Enrique Santos Calderón
15 Enero 2023

Enrique Santos Calderón

LA COSA ESTÁ BICHE

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¿Improvisación? ¿Imprevisión? ¿Ingenuidad?  Algo, o todo esto, hubo en la gran “noticia” de fin de año sobre un cese al fuego bilateral con cinco organizaciones armadas, que el ELN desmintió al otro día.  
   El Gobierno echó para atrás su precipitado anuncio y dijo que continuará acciones militares contra este grupo, pero lo invitó a declarar una “tregua verificable”. Penoso que el proceso de paz total arranque con malentendidos que siembran dudas sobre su solidez. 
 
   El minInterior Alfonso Prada aseguró que con las dos disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y los paracos de la Sierra Nevada sí se acordó un cese bilateral al fuego de seis meses. Sería una muy buena nueva siempre y cuando tenga bases más serias que las de conversaciones informales con grupos poco confiables que, además, siguen echándose plomo entre ellos. Anunciar ceses al fuego antes de negociarlos no parece el camino indicado. 
   El panorama está lleno de incógnitas que muy pronto tendrían que despejarse. Para comenzar, fuera del impase con el ELN, la del tratamiento frente a la Segunda Marquetalia de Iván Márquez y de quienes traicionaron el acuerdo de paz de La Habana. El jefe del equipo del gobierno en aquel acuerdo, Humberto de la Calle, ha reiterado que es un pésimo mensaje volver a negociar con ellos como si nada hubiera pasado, pero el Gobierno insiste en que la paz total es con todos los grupos armados de alto impacto. 
  Lo cual plantea otros interrogantes: ¿Es acertado adelantar diálogos de connotaciones políticas con grupos puramente criminales y narcotraficantes? ¿Qué precedentes se sientan y cúal sería la hoja de ruta? La paz en un país como Colombia exige sin duda mucha audacia política y creatividad jurídica, pero ¿a qué costo social y con qué instrumentos coercitivos?
 
   Estos últimos son importantes porque sin la eficaz presión militar de una fuerza pública cohesionada, la estrategia de paz del Estado cojeará frente a unos y otros: guerrilleros o paramilitares. Y también frente al narcotráfico del que ambos se nutren. Por eso es de esperar que las Fuerzas Armadas hayan sido oportunamente consultadas y no se hayan enterado de las declaratorias de cese al fuego por el Twitter del presidente Petro.

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En momentos como estos toca mirar atrás y recordar lo que sucedió hace cuarenta años con el proceso de paz de Belisario Betancur, que terminó en la tragedia del Palacio de Justicia. Una de las razones de aquel fracaso fue que el presidente no supo involucrar ni motivar a las Fuerzas Armadas que desde un comienzo desconfiaron del proceso y se convirtieron en “enemigos agazapados de la paz”. La frase es del presidente de la primera Comisión de Paz, Otto Morales Benítez, quien en 1983 renunció frustrado por los saboteos internos que percibía.
 
   No hay forma de adelantar un proceso de paz exitoso sin la colaboración activa de la fuerza pública. A Betancur le faltó “venderle” mejor su idea al Ejército (como lo reconoció después) y a la guerrilla entender que había una salida política distinta a una lucha armada ya degradada y sin futuro. Fui partícipe de la primera Comisión de Diálogo y Negociación con el EPL y el M-19 que él nombró y desde allí no era difícil percibir la resistencia de las FF. AA. a las iniciativas pacifistas de su gobierno.
 
   Las cosas han cambiado mucho, por supuesto. El Ejército no es el mismo, las antiguas Farc no existen, EPL y M-19 depusieron las armas y —mejor ejemplo de cuánto han cambiado— un exguerrillero fue elegido a la Presidencia de la República. Pero las lecciones del pasado han de estar presentes siempre para no repetir errores.
 
  Los de precipitación o improvisación, por ejemplo, que se perciben en algunas esferas del Gobierno. Pese a su buena voluntad, el ministro de Defensa me parece que no ha dado la talla; al consejero de paz le falta la sagacidad estratégica de un John Agudelo Ríos o un Sergio Jaramillo, y al presidente Petro habría que aconsejarle menos Twitter y más énfasis en un equipo de comunicación confiable y eficaz, en la línea de un Alfonso Prada o un Roy Barreras.
 
   Se trata, sin duda, de una propuesta de paz novedosa porque nunca antes habíamos visto un proceso a cinco bandas a un ritmo tan veloz. Si se lograra el anunciado cese al fuego bilateral de seis meses con disidencias y paramilitares (elenos ya tienen su mesa), el avance sería enorme. Tan grande como la labor de veeduría, verificación y monitoreo que requerirá y sobre la cual no se conocen detalles. Es importante que haya claridad sobre los compromisos adquiridos y la capacidad para cumplirlos.
 
   También habrá que ver cómo el Gobierno articula su estrategia de paz con la de descriminalizar los cultivos de coca en regiones de violencia enquistada, donde operan grupos armados que pugnan ferozmente entre sí por el control de territorio y comunidades. La guerra entre ELN y disidencias Farc en Arauca, por ejemplo. O el tratamiento jurídico y político diferenciado con unos y otros. Y también con los poderosos grupos narcoparamilitares sin los cuales la paz no sería total.

  No hay en América, e incluso en el mundo, un país que en los últimos cuarenta años haya emprendido tantos procesos de paz con insurgencias y grupos criminales. Le experiencia acumulada es muy rica y tiene que servir para algo. 
   Ahora iniciamos el año con otro proceso. Distinto de los anteriores e impulsado por un gobierno que también es diferente.  La cosa está biche y le falta carpintería, pero toca confiar en que asimilará las enseñanzas del pasado y corregirá los errores que va cometiendo. Más que del aplauso incondicional o del ataque sectario, esta tentativa paz requiere de apoyo crítico. Lo único que no podemos hacer es resignarnos a que Colombia sea incapaz de vivir en paz. 
 

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