María F. Fitzgerald
11 Febrero 2024

María F. Fitzgerald

COLOMBIA SE QUEMA Y SÍ SABEMOS POR QUÉ

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Pocas veces habíamos sentido con tanto furor la fuerza del fuego dentro de los barrios, en los cerros, en los páramos, tan pegado a la ciudad, multiplicándose por todo el país. Vivimos semanas de sentir cómo nuestros ojos se irritaban y en las que también daba miedo respirar por las columnas de humo espeso y oscuro que llenaron nuestras casas. Es que sólo en enero ocurrieron más de 300 incendios, que a su vez calcinaron casi 30 mil hectáreas de vegetación y dejaron cientos de animales, árboles y frailejones carcomidos. Mientras escribo esto, aún hay 10 incendios activos y avanzando en todo el país. 

Hemos visto, con el corazón roto, el cementerio de frailejones que quedó en el lugar que antes emanaba vida en el páramo de Berlín de Santander. Vimos cómo una musaraña bebé era rescatada del suelo que ardía y se refugiaba en las manos de un bombero; y también cómo un búho observaba aturdido a su alrededor, mientras era atendido por las heridas que había sufrido. Hemos visto a cientos de bomberos profesionales metidos entre las llamas intentando apagar el fuego; a soldados profesionales conmovidos por lograr rescatar dos esquejes de frailejón, e, incluso, hemos visto una tanqueta del ESMAD (o si quieren de la UNDMO) salvando vidas. Todas las imágenes distópicas que nos fueron prometidas para cuando llegara el fin del mundo. 

Aún así, con incendios que se prenden uno detrás de otro sin dar tregua, la pregunta repetida en cada círculo social es: ¿qué es lo que está pasando? ¿Están quemando los cerros a propósito? ¿De verdad esta es una estrategia para desestabilizar el gobierno y así acabar con la izquierda? ¿Es de verdad todo esto una terrible artimaña del malévolo uribismo?

Hasta este momento no sabemos si las teorías conspirativas de izquierda contra derecha, o derecha contra izquierda, sean verídicas o falsas. Lo que sí podemos afirmar, desde ya, es que existen claros responsables de que estas calamidades alcancen las proporciones casi apocalípticas que hemos presenciado: las autoridades ambientales regionales. 

En Colombia existen 33 Corporaciones Autónomas Regionales (o CAR) distribuidas en todo el territorio. Y, dentro de las CAR, el consejo directivo es el que cuenta con mayor poder. Tienen, además, un director que es usualmente electo gracias al poder de la junta. En el caso de la junta de la CAR Cundinamarca, la junta se compone por un representante del presidente de la República, uno del Ministerio de Ambiente, uno del gobernador de Boyacá, otro del gobernador de Cundinamarca, uno de la Alcaldía de Bogotá, cuatro alcaldes municipales, un delegado de las comunidades indígenas, dos representantes del sector productivo y dos de entidades sin ánimo de lucro. 

Sin embargo, en el 2022 y con la implementación de las nuevas normas que componen la Ley de la Región Metropolitana, el consejo directivo sacó a un representante ambiental y a uno de los sectores productivos, para incluir a uno de las universidades y al director de la Región Metropolitana (cargo electo por el alcalde de Bogotá). 

Tienen una función clara: expedir licencias para el manejo del suelo, además de promover la protección de entornos de especial cuidado ambiental. Están compuestas por representantes de las distintas entidades gubernamentales y, dada su importancia, suelen manejar presupuestos muy elevados. Por ejemplo, sólo para 2023, la CAR Cundinamarca administró casi 2 billones de pesos. El acuerdo de presupuesto para 2024 superó el billón y medio, pero con ajustes presupuestales se proyecta que este año, también, llegue a los 2 billones. 

Como lo mostramos en una investigación de la Liga Contra el Silencio, las elecciones que se celebraron a finales del año anterior debían desmontar de sus cargos a dos miembros del consejo directivo que se habían perpetuado en el poder por más de dos décadas en la CAR Cundinamarca. Uno, el representante indígena, consiguió quedar reelecto a pesar de estar inhabilitado y no contar con el voto de los pueblos muiscas de la sabana. De acuerdo con los denunciantes, el representante Julio Hernando Balsero, que pertenece al cabildo muisca de Cota (uno de los cinco cabildos que están representados ante la Corporación), logró sobornar a un gobernador de otro cabildo para que validara su nueva postulación. 

Lo hizo, según una grabación a la que tuvimos acceso, sobornando con una fiesta en la que “sacrificaron a un chivo y emborracharon a medio pueblo”. 

Pese a que los demás cabildos enviaron una comunicación a la dirección de la CAR solicitando que se permitiera cambiar al representante, que ya quedó reelecto por sexta vez consecutiva dentro de la junta, la CAR contestó que no invalidarían la elección pues el representante cumplía con el perfil para ocupar el puesto. A Balsero también le han sumado denuncias por venta ilegal de terrenos en territorios de protección especial dentro del mismo cabildo de Cota, sobornos y amenazas de muerte a otras personas que aspiraban al cargo. Cuando contrastamos su versión, aseguró no saber nada del tema.

