Trump-México: maldita vecindad

El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y las agresivas órdenes ejecutivas sobre migración, seguridad y comercio que ha firmado el republicano en sus primeros días de gobierno, implican para México el regreso de fantasmas históricos que ya se creían superados y que se pueden sintetizar en una expresión muy popular entre los mexicanos:  

Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos

Esa frase del escritor mexicano Nemesio García Naranjo conceptualiza una fatalidad geográfica: la de ser vecinos de una potencia expansionista, imperialista y neocolonial. Esa fatalidad, combinada con la torpeza, corrupción y desmesura de las élites locales, llevó a México a perder más de la mitad de su territorio ante Estados Unidos en 1848. 

Luego vinieron invasiones militares y e injerencias en asuntos internos de embajadores de Washington que actuaron en México como procónsules romanos. 

Pero la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el 1° de enero de 1994, parecía una apuesta de los dos vecinos para replantear estructuralmente su tortuosa relación.
Ese acuerdo, suscrito por México, Estados Unidos y Canadá, suponía que los mexicanos habían decidido transformar una historia de agravios con el vecino del norte en una asociación comercial a tono con el proceso de globalización que experimentaba el mundo. Por primera vez en su historia, México le había dado a la fatalidad geográfica de ser vecino de Estados Unidos un sentido de oportunidad. 

El norte y el centro occidente de México se llenaron de plantas maquiladoras que generan millones de empleos y el país se convirtió en una potencia exportadora. Esto no ha servido demasiado ni para resolver problemas estructurales como la pobreza y la inequidad social ni para impulsar el desarrollo en el marginalizado sureste mexicano. Pero ha atenuado los desequilibrios.

Para Estados Unidos, el TLCAN, que Trump renegoció en su primer mandato (2017-2021) y cambió su nombre a Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), ha significado una mayor competitividad de sus empresas –especialmente las automotrices, electrónicas y aeroespaciales— y productos más baratos para los consumidores estadunidenses.

Pero Trump ha regresado a la Casa Blanca con una agenda mucho más radical que en su primer gobierno y está rodeado de un equipo de fanáticos xenófobos, racistas y aislacionistas que no tenía hace ocho años.

Además, en los primeros días de su administración ya demostró que está dispuesto a poner en práctica políticas que violan derechos humanos, la legislación internacional y las soberanías de muchos países, empezando por la de México, pero también la de Panamá, Dinamarca (país al que pertenece Groenlandia), Palestina y Canadá, al que amaga con convertir en el estado 51 de la Unión Americana.

En México, la cobertura mediática se ha centrado en la amenaza de Trump de imponer aranceles del 25 por ciento a los productos mexicanos que importa Estados Unidos, lo que significaría, en los hechos, el fin del T-MEC y el resquebrajamiento de la apuesta integracionista de América del Norte. 

Trump incluso ha ido más allá de la amenaza. El pasado sábado 1° de febrero, el mandatario republicano firmó una orden ejecutiva que imponía aranceles del 25 por ciento a los productos mexicanos y canadienses, y de 10 por ciento a las importaciones procedentes de China.

Tras una conversación telefónica el lunes 4 de febrero con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, el magnate ultraconservador aceptó suspender por un mes la entrada en vigor de esa medida, a cambio del compromiso de México de enviar 10.000 efectivos de la Guardia Nacional a la frontera con Estados Unidos para contener el flujo de drogas y migrantes.

La mayoría de los mexicanos, de los partidos políticos, sindicatos y gremios empresariales cerraron filas en torno a Sheinbaum y respaldan su estrategia de negociación frente a Trump, que consiste en “mantener la cabeza fría y defender los intereses del país”. La popularidad de la gobernante alcanzó el 80 por ciento en la última semana.

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, también se comprometió con Trump a reforzar el control de su frontera con Estados Unidos con 10.000 militares y policías y a nombrar un 'Zar del fentanilo' para combatir la producción y el tráfico de ese opioide sintético, y logró así una prórroga arancelaria igual a la de México. 

