Nicolás Maduro.
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Una dictadura constitucional, el nuevo plan de Maduro
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El presidente de facto de Venezuela, quien a pesar del fraude electoral del 28 de julio tomó juramento como presidente para un nuevo periodo, está implementando un plan que lo mantendría indefinidamente en el poder mediante una reforma constitucional para instaurar un ‘Estado Comunal’.
Por: Rafael Croda
Más deslegitimado que nunca por el fraude electoral del pasado 28 de julio, pero aferrado al poder con ayuda de la Asamblea Nacional y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que él controla, el chavista Nicolás Maduro busca ahora instaurar en Venezuela un nuevo sistema político-electoral que le permita gobernar indefinidamente a su país sin necesidad de someterse cada seis años a elecciones que puede perder.
La apuesta de Maduro es crear un 'Poder Comunal' que tendría entre sus funciones elegir al presidente de Venezuela mediante el voto de sus delegados, los cuales serían militantes o simpatizantes del chavista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Este sería un sistema electoral de voto indirecto parecido al de Cuba, donde el presidente es elegido por la Asamblea Nacional del Poder Popular y a la que solo se pueden postular candidatos designados por Asambleas Municipales (equivalentes a las comunas maduristas) controladas por el Partido Comunista cubano y por sindicatos y organizaciones sociales afines al régimen.
Para Maduro, Cuba es un referente central. No solo por la enorme influencia que ejerció Fidel Castro en el proyecto chavista, sino también porque entre 1986 y 1987 el entonces joven militante de la Liga Socialista de Venezuela recibió instrucción política en una escuela de formación del Partido Comunista cubano en La Habana.
Otro referente de Maduro es el mandatario nicaragüense, Daniel Ortega, quien, de autócrata a autócrata, le enseñó que la mejor forma de lidiar con los potenciales candidatos presidenciales competitivos es inhabilitarlos con cualquier pretexto “legal”, antes de que se puedan presentar a las urnas.
Y el guion que está siguiendo Maduro en Venezuela consiste, precisamente, en una combinación de lo que han hecho estos dos regímenes políticos, el cubano y el nicaragüense –sus principales aliados en la región-, para mantenerse en el poder sin exponerse al bochorno de perder en las urnas ante candidatos opositores populares, como le ocurrió a él en julio pasado.
Para ello, Maduro impulsa una reforma constitucional que sustituirá a la Constitución de 1999 y que introducirá a Venezuela las figuras de “Estado Comunal” y “Poder Comunal”. Al mismo tiempo, promueve en la Asamblea Nacional una serie de leyes tendientes a criminalizar a sus adversarios políticos y a cerrar aún más los espacios a la oposición y a las organizaciones sociales que han documentado y denunciado los abusos del régimen.
“Lo que viene para los venezolanos es una dictadura constitucional”, dice a CAMBIO el doctor en derecho de la Universidad Central de Venezuela (UCV) Allan Brewer Carías.
Esa “dictadura” sería la culminación de un proceso que comenzó hace varios años con la cooptación, de parte de Maduro, de todos los poderes del Estado para mantenerse en el poder.
El fraude electoral del pasado 28 de julio, por ejemplo, fue instrumentado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que esa misma noche declaró ganador a Maduro sin mostrar en su portal web las actas del escrutinio en las mesas de votación, como marca la ley, y sin llevar a cabo en los días posteriores las auditorías electorales que también exige la legislación vigente.
Tres semanas después de que los observadores de Naciones Unidas y del Centro Carter definieron la elección como “no democrática” y carente “de transparencia e integridad”, el Tribunal Supremo de Justicia convalidó la “victoria” del candidato chavista también sin mostrar las supuestas actas de la victoria. Y el pasado 10 de enero, la Asamblea Nacional juramentó a Maduro como presidente para un tercer periodo de gobierno.
La opacidad del CNE fue tan evidente, la reacción popular en defensa del voto fue tan masiva y la respuesta represiva del Gobierno fue tan brutal –entre el 29 y 30 de julio pasado fueron asesinados por el régimen 21 manifestantes y otros 749 fueron detenidos-, que Maduro quedó como un tirano ante buena parte de la comunidad internacional y de las propias bases chavistas.
El ‘Estado Comunal’
El director del Laboratorio de Paz de Venezuela, Rafael Uzcátegui, afirma que “el Gobierno no va a volver a hacer elecciones como las del 28 de julio, porque las perdió por un amplio margen, a pesar de que las condiciones para la oposición fueron muy desventajosas”.
Y señala que, ante la pérdida del respaldo popular, lo que hoy está haciendo Maduro es diseñar una nueva arquitectura jurídica y una nueva Constitución que le permitan transitar hacia un país sin oposición verdadera y sin un sistema electoral competitivo, en el que todos los cargos de elección popular sean sometidos al voto universal, secreto y directo.
“Lo que seguramente vamos a tener es un ‘Estado Comunal’ en el que convivirán las elecciones de primer grado (las directas, con participación de todos los electores registrados) y las de segundo grado, en las que los delegados de las comunas serán quienes elijan al presidente”, asegura Uzcátegui.
