Hace más de dos años comenzó una travesía inusual en Colombia: la construcción colectiva de una ley para modernizar nuestra capacidad científica y médica mediante el uso responsable de las tecnologías nucleares.
Lo que nació como una iniciativa de ciudadanos, expertos, académicos y congresistas de todos los colores políticos hoy está en peligro de desaparecer. Pero no por falta de argumentos ni de apoyo técnico, sino por el silencio y la inacción de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.
Se pregunta uno dónde queda el compromiso con la salud pública. No tiene sentido hablar de soberanía tecnológica si el Congreso prefiere guardar silencio cuando una ley puede marcar un punto de inflexión para cada uno de los y las pacientes que depositan sus esperanzas de vida en tratamientos y diagnóstico implementados en todos los demás países de Hispanoamérica.
Lo que se está dejando morir en el orden del día no es solo una propuesta legal. Es una posibilidad concreta de que Colombia deje de depender de importaciones costosas para tratar a sus pacientes con cáncer. Es la oportunidad de producir molibdeno-99, un isótopo que se convierte en tecnecio-99m, base de más del ochenta por ciento de los estudios de medicina nuclear en el mundo.
La Ley Nuclear es la única posibilidad de diagnosticar a tiempo y salvar vidas. Otros países de la región ya producen isótopos, forman personal y cooperan con el Organismo Internacional de Energía Atómica; Colombia, en cambio, se estanca, atrapada en discursos ambiguos y en una burocracia que no está a tono con el tiempo que vivimos ni con las necesidades modernas de la salud pública.
Esta ley permitiría modernizar la infraestructura, crear una arquitectura legal clara, alineada con altos estándares internacionales y conseguir que el actual reactor nuclear colombiano (IAN-R1) pueda abrirse como un reactor escuela al servicio de universidades y centros de formación, para que tengamos ingenieros, físicos y médicos nucleares capaces de impulsar una transición segura, ética y efectiva hacia una Colombia más preparada.
Mientras la ciencia avanza en el mundo, en nuestro país las decisiones se aplazan. Mientras otros legislan para el futuro, aquí se congela el debate. Y mientras miles de pacientes dependen de diagnósticos oportunos, aquí perdemos el tiempo por esa poca capacidad para el diálogo proactivo deponiendo egos políticos y conveniencias personales.
La Comisión Primera aún puede corregir el rumbo. Tiene en sus manos la posibilidad de hacer historia; puede ser el puente entre la ciencia y la política. Y puede también ser ese muro que detenga un esfuerzo ciudadano legítimo.
Cada día que pasa sin discutir la ley nuclear es una oportunidad perdida para tener mejores herramientas en la lucha contra el cáncer.
Como bien dice un reciente comunicado abierto de la Asociación Colombiana de Medicina Nuclear dirigido a la Cámara, “la adopción de la ley nuclear en Colombia representa un paso fundamental para modernizar la legislación que regula las aplicaciones pacíficas de la energía nuclear en Colombia, alineándose con estándares internacionales”. El documento explica que “más allá de la regulación, esta ley fortalecerá el sistema de seguridad y mejorará el acceso a todos los servicios de medicina nuclear”.
Esta especialidad es responsable del treinta por ciento de las aplicaciones en diagnóstico y tratamiento del cáncer. Se trata, pues, de “una inversión en salud, innovación y bienestar para todos los colombianos”.
