Falta de personal, garantías, confidencialidad y otros baches del protocolo contra la violencia sexual del Congreso

El Senado de la República y la Cámara de representantes presentaron este lunes 23 de enero un protocolo para la prevención y orientación frente a la violencia sexual en el ámbito laboral. Este protocolo se venía trabajando desde septiembre de 2022. 

Según el Congreso, se recibieron 226 recomendaciones de colectivos, asociaciones y organizaciones en favor de los derechos humanos y de la mujer, y también de algunos periodistas. Sin embargo, no todos los aportes se incluyeron para la construcción del documento. 

El objetivo de esta iniciativa, según lo relata el escrito, es: "establecer medidas de prevención, sensibilización, orientación, apoyo y no revictimización dirigidas a congresistas, servidores públicos de la entidad, contratistas, pasantes, practicantes, judicantes, personal tercerizado y personal de seguridad que cumple funciones laborales o contractuales dentro del Congreso de la República". Es decir, garantizar entornos libres de violencia sexual para el personal que trabaja en el Legistativo.  

“Creemos que este es un avance importante para la protección de los derechos de las mujeres que trabajan en el Congreso frente a la violencia sexual. Además, la iniciativa se traduce en una expresión de voluntad política para comprometerse con acciones encaminadas a la prevención y atención de las violencias contra las mujeres”, dijo para CAMBIO la directora de Sisma Mujer, Linda Cabrera. 

Cabrera considera que aún falta establecer una ruta integral que contemple todos los tipos de violencia a los que se enfrentan las mujeres en el ambiente laboral, y no solo la sexual. Estima que las violencias de género son más amplias y es necesario abordarlas desde todos los frentes. 

Por otra parte, la subdirectora de la organización no gubernamental Artemisas, Lorena Aristizábal, sostuvo que los otros tipos de violencias de género como la violencia económica, psicológica, emocional y física, son adyacentes a la violencia sexual, y es necesaria su inclusión dentro del protocolo propuesto. 

“Se necesita un protocolo que contemple todas las violencias basadas en género y las relaciones que hay entre distintas conductas inapropiadas contra las mujeres en los escenarios laborales, en donde suelen existir relaciones de poder muy marcadas”, apuntó Aristizábal en conversación con CAMBIO. 

Así mismo, la politóloga consideró que el protocolo tiene muchos límites frente a la denuncia y la sanción. "Las rutas de atención no son lo suficientemente claras. Una entidad no solo debería decirle a una mujer que denuncie por los canales ya existentes, sino que debería brindar garantías de acompañamiento y seguimiento a la denuncia y, sobre todo, debe tener acciones internas concretas para garantizar que el escenario donde ocurrió la violencia, sea un espacio seguro para la víctima", puntualizó. 

Igualmente, la subdirectora de Artemisas opina que hace falta establecer acciones directas e intencionadas que generen confianza entre las posibles víctimas: “Eso no se resuelve con enviar un correo masivo informando que ya hay un protocolo. Tiene que haber una campaña visible y permanente en la que se escuche la voz de todas las mujeres que trabajan en los distintos cargos del Congreso y donde se gesten actividades de sensibilización concretas”, explicó. 

Para Aristizábal, el protocolo desconoce que los mecanismos de denuncia tradicionales son ineficientes y se requiere contemplar otras rutas que les permitan a las denunciantes dar a conocer las violencias que viven en los ambientes laborales.

“Los instrumentos legales existentes suelen ser espacios muy hostiles y con muy pocos resultados en términos reales de justicia. Esto no ofrece una alternativa efectiva. ¿Solo van a esperar a que la justicia opere, o dentro del propio Congreso van a ver algunas medidas correctivas con respecto a esa situación? Es una duda que no está resuelta”, aseveró. 

De igual forma, afirmó que no se ha contratado el personal que hará parte del comité, “creo que aún no hay una adecuación institucional que garantice la puesta en marcha de un protocolo, para que efectivamente se brinde protección a las mujeres que decidan acudir a esa ruta. Lo que hay hasta la fecha no constituye un espacio seguro”, concluyó.  

Los ejes de intervención definidos en el protocolo son: 

• La prevención: se trabajará a través de la sensibilización, la socialización y la capacitación.  
• La orientación: por parte de un grupo de  trabajo especializado que le brinde herramientas a cada víctima de acuerdo al caso.
• Adopción de medidas de no revictimización: busca ofrecer orientación psicológica y legal en el margen de la confidencialidad. 

La población a la que va dirigida el protocolo es: 

• Servidores públicos
• Contratistas
• Personal de Policía y seguridad que presta sus servicios en el Congreso de la República
• Pasantes, practicantes y judicantes
• Personal tercerizado que presta sus servicios en el Congreso de la República

Las conductas que el documento define pueden ser consideradas como acoso sexual son: 

• Comentarios o insinuaciones no consentidas sobre la apariencia física, la sexualidad o el cuerpo de una persona.
• Tratos, contacto físico excesivo, caricias no pedidas o no consentidas, acercamientos o tocamientos constantes, miradas inadecuadas o lascivas.
• Gestos sexuales, besos, abrazos, bloqueo o intento de bloqueo de los movimientos de una persona, para someterla a algún comportamiento sexual.
• Variaciones en las cargas o tareas de trabajo, como una forma de presionar comportamientos sexuales.
• Llamadas para solicitar información de tipo personal, fuera del horario y espacio de trabajo, o para indagar –verbigracia – por un comportamiento privado.
• Exhibición, sin consentimiento, de material íntimo: videos, imágenes y otras comunicaciones de carácter íntimo.
• Solicitudes de citas y encuentros de tipo sexual no consentidos.
• Demanda de comportamientos sexuales, acompañada o no de propuestas de recompensas o bajo coacción o amenazas (explícitas o implícitas). 

Los canales donde la víctima puede denunciar cualquiera de los actos de violencia sexual son:

• Corte Suprema de Justicia, competente para conocer de las denuncias por actos de violencia sexual frente a victimarios con carácter de aforados (congresistas).
• Procuraduría General de la Nación, competente para conocer de las quejas por actos de violencia sexual frente a victimarios con carácter de aforados (congresistas).
• Fiscalía General de la Nación, competente para conocer de las denuncias por actos de violencia sexual cometida por todos aquellos que no tengan la calidad de aforados: CAPIV: Centro de Atención Penal Integral a Víctimas (Fiscalía General de la Nación), CAIVAS: Centros de Atención a Víctimas de Abuso Sexual. URI: Unidades de Reacción Inmediata, SAU: Salas de Atención a Usuarios, 
• Secretaría Distrital de la Mujer. Alcaldía de Bogotá. Línea Púrpura Distrital (018000112137 y 300 755 1846) o a la Línea 155 (Gobierno nacional).
• Oficina de quejas y contravenciones de la Policía o Estaciones de Policía y Sijin.

Las víctimas de violencia sexual podrán poner la denuncia a través de los siguientes correos:

• denunciasegura@senado.gov.co 
• denunciasegura@camara.gov.co

Una vez la víctima se contacte por estos medios, el plazo máximo de respuesta es de 48 horas hábiles, ahí le brindarán las rutas que tienen frente a su caso y activarlas dependerá de la voluntad de la persona solicitante. 

Mediante los canales establecidos se les ofrecerá a la víctima apoyo jurídico, para ofrecerle a la víctima asesoría frente a las rutas de atención determinadas por la legislación y canales de atención interno y externo, y apoyo psicosocial para que un profesional le guíe en el proceso de afrontar las consecuencias psicológicas causadas por los actos de violencia sexual.