México: el golpe de Estado al poder judicial

En la noche del pasado domingo 1 de junio, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, sabía que los comicios realizados ese día para elegir 2.681 jueces federales y locales, entre ellos a todos los ministros y magistrados de las altas cortes, tenían un serio problema de legitimidad. 

Solo el 13 por ciento de los electores registrados se habían presentado a las urnas y la quinta parte de estos habían dejado en blanco las boletas o anulado su voto con mensajes como “vengo obligado por el Gobierno”. Esto significa que el nuevo poder judicial fue elegido por apenas el 10 por ciento de los ciudadanos habilitados para sufragar. La abstención real rondó el 90 por ciento.

Pero al terminar la jornada de votaciones, Sheinbaum dijo lo que tenía que decir: que esas elecciones fueron “todo un éxito” porque habían participado “cerca de 13 millones” de mexicanos. No dijo que 86,8 millones de electores registrados decidieron no participar ni que 1,4 millones anularon las boletas con anotaciones contra el gobierno y contra la reforma judicial que le heredó a la presidenta su antecesor y mentor político Andrés Manuel López Obrador.

Las elecciones judiciales fueron, precisamente, un punto culminante de una reforma constitucional aprobada a la carrera en septiembre pasado, sólo 15 días antes de que López Obrador terminara su periodo presidencial, y esto fue posible gracias a que varios legisladores fueron chantajeados por los operadores políticos del entonces presidente para que votaran afirmativamente esa iniciativa, a cambio de archivar procesos judiciales en su contra.

Los principales constitucionalistas de México y el mundo, organismos internacionales y expertos en sistemas de justicia anticiparon, desde entonces, que esa reforma sería un desastre. 

No sólo porque fue promovida por López Obrador para cobrarse los fallos adversos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a varias leyes impulsadas por él, sino porque, en los hechos, significaría la apropiación del poder judicial por parte de Morena, el partido que ya domina el Ejecutivo, con Claudia Sheinbaum, y el Legislativo, donde tiene, junto con sus aliados, una mayoría calificada que le permite aprobar cualquier ley.

“Con la elección judicial del domingo se cumplieron los peores vaticinios y, más que eso, aunque suene un poco fuerte, creo que se consuma un golpe de Estado contra el poder judicial”, dice a CAMBIO la coordinadora del Programa de Justicia del centro de pensamiento México Evalúa, Susana Camacho.

De acuerdo con la abogada, lo que ocurrió en esas elecciones fue “la toma del poder judicial por parte de las facciones de Morena y, con esto, se dejó de lado la posibilidad de tener una justicia independiente en México”.

Y esto se hizo, asegura, en una elección “que no estuvo apegada a la legalidad y en la que los votantes los movilizó el aparato de Morena”, a pesar de lo cual la abstención fue altísima. Por tanto, sostiene Camacho, los futuros jueces “cargan con el peso de la ilegitimidad”.

La abogada peruana Úrsula Indacochea, quien es directora del Programa de Independencia Judicial de la Fundación para el Debido Proceso, asistió como observadora a la elección judicial y su diagnóstico es demoledor: “México se ha lanzado al abismo”, asegura.

Dice que la Suprema Corte de Justicia, que será reemplazada por nueve ministros elegidos el pasado domingo, era “muy sólida” en el contexto regional y, en general, el poder judicial contaba con jueces muy capacitados. 

“Todo ese conocimiento se está echando a la basura”, señala, aunque dice que también son válidas las críticas sobre los altos salarios y prestaciones de los ministros y magistrados y sobre algunos fallos que, inexplicablemente, resultaban favorables a connotados criminales o a delincuentes de cuello blanco.

Para Indacochea, “no hay forma de que este experimento salga bien y, por el contrario, está acabando con la separación de poderes en México”.

Música de 'acordeones'

Los 881 ministros, magistrados y jueces federales y los 1.800 juzgadores estatales (departamentales) elegidos el 1 de junio, asumirán sus cargos en septiembre próximo, con lo cual, unos 7.000 funcionarios judiciales serán destituidos en todo el país, la mayoría de ellos profesionales de carrera. 

Es cierto que eran frecuentes las denuncias de corrupción, relaciones con el crimen organizado, nepotismo para acceder a los cargos y un gran rezago en los procesos. También es cierto es que el poder judicial en México fungía como un contrapeso del poder político y que las altas cortes solían salvaguardar los derechos constitucionales.

La presidenta Sheinbaum presume de que la reforma judicial es apoyada por más del 70 por ciento de los mexicanos, según algunas encuestas, lo que tiene que ver con la alta popularidad de la mandataria.

