Los últimos días he pasado la mayor parte de mi tiempo pensando en temas de salud. Raquel, mi hija mayor, está padeciendo una recaída en la leucemia que creíamos curada para siempre. Los retos son enormes, también lo son las esperanzas y las posibilidades. Pasaron cinco años desde su última quimioterapia y sentíamos que su cáncer era cosa del pasado pero volvió. Mi esposa y yo habíamos dejado de leer estudios de oncología, que seguíamos con devoción la primera vez, y al volver a ellos nos encontramos –para mi consuelo– con un enorme avance de la ciencia. Lo que antes era prácticamente una condena a muerte ahora es una complicación grande pero superable.
A la vez he tenido que investigar mucho sobre el funcionamiento de los seguros de salud en Estados Unidos, de las coberturas que brindan a tratamientos costosos y medicinas de última generación incosteables para nosotros.
En medio de estas circunstancias, logré la oportunidad de hacer la primera entrevista a la ministra Carolina Corcho sobre la reforma al sistema de salud en Colombia. Para preparar el reportaje tuve que hablar con representantes de pacientes, médicos, administradores hospitalarios, dirigentes políticos y ejecutivos de las empresas promotoras de salud, EPS. La mayoría de esas entrevistas telefónicas o por videoconferencia las hice desde las salas de espera del hospital donde está mi hija.
Reportar sobre un tema en el que uno mismo está sumergido, aunque sea en otro país y en un modelo diferente, le agrega un valor vivencial al trabajo pero también obliga a exigirse más para que lo emocional no prevalezca sobre lo racional. En Colombia, la discusión sobre la reforma a la salud se ha convertido en debate polarizante entre quienes sostienen que tenemos un sistema ideal que merece ser conservado para siempre y los que afirman que es uno de los peores del mundo.
La verdad está en algún lugar entre esos dos puntos.
La ley 100, aprobada en 1993, hace 30 años, consiguió avances innegables en la cobertura de salud logrando subir, de acuerdo con las estadísticas oficiales, del 31,4 al 95 por ciento la población cubierta con servicios médicos. Eso es notable. También mejoró la eficiencia en el gasto. Algunas EPS alcanzaron progresos considerables en el manejo de los recursos gracias a la labor de auditoría, negociación de tarifas y gestión de riesgos.
No todo ha sido bueno. Otras EPS animadas por la codicia han saqueado los recursos de la salud a través de telarañas empresariales con las que se autocontrataban con plata pública, elevaron el nivel de corrupción y sus directivos se dieron la gran vida mientras maltrataban a los usuarios. Los servicios de salud empezaron a ser negados, se hizo más difícil conseguir citas médicas con especialistas, muchos tratamientos o medicinas solo se conseguían a través de los jueces mediante acciones de tutela, algunas de las cuales se fallaron cuando el paciente ya había muerto.
Estos son hechos que ameritan una revisión estructural del sistema de salud. El país tiene que repensar si es buena idea que los recursos públicos sean administrados por empresas privadas; si el aporte de esas empresas vale lo que cobran por su intermediación y si eso está contribuyendo o no a la calidad del servicio para los pacientes.
Las EPS, además, están pasando por situaciones financieras difíciles por demoras en el pago de millonarias deudas que el Estado tiene con ellas y también porque quizás empieza a ser evidente que el modelo actual está a punto del colapso.
Por otro lado, es válida la preocupación por la incompetencia y falta de transparencia por parte de entes públicos que ha sido la norma en Colombia. Es imposible olvidar la ineficiencia del viejo Seguro Social que era la única alternativa de salud para millones de colombianos en los años 90. Nadie quiere volver a eso.
Es necesario que los médicos y trabajadores de la salud sean remunerados justamente y tengan oportunidades de estudio e investigación para que avance la calidad de nuestra medicina.
Colombia también debe revisar el impacto que tiene sobre el sector el costo de algunos medicamentos. En el país las transnacionales farmacéuticas gastan más en abogados que en investigación científica. Les interesa más extender patentes para mantener utilidades que salvar vidas. Hace unos años, el entonces ministro de Salud, Alejandro Gaviria, dio una importante batalla con Novartis para lograr bajar el precio del Glivec, esencial para el tratamiento de algunos tipos de cáncer. La presión al gobierno de Colombia para mantener los privilegios de la multinacional arrancó desde Washington con un senador estadounidense patrocinado por ellos.
El país necesita una reforma de la salud. Es un tema que debe abordarse pensando más en el bienestar de los pacientes y en la sostenibilidad del modelo que en las ideologías.
Aclaración: el señor Carlos Gustavo Palacino, expresidente de Saludcoop, fue condenado por el delito de peculado por apropiación a favor de terceros y no por fraude procesal, estafa y falsedad, como lo dije equivocadamente en anterior columna. Me reafirmo en todas las opiniones que he expresado sobre ese delincuente.
