París vuelve a arder por culpa de una reforma pensional

Mientras en Colombia el presidente Gustavo Petro escribió en su cuenta de Twitter, en enero pasado, “Primero renuncio antes de subir la edad pensional,” y recientemente la ministra de trabajo, Gloria Inés Ramírez, informó que el proyecto de reforma pensional será llevado al Congreso de la República la próxima semana, en Francia el gobierno de Emmanuel Macron acaba de decretar una reforma del régimen de pensiones que, de forma progresiva al 2030, alarga la edad de jubilación de 62 a 64 años y aumenta de 42 a 43 años el período de cotización para lograr una pensión completa.

Sin embargo, las imágenes de París de las últimas semanas, sumergida en más de siete mil toneladas de basura, como las de otras ciudades francesas, reflejan la repulsa social a la reforma pensional que la primera ministra, Élisabeth Borne, anunció luego de acudir al artículo 49.3 de la Constitución que permite adoptar una ley del ámbito financiero sin pasar por la aprobación de la Asamblea Nacional.

El pasado jueves, la fuerza pública utilizó cañones de agua y gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes reunidos en la Place de la Concorde de la Ciudad Luz, al tiempo que en ésta y otras ciudades grupos radicalizados levantan barricadas, rompen vitrinas y queman contenedores.

Desde cuando en enero pasado el gobierno presentó al Senado el proyecto de reforma pensional, uno de los puntos faro del programa con el que Emmanuel Macron ganó las pasadas elecciones presidenciales, las confederaciones sindicales CGT, FO, CFDT y FSU llamaron a la movilización ciudadana para oponerse a su aprobación. Así, ocho jornadas nacionales de concentraciones, marchas y actos de protesta han tenido lugar en todo el país: el 16 de febrero salieron a las calles más de un 1,3 millones de personas y el 7 de marzo alrededor de 1 millón, según la CGT. Según la gendarmería, fueron menos. A su vez, sindicatos de servicios públicos decretaron paros parciales, brazos caídos o bajas de producción, entre ellos los recolectores de basura, los trabajadores del alcantarillado, los conductores de trenes, del transporte urbano y del aéreo, y los operarios de refinerías, entre otros.

Las fuerzas políticas de oposición, con Jean-Luc Mélenchon, del partido de izquierda radical La Francia Insumisa (LFI), y Marine Le Pen, del partido de extrema derecha Agrupamiento Nacional (RN), a la cabeza, también rechazaron la impopular reforma y reclamaron su retiro antes de su tránsito a la Asamblea Nacional, máximo órgano legislativo de Francia. Se sumaron igualmente organizaciones de estudiantes de París y otras ciudades. Según varios sondeos de opinión, dos de cada tres franceses son hostiles a dicha reforma.

No es la primera vez en la historia reciente del país galo que el gobierno de turno intenta modificar el régimen de pensiones: en 1993, 1995, 2003, 2007, 2010, 2014 y 2019, lo intentó también con resultados variables. "Cada vez hubo un abandono de la reforma o una enmienda; se hicieron concesiones a los distintos sindicatos que se movilizaban", explica Bruno Palier, director de investigación del Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS) en Sciences Po, autor del libro Reformar las pensiones.

La objeción que quizás más se escucha al proyecto de ley de Macron gira en torno al hecho de que las mujeres están en desventaja con esta reforma porque tienden a jubilarse más tarde por causa de la maternidad y tienen pensiones más bajas que los hombres. “El aumento de la edad de jubilación significa que muchas mujeres no podrán dejar su trabajo hasta mucho más tarde y sin beneficiarse plenamente de una pensión en comparación con los hombres”, explica la economista Elena Bassoli. Otra de las principales críticas a la reforma es que penaliza a los trabajadores que tienen empleos difíciles, pues si se jubilan a los 64 años les quedará menos tiempo para disfrutar.

Macron sostiene que esta reforma pensional es indispensable para poder asegurar los recursos financieros necesarios para la jubilación de generaciones futuras. De acuerdo con cifras oficiales, en el 2021 la esperanza de vida en Francia subió a 85,5 años para las mujeres y 79,3 años para los hombres. Además, según la reglamentación de la Unión Europea sobre el límite del déficit fiscal que deben observar los países miembros, la reforma permitiría disminuir el déficit actual de Francia.

De otro lado, llama la atención la edad de retiro en otros países europeos: Alemania, 67 años; Portugal y Holanda, 66 años; España, Bélgica, Suecia, Austria y Croacia, 65 años. A la vez, frente a un mundo globalizado, competitivo y de bloques, la semana laboral legal en Francia es de 35 horas, mientras que en la mayoría de los otros países de la Unión Europea oscila entre 37 y 40 horas.

Luego de que el 9 de marzo el proyecto fue aprobado por el Senado, de mayoría de derecha, por 201 votos contra 115, y los sindicatos, las fuerzas políticas y los sectores sociales adversos a la reforma pensional tenían la esperanza de que ésta se hundiera en la Asamblea Nacional, teniendo en cuenta que al número de diputados de LFI y RN, frontalmente opuestos a la reforma, comenzaron a sumarse los diputados del grupo independiente (Liot). Incluso se llegó a especular que posiblemente uno que otro diputado del partido Los Republicanos (LR) de Macron no apoyaría con su voto la reforma. 

Pero al recurrir al artículo 49.3 para adoptar la reforma, el gobierno de Macron ha desencadenado una tempestad política y social que dará aliento a las movilizaciones ciudadanas de los próximos días y, en particular, a la novena jornada nacional de protesta, convocada para el 23 de marzo. “La hora es la de la radicalidad” se oye decir a muchos activistas sindicales y grupos de estudiantes e, incluso, a algunos dirigentes de la CGT, que llaman a “bloquear el conjunto de la economía”.

Por lo pronto, el grupo parlamentario RN se dispone a presentar una moción de censura al gobierno en la Asamblea Nacional, que eventualmente podría ser apoyada por los diputados de izquierda y de centro en una paradójica alianza. De ser aprobada, ella implicaría la renuncia de la primera ministra Borne y de su gobierno (lo cual en el régimen político francés no significa la dimisión del presidente). 

A su vez, el líder de LFI, Mélenchon, llama a "avanzar hacia una consulta al propio pueblo para que decidamos”, en la perspectiva de activar un referéndum de iniciativa compartida (RIP): un recurso legal que provee la Constitución para que los franceses decidan directamente, pero que conlleva un camino sinuoso, difícil de alcanzar, cuya primera etapa requiere la aprobación de una proposición de ley con el voto de 185 parlamentarios, luego ser sometida al Consejo Constitucional para verificar su legalidad y, finalmente, recoger las firmas de una décima parte del electorado francés, cerca de cinco millones de personas, un hecho político que no tiene precedentes al día de hoy.

De cualquier manera, sea que el gobierno logre salir adelante con la reforma al régimen de pensiones, o que la moción de censura tenga éxito y el gobierno y la reforma se caigan, o que el referéndum se abra paso, lo cierto y revelador es el actual aislamiento del presidente Macron.

*  Exingeniero de investigación del CNRS, Francia.