Nadie dudaba de que era necesaria una reforma judicial. “Reforma sí, pero no así”, era el lema de quienes rechazaban la iniciativa lopezobradorista. En ningún otro país del mundo todas las personas juzgadoras son elegidas por el voto popular. En Bolivia, solo los cargos en las altas cortes los designan los electores, y en Estados Unidos, algunos jueces locales se eligen en las urnas. En esos casos, los expertos han denunciado la politización de la justicia.

Eso es lo que, de acuerdo con la investigadora de temas de justicia en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), Azul Aguiar, pasará inevitablemente en México.

Dice que lo que se observó en las elecciones judiciales fue una movilización “masiva y con recursos públicos de la estructura clientelar de Morena, con inducción del voto a favor de sus candidatos”.

Todo comenzó mal, indica la doctora en ciencias políticas, desde que la reforma judicial lopezobradorista estipuló que todos los candidatos a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) –que fue renovada en su totalidad--, a magistrados y jueces fueran elegidos por “comités de evaluación” de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 

Los cinco integrantes del comité del poder judicial renunciaron en enero pasado al considerar “inviable” la tarea constitucional que les fue encomendada. Esto, porque fallos de jueces ordenaron detener el proceso y ni el Ejecutivo ni el Legislativo acataron esas resoluciones. 

De esta forma, las 3.423 candidaturas a cargos judiciales acabaron por ser decididas por los comités de evaluación designados por la presidenta y por el Congreso. Es decir, por Morena.

Ese fue el primer filtro que garantizó postular únicamente a candidatos leales al partido oficial y también, de aspirantes con perfiles “de alto riesgo”. 

La ONG Defensorxs descubrió, entre los candidatos, a una abogada del capo del narcotráfico Joaquín 'El Chapo' Guzmán, una veintena de miembros de la desacreditada secta religiosa La Luz del Mundo y hasta un exconvicto por tráfico de metanfetamina en Estados Unidos.

“Esto muestra los vacíos legales de esta reforma”, señala el presidente de Defensorxs, Miguel Meza. 

Y es que los únicos requisitos para postularse a un cargo judicial son ser abogado, contar con un promedio de 8 sobre 10 en el pregrado, “gozar de buena reputación” –acreditada con una carta de recomendación de cualquier vecino— y no contar con antecedentes penales (en México).

Para la abogada Úrsula Indacochea, estos requisitos garantizan un deterioro significativo de la calidad de la justicia que se imparte en México.

La elección judicial también se caracterizó por un cúmulo de irregularidades, la gran mayoría de Morena, documentadas por organizaciones de la sociedad civil.

Aunque la ley prohíbe que los partidos políticos participen en la campaña de los aspirantes a jueces, Morena se inmiscuyó de manera ostensible en la contienda, y no sólo movilizando electores sino repartiendo millones de 'acordeones' (hojas de papel dobladas) con instrucciones específicas sobre los candidatos a los que los morenistas debían dar su voto.

El término 'acordeones' proviene de las aulas mexicanas, donde desde hace décadas los estudiantes suelen apuntar las potenciales respuestas de los exámenes en hojas que doblan una y otra vez hasta hacerlas tan pequeñas, que las pueden ocultar en la palma de la mano, a salvo de la vista de los maestros. Al desdoblarlas con discreción, cuando el docente se descuida, se expanden como el fuelle de un acordeón. De ahí su nombre.

En el caso de la elección judicial, los 'acordeones' fueron, también, hojas de papel dobladas muchas veces, en este caso con indicaciones impresas sobre los candidatos a los que había que apoyar en las diferentes boletas: las de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Tribunal Electoral, el Tribunal de Disciplina Judicial y los jueces de distrito, de circuito y de las jurisdicciones locales en los 19 estados (departamentos) donde se renovaron esos cargos.

Estos instructivos, que los dirigentes del partido oficial consideraron necesarios para asegurar los votos a sus candidatos en unos comicios tan complejos –cada elector tenía que elegir entre 150 y 250 candidaturas impresas en al menos seis boletas diferentes, según los distritos--, se distribuyeron además por redes sociales. 

El resultado fue que los ganadores en los principales cargos en juego fueron, precisamente, los que recomendó Morena en sus “acordeones”. Así lo han demostrado decenas de analistas electorales y medios de comunicación que han comparado la lista de triunfadores con los instructivos repartidos por el partido oficial. La coincidencia es evidente.

