En Colombia somos campeones mundiales en hipocresía. Nos encanta tapar el sol con un dedo y prohibir en el papel lo que consideramos reprochable en nuestra conciencia colectiva. Todo esto, sin hacer el esfuerzo –incómodo muchas veces– de entender qué sucede en el mundo real y por qué. Esa miopía se ve reflejada en nuestra incapacidad como país de cuestionar desde dogmas como la guerra contra las drogas hasta pequeñas realidades aparentes como la autenticación de un documento como señal inequívoca de su importancia. Con esas anteojeras hemos abordado el debate sobre la participación en política de los funcionarios públicos, una prohibición que nos tiene en el peor de los mundos.
Desde el plebiscito de 1957, en Colombia se oye hablar sobre los límites a la participación en política de los agentes del Estado. Sin embargo, más allá de contados episodios –entre los que cabe destacar, como lo recuerda Ramiro Bejarano en su columna en El Espectador, el exhorto en 1970 del procurador Mario Aramburu al presidente de la República Carlos Lleras por pronunciar un discurso contra Gustavo Rojas Pinilla– esa norma no ha sido más que un saludo a la bandera, especialmente cuando se trata de funcionarios del primer nivel.
Sin consecuencia alguna quedaron grabados en la historia episodios como el de Álvaro Uribe llamando “caballo discapacitado” a Antanas Mockus en el marco de la campaña presidencial de 2010 o el de Claudia López señalando al Centro Democrático de engañar a los ciudadanos para hacerlos votar “emberracados”. La situación no ha mejorado. En menos de una semana, el presidente de la República hizo dos intervenciones públicas descalificando propuestas de campaña de Gustavo Petro y el alcalde de Medellín dejó entrever su simpatía por el candidato de Colombia Humana. “Lo que es obvio no se pregunta”, le dijo Daniel Quintero a La FM. Por supuesto, no pasará nada.
Al pantano de impunidad se suma ahora la nueva interpretación de la procuradora Margarita Cabello de la norma que, según alertó el profesor Bejarano, daría “carta blanca a los funcionarios para que refuten lo que les disguste de las propuestas de los candidatos”. Increíble. En fin, tanta gente se ha pasado la norma por la faja que cualquier intento por hacerla cumplir puede ser leído como un acto político de la autoridad disciplinaria. Una escena cantinflesca.
Ante esta sin salida valdría la pena reconocer la existencia del elefante en el cuarto y replantear la prohibición. Ante la imposibilidad del Estado de hacer cumplir el artículo 127 de la Constitución, tal vez el mejor camino sea abrir la puerta a la participación en política de los funcionarios de elección popular, con unas reglas de juego claras que incluyan, entre otras cosas, la imposibilidad de usar recursos del Estado para hacer proselitismo. Si sinceramos la discusión, al menos podremos poner sobre la mesa alternativas distintas a la vieja receta de curarnos en salud con normas de papel.
