró una afectación integral de la estructura criminal al atacar simultáneamente sus capacidades humanas, financieras, logísticas y patrimoniales, debilitando sus mecanismos de lavado de activos y sus vínculos con organizaciones dedicadas al tráfico transnacional de estupefacientes.

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