Cuestionar al poder es un derecho fundamental y los funcionarios están obligados a proteger los derechos fundamentales de todas las personas, no solo de quienes los aplauden.
Mientras fue presidente de Ecuador, Rafael Correa hablaba cada sábado durante horas en un programa de televisión abierta denominado Las sabatinas. La víspera dominical, sin falta, el entonces presidente insultaba a sus anchas a todo aquel que lo hubiera criticado durante la semana: al joven que hizo un gesto obsceno con la mano al pasar la caravana presidencial (y que fue detenido por ello)... a la madre que lo defendió... al líder indígena que cuestionó su política extraccionista... a la sindicalista que defendía el derecho de asociación... a los jóvenes que organizaban protestas… En fin, el menú era amplio. Pero su plato preferido fueron los periodistas. Todos los que no estaban literalmente arrodillados ante el ejecutivo sufrían constantes estigmatizaciones. El argumento del poderoso presidente era que él, en su calidad de ciudadano, también tenía derecho a la libertad de expresión.
En el siglo pasado, las dictaduras del Cono Sur y los regímenes autoritarios de la región acudían de manera asidua al discurso público para estigmatizar y hostigar a sus críticos. Usaban la fuerza transformadora de la palabra del poderoso para crear imaginarios colectivos que inhibían rotundamente todo cuestionamiento. Sin embargo, a finales del siglo pasado e inicios del presente esa práctica pasó a considerarse antidemocrática. Se creó una especie de consenso regional en virtud del cual los gobiernos —buenos y malos, de izquierda y de derecha— no cruzaban la línea del insulto, la estigmatización o la humillación para referirse a sus críticos y, menos aún, a quienes tienen por función cuestionar el ejercicio del poder. Esta línea, tan difícil de trazar, se fue borrando en la medida en que avanzaba el siglo XXI.
En los casos “Ríos y otros contra Venezuela” y “Perozo y otros contra Venezuela”, la Corte Interamericana indicó claramente que los funcionarios del gobierno chavista incurrían en ilícitos internacionales al estigmatizar a periodistas independientes. La Corte Constitucional colombiana, por su parte, señaló que una publicidad —prácticamente gubernamental—, que estigmatizaba a los miembros de la Unión Patriótica quebrantaba derechos establecidos en la Carta (T-959 de 2006). La misma Corte consideró que las expresiones de un viceministro que cuestionaban de manera burlona la situación de riesgo en la que se encontraba una periodista violaban los derechos fundamentales de la comunicadora. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA ha manifestado constantemente su preocupación frente a expresiones de funcionarios públicos que insultan, humillan o estigmatizan a quienes los cuestionan. Cuestionar al poder es un derecho fundamental y los funcionarios están obligados a proteger los derechos fundamentales de todas las personas, no solo de quienes los aplauden.
Según el derecho internacional, los funcionarios deben observar deberes especiales que no tienen los particulares. Sus acciones están regidas por la obligación de garantizar, promover y proteger los derechos de todas las personas, sin discriminación. Por eso no pueden tratarnos de manera distinta según nuestra orientación política. Tampoco pueden estigmatizar actividades que son esencialmente incómodas al poder, como la defensa de derechos humanos o el periodismo. Ni pueden humillar a las personas que no están de acuerdo con ellos, ni insultarlas. El poder público —y el discurso público es una forma de poder público— no puede asfixiar el debate democrático. Por el contrario, está obligado a crear un espacio en el cual sus críticos se sientan seguros. Este es el deber que la Constitución les asigna a los funcionarios, y quienes no lo cumplan podría incurrir en desviación de poder, faltas disciplinarias, violación de derechos fundamentales e ilícitos internacionales.
Lamentablemente varios funcionarios del Gobierno han usado el poder de su discurso para insultar a quienes, en legítimo ejercicio de sus derechos, critican al Gobierno o a funcionarios afines. La tolerancia del presidente con este tipo de comportamientos es también una grave omisión. En una democracia, la obligación del presidente no se limita a no vulnerar los derechos de sus críticos. Su deber es también evitar que sus funcionarios lo hagan.
