El texto del 91 fue un hito histórico, casi incomprensible, en especial porque lo avaló la misma clase política que se ha dedicado los últimos 30 años a destruirla
Cuando la Constitución de 1991 cumplió 20, años el profesor Carlos Gaviria Díaz fue entrevistado en la Universidad Industrial de Santander y habló sobre la promesa incumplida: “La Constitución es un texto que uno puede leer con mucho regocijo desde el punto de vista de un ideal utópico de una sociedad mejor, pero no tiene la virtualidad de transformar la sociedad sin esa voluntad política que la ponga en marcha”.
Y sí que ha faltado voluntad. Lo cierto es que el texto del 91 fue un hito histórico, casi incomprensible, en especial porque lo avaló la misma clase política que se ha dedicado los últimos 30 años a destruirla. Casi que su gran triunfo es haber resistido a quienes la detestan. Cincuenta y cinco reformas ha sufrido hasta el momento. La más dañina, la relección presidencial, madrastra del desastre institucional que hoy vivimos, en el que el ejecutivo es dueño de todo y acecha con codicia a quien se le resista.
A eso debemos sumarle el actual director de esta orquesta titánica (más por aquella del barco náufrago que por la dimensión de su cometido), un despistado capitán que ejerce desde el púlpito, sofoca la protesta social, censura, persigue a sus críticos y anhela los estados de sitio. Es decir, todo aquello que la Constitución le prohíbe.
Tres décadas de promesas en suspenso, más el advenimiento de una pandemia mundial en la que el Gobierno abandonó a su suerte a la población más vulnerable, eran terreno fértil para la manifestación social más intensa que ha vivido este país en su historia reciente.
A pesar de la degradación de algunos escenarios del paro, de su uso político y de las infiltraciones que ha sufrido, las manifestaciones del #28A han hecho visible a una juventud vigorosa, organizada, consciente de las apabullantes desigualdades que la mantienen en la pobreza y determinada a obtener un cambio. Estos momentos de convulsión social han develado una cantidad inesperada de nuevos defensores de los Derechos Humanos, de juristas que estrenan su tarjeta profesional para defender la manifestación pública, de colectivos que quieren gritar a través del arte, de periodismo callejero y valiente.
Hablo de organizaciones como Temblores, creada tan solo hace cuatro años. Su plataforma Grita, su clínica jurídica ambulante Policarpa o su informe Bolillo, Dios y Patria son una oda a la incidencia social novedosa, efectiva y seria. Por ello han desatado la ira de una ultraderecha que no soporta que dos hermanos de 33 y 27 años lideren a un grupo de jóvenes que con rigor se han encargado de construir una memoria documentada de lo que podría ser la más reciente comisión de crímenes de lesa humanidad en Colombia.
Esta juventud tuvo más acceso a la educación que la del 91 —a pesar de todo lo que falta en esa materia— y es aún más consciente de que el presidente, la policía, los ministros y alcaldes trabajan para nosotros y no al revés. Saben que tienen derecho a educarse, a trabajar, a amar en libertad, a terminar voluntariamente sus embarazos y a protestar vigorosamente en las calles cuando no se lo permita. Y esa consciencia, en parte, la debemos a la Constitución del 91.
En últimas, las evoluciones formales que reclamó el movimiento de la Séptima Papeleta fueron el pie de transformación para que las nuevas generaciones ahora pidan a gritos cambios materiales en sus condiciones de vida. La Carta que lograron los jóvenes del 91 es la que los de ahora piden que trascienda el papel. Por eso, quienes añoran la Constitución de 1886 han satanizado la protesta. La estrategia homicida del ESMAD y los abusos sistemáticos de la fuerza pública descansan en ese país que se resiste al cambio.
A pesar de tantas promesas incumplidas, el gran triunfo de la Carta del 91 es el movimiento social que ahora defiende sus postulados. En la Universidad Industrial de Santander funciona hoy un grupo de litigio estratégico que lleva el nombre del fallecido jurista. Hace poco esos estudiantes le ganaron una tutela a la policía y al ESMAD en Santander y Bucaramanga. Tal vez también era esa la puesta en marcha: la voluntad política de la que hablaba el maestro Carlos Gaviria.
