En una de las paredes de la Universidad Sergio Arboleda hay un mosaico de exalumnos exhibido con particular orgullo. Se trata de la promoción de 1999 de la Facultad de Derecho. Allí están las fotografías de los 33 abogados que aquel año recibieron su cartón de ese centro educativo. En ese momento nadie podría imaginarse que algunos de esos egresados traerían tanta gloria y –tanta plata– al alma mater. En la presente edición de Cambio ustedes podrán ver los miles de millones que ha recibido la Sergio Arboleda por contratación pública durante el actual gobierno.
Sin embargo, ese no es el tema de esta columna. Quiero hablarles más bien del trabajo que han hecho tres de esos graduados para consolidar la impunidad del hombre más poderoso de Colombia.
En la segunda fila del mosaico está un esbelto Iván Duque, pocos se imaginarían que el muchacho, que meses antes de graduarse había publicado una columna contra Álvaro Uribe, terminaría de presidente por un dedazo de Uribe. En defensa de la impunidad del “presidente eterno”, como en algún momento llamó a su mentor, no tuvo inconveniente en arremeter contra la independencia de la rama judicial que se atrevió a investigarlo.
En diagonal, encima de la fotografía del hoy mandatario, se ve a un joven Francisco Barbosa, actual fiscal general de Colombia. Tengo un claro recuerdo de él en 2017, cuando me escribió para invitarme a la presentación de un libro sobre las bondades de la justicia transicional para consolidar la paz. El encargado de presentar la obra fue Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador de paz. El ahora fiscal general, y sus delegados, están consagrados a sepultar las innegables pruebas que existen contra el expresidente.
En la tercera línea, justo debajo de la foto de Duque, está Myriam Carolina Martínez, hoy directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Esa entidad fue creada para funcionar después del acuerdo de paz. Su misión consiste en facilitar el acceso a la propiedad de la tierra de los campesinos despojados y restablecerle a la nación el dominio sobre terrenos baldíos abusivamente en manos de particulares.
En la anterior columna, “El informe enmochilado”, vimos cómo la doctora Myriam ha dejado pasar el tiempo sin hacer nada para recuperar baldíos, es decir tierras de la nación, ilegalmente en poder de Álvaro Uribe y de una compañía suya llamada Sociedad Agropecuaria El Ubérrimo SAS. Además, la directora fue grabada respondiendo a una llamada telefónica del expresidente para favorecer a hacendados uribistas de Riosucio, Caldas, en conflicto con comunidades indígenas.
Pero ahí no acaban las sorpresas. Uno de los presuntos reclutadores de testigos falsos para Álvaro Uribe fue nombrado por doña Myriam Martínez en un alto cargo de la ANT. Se trata de Wilser Molina, a quien ella convirtió en director de la Unidad de Gestión Territorial para Antioquia, Chocó y Caldas.
Wilser Molina era un abogado de narcotraficantes y paramilitares que consiguió a los testigos alias Simón y alias Castañeda para que declararan falsamente contra el senador Iván Cepeda. Hay varias grabaciones que muestran a Molina hablando con el expresidente Uribe acerca de testigos dispuestos a desacreditar las declaraciones contra el expresidente y contra su hermano Santiago.
Wilser Molina, después de pertenecer al CTI apareció en el equipo de defensa de Carlos Pesebre, uno de los jefes de la Oficina de Envigado. Luego con aval del partido de gobierno Centro Democrático fue elegido alcalde de Amagá.
Aunque la Corte Suprema de Justicia compulsó copias para que investigaran a Molina por manipulación de testigos y por trashumancia electoral, ni la Fiscalía de Francisco Barbosa ha iniciado el proceso, ni Myriam Martínez, la directora de la Agencia Nacional de Tierras, tuvo inconveniente en nombrarlo en el alto cargo.
Ellos, al igual que su compañero de mosaico el presidente saliente Iván Duque, actúan como si el expresidente Uribe no estuviera obligado a cumplir la ley.
