De Sarkozy a Le Pen: el 'chu chu chu' de la derecha francesa

El 31 de marzo fue condenada Marine Le Pen, la líder del ultraderechista Reagrupamiento Nacional (RN), partido con la mayor votación en las últimas elecciones legislativas francesas y favorita de las encuestas para las próximas presidenciales de 2027. La condena es por malversación de fondos públicos y la pena es de cuatro años de prisión, de los cuales dos con brazalete electrónico, y cinco años de inhabilitación política inmediata (lo cual le impediría presentarse a las elecciones de 2027, salvo que el recurso que seguramente será presentado anule la sentencia).

A pesar de ser la suya una condena esperada, en vista de las pruebas presentadas en documento de 152 páginas, sobre la utilización de 4 millones de euros del Parlamento europeo para pagar funcionarios de su partido en lugar de asesores parlamentarios, se produjo un cataclismo político en Francia, con reacciones a nivel internacional: madame Le Pen recibió manifestaciones de apoyo desde el gobierno ruso hasta los principales dirigentes de la extrema derecha occidental (el húngaro Viktor Orbán, el español de Vox, el argentino Javier Milei, el italiano Matteo Salvini, el holandés Geert Wilders, el Departamento de Estado estadounidense y Elon Musk, entre otros).

Esta condena no es un hecho aislado en la política francesa, que presenta una lista de dirigentes, principalmente de derecha, condenados por corrupción de diferente índole:

•  2011, Jacques Chirac: primer jefe de Estado francés condenado por la justicia, a dos años de prisión en suspenso, por malversación de fondos y abuso de confianza.
• 2018, Jérôme Cahuzac: exministro de Finanzas del primer ministro socialista François Hollande, condenado por fraude fiscal.
• 2020, Patrick e Isabelle Balkany: políticos municipales próximos de Nicolas Sarkozy, condenados a tres años de prisión en firme por fraude fiscal
• 2020, François Fillon: primer ministro de Nicolas Sarkozy, condenado por empleos ficticios, incluyendo a su esposa Penelope.
• 2021, George Tron: secretario de Estado (ministro) de la función pública de Nicolas Sarkozy, condenado por violación y agresiones sexuales durante una reunión.
• 2021, Nicolas Sarkozy: único jefe de Estado francés condenado un año a la prisión en firme, por corrupción y tráfico de influencia. Esta pena la cumple desde el 18 de diciembre 2024, con un brazalete electrónico que controla la presencia en su domicilio entre las ocho de la noche y las ocho de la mañana.

El caso de Nicolas Sarkozy merece un capítulo especial, no solo por el rol importante que desempeña en la derecha política francesa, donde ha sido primer ministro, presidente, consejero y hacedor de reyes, sino también por la larga y grave lista de acusaciones que investiga contra él la justicia francesa:

• Procesos terminados sin condena: en 2009, encuestas del Eliseo (contratos irregulares durante su presidencia, cubiertos por la inmunidad del cargo); en 2010, caso Karachi (comisiones gigantescas por ventas de armas a Pakistán y Arabia Saudita, utilizadas para financiar la campaña presidencial de Edouard Balladur, de quien Sarkozy era ministro y portavoz); en 2010, caso Bettencourt (abuso de la debilidad de Liliane Bettencourt, riquísima heredera del grupo L’Oréal)
• Procesos en curso: en 2019, Catargate (tráfico de influencia para acordar la Copa Mundo 2022 a Catar), denuncia hecha en 2023; en 2019, caso de tráfico de influencia a favor del grupo ruso Reso-Garantia; en 2020, caso de retractación del testigo Ziad Takieddine, intermediario preferido de la derecha francesa en las ventas de armas al Oriente Medio, con acusación a Sarkozy en 2023 y a su esposa Carla Bruni en 2024; en 2024, caso Lagardère-Catar (tráfico de influencia para obtener un voto del fondo catarí de inversión a favor del hombre de negocios Arnaud Lagardère, amigo de Sarkozy)
• Procesos terminados, con condena: en 2014, caso de escuchas Azibert-Bismuth (obtención de informaciones secretas sobre el caso Bettencourt, a cambio de nombrar el juez Gilbert Azibert a un puesto de prestigio en Mónaco; en las conversaciones grabadas por la justicia, Sarkozy empleaba el seudónimo Paul Bismuth), condenado definitivamente a tres años de prisión (uno en firme, con brazalete electrónico) en diciembre 2024; en 2014, cuentas de la campaña de 2012, condenado en primera instancia y en primer recurso, con un último recurso en 2025; en 2007, financiamiento por el líder libio Gadafi de la campaña presidencial.