“Hemos estado documentando todas las irregularidades, el acarreo de personas por parte del oficialismo, y la participación de la Presidencia, la Secretaría del Bienestar (el ministerio que reparte las ayudas sociales), legisladores de Morena y gobiernos locales con la ‘operación acordeón’”, señala el presidente de Defensorxs.

Una imagen icónica de la jornada electoral del 1 de junio es la del esposo de Sheinbaum, Jesús María Tarriba, mientras votaba en las diferentes boletas consultando los 'acordeones' que llevaba en su celular. La mandataria se molestó con el camarógrafo que hacía la toma y le pidió dejar de grabar.

“Es que ahí (en el celular) llevaba su ejercicio de por quién iba a votar, ¿cuál es el problema?”, dijo un día después la mandataria.

El Instituto Nacional Electoral (INE) había autorizado el uso de “anotaciones” en las casillas, pero de no de “acordeones”.

Guadalupe Taddei, presidenta del INE, dijo que hay una investigación abierta para determinar si los repartos y usos de 'acordeones' constituyen “hechos ilícitos”. Pero es impensable que la entidad encargada de organizar los comicios en México anule esa elección ya que la mayoría de sus consejeros tienen posturas afines a Morena.

El hecho es que gracias a los 'acordeones' --digitales e impresos en papel— y a la movilización de las bases de Morena, la elección judicial fue muy exitosa para el partido en el gobierno. Esos factores fueron determinantes para que ganaran sus candidatos. Esto, a pesar de la prohibición legal para que las organizaciones políticas intervinieran en el proceso.

Partido hegemónico

Desde la perspectiva de Morena, tiene razón Sheinbaum al afirmar que las elecciones judiciales fueron “todo un éxito”. 

La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tribunal que se ocupa de todo tipo de asuntos jurídicos y del control constitucional, quedó integrada por nueve ministros (antes eran 11) que, en todos los casos, son partidarios de Morena. 

El candidato a la SCJN con mayor votación fue el indígena mixteco Hugo Aguilar Ortiz y, por tanto, según la ley, le corresponderá presidir el máximo tribunal del país. Se trata de un abogado y maestro en derecho constitucional que ayudó a López Obrador a imponer a comunidades indígenas sus megaproyectos –como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico--, a pesar del impacto ambiental de esas obras. 

Era la ficha de Sheinbaum y figuraba en el primer lugar entre los aspirantes a la SCJN en los 'acordeones' repartidos desde las oficinas gubernamentales.

También son afines al partido oficial los cinco abogados que, según los resultados electorales, integrarán el Tribunal de Disciplina Judicial. Este organismo, creado en la reforma lopezobradorista, tendrá un gran poder pues se encargará de evaluar a los jueces, sancionarlos y hasta destituirlos si considera que incurrieron en prácticas indebidas.

De acuerdo con la abogada Susana Camacho, el nuevo tribunal, que será presidido por la excandidata de Morena a la gubernatura del estado (departamento) de Querétaro, Celia Maya, podrá remover a su antojo a los jueces que emitan fallos en contra del gobierno o funcionarios de Morena acusados de corrupción.

“Puede ser una instancia de persecución política que constantemente tendrá amenazados a los jueces”, asegura.

La elección de los nuevos integrantes de las altas cortes está definida, pero falta conocer en detalle quiénes serán los 850 futuros magistrados de circuito y jueces de distrito. Ya se sabe que Morena y sus aliados los pusieron en las boletas, pero el retraso en los cómputos a nivel local ha dificultado tener un panorama claro sobre el perfil de los nuevos juzgadores. 

También falta que sean electos en dos años más la otra mitad de los jueces federales, En esta ocasión, sólo se sometieron a voto popular la mitad de esos cargos. Un sorteo realizado en el Senado, como si fuera lotería, decidió quiénes se iban a la calle a partir del próximo 1 de septiembre, cuando los juzgadores que resultaron electos en esta contienda asumirán sus cargos, y quiénes se irán en 2027.

Pero el grueso del ajuste judicial encomendado por López Obrador a Claudia Sheinbaum está hecho.

Para el respetado constitucionalista argentino Roberto Gargarella, la elección judicial en México es “una de las mayores tragedias jurídicas de nuestro tiempo y significa el fin de la democracia constitucional mexicana”.

La politóloga Azul Aguiar, quien es coordinadora del Observatorio para la Democracia en América Latina, está de acuerdo y señala: “No podemos llamar democrático a un régimen donde los tres poderes están concentrados en un solo partido”. 

Tomado de PROCESO de México.