Mucho que perder

Mientras se aclara si los aranceles son una pieza de negociación del republicano o un fin en sí mismo para obligar a las empresas a trasladar sus plantas a Estados Unidos, el daño a la economía mexicana ya se empieza sentir. Las inversiones extranjeras están semiparalizadas, el peso mexicano se ha devaluado un 5 por ciento frente al dólar y las perspectivas de crecimiento económico se ajustaron a la baja, a un modesto sólo 1 por ciento este año, según el central Banco de México.

Ese sería un escenario moderadamente positivo. Pero si Trump finalmente aplica los aranceles ya estipulados en su orden ejecutiva, el Producto Interno Bruto (PIB) de México se estancaría y el ingreso per cápita retrocedería en 2025. 

Según estimaciones conservadoras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), por cada 10 por ciento de aranceles que imponga Estados Unidos a productos de México, el PIB de este país retrocedería entre 0.2 por ciento y 0.4 por ciento. Es decir, si las tarifas son del 25 por ciento, el impacto negativo en el crecimiento sería de entre medio punto porcentual y un punto porcentual.

Este es un pésimo escenario para el naciente gobierno de Claudia Sheinbaum, quien tiene serios problemas fiscales para mantener los enormes subsidios sociales que instauró su antecesor y mentor político, Andrés Manuel López Obrador, que también dejó un alto endeudamiento, equivalente al 50 por ciento del PIB, y un déficit fiscal de 5.9 por ciento.

Un ajuste presupuestal en el marco de una guerra comercial con Estados Unidos golpearía necesariamente los programas sociales de la presidenta progresista, en especial la popular pensión universal para los mexicanos mayores de 65 años, quienes reciben un subsidio de 150 dólares mensuales. Sólo esta política consume el 5 por ciento del presupuesto público.

 A raíz del TLCAN, y después del T-MEC, México desarrolló una enorme dependencia de la economía de Estados Unidos. Por eso se dice que cuando Estados Unidos estornuda, a México le da pulmonía. Las cifras son elocuentes. En 2024, México vendió a Estados Unidos bienes por 505.850 millones de dólares, lo que equivale al 80 por ciento de las exportaciones totales del país. 

El comercio bilateral alcanzó los 839.892 millones de dólares, lo que ubicó a México como el principal socio comercial de Estados Unidos, seguido de Canadá con 762.056 millones de dólares y de China, con 582. 463 millones de dólares.

El superávit comercial de México con Estados Unidos, que Trump considera un "subsidio inaceptable", alcanzó también una cifra récord al llegar a 171.809 millones de dólares, 2,5 más que durante la primera presidencia del republicano.

El economista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Emmanuel Ramírez, dice que la imposición de aranceles del 25 por ciento causaría un “daño profundo” a la economía mexicana, pero también la estadounidense se vería “severamente afectada”.

Señala que México es el principal abastecedor externo del mercado estadounidense, con el 15 por ciento de las importaciones que llegan a ese país, y un arancel de ese nivel encarecería de inmediato bienes de consumo como automóviles y camiones, repuestos automotrices, televisores y dispositivos electrónicos, computadoras y maquinaria y equipo industrial.

“Esto tendría un inmediato efecto inflacionario en Estados Unidos, un indicador que Trump prometió reducir, y afectaría, principalmente, a empresas estadunidenses como Ford, General Motors y Stellantis, tres gigantes automotrices”, señala.

De acuerdo con el doctor en economía, analistas en Estados Unidos estiman que el impacto de imponer aranceles a México y Canadá elevaría hasta en 5.6 por ciento los gastos promedio de los hogares estadunidenses.

Y lo peor, sostiene, es que se desataría una guerra comercial de consecuencias en todo el mundo, porque tanto México como Canadá han anunciado que si Trump grava sus productos ellos responderán en reciprocidad.

