Los que pasamos por la violencia guerrillera y narcoparamilitar de los años ochenta y noventa sentimos un flashback a ese tétrico pasado de magnicidios con el atentado que sufrió Miguel Uribe Turbay. Un hombre honesto y serio, senador y aspirante presidencial, abaleado por un pistolero de 15 años que hace pensar en el “niño sicario” Byron de Jesús Velásquez, que en 1984 asesinó al ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla.
En esa época no había dudas sobre los autores de un asesinato que traumatizó al país, partió en dos el gobierno de Belisario Betancur e inauguró una narcoguerra que aún no termina. Los objetivos primordiales eran claros: Pablo Escobar y el Cartel de Medellín y, poco después, los Rodríguez Orejuela y el Cartel de Cali. Hoy, una semana después del atentado en cuestión, aún no hay responsables de fondo identificados ni motivos que se conozcan.
La detención de tres sujetos involucrados en el complot debería absolver interrogantes. Y si el Gobierno ya tiene pistas claves sobre los autores intelectuales debería actuar de manera rápida y drástica. Ha sido el desafío más frontal a la capacidad investigativa del Estado en los últimos veinte años y la pronta captura de sus determinadores es una exigencia ciudadana.
Si el caso no avanza, o si se embolata en la burocracia judicial o policial, el enrarecido clima de confusión y rabia que respira el país se haría aún mas tóxico. No puede quedarse en el sicario de turno ni en los intermediarios que lo contrataron. Se trata de llegar a los verdaderos jefes de la estructura criminal que montó un operativo de claros propósitos desestabilizadores. Este no fue un acto aislado ni desprovisto de intenciones políticas.
Hay que preguntarse entonces: ¿quiénes y por qué? ¿A quiénes les conviene que haya más desestabilización en el país? ¿Quién planea un atentado que parecía diseñado para fracasar y cuyo ejecutor no saliera vivo? Carezco de elementos de juicio para hablar de nombres, pero aquí no faltan grupos armados de izquierda o derecha con tenebrosos antecedentes de asesinatos selectivos. Fuera de los conocidos y siempre mencionados (disidencias, elenos, clan del Golfo…), subsisten veteranos criminales como los de la Oficina de Envigado, que se sintieron ”traicionados” tras sus reuniones con voceros del presidente, entre ellos su hermano, en el marco del fracasado “Pacto de la Picota”.
******
Petro prefiere hablar de los mercenarios internacionales que asegura que quieren asesinarlo con el beneplácito de Estados Unidos y una ultraderecha que no ha identificado bien. Sobre el atentado contra Miguel Uribe, ha recomendado que se interrogue a los jefes de las “ollas” de barrios bogotanos donde fue reclutado el sicario detenido, mientras su ministro Benedetti dice que la ofensiva terrorista en el suroriente del país forma parte de una conspiración que incluye el atentado contra el senador Uribe Turbay.
Por su parte, la fiscal general Luz Adriana Camargo rechazó la propuesta de Petro de vincular a la ONU a la investigación y aseguró que su entidad avanza en el caso y es la llamada a resolverlo. Sacó del juego la proliferación de hipótesis y especulaciones de políticos y organismos varios y es de esperar que esté a la altura del reto. Para lo cual debe contar, eso sí, con la colaboración de las mejores agencias internacionales de inteligencia (FBI, CIA, M16, etc.).
Lo que sobran son condenas abstractas de la violencia y los adjetivos de siempre sobre las fuerzas del mal y los enemigos de la democracia. Lo que el Estado requiere con urgencia es mayor inteligencia preventiva y real capacidad de infiltración de las mafias criminales, que permitan anticipar sus acciones. Algo se ha avanzado, pero falta demasiado. La campaña electoral que ya calienta motores será una prueba de fuego para la fuerza pública y su capacidad para garantizar la seguridad ciudadana. Ya sabemos que en coyunturas como los comicios la ilegalidad armada aprovecha para incrementar su poder intimidatorio y corruptor.
A la delicada situación creada por el atentado se suma lo que comentaristas como Carlos Caballero han llamado el “destape autoritario” del presidente Petro con su convocatoria a una consulta popular por decreto y el anuncio de que impulsará una asamblea constituyente. Lo que alebrestará aún más un panorama ya bien crispado y confuso, sin que sea motivo para la zozobra colectiva.
Tendremos un fin de gobierno tumultuoso y tormentoso, pero esto es parte de la confrontación democrática, de la cual hay que erradicar toda incitación al odio o la violencia. Debe ser un compromiso solemne, pactado y público de todos los partidos políticos. Y entre más pronto, mejor.
P.S.: Si por acá llueve, en Estados Unidos no escampa. El asesinato “políticamente motivado”de la congresista de Minnesota coincidió con marchas en veinte ciudades contra las políticas migratorias y con el ascenso popular del gobernador de California, Gavin Newsom, crítico acervo de Trump y muy posible candidato demócrata a la presidencia.
La prensa ha comentado que Newsom, con pinta de actor de cine, es más alto, esbelto y joven que Trump. Rasgos que cuentan en la política a veces hollywoodesca de Estados Unidos, aunque se requerirá algo más para derrotar en la urnas a un monstruo carismático como Trump. Pero por la forma como lo ataca —insinuando que podría detenerlo— indica nerviosismo. “Si es tan machito, venga y me arresta”, le dijo Newson. La cosa pinta buena.
