En 1962 se publicó el libro La Violencia en Colombia que causó tremenda polémica nacional. Escrito a seis manos por monseñor Germán Guzmán Campos, el penalista Eduardo Umaña Luna y el sociólogo Orlando Fals Borda —ya fallecidos—, fue el primer estudio en profundidad de las causas y efectos de la violencia política que ensangrentó el campo colombiano durante los años cuarenta y cincuenta.
Es un clásico sobre el tema que, además de impresionantes fotografías y testimonios nunca divulgados, contenía duros juicios sobre la responsabilidad de la clase dirigente liberal-conservadora. La reacción en el Congreso y los medios fue igualmente dura contra sus autores, uno de los cuales —monseñor Guzmán— optó por refugiarse en México. La obra ha sido reeditada varias veces (Tauros, 2006) y sesenta años después de su aparición muchos de los interrogantes y tesis que planteó siguen vigentes.
Así como sigue vigente la eterna controversia sobre orígenes y autores de la violencia colombiana. ¿Cuál verdad? se titula la cartilla del Centro Democrático (CD) presentada esta semana por Álvaro Uribe como respuesta al informe de la Comisión de la Verdad (CV) sobre el conflicto armado interno. La cartilla de 76 páginas escrita por varios miembros del CD es un intento por deslegitimar —sobre todo a punta de adjetivos— el trabajo serio y bien documentado (aunque no exento de fallas) de la Comisión que presidió el padre Francisco de Roux. “Parece más el programa de gobierno de Petro”, ironizó la senadora Cabal.
Lo que no deja de ser irónico es que una de las críticas más vehementes a la Comisión de la Verdad provenga de una persona como Gloria Gaitán —la hija del caudillo Jorge Eliécer—, que en foro reciente en la Universidad Nacional sindicó a la CV de haber cometido un “memoricidio” porque no ha dejado en claro que todo comenzó con el asesinato de su padre el 9 de abril de 1948. Irónico también que a los pocos días su hija, María Valencia Gaitán, fuera nombrada directora del Centro Nacional de Memoria Histórica, entidad que está saliendo del debate que desató la gestión de su anterior director, Darío Acevedo.
Aunque no se cuestionan las calidades académicas de la señora Valencia, que el presidente Petro exaltó, la pregunta es si con este nombramiento se fortalecerá la tesis de que el eje central de la violencia en Colombia fue el asesinato del su abuelo hace 74 años, crimen que produjo “el Bogotazo” y la mayor explosión de ira popular que haya registrado el país. La discusión sobre cómo, cuándo y por qué comenzó nuestra violencia es recurrente en un país que sigue sumido en el problema.
¿Arrancó desde los conquistadores españoles, que con la cruz y la espada sometieron a los pueblos indígenas? ¿O fue más tarde, durante un siglo XIX plagado de feroces enfrentamientos nacionales entre godos y liberales (cabe recordar que Colombia ingresó al siglo XX en medio de la Guerra de los Mil Días, un devastador conflicto bipartidista que produjo cien mil muertos en un país que no llegaba a los cuatro millones de habitantes)? ¿Fue acaso por el magnicidio de Rafael Uribe Uribe en 1914, o el de Gaitán en 1948? ¿Por la matanza de las bananeras en 1928? ¿Por la violencia liberal-conservadora de los años cincuenta? ¿O por el surgimiento de la guerrilla marxista en los sesenta?
Todos estos episodios de la vida nacional están concatenados y no es posible señalar a uno en particular como el determinante. La única certeza es que la violencia sigue muy presente y que desde fines del siglo pasado tiene otro poderoso protagonista: el narcotráfico. Este es, como ya bien se sabe, el combustible del conflicto que impregna a guerrilla, paramilitares y fuerza pública. Como no tiene ideología se mueve cual pez en el agua entre extremos políticos, elites regionales y entidades públicas o privadas. Para colmo, entre más se ilegaliza y reprime más rentable se vuelve. Al punto de que su rentabilidad ha cimentado entre nosotros una auténtica cultura del delito y generado subproductos criminales de toda índole. Desde las pandillas del microtráfico que hoy se matan a cuchilladas en los barrios hasta los mafiosos clanes políticos que se roban las rentas del Estado.
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A esta vieja y compleja violencia colombiana el gobierno Petro quiere contraponer su propuesta de “paz total”, que el mes entrante tendrá su primera prueba de fuego en el anunciado encuentro con el Eln. Será la séptima vez en los últimos años que el Estado colombiano intenta un acuerdo con esta guerrilla, pero la primera en que lo preside un mandatario de izquierda que en su juventud también fue guerrillero.
Si esta circunstancia no incide en las conversaciones es difícil imaginar que otro elemento podría ayudar a que este proceso avance y no fracase como todos los anteriores. El Eln es una guerrilla casi sexagenaria que ha dado demasiadas muestras de su rigidez e intransigencia. He tratado a varios de sus líderes y hace algunos años conocí en Venezuela a su hoy jefe máximo Antonio García, un hombre corpulento y afable; inteligente e ideológicamente férreo. Sería incongruente que no entendiera que esta puede ser la última oportunidad.
Se siente uno asistiendo a la misma película, con los mismos malos y buenos, pero con un nuevo director que podría conducir a un final distinto. Habrá que mirarla con cuidado, y mientras arranca la función vale la pena recoger algunas de las preguntas que se hace el público.
¿Suspenderá el Eln secuestros y atentados contra la infraestructura como gesto de buena fe? ¿Cómo se piensa concretar la participación de la sociedad que reclama García? ¿Qué pasa si se enreda el proyecto de ley que presentó el Gobierno? ¿Cómo funcionará el esquema de ir implementando acuerdos parciales logrados? ¿El proceso es indefinido o tendrá plazos concretos? ¿Cuál será el papel de Maduro como garante? ¿Cómo piensa el Eln reparar a sus víctimas?
Los interrogantes son muchos, el proceso está en pañales y hay que tener paciencia. Pero es vital que produzca pronto buenas noticias.