Ese ‘Estado Comunal’ será el núcleo central de la reforma que se propone hacer Maduro y que estaría siendo redactada por una comisión 'representativa', encabezada por cuatro de sus incondicionales: su esposa Cilia Flores, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, el abogado Hermann Escarrá y el fiscal general, Tarek William Saab.
Esa comisión tendrá la tarea de realizar 'consultas' y de presentar una propuesta de reforma constitucional, aunque todos en Venezuela dan por hecho que la iniciativa ya está redactada y que el chavismo la dará a conocer en mayo próximo, cuando se llevarán a cabo elecciones para renovar la Asamblea Nacional y las 24 gubernaturas del país.
Según Maduro, la reforma busca la “ampliación y perfeccionamiento de la democracia participativa”, un concepto que para él es “superior” al de democracia representativa, que en teoría es la que prevalece hoy en Venezuela. Él habla de un “Poder Comunal, Social y Popular”.
Para el doctor en derecho constitucional y dirigente opositor venezolano Juan Miguel Matheus, la reforma a la Carta Magna impulsada por Maduro “no es más que una trampa para perpetuar su dictadura” y un plan “para destruir lo que queda de Estado de Derecho en Venezuela y reemplazarlo por un Estado Comunal, que busca sustituir por completo la estructura constitucional vigente”.
Según Matheus, integrante del Centro de Derecho Constitucional de la Universidad de Stanford, estos cambios crearían un sistema electoral en el que el poder no emanaría de la soberanía popular ejercida mediante el sufragio universal, directo y secreto, sino de “las comunas, estructuras organizadas por el régimen, a través del PSUV, el partido chavista”.
En Cuba, por ejemplo, el presidente no es elegido por el voto popular, sino por la Asamblea Nacional del Poder Popular integrada por 470 diputados cuyas candidaturas son definidas por Asambleas Municipales (equivalentes a las comunas maduristas) controladas por el Partido Comunista y por sindicatos y organizaciones sociales del régimen.
Los cubanos solo pueden votar por los candidatos surgidos de ese sistema centralizado y corporativista en el que el principal elector es, invariablemente, el Partido Comunista de Cuba (PCC), el único que existe en la isla.
Este sistema administrativo, organizativo y electoral es denominado Poder Popular y su núcleo central son las Asambleas Municipales, que en Venezuela se llamarán Concejos Comunales.
No todo está dicho
El camino elegido por Maduro para cambiarle definitivamente el rostro a la democracia venezolana está, sin embargo, plagado de escollos. Entre otras razones, porque una reforma constitucional de esa envergadura debe ser sometida a referendo. Es decir, tendrá que ser aprobada en las urnas por los votantes. Y estos ya le dieron la espalda al chavismo.
Según actas electorales recopiladas por la oposición en los comicios presidenciales de julio pasado, y las cuales fueron avaladas por el Centro Carter, Maduro apenas obtuvo el 30,4 por ciento de los votos, mientras que el candidato opositor Edmundo González Urrutia ganó esa contienda con el 67 por ciento de los sufragios.
Y aunque Maduro ya demostró que está dispuesto a cruzar muchas líneas rojas para mantenerse en el poder, entre ellas la del fraude electoral, no le será fácil ganar un referendo sobre una reforma constitucional destinada, virtualmente, a garantizar su permanencia en el poder por tiempo indefinido.
En todo caso, la mejor aliada del chavista es la abstención –la clave del triunfo opositor de julio pasado fue una alta participación, del 60 por ciento de los votantes registrados– y es lo que Maduro va a alentar no solo en el referendo por la reforma constitucional, que se llevaría a cabo en el 2026, sino en las elecciones legislativas y regionales del mes próximo.
La oposición le está facilitando esa tarea, pues hay un sector liderado por la emblemática dirigente María Corina Machado que pugna por no participar en esos comicios hasta que Maduro reconozca a González Urrutia como presidente electo, lo que nunca va a pasar.
Mientras tanto, el bloque opositor más moderado, encabezado por el excandidato presidencial Henrique Capriles, considera que hay que presentar candidatos para no dejarle el campo libre al chavismo.
“La división de la oposición y los llamados de María Corina Machado a no participar en las elecciones legislativas y de gobernadores (programadas para el próximo 25 de mayo) son música muy dulce para los oídos de Maduro”, dice el exasambleísta constituyente y exdiputado Vladimir Villegas.
Este político izquierdista, periodista y crítico del chavismo, del que se separó hace más de una década, considera que el peor error que puede cometer la oposición en estos momentos es dividirse, porque le dejaría el camino libre a Maduro para ganar las elecciones legislativas y regionales del mes próximo, y el referendo para la reforma constitucional de 2026.
La institucionalización de la represión
Por lo pronto, Maduro ya dio los primeros pasos para construir un nuevo andamiaje de leyes diseñadas a su medida.
En agosto pasado, la Asamblea aprobó la llamada Ley Anti-ONG, que, según Amnistía Internacional, “tiene la intención de seguir castigando a las organizaciones de derechos humanos y a la sociedad civil en Venezuela”.
