Considero gravísimo que este proyecto permita asociar opiniones críticas o, incluso, actos violentos nacidos de tensiones sociales, con actos de terrorismo o extremismo violento.
En 2017 la Asamblea Constituyente venezolana aprobó la llamada ley contra el odio por la convivencia pacífica y la tolerancia. La ley buscaba, presuntamente, detectar y contrarrestar los discursos de odio capaces de incentivar la violencia y la zozobra y de afectar la convivencia. Todo esto, naturalmente, en medio de un discurso gubernamental intolerante y de brutales políticas de represión que incluyen desde detenciones arbitrarias hasta torturas sistemáticas. Es el supuesto discurso del amor como parte de la estrategia de guerra contra adversarios políticos.
La ley es tan ambigua como útil para perseguir a cualquiera que critique al gobierno. Veamos: ¿qué se entiende por una expresión de odio?, ¿cuándo una expresión puede despertar zozobra? La ambigüedad en aspectos de tan categórica importancia produjo los resultados esperados: el Gobierno se dedicó a detectar a quienes realizaran manifestaciones críticas y detuvieron a varios jóvenes por convocar a protestas o emitir mensajes “en perjuicio del presidente Maduro”. Agentes de la Dirección de Contrainteligencia Militar sacaron de circulación callejera a varias personas que criticaron políticas del gobierno, entre ellos médicos y enfermeros que cuestionaban la versión oficial sobre las políticas de Covid-19. La ciudadanía quedó notificada
Nicaragua siguió el ejemplo y aprobó una reforma constitucional contra los “delitos de odio”. Naturalmente, constituyen delitos de odio parodiar al presidente, hacer reportajes para desmentir verdades oficiales, denunciar las violaciones de derechos humanos o la manera como el régimen ha sofocado cualquier expresión democrática.
Hace pocos días el gobierno colombiano presentó para la discusión un borrador de decreto para la prevención del terrorismo. El decreto establece una presunta estrategia para la prevención de la radicalización o extremismo violento, destinada a desincentivar el odio y el uso de la violencia, o cualquier otro medio para generar zozobra y terror en la población. Esta estrategia propone crear campañas pedagógicas y de comunicación dirigidas a jóvenes en situación de riesgo, para desincentivar la incitación al odio, dotar de legitimidad a la acción del Estado y generar conciencia sobre la inadmisibilidad de la violencia como medio de acción política. Para adelantar estas tareas crea, entre otras cosas, el Centro Integrado de Información e Inteligencia contra el Terrorismo – CI3T.
Lo primero que uno se pregunta es: ¿qué entiende el Gobierno por extremismo violento? ¿Estableció la ISIS células terroristas islámicas en Colombia? ¿Es esta una estrategia adecuada para afrontar a los carteles del narcotráfico o a los grupos criminales que explotan ilícitamente los recursos naturales o despojan a los campesinos en los territorios? Porque evidentemente estas son las verdaderas y más importantes amenazas a la vida y la seguridad de las personas en nuestro país.
¿De qué extremismo se está hablando en el contexto de esa violencia actual? ¿Cree en serio el Gobierno que los jóvenes vinculados a estos grupos criminales lo hacen por odio al Estado o quizás porque no tienen conciencia sobre la “inadmisibilidad de la violencia como medio de acción política”? ¿A qué acción política se refiere el decreto?
Me parece que del texto del proyecto surge algo claro: uno de los objetivos de la estrategia militar antiterrorista son los jóvenes que incentivan la participación en protestas hostiles al Gobierno. En lugar de hacer su trabajo para generar mayor legitimidad, el Gobierno busca adoptar peligrosas y antidemocráticas estrategias de focalización para que los jóvenes no lo odien y de paso para desincentivar el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión o la protesta.
Considero gravísimo que este proyecto permita asociar opiniones críticas o, incluso, actos violentos nacidos de tensiones sociales, con actos de terrorismo o extremismo violento. La norma de marras, tal como también lo hacen la ley venezolana y la nicaragüense, viola claros estándares internacionales de derechos humanos y solo puede servir para propósitos autoritarios.
El gobierno la debería archivar de inmediato.