El otro, representante por las organizaciones ambientales, sí salió de cargo gracias a un decreto emitido por el Ministerio de Ambiente en 2023. Su elección directamente anterior también fue denunciada, pues una investigación adelantada por el exconcejal Diego Cancino demostró cómo Andrés Iván Garzón, el exrepresentante, había suscrito más de 200 ONG’s de papel para que votaran por él. La investigación mostró que, por ejemplo, 30 de esas 200 ONG’s estaban ubicadas en un mismo terreno vacío de Pacho Cundinamarca. 

Durante su periodo, Garzón tuvo como suplente a Juan Carlos Calderón España —un veedor famoso por haber tumbado la curul de Ángela María Robledo—. Esto pese a que en el consejo directivo de la CAR no está permitida la figura de los suplentes. Ese hecho fue notado por la Procuraduría Ambiental, que les envió una advertencia recordando que esa figura no era válida. Sin embargo, esto no detuvo las pretensiones de Calderón España para quedarse con el puesto. 

Noticias Uno reveló otro audio en el que Calderón España cuenta cómo él, Garzón y el exconcejal Diego García podían recaudar los votos de hasta: “300 ONG’s y somos imbatibles, llevamos 4 años firmes”. En esos mismos audios, Calderón España hace una lista de contratistas de la CAR a los que llama “equipo CAR” y que, asegura, votarán por él para el puesto. 

Tras una investigación adelantada por una fuente que se mantendrá en reserva, lograron demostrar que, efectivamente, las 300 ONG’s inscritas son organizaciones de papel y que, a su vez, en 58 de ellas, las juntas directivas están conformadas por los mismos contratistas que Calderón España mencionó como parte del “equipo CAR”. 

Por todo esto, las elecciones están suspendidas y únicamente 20, de las 588 ONG’s que se inscribieron para votar, quedaron habilitadas para hacerlo. Los veedores de estas elecciones aún están esperando saber qué pasará y cómo se garantizará una elección sin fraudes. 

Este es sólo uno de los múltiples escándalos que han rodeado a las CAR. Acá podríamos recordar, también, los robos por más de 15 mil millones de pesos a manos del exdirector de CARDIQUE; la renuncia del subridector de CORTOLIMA por participación política indebida; la irregularidad en las contrataciones que alcanzaron los 30 mil millones de pesos e involucraron al CRIC, el Gobierno Nacional y la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC); los casi 3 mil millones de pesos robados por dos funcionarios de CORPOURABÁ entre 2010 y 2016;  y, por supuesto, la consolidación del cartel de volteo de tierras entre Jorge Emilio Rey -electo una vez más como gobernador de Cundinamarca- y la CAR Cundinamarca. 

Hasta la fecha, 22 proyectos legislativos han intentado reestructurar las CAR. Todos han argumentado que estos organismos son gravemente propensos a la corrupción. Aún así, todos han quedado archivados. La última vez que la Contraloría hizo veeduría sobre las Corporaciones fue en 2018, entonces encontraron irregularidades en 10 de ellas y los desfalcos hechos superaban los 72 mil millones de pesos. 

Una vez más, estos son los organismos determinantes a la hora de administrar y proteger los recursos naturales. Si a esto sumamos las constantes vulneraciones a los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y los decretos ágiles pero letales que emiten las autoridades locales (que permiten, por ejemplo, sepultar humedales con cemento para que las constructoras puedan hacer conjuntos residenciales encima, sin que importe colapsar los suelos y los recursos), podemos dar luces sobre el panorama que vivimos. 

Por supuesto que esto es una suma de factores. Las posibles manos criminales, las especies no nativas de plantas que avivan los incendios, la precarización y pésimos presupuestos asignados a los trabajadores de los organismos de emergencia, la inminente urgencia ambiental causada por el cambio climático, el radical aumento de las temperaturas y el temido Fenómeno del Niño para el que claramente no estábamos preparados, son una realidad. Y ahora, tendremos que enfrentar, también, la temporada de lluvias e inundaciones. 

Lo que sí podemos empezar a comprender es, una vez más, el fracaso de nuestra burocracia que, por todas las esquinas, atenta contra nuestro bienestar. Tenemos claros responsables de este desastre ambiental que estamos atravesando. Los mismos que por décadas se han lucrado mientras permiten que se destruyan los ecosistemas que, hoy, podrían estar protegiéndonos. 

Ojalá aún quede espacio para nuestra reacción cuando estos días de terror acaben y que, finalmente, pidamos acciones concretas a quienes son directamente responsables. Porque sí, aún hoy que todo parece perdido, elijo creer que todavía desde lo colectivo nos podemos salvar. 

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