Transición energética en peligro

Por: Presidente de Acolgen, Natalia Gutiérrez Jaramillo

La transición energética, en el marco de una complementariedad eficiente entre todas las tecnologías de generación disponibles, requiere que tanto los gobiernos como el sector privado hagan esfuerzos a lo largo del tiempo. Y puedo contar que los generadores de energía eléctrica, por ejemplo,  han invertido a riesgo propio 140 billones de pesos desde 1994, para liberar recursos públicos que el Gobierno destina a otros sectores que necesitan subsidios e inversión estatal.

Pero quiero hacer un repaso por los avances de Colombia en materia de transición energética. Uno de los pasos más recientes para la transición energética se dio con las Leyes 1715 de 2014 y 2099 de 2021, las cuales crearon una serie de incentivos para la incursión de fuentes no convencionales de energía (FNCER) en nuestra matriz energética. Y estas fuentes FNCER son principalmente energía solar y eólica. 

Estos beneficios lograron que a partir del año 2015 se desarrollaran en el país una gran cantidad de proyectos de generación de energía con fuentes no convencionales de energía renovable, los cuales conjugan inversión pública y privada, nacional e internacional, para lograr los propósitos que no son solo de Colombia sino del mundo entero.

Sin embargo, quiero llamar la atención en un aspecto que nos preocupa y que podría resultar en entorpecer este proceso de transición energética que venimos desarrollando en Colombia. Con lo anterior hago referencia a que muchos de esos beneficios se están desdibujando con la reciente reforma tributaria que creó un mínimo de tributación del 15 por ciento llamado Tasa de Tributación Depurada (TTD), lo que va en contra del impulso a transición energética y el equilibrio financiero de los proyectos de FNCER, según las Leyes 1715 y 2099. 

Es importante no perder de vista que muchos de los proyectos de FNCER dependen de estos beneficios tributarios para que su tasa interna de retorno (TIR) sea positiva y sean viables para sus inversionistas.

Y como si la TTD no fuera un golpe lo suficientemente fuerte para estos proyectos, el Plan Nacional de Desarrollo, que actualmente se debate en el Congreso de la República, contempla el aumento de las transferencias que debe hacer el sector eléctrico de un 1 a un 6 por ciento para las empresas generadoras de energía a partir de fuentes no convencionales. 

Estos dos aspectos podrían afectar el equilibrio financiero de los proyectos FNCER, que son el centro de la transición energética y los cuales ya vienen siendo afectados por una serie de situaciones fuera de su control, asociadas a la conflictividad social, temas de seguridad en los territorios y retrasos en la construcción de infraestructura de transporte, no imputables a los agentes que los desarrollan, entre otras

En conclusión, la proliferación de estas normas que desconocen todo el esfuerzo que se ha hecho para la transición energética en normatividad anterior, está anulando los avances en términos de reglas de juego para este proceso. 

El llamado al Congreso y al Gobierno es concreto: debe ser prioridad revisar la pertinencia de una disposición que, bajo el loable objetivo de beneficiar a las comunidades con más recursos, puede terminar perjudicando a estas y al país, si los proyectos FNCER pierden su punto de equilibrio y no se desarrollan.