La sociedad argentina pasó décadas viviendo entre torturadores, asesinos y genocidas. Los juicios civiles contra los miembros de la junta militar llegaron tarde y más aún sus condenas. Durante la espera, la sociedad civil empezó a marcar con pintura las casas y lugares que frecuentaban los fascistas impunes. Así nació una forma de denuncia social que después fue apropiada por otras causas, como la feminista.
Se llamó escrache, palabra que proviene del lunfardo argentino y fue usado informalmente en el cono sur desde hace décadas, incluso la registró Julio Cortázar en Rayuela.
Décadas de lucha después, el escrache ha sido reconocido por varias cortes en el mundo, como la constitucional colombiana, como el derecho a denunciar en la discusión pública la comisión de violencias basadas en género (VBG). No se trata de las querellas formales ante el sistema de justicia, sino de las manifestaciones públicas que acusan estas violencias. Y se justifica alzar la voz ante la comunidad y no en los estrados judiciales porque estos les fallan estructuralmente a las mujeres; tras años de conquistas, la justicia sigue prestándose para la revictimización y desconocimiento de la violencia machista.
Gracias al escrache y su incorporación a los sistemas jurídicos algunas mujeres han obtenido una reivindicación que los jueces les niegan. Lo mismo ha permitido el periodismo que se concentra en develar las VBG. Sin estas formas de denuncia informal la mayoría de los casos se perpetuarían en la impunidad. Claro que el escrache debe ejercerse de manera responsable, pero lo cierto es que los casos de denuncias falsas siguen siendo una minoría estadística por debajo del 2%; las mujeres que se atreven a hablar siguen enfrentando infiernos, muy pocas deciden lanzarse a la jauría por algo que no ocurrió.
Proteger el escrache y el periodismo que investiga las VBG es un compromiso internacional del Estado colombiano y un postulado constitucional irrenunciable. Por eso resulta alarmante que en el Congreso se estén tramitando tres proyectos de ley que podrían poner en peligro las conquistas que nos permiten contar las violencias que padecemos en público.
El senador Miguel Uribe propone la creación de un tipo penal que criminaliza el “acoso sexual digital”. La representante Delcy Esperanza Isaza recoge la Ley Olimpia, inspirada en la historia de Olimpia Coral Melo, activista mexicana que sufrió las consecuencias del ciberacoso. La senadora Clara López propone otro proyecto —el más avanzado en su trámite— el cual penaliza la “Difusión de material íntimo sexual sin consentimiento”.
Todos estos proyectos, en especial el de López, tienen disposiciones útiles que contribuyen a una política pública de educación, prevención y justicia para erradicar el grave problema del odio en línea, el cual afecta especialmente a las mujeres: el 73 % ha vivido alguna forma de violencia de género digital, y en el 61 % de los casos los atacantes son hombres (OEA). El problema con el nuevo delito que se crearía es que fácilmente puede silenciar tanto al periodismo como al escrache que denuncia públicamente la comisión de VBG.
Una mujer puede publicar en redes sociales imágenes íntimas de su agresor, por ejemplo si ellas le permiten demostrar que fue agredida. Desde el periodismo pasa algo similar. Es el caso, por ejemplo, de la investigación que adelantó Daniel Coronell sobre el acoso que sufrió Astrid Cristancho en manos de su jefe, el entonces defensor del pueblo Jorge Armando Otálora. En esa ocasión, Cristancho compartió con Coronell una de las fotografías intimas que Otálora le enviaba para asediarla. Coronell la publicó, como correspondía al interés público. Si ese delito hubiese existido en ese entonces tanto Cristancho como Coronell serían culpables del delito de difusión de imágenes íntimas sin consentimiento.
Algunas organizaciones de la sociedad civil han señalado que esa tipificación es peligrosa. Ese delito puede convertirse en instrumento para perseguir periodistas y mujeres que escrachan a los hombres que las violentan. Las buenas intenciones de querer erradicar la violencia en línea se pueden embolatar.
En una cuestionable decisión, la Corte Suprema de Justicia archivó la denuncia contra Jorge Armando Otálora porque consideró que entre él y su subordinada existía una “relación sentimental”. Cuando se discutió en la Sala uno de los magistrados dijo: “quien esté libre de pecado que lance la primera piedra”. Así lo contó Daniel Coronell en Los Danieles.
De nada sirve un delito que busca sancionar la difusión de imágenes intimas sin consentimiento si se va emplear para silenciar al periodismo que investiga o a las mujeres que se atreven a denunciar a sus agresores. Y en este mundo ladeado podemos tener la certeza de que esos delitos privilegien más el silenciamiento que la búsqueda de la igualdad y la justicia.
En Argentina el escrache fue fundamental para que eventualmente se alcanzara algo de justicia. Por eso, mientras el sistema judicial se ocupa realmente de las violencias que padecen las mujeres, dependemos del escrache y del periodismo para ser escuchadas. Y hasta que eso no ocurra nada ni nadie nos silenciará.
*La organización que co-dirijo, El Veinte, ha manifestado sus preocupaciones por las consecuencias perjudiciales derivadas de la creación de este delito.