En este punto, el referente del chavismo es Nicaragua, donde legislaciones de este tipo han llevado al cierre de 5.600 ONGs desde el año 2018.
A finales de noviembre pasado, los legisladores chavistas aprobaron también la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República, que penaliza a quienes invoquen y respalden sanciones internacionales contra el régimen chavista y a quienes desconozcan a las autoridades y los actos del poder público.
A estas normas se sumará este año la llamada Ley Antifascista, que es una prioridad en la agenda de la Asamblea Nacional.
La politóloga venezolana Yoletty Bracho dice que estas leyes promovidas por el régimen apuntan a “institucionalizar la represión” contra los opositores, dirigentes sociales y periodistas independientes, a quienes se acusaría de manera discrecional de cargos como “fascismo”, “traición a la patria” o “acciones insurreccionales”.
Por ejemplo, cualquier ciudadano que no reconozca a Maduro como presidente puede ser acusado de “fascista”, y cualquier manifestación contra el régimen podría ser considerada una “acción insurreccional”. Las penas irían de 25 a 30 años de cárcel, y hasta 60 años de inhabilitación política.
“Si la lucha contra el ‘fascismo’ implica que mis colegas ecologistas y feministas van a ser señaladas de ‘fascistas’, porque se oponen al gobierno de Maduro, entonces entramos a algo bastante delicado”, sostiene Bracho, doctora en ciencias políticas de la Universidad Lumière Lyon 2, en Francia.
Para esta académica y profesora en esa universidad, el objetivo de Maduro con su paquete de leyes restrictivas y con la reforma constitucional “es lograr una legitimidad que ya no puede obtener ni a través del voto directo y universal de los venezolanos ni a través del discurso antimperialista”.
Tampoco, a través de la transferencia masiva de subsidios a los más pobres. Cada vez tiene menos recursos para atenuar la profunda crisis social en un país donde la pobreza llegó al 86 por ciento en 2024, según el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF).
Un horizonte de recesión y más pobreza
Como telón de fondo, Venezuela está de nuevo a las puertas de una recesión. Esto, por la decisión del presidente Donald Trump de imponer aranceles del 25 por ciento a los países que compren petróleo venezolano y por el anuncio del mandatario estadounidense según el cual el próximo 27 de mayo cancelará la licencia a la firma Chevron para producir crudo en Venezuela.
Además, Trump notificó a varias petroleras que tenían permiso temporal de Estados Unidos para comercializar crudo venezolano –como la estadounidense Global Oil Terminals, la italiana Eni, la francesa Maurel & Prom, la española Repsol y la india Reliance Industries– sobre que esa autorización ha sido suspendida.
El economista venezolano Manuel Sutherland estima que estas decisiones de Trump, que implican dejar sin efecto varias excepciones que había hecho Estados Unidos en el gobierno de Joe Biden a las sanciones económicas contra Venezuela, harán caer las exportaciones venezolanas entre 40 y 50 por ciento, con lo cual la economía registraría una contracción de entre -6 y -8 por ciento este año.
El esperado desplome en las ya de por sí limitadas exportaciones petroleras venezolanas, que el año pasado fueron de 772.000 barrilles diarios, menos de la tercera parte de la cifra de hace dos décadas, mermará de manera significativa la capacidad del gobierno para captar divisas que le permitan mantener los subsidios sociales y la estabilidad del tipo de cambio del bolívar frente al dólar.
“Esto, para los venezolanos, significa más pobreza y más inflación”, dice Sutherland.
De hecho, ya hay señales de que Venezuela ha entrado a un nuevo proceso hiperinflacionario. Según estimaciones del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), en febrero pasado la tasa de inflación registró una aceleración significativa, al llegar a 12,8 por ciento ese mes.
Sutherland, un investigador de temas económicos y doctor en estudios del desarrollo de la Universidad Central de Venezuela, considera que una escasez severa de divisas podría llevar la inflación a rangos de 200 o 300 por ciento este año. Esto aceleraría el proceso de empobrecimiento de los venezolanos y el deterioro del salario.
En Venezuela, un país que se dice socialista, el salario mínimo se ha mantenido congelado desde 2022, cuando fue fijado por el gobierno en 130 bolívares al mes, que equivalen hoy a 1,28 dólares.
“Tenemos el segundo salario mínimo más bajo en el mundo –indica Sutherland--. Medido en dólares, solo es menor el de Burundi. Incluso Ruanda y Siria tienen salarios mínimos más altos que el de Venezuela, y a esto hay que sumar que el chavismo ha destruido los derechos laborales, sindicales y salariales. Es algo inhumano”.
Sutherland agrega que un nuevo periodo de hiperinflación y recesión impulsaría una nueva ola migratoria, lo que tendría un impacto en Colombia, donde ya residen 2,8 millones de migrantes venezolanos, el 36 por ciento de los 7,7 millones que según Naciones Unidas han salido de su país en los últimos años.
El economista dice que la recesión económica, la profundización de la crisis social y la incertidumbre política podrían estimular la salida del país de entre un millón y medio y dos millones de venezolanos en los próximos tres años.
