Francisco Barbosa ha sido un fiscal decadente. Nada hizo para diezmar la criminalidad en Colombia, pero sí mucho para proteger a sus amigos. Utilizó —de manera obvia, innegable e indebida— los recursos públicos y gabelas de su cargo. Empleó el poder de persecución del Estado para acosar a periodistas y a los soplones que les permiten hacer su trabajo.
Y son curiosas la reacciones que generan las indagaciones de la prensa sobre las actuaciones del fiscal. No hay un solo foro de las redes que no se llene de preguntas: “¿Y qué se puede hacer?”. No hay semana en que no le pregunten a Daniel Coronell, en sus en vivos con la gente después del Reporte Coronell, quién juzga al fiscal y por qué nunca pasa nada.
El más reciente escándalo de corrupción que explotó en las narices de Narciso es la investigación del columnista Yohir Akerman sobre los abusos en el cuidado de sus perritos. El funcionario le confesó a RCN que las revelaciones le causaron risa.
Y qué otra cosa iría a producir todo esto en Barbosa, si cualquier abuso constatado bajo su mando quedará impune ante el ojo indecoroso y complaciente de la Comisión de Acusaciones, el órgano llamado a acusarlo. Claro que camina fresco y campante y podrá darle esquema de protección a cada uno de los ácaros pobladores de los sofás de su casa sin que nada pase. Porque la verdad es que a Barbosa no lo juzga nadie.
La ineficacia de la comisión de acusaciones en el enjuiciamiento de los funcionarios importantes —a los abogados nos gusta llamarlos aforados constitucionales— es uno de los mecanismos que de facto mejor habilitan la corrupción en las altas esferas del Estado colombiano.
Es tan determinante la asistencia de la Comisión a la decadencia de lo público, que ha sido imposible cambiarla por un mejor sistema en donde se controle realmente a los altos funcionarios pillados en actos indebidos. Cualquier asunto frente al cual se cuestione a los aforados queda eternamente silenciado en la inacción de este cuerpo colegiado. En las pocas ocasiones en las que actúa lo hace por cuestionables incentivos y sin tener mucha idea de lo que hace.
Son por lo menos dos los grandes males que aquejan a la inútil comisión: está movida por fuerzas políticas insanas y no está en capacidad alguna de adelantar juicios. Sus decisiones están absolutamente motivadas por razones políticas y favorecen a personas sin consideración a los méritos del caso, sino a otros factores abiertamente corruptos. Además, suele estar conformada por parlamentarios grises por su intrascendencia —en ocasiones abiertamente sombríos por sus intenciones ilegales—, que no tienen ningún conocimiento de los postulados básicos del debido proceso, ni de las razones de ser del procedimiento penal.
Además, así ha sido siempre. Por eso no me sorprendió encontrar en las gacetas de la Asamblea Nacional Constituyente una anotación de Alfonso Palacio Rudas sobre la incapacidad del Congreso de juzgar realmente a los altos oficiales del Estado: “todo indica que la posibilidad de proceso se empantana en la Comisión de Acusaciones de la Cámara”. Era apenas 1991.
Y entonces, muy a lo colombiano, nos sentamos a celebrar nuestra desgracia. Le ponemos un apodo inteligente: Comisión de Absoluciones, y nos damos por bien servidos de poder; por lo menos, reírnos ante la tragedia. Pero esa tolerancia es la que avala el extravío de los recursos públicos y los malos manejos del Estado.
El fuero constitucional para ciertos funcionarios está encaminado a proteger la división de poderes, la autonomía entre las ramas, los frenos y contrapesos. Lo triste es que en la actualidad se garantiza todo lo contrario. La Comisión de Acusaciones y todo el sistema ineficaz y perverso que la rodea son las piedras angulares de la corrosión de la cosa pública en Colombia.
Dejemos a Narciso reírse solo. Tal vez mejor que llenar las redes sociales con preguntas es manifestarse ante el Parlamento, asediar a los congresistas, ejercer presión y litigio estratégico desde la sociedad civil para suspender y eliminar de la arquitectura institucional el adefesio de la Comisión de Acusaciones y reemplazarla con cualquier corporación que no sea tan dañina.
Menos carcajadas del fiscal, pero también de nosotros mismos que avalamos con sonrisa complaciente esta podredumbre por tanto tiempo. Cualquier presidente o fuerza política realmente comprometida con la erradicación de la corrupción tendría de primero en la agenda el oficiamiento del funeral de la Comisión de Acusaciones. Resulta curioso que entre tanto gobierno del Cambio, fuerza progresista, verde renovador, nueva derecha no haya nadie dispuesto a oficiar esa misa.
