El asesinato del coronel Élmer Fernández Velasco es otra tragedia colombiana anticipable. Como ya se ha repetido en todas partes, al sicario que disparó en su contra le quedó muy fácil la tarea. Como director de la cárcel La Modelo enfrentaba enormes riesgos de seguridad, unos expresamente señalados en amenazas que recibió días antes y otros derivados de la casi imposible tarea de imponer algún tipo de orden en la prisión. La bala entró sin dificultad a su carro también porque no había recibido protección del Estado.
El homicidio de Fernández nos regresa al debate inconcluso y abandonado del desastre institucional del INPEC. Una entidad sumida en el desgobierno impuesto por la corrupción rampante, y en donde figuran más de ochenta sindicatos. Un fracaso que no hemos podido cerrar o reformar porque la criminalidad que opera desde las cárceles necesita de este caos para seguir tranquila. Pensar que cualquier persona que se ponga al frente de semejante ruina no está en riesgo es una necedad injustificable.
Las entidades y funcionarios responsables miran al piso mientras alegan que la desprotección se explica por la falta de recursos y eficacia administrativa. Argumentan que la Unidad Nacional de Protección (UNP) no recibió la solicitud de protección para el Coronel Fernández a tiempo. Como el INPEC, se hunde en enorme corrupción e ineficacia. Además, se para sobre un dudosísimo esquema de subcontratistas poderosos y armados. Todo este desastre sirve además para dibujar a la perfección los alcances y formas de la desigualdad colombiana.
Y este es un canto manido, pero por su inmundicia debemos repetirlo hasta que alguien lo escuche.
Claro que hay gente importante a la cual hay que proteger. Y esa es una garantía que el Estado debe cubrir sin importar que el protegido tenga o no recursos. Cualquier persona que, por el ejercicio de sus derechos políticos, o de la libertad de expresión o asociación, enfrente riesgos y amenazas tiene derecho a recibir protección del Estado.
El problema no es el costoso esquema de seguridad de un expresidente, sino el resto de ladillas que literalmente andan con nuestros recursos. Una cantidad de personas que no tienen ningún riesgo de seguridad: hijos de figuras públicas, altos funcionarios, opinadores cómodos, litigantes defensores de esas personalidades. Las señoras que mandan a los escoltas por el mercado; los funcionarios de hace veinte años que se rehúsan a meterse la mano a sus hondos bolsillos para ocuparse ellos mismos de su transporte; los amigos del policía que les arregla lo de la gasolina a perpetuidad.
Ser un funcionario público, estar relacionado con un político o empresario, haber sido burócrata o semejante en el pasado no necesariamente implica un riesgo de seguridad. Ello debe evaluarse caso a caso, y esa fue la intención cuando se creó la UNP, pero el cauce de la corrupción y al amiguismo en Colombia dio al traste con eso como con tantas otras cosas.
¿Cuántos policías y carros oficiales están hoy al servicio de parásitos que no los necesitan? A esos opinadores indignados, que abusan de los recursos públicos y gritan que esta tragedia es culpa de Petro desde las Toyotas que no necesitan, pero que pagamos todos nosotros, ¿no les dará un poquito de pena? ¿No sentirán vergüenza cada que asesinan a un líder social en cualquier vereda mientras ellos están rodeados de costosa protección inmerecida?
Es el cinismo de creer que la corrupción ocurre solamente cuando algún avivato se llena los bolsillos con el dinero del erario o de quienes amañan un contrato. No, corrupción también es emplear los recursos estatales sin necesitarlos. Lo que pasa es que es tan generalizada y normalizada que ya ni nos percatamos. Es un símbolo de estatus, pero en realidad, si nos detenemos a mirar, es bochornoso. Es también una manera casi explícita en la que el Estado señala cuáles vidas importan; cuáles riesgos merecen ser atendidos.
La corrupción de la UNP no puede atribuirse solamente a quienes la dirigen, o la han dirigido, o a los funcionarios que eligen al subcontratista con base en amiguismos y coimas, porque también la construyen y alimentan los protegidos sin riesgo que distraen su misión.
Pasará este ruido y seguirán los señores importantes quejándose de la corrupción en la UNP desde sus carros con carta blanca para tomarse el espacio público, hasta el próximo asesinado.
