Los dos referendos que buscan acabar con el aborto

Hace un año, con la consigna “Nuestros cuerpos son libres por fin”, cientos de mujeres celebraron frente al edificio de la Corte Constitucional, en el centro de Bogotá, que la sentencia permite a todas las mujeres de Colombia acceder al aborto sin restricciones y hasta la semana 24 de gestación. 

Fue la victoria sin precedentes de diversas colectivas que, cobijadas bajo el la campaña Causa Justa, lucharon por hacer valer sus derechos. Sin embargo, ellas mismas son conscientes de que la batalla aún no ha terminado.

Desde entonces, dos grupos de opositores a la sentencia vienen trabajando, cada uno por su cuenta, en el propósito de armar un referendo para que sean los colombianos los que decidan si están de acuerdo o no con el aborto. El primero se llama “Referendo por la Vida”, y fue radicado por la exconcejala del Partido Liberal y miembro de la Iglesia Misión Carismática Internacional Sara Castellanos. El segundo recibió el nombre de “Referendo Provida”, y se ha movido desde algunas bancadas en el Congreso con el apoyo de organizaciones católicas.

¿Qué piden los referendos? 

Los impulsores de los sendos referendos tienen un único objetivo: revocar la sentencia emitida por la Corte Constitucional y, en consecuencia, lograr que el aborto sea considerado de nuevo delito.

El “Referendo Provida” ha sido impulsado por representantes del Congreso como María del Rosario Guerra, John Milton Rodríguez, Milla Romero, Eduardo Pacheco, Esperanza Andrade y Juan Diego Gómez; y líderes provida como Andrea Garzón, la académica Nubia Posada y la pastora Fulvia Arboleda; y se amparan en el derecho a la vida, en la objeción de conciencia del médico y en el derecho de todos los colombianos a nacer. 

El “Referendo por la Vida”, liderado por Sara Castellanos, básicamente, comparte los mismos argumentos. Más allá de estos propósitos, no hay mayor información sobre cómo van los procesos. 

Cualquier ciudadano, organización social o movimiento político puede solicitar a la Registraduría que sea admitido como promotor de un referendo para aprobar o rechazar una norma vigente. Una vez admitido, el promotor del referendo tiene un plazo de seis meses para recolectar las firmas que apoyen ese referendo. En el caso de los referendos contra la sentencia de la corte sobre el aborto libre, que busca rechazar una sentencia de la Corte Constitucional, el número de firmas debe ser igual al 5 por ciento del censo electoral, es decir alrededor de dos millones de firmas. El promotor también debe añadir un resumen de la propuesta para que cualquier interesado pueda leerla antes de manifestar si está de acuerdo o no. Cualquier ciudadano puede vigilar cómo se están llevando a cabo esos procesos.

“Parte de lo que exigen estos procesos es tener una absoluta transparencia respecto de las metas que se van alcanzando y a los procesos de campaña que han tenido”, asegura Catalina Henao, abogada y directora de Politeia, una organización de incidencia jurídica que busca garantizar el acceso a los derechos de las mujeres. Pero cuando Henao ha solicitado el estado de los archivos, no ha obtenido respuesta ni de la Registraduría, ni del CNE.

“Nos hemos acercado a solicitar los archivos para conocer en qué estado van esas consultas. Esa es una petición que podemos hacer, pues en ambos casos ya se venció el término que tenían para la recolección de firmas. Sin embargo, en ningún caso hemos obtenido respuesta, lo cual termina velando la transparencia de la información a la cual deberíamos poder acceder”, insiste Henao. 

El plazo de seis meses otorgado por la Registraduría puede ser ampliado por el Consejo Nacional Electoral solo por motivos de fuerza mayor imposibles de prever. Tanto el "Referendo Provida" como el "Referendo por la vida" fueron inscritos en la Registraduría en junio de 2022, de manera que el plazo se venció en diciembre, pero ambos solicitaron al CNE extensión en el plazo de entrega de firmas, argumentando que el fenómeno de La Niña les había impedido cumplir a cabalidad con la recolección de firmas. El CNE aceptó el argumento de Referendo Provida y le concedió un plazo adicional de tres meses, que se vencerán el 31 de marzo. Sobre el plazo que pide "Referendo por la vida", el CNE no se ha pronunciado. 

“Consideramos que esto no es lógico. Las lluvias son un fenómeno totalmente natural, previsible, que no tendría por qué impedir la recolección de firmas. Por ello, consideramos que no es válida la prórroga que se le otorgó a este referendo. Además, porque tampoco ha habido transparencia en la realización”, asegura Henao.

Más allá de las consideraciones técnicas, para las mujeres que luchan por los derechos de las mujeres, los referendos que buscan tumbar derechos adquiridos es un contrasentido que puede ser, incluso, inconstitucional. “Los referendos constitucionales no pueden usarse en contra de las sentencias emitidas por la Corte Constitucional, y no vemos válido que se usen estos mecanismos para arrebatar los derechos de las mujeres”, asegura Juliana Martínez, secretaria técnica del movimiento Causa Justa.

La preocupación de Henao y de Martínez es que se utilicen este tipo de mecanismos constitucionales para anular un derecho que la mujer ya ha adquirido. No solo porque consideran que las causas que promueven atentan contra la vida y los cuerpos de las mujeres, sino porque les parece que "convocar a un referendo buscando generar retrocesos en contra de los derechos de las mujeres atenta contra las libertades de las colombianas, además de hacer un uso irracional de recursos constitucionales en causas que atentan contra los derechos reproductivos de las mujeres”.