Una amenaza de alto calibre

En el caso de México, la amenaza de un ataque militar unilateral está latente. El pasado 20 de enero, día que en que tomó posesión del cargo, Trump firmó una orden para designar como “organizaciones terroristas” a los cárteles mexicanos de la droga, lo que abre la posibilidad de que el presidente ordene acciones militares contra esos grupos sin el consentimiento de Sheinbaum.

El profesor de ciencia política y asuntos internacionales de la Universidad George Washington, Omar García-Ponce, dice a CAMBIO que es “muy preocupante el tono intervencionista de la administración Trump” porque revela “pretensiones imperialistas” que acabarán por hacer daño a Estados Unidos.

Señala que una intervención militar en México, “por muy suave y focalizada que sea”, agravaría el problema de drogas que pretende combatir porque desquebrajaría toda la cooperación binacional antinarcóticos y provocaría una fragmentación de los grupos criminales mexicanos, así como un aumento de la violencia.

Además, señala el doctor en ciencia política de la Universidad de New York, generaría entre los mexicanos un resurgimiento del nacionalismo y un sentimiento antiestadunidense. “Y no hay que olvidar que hay más de 30 millones de mexicanos en Estados Unidos”, señala el académico.

El pasado jueves 6, un memorándum del Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló que Trump ha ordenado “la eliminación total” de los cárteles mexicanos de la droga, como el de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación (CJNG), además del venezolano Tren de Aragua y la salvadoreña Mara Salvatrucha (MS-13).

El secretario de Defensa de Trump, Pete Hegseth, también ha advertido que no se ha descartado lanzar ataques militares contra carteles mexicanos. “Todas las opciones estarán sobre la mesa”, señaló.

Una encuesta del diario mexicano El Financiero divulgada el pasado jueves 6 señaló que 74 por ciento de los mexicanos son partidarios de que el gobierno defienda la soberanía nacional frente a las pretensiones y amenazas de Trump e impida que Estados Unidos intervenga en asuntos internos, mientras que sólo el 24 por ciento está a favor de intensificar la cooperación con el vecino país para combatir el crimen organizado.

Una frontera demasiado flexible 

Las amenazas de invasiones militares estadunidenses van más allá de México. Hasta ahora incluyen, además, a la Franja de Gaza, a la isla danesa de Groenlandia y al Canal de Panamá.

La visita del secretario de estado estadunidense, Marco Rubio, a Panamá, el pasado fin de semana fue reveladora. Mientras Trump insistía en su residencia de Mar-a-Lago, en la Florida, que su país va a “recuperar” el Canal de Panamá, Rubio comprometía al presidente panameño, José Raúl Mulino, a poner fin a la participación de su país en la iniciativa integracionista china de la Franja y la Ruta y a usar su territorio como base de deportaciones de migrantes de varios países. 

Sectores de la oposición criticaron a Mulino y le exigieron defender la soberanía del país ante las pretensiones de Trump y lo acusaron de haber pactado con Rubio la utilización de un aeropuerto de la selvática provincia del Darién, fronteriza con Colombia, como una base de detención de migrantes con presencia de contratistas militares estadunidenses.

El diputado opositor Ernesto Cedeño dijo que Panamá no puede convertirse “en el Guantánamo de Centroamérica”, en referencia al uso de la base militar estadunidense en Guantánamo como centro de detención de migrantes indocumentados.

Y Rubio culminó su visita a Panamá atestiguando la salida de un vuelo con migrantes deportados hacia Colombia en el aeropuerto panameño de Albrook, donde dijo que “hasta cierto punto, nuestra frontera no empieza en Texas y México, empieza mucho antes”.

La maestra en estudios latinoamericanos de la Universidad de Salamanca María Fernanda Zuluaga Gómez dice que hay que preguntarse si ese “mucho antes” comienza en Panamá, Colombia o la Patagonia. “No sé si fue un lapsus de Rubio o la expresión implícita de una convicción: que América Latina es su patio trasero”, asegura. 

