¿Sabía usted que Colombia es uno de los países con mayor consumo de bebidas azucaradas y que ese alto consumo, cuando se vuelve habitual, puede producir enfermedades no transmisibles como hipertensión, diabetes tipo 2 y enfermedades coronarias? ¿Sabía que la OCDE, la FAO, UNICEF, la Organización Mundial de la Salud, el Programa Mundial de alimentos y diferentes comisiones de expertos han recomendado al país implementar el impuesto saludable a las bebidas azucaradas y que cada intento por obedecer ese consejo ha sido sistemáticamente hundido? Si no lo sabía, es bueno que lo sepa. Y también que esta semana tenemos una oportunidad de oro para que, al fin, la industria de bebidas endulzadas tribute una cifra que, por una parte, desestimule este nocivo consumo y, por otra, aporte para compensar el costo que causa a la salud pública.
Sin embargo, la cosa no es tan dulce como una gaseosa. El Gobierno, en cabeza del ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, no lo incluyó en la Reforma Tributaria. Varios congresistas lo han propuesto y existe la posibilidad de que se tenga en cuenta esta semana en el último debate en Cámara y Senado. Pero el ministro Restrepo no ha tomado una posición clara y pública frente a este tema, como tampoco es clara la de la mayoría de congresistas. La reforma que cocinan tiene 52 ponentes y 26 coordinadores ponentes: como la gaseosa, es la fórmula perfecta. Pero esta vez para diluir responsabilidades y que la opinión pública nunca sepa por qué ni quiénes ni cómo hundieron el impuesto.
Vale la pena recordar que desde 2005, con la primera Encuesta de Situación Nutricional, Colombia se dio cuenta de que su principal problema en materia nutricional era la malnutrición. Las siguientes encuestas —en 2010 y 2015— reiteraron la grave tendencia. En las últimas cifras ya un 56,4% de los colombianos adultos padecen exceso de peso, lo mismo que uno de cada cuatro niños entre cinco y doce años. Según datos del DANE, en menores de entre nueve y 18 años se concentra el mayor incremento de consumo de bebidas azucaradas.
Imponer el tributo a las bebidas endulzadas es pisar callos muy poderosos en el mundo de la industria colombiana. Es meterse con los verdaderos cacaos económicos: con el poder que ha conseguido su poder, valga la redundancia, con la venta de gaseosas sin pasar por mayores esfuerzos fiscales.
Esos grupos están interesados en que las bebidas azucaradas no paguen un impuesto que compense el daño que hacen a la salud y esgrimen mentiras abiertas cada vez que salta a la luz la responsabilidad tributaria que deberían asumir. Convierten mágicamente a las gaseosas en bebidas de primera necesidad: dicen que ese tributo afectaría a los hogares de menores ingresos, que son los que más las consumen. Lo que no aclaran es que no figuran en sus prioridades: los alimentos que más peso tienen en sus despensas son el pollo, los aceites, la leche, el pan y el arroz. Afirman que no existe evidencia de sus efectos nocivos, cuando abundan pruebas de lo contrario: no en vano 41 países, 7 ciudades y una comunidad estatal lo han implementado. Aseguran amañadamente que el Estado no debe intervenir en decisiones de consumo, cuando filosóficamente este tipo de impuestos corrigen las fallas del mercado y la forma abusiva en que las marcas inducen a las personas, con bombardeos publicitarios que nunca son claros, a tomar decisiones que van en contra de su salud. Explican falsamente que la genética es la gran causa de la obesidad, como si los patrones de vida no saludables no tuvieran incidencia directa en el origen de enfermedades. También dicen que atacar a la industria es poner en riesgo 188.000 empleos del sector azucarero que produce 2.203.982 toneladas de azúcar. Pero esta producción en parte es para el consumo directo en hogares, que no será gravado, como tampoco las exportaciones (un 32%). Por otro lado, las bebidas ultraprocesadas ya vienen sustituyendo el azúcar de caña por edulcorantes artificiales como glucosa, sucralosa, aspartamo, acesulfamo, sacarina y jarabe de maíz.
Por encima de esas mentiras argumentativas se deben poner las verdades comprobadas. La FAO y la OPS han destacado los riesgos para la salud de los productos industrializados, incluidas bebidas con azúcares y edulcorantes añadidos. Y el impuesto no solo desestimula el consumo de alimentos nocivos para la salud, sino que incrementa las arcas del país y le permite multimillonarios ahorros al sistema de salud. Es evidente que se trata de una medida favorable para todos. Salvo, claro, para los dueños de las industrias de bebidas, para quienes los gobiernos parecen gobernar.
La implementación del impuesto puede hacerse de forma progresiva: empezar por una tasa del 15% e incrementarla para llegar, en tres años, al 20 o 25%.
Si este impuesto hubiera comenzado en 2016 tendríamos 18.000 casos menos de diabetes tipo 2. Se trata de pacientes que, por lo demás, habrían estado menos expuestos a consecuencias severas frente al contagio del covid-19. Su mortalidad se habría disminuido en 700 personas año. Además, el sistema de salud se habría ahorrado 220.000 millones de pesos en gasto anual en atención a esta enfermedad.
Si nuevamente le toman del pelo al impuesto a las bebidas endulzadas, condenaremos a millones de familias a múltiples enfermedades. Por esto, los invito a que enfoquen su mirada, esta semana, en el ministro de Hacienda. Exijámosle poner la cara al país frente a este asunto. Exijámosle que nos diga lo que piensa. Si deja pasar esta oportunidad para llenar las arcas del Estado, que lo diga en voz alta. Queremos saber a cuáles intereses obedece.
En la página www.villanabebidaazucarada.org están los estudios que soportan científicamente lo que todos sabemos. Las bebidas azucaradas producen riesgos en la salud y desestimularlas a través de tributos es una decisión sana para todos: tributos estatales y salud pública. Por eso los invito a que nos ayuden a preguntarles al ministro y a los congresistas de qué lado están con los numerales #DeQuéLadoEstá frente al #ImpuestoSaludableYA. Tenemos derecho a saber si están de nuestro lado o del de los intereses económicos por culpa de los cuales suelen dar declaraciones como las bebidas azucaradas: gaseosas.
*Es una de las fundadoras de Red PaPaz, desde la Asociación de Padres de Familia del Gimnasio La Montaña en febrero 2003. Desde entonces es su Directora Ejecutiva. Participa en varias juntas e iniciativas desde su compromiso con la garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes.
