El río Bogotá sigue siendo una cloaca a pesar de que existen millonarios contratos para descontaminarlo. Cada año la Corporación Autónoma Regional, CAR, se queda con medio billón de pesos de los bogotanos, salen del pago del impuesto predial. Más de 1,3 billones de dineros públicos se han entregado y la contaminación no para. La CAR hizo un contrato para el diseño y la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Salitre (PTAR Salitre).
El contratista es un consorcio llamado CEPS del cual hacen parte la empresa española Aqualia Infraestructura, la griega Aktor Technical Societe y la colombiana Cass Constructores, una compañía de la familia Solarte.
El convenio establece que si los contratistas no cumplían con los plazos de entrega deberían pagar una multa de 90.000 dólares diarios hasta ponerse al día.
Tanto la Empresa de Acueducto de Bogotá como la banca multilateral determinaron que los contratistas no cumplieron, pero tampoco pagaron la multa a la que estaban obligados. Lo que no pudieron lograr sus ingenieros, lo consiguieron sus abogados.
Nelly Yolanda Villamizar de Peñaranda, magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, le ordenó a la CAR pagarles a los contratistas incumplidos y no reclamarles que honraran el convenio o que pagaran las multas sucesivas. La magistrada Villamizar decidió también que el Acueducto recibiera la obra y empezara a operar la planta incompleta. El fallo de la magistrada les va a costar a los bogotanos 120.000 millones de pesos adicionales.
Dentro de los desarrollos de este litigio fue designada como perito independiente la ingeniera Luz Mélida Gamboa Mesa. Ella juró el año pasado cumplir cabalmente su misión y también juró que no estaba inhabilitada para rendir su dictamen. Fue nominada para esta responsabilidad por la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Su misión consistía en liderar el peritaje ambiental con multimillonarias consecuencias sobre los dineros públicos.
La hoja de vida de la ingeniera Gamboa lucía sólida como una roca. Tenía todas las credenciales profesionales, era integrante de la lista de peritos del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, presentó 28 años de experiencia profesional y había ocupado altos cargos en empresas de ingeniería.
Todo parecía muy bueno pero un observador acucioso encontró algo que le llamó la atención. A pesar de semejante trayectoria había dos años recientes sobre los cuales se omitía información: 2020 y 2021.
¿Qué sería lo que sucedió? ¿Que la brillante ingeniera se había tomado dos años sabáticos consecutivos? ¿Quizás se apartó 24 meses del ejercicio profesional para reflexionar sobre el futuro de la industria?
Pues no. La ingeniera Luz Mélida Gamboa Mesa olvidó incluir en su impresionante hoja de vida que había sido gerente y representante legal de una empresa llamada Alturia SAS.
A cualquiera se le puede pasar un detalle en un currículo tan extendido y destacado. Sin embargo, aquí hay una interesante coincidencia: en los registros mercantiles de la empresa Alturia SAS figura que su dirección es la carrera 7 Kilómetro 16, vereda Fusca, Lote Chosua en Chía, Cundinamarca. Esa es la misma dirección registrada para CASS Constructores, la empresa de los señores Solarte socia del consorcio contratista e interesada en los resultados del dictamen pericial que inclinará la suerte del millonario pleito.
Para colmo de casualidades, la empresa de los señores Solarte usa el mismo número telefónico de la empresa que dirigió hasta el año antepasado la perito independiente.
Algo más, en la página oficial de la empresa de los Solarte figura que Alturia es una división de CASS Constructores, cuyo objetivo es vender sobre planos proyectos de construcción y comerciar apartamentos para entrega inmediata.
A pesar de estas evidencias, al día de hoy, la olvidadiza ingeniera Luz Mélida Gamboa Mesa, antigua empleada de los Solarte, sigue siendo la perito ambiental para resolver un pleito de 200.000 millones de pesos, uno de los más costosos en la historia de Colombia.
