El día de la victoria electoral de Gustavo Petro me pregunté en esta columna qué camino tomaría el nuevo presidente si llegara a deshacerse la coalición política que lo apoyaba y sus proyectos de reforma comenzaran a naufragar en el Congreso. ¿Caería en la tentación de fomentar algún tipo de asamblea popular paralela? ¿Presionaría con movilizaciones desde la calle la aprobación de su plan de gobierno?
Todo indica que lo seduce la segunda opción. Su llamado a “discutir en las calles las reformas” ha prendido la controversia y desatado críticas de diverso calibre sobre una iniciativa tachada de populista, cuando existen el Congreso y otras instancias de concertación política y social. El debate puede ser prematuro porque aún no se sabe hasta dónde quiere llegar Petro y ni siquiera se conoce el texto de las reformas —pensional, laboral, educativa, entre un paquete de más de treinta iniciativas— que quiere sacar en esta legislatura, antes de que la cosa se complique.
Pero ha insistido en este camino y me pareció diciente, por ejemplo, el llamado a las enfermeras para que se congreguen a la entrada de hospitales y clínicas para discutir la aún no radicada reforma de la salud. En principio, que un gobierno apele a la opinión pública y al respaldo de sus seguidores para defender su gestión nada tiene de raro o censurable. Ha sucedido antes aquí y en muchos otros países. El uso de Twitter también es una forma directa y válida de comunicarse con la gente, con tal de no llegar a los extremos delirantes de un Donald Trump cuando estaba en el poder.
La cuestión es no aprovechar los medios y el aparato del Estado para tal fin. En este caso inquieta que el presidente haya convocado a una movilización ciudadana de respaldo en la plaza pública el mismo día —14 de febrero— en que la oposición invitaba a una gran marcha de protesta, que oportunamente postergó. Sería muy indeseable el escenario que advirtió Roy Barreras donde “sectores extremos de izquierda o derecha terminen enfrentándose en las calles por un texto que no conocen”. El palo no está pa’ cucharas ni el país para este tipo de polarizantes enfrentamientos simultáneos a escasos seis meses del nuevo gobierno.
En Chile de los años setenta las ruidosas marchas y contramarchas que marcaron el gobierno de Salvador Allende contribuyeron al deterioro de la Unidad Popular y al trágico fin del primer gobierno socialista democráticamente elegido en América. Eran otros tiempos, por supuesto, y Petro no es Allende, pero hay antecedentes históricos (y algunas similitudes actuales) que conviene tener presentes.
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La prioridad del momento es que el contenido concreto de las reformas que anuncia el Gobierno se conozca ya y pueda ser puede ser debidamente analizado y discutido. El tiempo apremia, el tramite legislativo es engorroso y parece que no alcanzaría para garantizar el examen que semejante paquete requiere. Los mal pensados pueden creer que se trata de una táctica deliberada para luego “ferrocarrilear” todo en sesiones extras del Congreso. Difícil creerlo, pero abundan dudas y confusiones.
La ministra de Minas, Irene Vélez, volvió a agitar el cotarro al reiterar que no habrá más contratos ni exploración de hidrocarburos, al mismo tiempo en que la renunciada viceministra del ramo, Belizza Ruiz, cuestionó la seriedad del estudio sobre las reservas energéticas del país que citó su exjefa Vélez. En materia pensional, sorprendió la forma tajante en que Petro descartó subir la edad de pensión (“renuncio antes”) en un país donde las mujeres se jubilan a los 57 años, los hombres a los 62 y la gente vive cada vez más.
La vieja preocupación sobre la sostenibilidad financiera del sistema pensional es válida, cuando un sector cada vez menor de trabajadores jóvenes es el que cotiza para mantener a una población cada vez mayor de viejos pensionados. La edad de jubilación en Colombia es una de las más bajas del mundo industrializado (en América Latina el promedio es 65 años) y llama la atención que en un país como Francia, con una equidad social mucho mayor que la nuestra, el presidente Macron insiste en elevar de 62 a 64 años la edad de jubilación pese a las manifestaciones de protesta que ha desatado.
Hay, en fin, incertidumbres de diversa índole en torno de las grandes reformas, comenzando por la de la salud, que promueve el Gobierno. Siguen las preguntas sobre la política de paz total cuyos protocolos y reglas del juego están por precisarse. Para no hablar de la eterna discusión sobre el metro de Bogotá, que puede prolongarse otros años y costar mucho más con las modificaciones que plantea el presidente Petro. No hay solución a la vista, pues, para el drama de la movilidad en Bogotá. Una “ciudad en obra” donde los obreros brillan por su ausencia.
Está bien que todo esto se discuta en calles y plazas como quiere el jefe del Estado, siempre y cuando el foro central del debate sea el Congreso de la República, existan todas las garantías para darlo y se sepa con más exactitud qué es lo que lo quiere el Gobierno.