El caso del financiamiento libio, por el que la fiscalía financiera francesa pidió el 24 de marzo una condena a siete años de prisión en firme, luego de tres meses de proceso y diez años de investigación, podría proporcionar la trama de una novela policiaca o el guion de una serie de Netflix. Están implicados, además de Sarkozy, otras 12 personas: tres de sus exministros, dos intermediarios citados en varios escándalos político-financieros (Alexandre Djouhri y Ziad Takieddine), Thierry Gaubert, hombre de negocios y colaborador estrecho de Sarkozy, entre otros.

La acusación principal gira alrededor de una supuesta financiación por el gobierno libio de Gadafi de la campaña presidencial de 2007, que le ganó Sarkozy a la socialista Ségolène Royal. Las sumas evocadas van hasta los 50 millones de euros. El escándalo comienza en marzo de 2011, cuando el gobierno francés reconoce a la oposición de Gadafi como gobierno de transición, a lo cual responde la agencia de prensa libia con la amenaza de revelar un “grave secreto” sobre el financiamiento de la campaña de Sarkozy. Acusación confirmada unos días más tarde por un hijo de Gadafi, Saïf al-Islam Gadafi, en una entrevista televisiva. Y el medio de la investigación, el medio francés Mediapart publicó un documento el 28 de abril de 2012, supuestamente sacado de los archivos secretos libios, estableciendo una financiación por 50 millones de euros. El mismo Gadafi declaró en una entrevista realizada en marzo de 2011, pero difundida solamente en enero de 2014: “Fue gracias a nosotros que llegó a la presidencia, fuimos nosotros quienes le dimos los fondos que le permitieron ganar”.

Aunque es casi imposible probar el pago de estas sumas, hechas seguramente en efectivo, con utilización de maletas llenas de billetes, hay numerosas trazas de transferencias sospechosas de fondos y hasta una historia digna de novela policíaca de segundo orden: Claude Guéant, el director de campaña de Sarkozy, alquiló una caja fuerte en el banco BNP, tan grande que podía recibir personas de pie en su interior, aunque, según él, era utilizada para guardar los discursos del candidato.

Hay, inclusive, un capítulo colombiano: Thierry Gaubert, uno de los inculpados y gran amigo de Sarkozy, recibió 440.000 euros en una cuenta de Bahamas, de Ziak Takieddine, uno de los intermediarios inculpados. Gaubert niega que ese dinero tenga relación con los libios y dice que es simplemente un regalo de Takieddine para que construya una piscina en la casa que la pareja Gaubert poseía en Colombia. Lo que haría de esta piscina una de las más caras jamás construidas en Colombia.

Pero el caso adquiere un carácter más grave cuando se evocan las ventajas que habría obtenido el gobierno libio a cambio del financiamiento: la anulación de la condena de Abdallah Senoussi, antiguo jefe de los servicios secretos libios y cuñado de Gadafi, condenado por la justicia francesa a cadena perpetua, en ausencia, en 1999, por el atentado en 1989 contra un avión que volaba de Brazzaville a Paris, en el que murieron 170 personas. Varios encuentros han sido probados entre Senoussi y colaboradores de Sarkozy, entre los cuales su abogado personal. Arrestado en Libia después de la caída de Gadafi, Senoussi declaró a la Corte Penal Internacional haber controlado personalmente un pago de 5 millones de euros para la campaña.

En resumen, el expresidente Nicolas Sarkozy será juzgado por “corrupción pasiva, asociación ilícita, financiamiento ilegal de campaña electoral y encubrimiento de malversación de fondos públicos libios”. Se espera que el tribunal dictará sentencia a mediados de abril, basado en un documento de la Fiscalía que califica el caso como “pacto de corrupción inconcebible, inaudito, indecente”. La pena puede ser de hasta diez años de prisión, 375.000 euros de multa y cinco años de inhabilitación política.

Addendum: La vista del caso, que duró tres meses, concluyó el 8 de abril, con la defensa que alegó la total inocencia de Sarkozy y el resto de acusados. En su intervención, el ex presidente francés dijo "No querer responder a una acusación política y violenta de los procuradores... para no alentar la polémica en un contexto mediático y político detestable." La presidenta del tribunal anunció que el veredicto será anunciado el 25 de septiembre.