La escena alcanza un nivel de desinstitucionalización apabullante y dependemos de los jueces para detenerla. Así ocurrió en la segunda reelección de Uribe.
Cerró con broche de oro el espectáculo protagonizado por el Congreso y el Gobierno para tumbar la ley de garantías, con la ilegal orden de la presidenta de la Cámara, Jennifer Arias, a su copartidario Anatolio Hernández para que votara “Sí”. Grotesco y torpe. Dijo el parlamentario Inti Asprilla: “nunca en la historia de la Cámara de Representantes quien preside una sesión plenaria se había atrevido a guiarle el voto a otro representante”. Yo creo que sí, pero tal vez no había quedado grabado.
Y es que el abuso cometido por Arias se parece mucho a lo que lograrán sin la Ley de Garantías: la compra de votos, solo que esta será masiva. Ese mismo Anatolio enfrenta un proceso en el Consejo de Estado en donde se le acusa de hacer precisamente lo que buscaba detener la ley que tumbaron. Gracias a la W Radio escuchamos al congresista explicar su pútrido esquema de elección en el Guainía y por qué no había recibido aún “un ministerio o una institución”. Parece que Anatolio compra votos, apalancado en apoyos de los gobernantes regionales, pero también vende el suyo para asegurar que no haya freno a esa forma de clientelismo.
La escena alcanza un nivel de desinstitucionalización apabullante y dependemos de los jueces para detenerla. Así ocurrió en la segunda reelección de Uribe: estando ya demostrada la compra de votos de algunos parlamentarios para asegurar su primera reelección, solo un acto de control de la Corte Constitucional pudo liquidar la posibilidad de un tercer cuatrienio.
En esta ocasión, le corresponde al Consejo de Estado detener algo del desastre. Por un lado debe decidir las posibles demandas de pérdida de investidura en contra de los congresistas que protagonizaron la lamentable escena que vimos por televisión nacional. Pero antes de eso, el Consejo de Estado deberá enviar al Congreso la terna de la cual saldrá el nuevo magistrado de la Corte Constitucional.
¿Será que el Consejo de Estado sabe lo que está en riesgo? Además de evitar que las fechorías cometidas en vivo y en directo por los parlamentarios sigan deshauciando la democracia, tiene un poder fundamental en elegir quién ocupará una silla en la corte más alta de la nación, otro de los pocos contrapesos que quedan. En esta tarea no puede equivocarse.
Tres congresistas me confirmaron que el contralor de la República actúa de ministro del Interior en el Salón Elíptico, alineando apoyos para el Gobierno. Difícil saber a quién debería darle más vergüenza, si a Córdoba por su falta de independencia o a Daniel Palacios por su incompetencia. El Gobierno arrecia su esparcimiento de mermelada sobre el Consejo de Estado y el Congreso para que se elija a su candidato.
¡Qué cantidad de votos amañados!
Una vez nombrado ese nuevo magistrado, cuentan con que sea una ficha obsecuente, como Anatolio, y no traicione a quienes lo eligieron, como sí lo hizo la magistrada María Victoria Calle en las épocas de Uribe. Ella votó en contra de su segunda reelección, a pesar de que él la había ternado. Calle recuerda entre sonrisas y nostalgia los regaños que recibió de familiares y la cantidad de amigos que perdió por cuenta de su independencia. Una jueza ingrata, como debe serlo cualquier buen juez.
Estas dos cortes —la Constitucional y el Consejo de Estado— llevan en sus hombros el peso de una responsabilidad histórica en un momento en que desaparecieron los organismos de control, la oposición está atomizada y sin dientes y el Gobierno tiene cooptadas a las mayorías del Congreso.
Son estos jueces los que pueden evitar que se ferien —más de lo habitual— las próximas elecciones y ojalá lleguen a tiempo. Si la Corte Constitucional decide hacer una revisión previa del suceso de: “Anatolio, vote sí”, tal vez alcance a detener algo de la compraventa democrática que ya se avizora.
Por supuesto, la solución ideal es votar mejor en 2022, para asegurarnos de que al Congreso lleguen parlamentarios elegidos para representar a la gente y no al podrido sistema que intentaba detener la Ley de Garantías. Pero mientras eso ocurre, la democracia y sus instituciones dependen de que la toga permanezca ciega a ofrecimientos indebidos y ofrezca muestras de una sana ingratitud.
