David Murcia Guzmán era el accionista mayoritario con un 51 por ciento de participación, según Transparencia por Colombia.
Crédito: Colprensa.
La nación no es responsable de estafas de DMG: Consejo de Estado
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Un grupo de inversores de la empresa DMG Grupo Holding presentó una demanda con la intención de que la nación reparara las pérdidas producidas por depositar dinero en la pirámide. El Tribunal Administrativo del Huila la negó y el Consejo de Estado ratificó ese fallo.
Por: Redacción Cambio
Este martes, el Consejo de Estado ratificó un fallo del Tribunal Administrativo del Huila que negó la responsabilidad de la nación en las pérdidas que algunos ciudadanos tuvieron con las inversiones que hicieron en la pirámide DMG Grupo Holding, cuyo mayor accionista era David Murcia Guzmán.
La demanda la presentaron 50 accionistas de la pirámide y pedían condenar a la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia Financiera, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, la nación y la Fiscalía como responsables de los daños y perjuicios que les fueron causados al haber permitido que la entidad DMG Grupo Holding S.A. captara dineros del público.
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¿Qué argumentaban los demandantes?
Los accionistas señalaron que las autoridades omitieron adelantar las labores de inspección y vigilancia y que eso llevó a crear “una confianza legítima alrededor de la autorización legal que tenía DMG para captar dineros del público”.
La Procuraduría, por su parte, solicitó negar las súplicas de la demanda, “por cuanto en el proceso no existen pruebas que acrediten lo afirmado por la parte recurrente, de lo que se deriva un incumplimiento de su deber de acreditar los supuestos fácticos que soportan sus pretensiones”. Es decir, el Ministerio Público señaló que los demandantes no hicieron una evaluación previa y sensata del riesgo de invertir en la pirámide.
En ese mismo sentido falló el Consejo de Estado, que ratificó que en el expediente sí se probó que la Superintendencia Financiera advirtió, a través de diversos mecanismos, la falta de autorización que tenía la firma para captar dinero.
“Además, recalcó que la Superintendencia de Sociedades la intervino y promovió su liquidación judicial, luego de que el Gobierno se viera forzado a decretar una emergencia social causada por la proliferación de esta y otras captadoras ilegales de dinero”, detalló el Consejo de Estado.
Así, el alto tribunal determinó que esas actuaciones demuestran que no hubo omisión de las autoridades que pueda ser concebida como causante de los perjuicios.
“Al contrario, se produjeron las actuaciones correspondientes a las competencias de la administración, lo que además desvirtúa la supuesta confianza legítima derivada de la falta de gestión de las autoridades”, se detalló en un comunicado de prensa.
El Consejo de Estado también señaló que sí hubo testimonios que evidenciaron la falta de diligencia que tuvieron los propios demandantes a la hora de evaluar los riesgos de sus inversiones: “pues admitieron no haber averiguado sobre los permisos que tenía DMG para captar dinero, a pesar de que la Superfinanciera ya había advertido sobre ese déficit”.
En ese sentido, el tribunal consideró que fue la misma falta de atención y cuidado de los demandantes lo que los llevó a perder dinero y, en consecuencia, la nación no tiene que responder por esas pérdidas.
