Los temas de la consulta popular que impulsa el presidente Gustavo Petro son importantes para Colombia. Una de las virtudes de ese mecanismo es que, bien ejecutado, podría permitir conocer qué piensa la gente sobre la manera en la que se teje la legislación laboral y en qué aspectos es más deficiente.
Son asuntos importantes para el empresariado, para los movimientos sociales y en general para el desarrollo social y económico del país. Pero al revisar las doce preguntas, pareciera una oportunidad perdida. Por lo menos cuatro se tratan de populismos legislativos que poco contribuirán a cambiar las condiciones de nuestra fuerza laboral.
La pregunta número cuatro anuncia: “¿Está de acuerdo con que las personas puedan tener los permisos necesarios para atender tratamientos médicos y licencias por periodos menstruales incapacitantes?” Esta formulación parece extraña porque desde hace décadas los empleados tienen derecho a presentar excusas médicas para justificar ausencias.
Lo mismo ocurre con la décima pregunta: “¿Está de acuerdo que las trabajadoras domésticas, madres comunitarias, periodistas, deportistas, artistas, conductores, entre otros trabajadores informales, sean formalizados o tengan acceso a la seguridad social?” (Sic) Por supuesto, todos estos trabajos deberían ser formalizados y reconocidas sus acreencias laborales. Ese mandato ya existe en la legislación, y lo mismo ocurre con la pregunta número once, la cual señala: ¿Está de acuerdo en promover la estabilidad laboral mediante contratos a término indefinido como regla general? Claro que la lucha por promover la estabilidad y formalización del trabajo pasa por empujar a la fuerza productiva a contratos de trabajo, ojalá a término indefinido.
Algo parecido pasa con la pregunta número ocho (¿Está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial para que los empresarios del campo garanticen los derechos laborales y el salario justo a los trabajadores agrarios?), pues, de acuerdo con la legislación vigente, los derechos laborales del campesinado deben respetarse y protegerse.
Estas cuatro preguntas se edifican sobre la realidad apremiante según la cual muchos derechos laborales aquí son irrespetados, cuando no son completamente ignorados. Es cierto que el campesinado sigue sometido a condiciones feudales, que muchas profesiones liberales agonizan en la informalidad, que muchos empleadores no respetan el derecho a presentar excusas médicas y que, en general, los contratos laborales a término indefinido son rehuidos, pero lo cierto es que esos derechos ya existen. No se cumplen, pero existen.
Esas propuestas son la evidencia de que la transformación no vendrá en el empaque populista de una nueva ley, la que se exija según las aprueben más de trece millones de personas. Las ausencias que advierten las preguntas se derivan precisamente del rechazo o desconocimiento de las leyes y jurisprudencia vigente. La pregunta es: ¿consultar al pueblo
sobre la obligatoriedad de esos mandatos realmente podrá generar un cambio de las condiciones laborales de la gente?
Y la respuesta pareciera ser un no, porque incluso con la conquista de un código sustantivo del trabajo, que costó tanto esfuerzo al movimiento obrero colombiano, hemos logrado la dignificación estructural del trabajo. El presidente Gustavo Petro lo sabe, porque después de más de veinte años como congresista conoce perfectamente el alcance real que tienen la mayoría de cambios legislativos para la manera en la que vive o sobrevive la gente.
Por lo menos cuatro de las preguntas de la consulta popular son la reiteración de lo que ya no funciona y esperar que venga un resultado diferente tras tomarse el mismo brebaje es creer que el 56,8% del país que labora en la informalidad podremos moldearlo a punta de leyes para que se cumplan otras leyes.
Y semejante desperdicio no parecería ser casualidad, porque esas preguntas sí le sirven al presidente, por lo menos discursivamente. Para botar mandatos generales a la opinión pública en un país en el que vender odio y efectismo es tan fácil y provechoso; para ofrecer soluciones fáciles e ineficaces; para ahondar en sus cantos desinstitucionalizadores.
Ese gasto público en épocas de austeridad, para pedir lo que ya existe parece una inversión injustificada. A menos que se consideren los réditos políticos que espera el presidente de esta empresa. Porque, exitosa o no, la consulta le servirá para avivar los ánimos, culpar al congreso en caso de que no la permita y victimizarse en sus discursos intergalácticos diseñados para confundir.
Ojalá el Congreso manifieste al presidente el absurdo de parte del cuestionario. Como si fuese a solucionar algo promoviendo leyes para que se cumplan otras que hace décadas existen mientras se incumplen. Pero tal vez lo que más espera Petro es la negativa del Congreso, porque no pareciera que presidente que desenvaina la espada tenga intenciones de sentarse a indagar o dialogar realmente sobre los derechos laborales en Colombia.
