Pese a universo de 2.500 reclusas, solo 100 mujeres han sido beneficiadas por la Ley de Utilidad Pública: Defensoría del Pueblo

La Ley 2292 de 2023 permite que las mujeres cabeza de hogar privadas de libertad por delitos cometidos en situación de marginalidad obtengan como medida sustitutiva de la pena de prisión el servicio de utilidad pública, es decir, servicios comunitarios. Aunque se trata de una ley que beneficia a dicha población, según la Defensoría del Pueblo, los resultados de su ejecución han sido bajos.

La defensora, Iris Marín, informó que menos de 100 mujeres han sido beneficiadas por la Ley 2292 de 2023, pese a que el universo potencial supera las 2.500 reclusas. De acuerdo con la Defensoría, los obstáculos que enfrenta esta normativa son:

• Interpretaciones restrictivas y carentes de enfoque de género por parte de operadores judiciales
• Falta de alfabetización jurídica a favor de las privadas de la libertad
• Deficiencias en las solicitudes presentadas por defensores y defensoras públicas

Ante este panorama, en los últimos meses la Defensoría del Pueblo ha liderado diferentes estrategias para hacer que la norma se cumpla. Entre ellas, visitas a las cárceles de Medellín, Cali, Sogamoso, Barranquilla, Acacías y Bogotá para identificar posibles beneficiarias de la ley y garantizar su representación por defensores públicos.

Otra de las estrategias de la Defensoría fue la sensibilización judicial, es decir, se realizaron reuniones con jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad en todo el país, con el fin de promover la incorporación del enfoque diferencial y de género en las decisiones judiciales.

También se organizó un foro con entidades que son partícipes de la Ley de Utilidad Pública para fortalecer el trabajo de los defensores públicos y superar interpretaciones restrictivas.

“Con estas acciones, les decimos a las mujeres privadas de la libertad que no están solas. Estamos trabajando para que la justicia sea accesible, eficiente y con enfoque de género”, aseguró Marín, quien también anunció que en los próximos días se informará sobre nuevas medidas para fortalecer la implementación de la ley.

De acuerdo con la entidad, las solicitudes de libertad que han hecho han aumentado en 26,6 por ciento desde el inicio de la administración de Marín. Además, informó que se creó un micrositio web con información sobre la Ley 2292 de 2023, modelos y minutas para los defensores públicos que deseen presentar solicitudes.

¿En qué consiste la Ley de Utilidad Pública?

Según el Ministerio de Justicia, las mujeres que accedan a esta ley podrán conmutar su condena en libertad a través de la prestación de servicios de utilidad pública.

“Estos servicios tienen la vocación de generar un impacto en las comunidades como forma de restauración del daño ocasionado por el delito. Al mismo tiempo, las mujeres pueden trabajar, estudiar y realizar sus labores de cuidado como cabeza de familia”, dijo la entidad.

Los servicios de utilidad pública deben prestarse en el municipio de residencia de la mujer (y de su núcleo familiar), quien también podrá realizar sus actividades cotidianas, trabajar o estudiar. De todas formas, el juez puede imponer otras condiciones, como restringirles salir del país.

El tiempo mínimo requerido son cinco horas semanales y el máximo, 20 horas. Sin embargo, diariamente no se pueden exceder las ocho horas. El trabajo no es remunerado, pero las mujeres pueden acceder a subsidios o tener un empleo. De hecho, si tienen un trabajo pago o estudian, los servicios comunitarios se acomodarán en su agenda de tal forma que no interrumpan esos espacios.

Por otra parte, si la mujer incumple la medida de manera injustificada, “el juez podrá revocar el sustituto y la mujer volvería a estar privada de su libertad. También toca tener en cuenta que si una mujer reincide o incumple otra obligación que le haya impuesto el juez, este también podría revocar la medida”, señala el ministerio.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a esta Ley de Utilidad Pública?

• Ser mujeres cabeza de familia
• Que hayan sido condenadas por delitos relacionados con el hurto o los estupefacientes; o que su condena no exceda los ocho años de prisión
• Que hayan cometido el delito en condiciones de marginalidad