El miércoles 1 de diciembre de 2021 la entonces ministra de comercio, Ximena Lombana, posesionó al superintendente de sociedades Billy Escobar. La ministra de Iván Duque publicó ese día tres fotos de la toma de juramento y un elogioso texto en el que señala que el funcionario es “abogado con 30 años de experiencia en administración, gestión de instituciones de educación superior y docencia”.
En agosto del año pasado terminó el gobierno Duque y la ministra tuvo que dejar su cargo, pero inexplicablemente el superintendente de sociedades se fue quedando hasta nuestros días.
La doctora Ximena Lombana es ahora miembro de la junta directiva del Grupo Sura. A esa posición llegó porque fue propuesta por el Grupo Gilinski. Mientras tanto el superintendente de sociedades, heredado de la administración Duque, sigue hoy al mando de una entidad que tiene que decidir aspectos cruciales de la toma de Nutresa, Sura y Argos que intentan los Gilinski. Ellos han sido repetidamente beneficiados por decisiones de la Supersociedades.
Hablemos de apenas uno de los favorecimientos.
Algunos funcionarios de la Superintendencia tienen facultades judiciales para dirimir diferencias entre compañías. Uno de esos funcionarios se llama José Nicolás Mora y tenía que decidir una demanda de los Gilinski que buscaba impedir que miembros de junta, cercanos a Sura, votaran sobre la venta de las acciones que ese grupo tiene en Nutresa.
El juez Mora, que ha entregado versiones encontradas sobre el reparto del caso, obró con una celeridad inédita en su trámite.
La demanda de los Gilinski contra la decisión de la Asamblea de Sura llegó al despacho de José Nicolás Mora el miércoles 2 de noviembre. Era un escrito de 121 páginas y 20 folios de anexos. El funcionario, después de veloz lectura, la declaró admitida ese mismo día a las 6:51 de la tarde. Siguió trabajando a toda máquina y a las 11:08 de la noche dictó un auto fijando caución para decretar las medidas cautelares que querían los Gilinski.
Para atender la demanda de los señores banqueros, la Supersociedades no solo se acostó tarde, sino que se levantó temprano. A las 7:40 de la mañana, antes del inicio de la jornada laboral, la Oficina de Apoyo Judicial notificó por estado el auto que fijó la caución.
Ese mismo día a la 1:34 de la tarde, el abogado de los Gilinski renunció a los términos de ejecutoria del auto. Ocho minutos después, a la 1:42, el mismo abogado le pidió al juez Mora que notificara a Deceval, filial de la bolsa de valores. El eficiente juez solo se demoró dos minutos en satisfacer la petición del abogado que fue oficiada a la 1:44 de la tarde.
A las 4:30 de la tarde el apoderado de los banqueros aportó la caución prendaria que le había sido expedida a las 4:04. Veintiún minutos después, a las 4:51, el juez Mora decretó la mayoría de las medidas cautelares pedidas por los Gilinski.
El proceso continuó a galope tendido al día siguiente. A las 7:28 de la mañana la Oficina de Apoyo Judicial elaboró la notificación por estado. A las 10:25, los demandantes pidieron corregir los autos y el juez los entregó corregidos a las 11:48.
Luego en apenas nueve minutos, hizo cuatro comunicaciones para los demandados con el objeto de ejecutar las medidas cautelares.
En medio de la extenuante carrera, el juez decidió volver reservado un proceso que es público. Aunque el Código General del Proceso ordena que en las notificaciones deben aparecer los nombres del demandante y el demandado; en las notificaciones de la Supersociedades ese dato apareció como “Reservado”. 
La insólita velocidad del trámite no tiene antecedentes en la Superintendencia. La propia entidad, en respuesta a un derecho de petición, reconoció que jamás había dado respuesta o proferido autos en los tiempos récord en los que fue tramitada la demanda de los señores Gilinski.