El coordinador del Centro de Estudios China-México de la UNAM, Enrique Dussel Peters, considera que el plan de Trump va mucho más allá de modificar a su favor las reglas del libre comercio, de detener la migración de indocumentados y de combatir el fentanilo, un opioide sintético que fabrican y trafican los cárteles mexicanos, las mafias chinas y canadienses y los narcos gringos.

Es verdad que el fentanilo está causando 70.000 muertes al año por sobredosis en Estados Unidos y que el país debe enfrentar con determinación ese problema de salud pública, pero también es cierto que la estrategia de centrar el ataque en la oferta de drogas sin hacer algo por reducir la demanda nunca ha dado resultados. 

Además, nadie sabe por qué las policías estadunidenses y la DEA –que es tan activa en los países latinoamericanos– son incapaces de detener la distribución masiva de ese potente opioide en su propio territorio.

“Lo que hay detrás de todas las presiones y amenazas de Trump es una enorme obsesión por el avance de China como potencia emergente, especialmente en América Latina”,  asegura.

En ese sentido, sostiene, Trump también va a presionar a los países sudamericanos, que mayoritariamente tienen como principal socio comercial a China. Ese es el caso de Brasil, Chile y Perú, donde en noviembre pasado fue inaugurado el Puerto de Chancay, que forma parte de la iniciativa de la Franja y la Ruta y que fue financiado y está operado por empresas chinas.

La dimensión humana

El presidente colombiano, Gustavo Petro, tiene razón en rechazar el trato denigrante que reciben los migrantes indocumentados deportados por el gobierno de Trump. También tienen razón quienes reprochan al mandatario la forma de expresar esa legítima indignación. 

La latinoamericanista María Fernanda Zuluaga Gómez considera que, cuando se habla de Trump, hay que decir, en principio, que se trata de un presidente “impresentable y decadente”, que tiene un discurso racista, xenófobo, de odio y deshumanizante.

Además, señala, por más que sea presidente, es un convicto. Un tribunal de Nueva York lo declaró culpable de 34 delitos graves relacionados con sobornos que pagó a la exactriz porno Stormy Daniels para que no revelara una relación que sostuvo con él. También enfrenta acusaciones por acoso sexual y por intentar anular ilegalmente el resultado de las elecciones presidenciales de 2020, que perdió ante Joe Biden.

“Ese es Trump –dice Zuluaga Gómez–, y lo que ahora tienen que ver los gobernantes y las sociedades latinoamericanas es cómo van a lidiar con esa clase de persona, un convicto con enorme poder y con una marcada proclividad a humillar y oprimir a los más débiles, como estamos viendo que hace con los migrantes indocumentados”.

El pasado domingo 26 de enero, Petro decidió desautorizar el aterrizaje en Colombia de dos vuelos con migrantes deportados porque estos venían en aviones militares y esposados. Trump había dicho un día antes que estaba expulsando de su país a “peligrosos criminales”. 

Cuando esos migrantes fueron repatriados dos días después en aviones de la Fuerza Aérea Colombiana, la cancillería verificó sus datos y ninguno de ellos tenía antecedentes penales o cuentas pendientes con la justicia, ni en Colombia, ni en Estados Unidos.

Este dato es importante porque no sólo desmiente a Trump, sino a sus aduladores latinoamericanos. El actor mexicano y activista antiaborto Eduardo Verástegui dijo que las deportaciones masivas de indocumentados sólo incluyen a delincuentes “y van a ir por ellos”, así que el mensaje es “no te juntes con criminales, no albergues criminales”.

Un día después del pleito en X entre Petro y Trump, la excanciller María Consuelo Araújo dijo en BluRadio que Trump tuvo razón en considerar que Petro puso en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos al negar el aterrizaje de los aviones con los colombianos deportados.

Es llamativo que opinadores latinoamericanos justifiquen las deportaciones masivas de Trump en condiciones que violan derechos humanos básicos de miles de indocumentados y que son acompañadas de discursos estigmatizantes y falaces. 

