ONU denunció amenazas contra defensores del páramo Santurbán: hostigadores estarían vinculados a la minería en Santander

Un grupo de relatores especiales de la ONU denunció actos de hostigamiento e intimidación contra integrantes del Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán. Según una carta enviada al Gobierno de Colombia, las amenazas tendrían relación con el trabajo que estas personas han adelantado en defensa de los derechos humanos y ambientales frente a la actividad minera en el departamento de Santander.

Suscríbase aquí si le gusta el periodismo independiente. CAMBIO, la verdad siempre

De acuerdo con los hechos denunciados en la misiva, el pasado 18 de octubre el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán lideró una manifestación pacífica en la ciudad de Bucaramanga, con la participación de aproximadamente 20.000 personas.

Un mes después, la entonces ministra de Ambiente, Susana Muhamad, anunció que se realizaría una consulta pública para definir una Zona de Reserva Temporal de recursos naturales renovables en el páramo. Desde entonces, el comité ha apoyado activamente esta iniciativa, que ha sido rechazada por sectores de la industria minera.

La situación se tensó en diciembre, cuando empezó a circular por Facebook un panfleto digital del autodenominado Comité Resistencia Soto Norte. El panfleto afirmaba que, debido a la propuesta de la zona de reserva, se cerrarían los sectores de El Tanque y El Mortiño, y que estaría “prohibida la entrada de personas extrañas a la provincia”. Además, señalaba a cuatro personas, entre ellas Mayerly López Carreño y Hernán Alberto Morantes, integrantes del comité, como personas no gratas, acusándolas de “querer adueñarse a la fuerza del oro de la provincia”.

“Tememos que el señalamiento de las personas defensoras de los derechos humanos en el panfleto del 4 de diciembre de 2024 se relacione directamente con su trabajo para defender el ambiente en el páramo de Santurbán y los derechos humanos de los habitantes del departamento de Santander, y que el hostigamiento provenga de personas vinculadas a la extracción minera en la región”, dice la carta.

Por su parte, Mayerly López, en diálogo con CAMBIO, dijo que los integrantes del comité no solo habían sido amenazados, sino también fueron señalados de tener vínculos con grupos al margen de la ley sin ningún tipo de pruebas. 

“Independientemente de si se está de acuerdo o no con los proyectos mineros, ellos tienen sus intereses por los negocios, nosotros por el agua, pero eso no puede ser un motivo para estar amenazando, para estar señalando y vinculándonos con grupos al margen de la ley”, manifestó López. 

En respuesta, el Gobierno colombiano remitió una carta a la relatoría para informar que la Defensoría del Pueblo organizó en abril un encuentro con la Fiscalía, la Procuraduría y la Policía con el fin de tramitar las denuncias presentadas por los defensores a raíz de las amenazas. Entre ellas, una denuncia penal por amenaza, calumnia e injuria contra miembros del Comité de Santurbán ante la Fiscalía. 

¿Quiénes estarían detrás de las amenazas?

Según los relatores especiales de la ONU, el panfleto fue compartido por personas con presuntos vínculos a la extracción minera en el páramo de Santurbán y con el Proyecto Soto Norte, operado por la empresa Aris Mining, con sede en Canadá y la firma MDC Industry Holding Company LLC (Mubadala), de Emiratos Árabes Unidos.

Entre los posibles responsables, según la misiva, estarían un exalcalde del municipio de California (Santander), pariente del actual mandatario local, y el representante legal de la empresa minera Calimineros, que tiene un subcontrato de formalización con la Sociedad Minera de Santander S.A.A (Minesa), propiedad de Aris Mining y MDC Industry Holding. 

También, entre las acciones legales radicadas ante las autoridades, hay dos quejas disciplinarias por criminalización y estigmatización presentadas ante la Procuraduría Regional de Santander contra el secretario de Gobierno del municipio de California y el Ejército. 

“Después de que se hacen estos llamados por parte de las instituciones y por parte de la ONU, sí ha cesado ese hostigamiento de estas personas que tienen algún relacionamiento con las empresas. Entonces, esto sí demuestra que había y hay una relación directa con el interés de estas multinacionales de explotar Santurbán”, dijo López. 

Además de Colombia, la relatoría de la ONU envió cartas a los gobiernos de Canadá y Emiratos Árabes Unidos, así como a las empresas Aris Mining Corporation y MDC Industry Holding, el pasado 6 de marzo. Estas comunicaciones permanecieron confidenciales durante 60 días, en espera de las respuestas con el seguimiento del caso. Solo el Gobierno colombiano respondió el pasado 8 de mayo. 

“El hecho de que Canadá aún no responda a las relatorías y expertos de la ONU lo dice todo. Canadá debe priorizar a las personas defensoras del ambiente del Comité de Santurbán y su lucha por proteger el agua”, expresó Viviana Herrera, coordinadora del Programa para América Latina de Mining Watch Canadá, en un comunicado del Comité.

Por su parte, Jen Moore, investigadora asociada del Institute for Policy Studies (IPS), declaró: “Colombia es uno de los países más peligrosos para defender el agua y la vida frente a proyectos extractivos, por lo que urge la actuación inmediata de los Estados y las empresas para frenar la estigmatización y garantizar la seguridad del Comité”.