Su conducta pudo ser legal, pero su conflicto de interés es insalvable. Como ciudadano, cuenta con la protección de la ley para disponer de su patrimonio. Pero como funcionario no brinda garantías de imparcialidad.
Desde hace días Lisandro Junco, el director de la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales), recibe golpes por la revelación de la existencia de cuentas bancarias y empresas a su nombre en el exterior: los famosos documentos de Pandora o Pandora papers. Unos piden su cabeza, otros que lo investiguen y otros más lo tildan de corrupto o de evasor fiscal. Linchar es fácil pero peligroso. Lo difícil es escuchar las razones que expone el señalado y solo entonces opinar si debería irse o si sus explicaciones resultan convincentes. Los juicios de reproche han de ser ecuánimes y basados en hechos claros.
Empecemos por decir que la Constitución reconoce el derecho a la propiedad. Ese derecho implica que podemos disponer libremente de nuestros bienes siempre que no quebrantemos la ley ni afectemos los derechos de los demás. También es legítimo crear una empresa en otro país, especialmente en un mundo ultraglobalizado que exige competir, exportar o conquistar nuevos mercados y, en muchos casos, contar con vehículos de inversión o empresas ubicadas en el exterior. Si operar en otros mercados genera más utilidades a los accionistas de las compañías privadas o públicas (como EPM o Ecopetrol), ¿por qué no tener subsidiarias afuera? Resulta igualmente legítimo abrir cuentas en otro país, entre otros motivos porque a menudo las exigen a sus estudiantes foráneos las universidades y autoridades de inmigración.
Otras razones justifican las cuentas externas: ahorrar sin temor a la volatilidad del dólar, invertir en otro país o emigrar —como seres libres que somos— a lugares donde la vida sea más amable o paguemos impuestos sin temor a que la corrupción local, como ocurre en Colombia, desaparezca la plata.
¿Qué es, entonces, lo que está mal? ¿Cuál es el pecado de Junco? El funcionario afirma que ha declarado sus cuentas y empresas en el extranjero y pagado impuestos sobre esos activos. Eso tendrá que determinarlo alguien. ¿Quién? ¿La DIAN? Ahí empiezan los problemas. El conflicto de interés es evidente. Junco no puede investigarse a sí mismo ni tampoco lo pueden investigar sus subordinados. Para peor, el fiscal Francisco Barbosa y la procuradora Margarita Cabello carecen de independencia y credibilidad para escudriñar a altos empleados del Gobierno.
De otra parte, Junco debe investigar a cientos de personas más que se hallan en situación similar a la suya. ¿Se adelantarán esas investigaciones en debida forma, a sabiendas de que los precedentes que unas dejen pueden afectar el desenlace del caso que involucra al director? El conflicto de interés parece patente.
Al responder preguntas de El Espectador, Junco ofreció explicaciones que no se sostienen. Dijo, por ejemplo, que quien registró una empresa suya en Estados Unidos (Delaware y luego Florida) fue un tal Alex Hlavacek, recomendado por cierta profesora de derecho tributario de la Universidad de Miami. Pero ella niega conocer a Hlavacek o a su oficina y sostiene que “ciertamente nunca lo he recomendado”.
El sistema capitalista favorece la proliferación desordenada de lo que yo denominaría fórum shopping tributario, sistema que permite al capital pasearse por el mundo en búsqueda del foro (jurisdicción) donde le cobren menos impuestos. De este modo, los países compiten por atraer capitales otorgando beneficios y creando atajos o vacíos tributarios para seducir a empresas y personas acaudaladas. Y las personas y empresas buscan poner su plata en los lugares que les resultan más beneficiosos.
El modelo de promoción inversionista, desregulado y anárquico, permite que los megarricos del planeta, como el presidente chileno Sebastián Piñera, muevan sus capitales por todo el orbe para pagar tributos mínimos, mientras las clases pobre y media sufragan los impuestos que mandan las leyes de su país. Hay algo malo en esa ecuación. Mientras el sistema tributario luce a veces una máscara progresista en lo local, en lo global forma parte de una estructura regresiva e injusta.
Junco cifra su defensa en que declara su patrimonio según la ley. Eso merece ser verificado por una autoridad independiente que lo certifique. Pero, sobre todo, el problema es más de fondo. Cualquier ciudadano podría preguntarse: ¿de qué lado del sistema están la DIAN y su director? ¿Del lado de quienes se benefician y perpetúan unas reglas de juego legales que favorecen a los privilegiados? ¿O del lado de quienes luchan por modificar un sistema económico global injusto?
Mientras los hechos nos dan la respuesta, Junco ha perdido la confianza ciudadana como director de la entidad que el Estado creó para evitar la evasión fiscal. Su conducta pudo ser legal, pero su conflicto de interés es insalvable. Como ciudadano, cuenta con la protección de la ley para disponer de su patrimonio. Pero como funcionario no brinda garantías de imparcialidad. Lo mejor para él, quizás, sería renunciar al cargo y tomarse unos días de descanso en las Bahamas, que, según dicen, es un paraíso.