“El discurso de Trump parte de una lógica populista que no toma en cuenta la evidencia, y lo que está pasando es que las deportaciones masivas están teniendo un impacto catastrófico para miles de familias”, dice la directora para México de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por su sigla en inglés), Stephanie Brewer.

Lo que va a provocar la política antinmigrante de Trump es “una crisis humanitaria sin precedentes” en América Latina, asegura. El clima de persecución que se vive en los barrios latinos de las grandes ciudades estadunidenses ha hecho que miles de inmigrantes abandonen sus trabajos y permanezcan en sus casas, hasta las cuales también llegan las redadas que realizan agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés).

Hace unos días, la nueva secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, encabezó con un chaleco blindado una redada contra los migrantes en Nueva York y dijo: “Estamos sacando a las basuras de estas calles”. 

El ICE tiene como cuota “capturar” a 1.200 inmigrantes cada día, unos 432.000 cada año, más las decenas de miles que son detenidos en la frontera con México.

Según un estudio del Colegio de la Frontera Norte en México, unos 13,5 millones de migrantes indocumentados están en la mira de la administración Trump para ser deportados. De ellos, 9,8 millones, el 72 por ciento, son latinoamericanos y caribeños, la mitad de ellos mexicanos.

Sólo por hoy

Stephanie Brewer señala que es muy probable que Trump use las amenazas de aranceles e invasiones militares como herramienta de negociación para reforzar el combate del gobierno mexicano a los cárteles de las drogas, el cual se relajó durante el gobierno de López Obrador (2018-2024) por cuenta de su criticada política de “abrazos, no balazos”, al crimen organizado.

De hecho, en los últimos meses de gobierno de López Obrador, agencias como la DEA se encargaron de filtrar a medios de comunicación investigaciones sobre el presunto ingreso de dinero del narcotráfico a diferentes campañas electorales del político izquierdista.

La orden ejecutiva que firmó Trump el pasado sábado 2 de febrero para imponer aranceles a México –la cual está suspendida hasta marzo– señaló que los cárteles de la droga “tienen una alianza con el gobierno de México y ponen en peligro la seguridad nacional y la salud pública de Estados Unidos”.

Sheinbaum lo negó y calificó esa afirmación de una “calumnia”, pero en México, hasta militantes del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) han denunciado alianzas de encumbrados políticos y gobernadores de ese partido con el crimen organizado.

De acuerdo con el maestro en políticas públicas en la Universidad de Oxford y analista político, Leo Zuckermann, el Trump 2.0 que volvió a la Casa Blanca juega “duro y sucio” y usa diferentes temas “como medio de chantaje, de extorsión, para obtener enormes concesiones”. Para Zuckerman, Trump es tan impredecible, y a menudo tan ambiguo, que con él hay que lidiar de acuerdo con el lema de Alcohólicos Anónimos 'Sólo por hoy', es decir, un día un día a la vez.

Falta ver, desde luego, adónde va a conducir a Estados Unidos la segunda presidencia de Donald Trump. Porque entre el mismo establecimiento estadunidense hay consenso en que ni los aranceles servirán para mejorar la economía de ese país, ni la política militarista e intervencionista impedirá que sigan fluyendo drogas al mercado que más las consume en el mundo, ni la abatida contra los migrantes detendrá la llegada masiva de indocumentados.

“El problema es que los resultados de su gobierno no importarán demasiado –dice María Fernanda Zuluaga Gómez– porque tiene de su lado a los oligarcas tecnológicos, es decir, a los dueños de las más poderosas plataformas de comunicación masiva, y él sabe utilizar muy bien el recurso de la posverdad, del relato sin evidencia, de la mentira”, 

La maestra en estudios latinoamericano sostiene que, con Trump en la Casa Blanca, la región estará sometida los próximos cuatro años a una “maldita vecindad”, como el nombre del grupo de rock mexicano “Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio”.