
Desde 2024, la CAVR ha atendido a más de 748 loras. El 57 por ciento de ellas son víctimas de casos de tráfico de fauna.
Crédito: Área Metropolitana del Valle de Aburrá
Sin vuelo, ni libertad: la cruel realidad de las aves en cautiverio en Colombia
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El caso de la lora frentiamarilla que pasó más de 32 años en cautiverio avivó la discusión frente al tráfico de especies en el país, una realidad que somete a los animales a situaciones de estrés físico y emocional extremos.
Por: Paula Ricaurte

Hace unos días se viralizó el caso de una lora frentiamarilla que llegó en estado crítico y con graves síntomas de encierro prolongado al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de fauna silvestre del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (CAVR). Su caso conmovió a miles de usuarios de redes sociales, pues la lora –que había pasado más de 32 años en cautiverio–, llegó con el pico largo y deformado, y con un notable sobrecrecimiento en sus uñas, lo que le provocó una inflamación crónica y dolorosa en sus patas.

El caso encendió las alarmas frente al fenómeno de tráfico de especies en Colombia, una práctica que afecta principalmente a los loros y que los condena a una vida sin libertad. Se trata de un ciclo de victimización que empieza cuando se le arrebata a estos animales la posibilidad de desarrollarse en el ecosistema al que pertenecen y que genera daños que muchas veces son irreversibles.
Esta situación es más común de lo que se cree, pues la lora frentiamarilla es uno de los especímenes de loros más explotados en el fenómeno del tráfico de fauna. El cautiverio les provoca heridas físicas y emocionales, algunas de ellas visibles, como lo son el sobrecrecimiento del pico y las uñas.
“Las loras, por naturaleza, son aves muy sociables que permanecen en grandes comunidades y familias. Además, encuentran en la naturaleza diversos elementos que les permiten sostener sus condiciones adecuadamente. Es normal que usen su pico para roer madera o extraer semillas y frutos con los que se alimentan. Cuando no tienen las condiciones para hacer esto, es muy posible que sufran de un crecimiento desproporcionado, como vemos en esta situación”, explica Jessica Paola Melo, activista por los derechos de los animales.

La psicóloga y especialista en bienestar animal y etología, Luisa Castañeda, asegura que este sobrecrecimiento también se puede deber al ambiente en el que se desarrolló el animal. “Seguramente creció en un ambiente estéril, es decir, en una jaula poco enriquecida con ramas, palitos u objetos que pudiera utilizar para jugar o masticar como lo hacen normalmente los loros en entornos silvestres. Si hubiese crecido en su hábitat natural, el pico se desgastaría de forma natural con las cortezas de los árboles o con las semillas duras, pero como no tuvo la oportunidad de interactuar con estos elementos, es por eso que se da un crecimiento desproporcionado y anormal”, asegura.
Su caso es un claro ejemplo de las vulneraciones que sufren estos animales cuando son sometidos a las prácticas de comercio ilegal. “A la lora se le violó su derecho a la libertad –entendido en este caso, a vivir y desarrollar su proyecto de vida en su entorno natural–, y su derecho a no sufrir de hambre ni de sed, pues seguramente en la valoración médica se le detectó desnutrición y deshidratación”, afirma el abogado y defensor de los derechos de los animales Luis Domingo Gómez.
Gómez también dice que se le vulneró su garantía a no sufrir malestar físico ni dolor, y a no padecer enfermedades provocadas por negligencia o descuido. “El hecho de tener las uñas y el pico excesivamente largos es muestra de esa vulneración”, denuncia.
Un círculo interminable de victimización

El tráfico de fauna silvestre es un proceso que comienza cuando se captura a los animales y se los aleja forzosamente de su hábitat natural. Según Melo, este es uno de los “pasos” más violentos, pues quienes lo realizan suelen provocar fuertes estragos en las madrigueras de los animales y utilizar herramientas que les infligen mucho daño.
“En ocasiones asesinan a muchos de ellos para capturar a los más pequeños y el transporte de estos animales implica un gran riesgo porque suelen ser sometidos a altas situaciones de estrés: los introducen en tubos, los dopan, los amarran y les hacen cosas terribles que les provocan asfixia y, en muchos casos, la muerte”, explica la experta.
El infierno no termina ahí, pues una vez llegan al lugar donde se comercializan, sufren situaciones de estrés asociadas con el hecho de no estar en el entorno adecuado para desarrollarse. Según Melo, las personas que tienen a los animales bajo cautiverio no tienen las condiciones para darles lo que necesitan, lo que provoca fuertes consecuencias emocionales.
“Por eso, los procesos de rehabilitación que realizan las autoridades ambientales son supremamente largos y complejos. Restablecerles sus modos de vida, enseñarles a ser lo que nunca pudieron ser son procesos complejos, muchas veces no exitosos, porque a veces las consecuencias son irreversibles”, destaca Melo.
El principal motivo para no tener a estos animales en cautiverio es, según Gómez, que se trata de una práctica que está prohibida y que es ilegal. “El artículo 248 del Código Nacional de Recursos Naturales es claro en señalar que la fauna silvestre que se encuentra en el territorio es propiedad de la nación, razón por la cual está fuera de comercio”, asegura.
Además, la Corte Constitucional reiteró en la Sentencia C-408 de 2024 que no es posible tener a un animal silvestre endémico como animal de compañía o mascota.
¿Cómo denunciar el tráfico de especies?

Dado que se trata de una práctica ilegal, el tráfico de especies puede ser denunciado a través de distintas entidades. Según Gómez, la primera y la más común es llamando a la línea 123 de la Policía Nacional, la cual cuenta con una unidad de protección ambiental encargada de atender estos casos.
Las personas también pueden denunciar estos casos llamando a la Fiscalía General de la Nación o contactándose con la Secretaría o dependencia ambiental del municipio en que se encuentren. “Las autoridades ambientales regionales son corporaciones autónomas que tienen la obligación de proteger la fauna silvestre y tener un andamiaje para proteger la vida de estos animales. Ellas están obligadas a hacer un proceso que consiste en dos pasos clave: el retiro de los animales y el comienzo de su rehabilitación”, asegura Melo.
Es importante tener en cuenta que incurrir en este delito tiene consecuencias penales y administrativas, y que además pueden ser sancionados por las autoridades ambientales con multas. “Pero más allá de todo esto, necesitamos ponernos ‘en las patas’ o ‘en las plumas de estos animales’ y ser más empáticos con ellos”, destaca Melo.
