Crédito: @rociosanmiguel
Denuncian "desaparición forzada" de Rocío San Miguel, defensora de derechos humanos en Venezuela
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Ciudadanos y organizaciones venezolanas denunciaron la "desaparición forzada" de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel a manos de agentes de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). ¿Qué está pasando?
Por: Redacción Cambio
Ciudadanos latinoamericanos y organizaciones venezolanas como el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) y el Programa Venezolano en Educación Acción en DD.HH. (Provea), denunciaron la desaparición forzada de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, a manos de agentes de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).
Según la denuncia, la abogada San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, de 57 años, fue detenida por funcionarios del DGCIM y el Sebin en el aeropuerto internacional Simón Bolívar cuando se disponía a viajar el viernes 9 de febrero junto con su hija. Durante dos días, familiares y conocidos no tuvieron conocimiento de su paradero.
"La desaparición forzada es el desconocimiento por la negativa de agentes y autoridades del Estado de informar el paradero de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel; el cuerpo de seguridad a cargo; su estado de salud física; e integridad y vida", se lee en la denuncia pública que sigue recolectando firmas.
Fue hasta las cinco de la tarde del 11 de febrero que el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, confirmó que la defensora fue detenida "por estar presuntamente vinculada y referenciada en la trama conspirativa y de intento de magnicidio denominada Brazalete Blanco".
De acuerdo con Saab, este plan conspirativo consistía en atentar en contra de la vida de Nicolás Maduro y otros altos funcionarios; así como el ataque a varias unidades militares en San Cristóbal (Táchira) y otras entidades del país.
Este martes 13 de febrero, la Fiscalía de Venezuela anunció el inicio de las audiencias de presentación de seis ciudadanos, entre ellos Rocío San Miguel, quienes según investigaciones preliminares, son presuntos involucrados en la trama conspirativa Brazalete Blanco.
La Fiscalía solicitará ante el tribunal segundo Contra Terrorismo la medida de privación judicial preventiva de libertad en contra de San Miguel por la presunta comisión de los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo, asociación, entre otros.
En la lista, también se encuentra Alejandro José Gonzales De Canales Plaza, militar retirado y expareja de San Miguel, a quien se le solicitará medida de privación judicial preventiva de libertad por la presunta comisión de los delitos de revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación, obstrucción a la administración de justicia y asociación.
Según el abogado de Rocío San Miguel, la hija de la víctima también habría sido detenida en el aeropuerto junto a su padre, y en allanamientos en casa de sus familiares se habrían llevado a sus hermanos.
La lista de desaparecidos, según la denuncia, es:
- Miranda Diaz San Miguel, hija
- Miguel Ángel San Miguel Sosa, hermano
- Alberto San Miguel Quigosos, hermano
- Victor Díaz Paruta, padre de Miranda
- Alejandro González Canales, familiar
El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) condenó la detención arbitraria de los familiares de Rocío San Miguel. "Exigimos su liberación y la de ella. La criminalización de defensores DD.HH. es un atropello injustificable y extender la violación de sus derechos a la familia es una acción repudiable e infame", escribió en su cuenta de X.
¿Quién es Rocío San Miguel?
Rocío San Miguel es una abogada y activista de derechos humanos de nacionalidad venezolana y española. A través de su labor en la ONG Control Ciudadano, se ha dedicado a investigar, monitorear y evaluar temas relacionados con la seguridad, la defensa nacional y las fuerzas armadas. Además, realiza seguimiento y supervisión de los compromisos del Estado venezolano con el Estatuto de Roma, publicando informes que han sido difundidos a nivel internacional. Desde enero de 2012, ha sido beneficiaria de medidas cautelares de protección emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
San Miguel logró una victoria legal contra Venezuela en 2018 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la violación de sus derechos políticos y de expresión. En este caso, las víctimas eran funcionarias que trabajaban en el Consejo Nacional de Fronteras y cuyos nombres figuraban en la denominada 'lista Tascón', la cual expuso la identidad de aquellos que respaldaron un referendo revocatorio en contra del entonces dictador Hugo Chávez.
La Corte Interamericana ha solicitado al Estado venezolano que cumpla con la sentencia en el caso "Lista Tascón" y le ha dado un plazo hasta el 6 de mayo de 2024 para presentar un informe de cumplimiento.
