En enero del año pasado el gobierno de la austeridad invirtió 390 millones de pesos para la conservación de los jardines de la Presidencia. En los últimos dos años ha pagado 120 millones para el mantenimiento de lámparas Baccarat.
La transparencia es, en la democracia moderna, el microscopio que permite a los ciudadanos examinar cómo los gobiernan y cómo se gastan el dinero de sus impuestos. Gracias a este derecho elemental, clave en un ejecutivo vigilado y un Estado abierto, ha sido posible saber que la administración de Iván Duque habla de austeridad pero autoriza despilfarros como la compra de monedas conmemoratorias firmadas por el presidente para regalar a aliados y amigos (42 millones de pesos), arreglo de jardines en la Casa de Nariño (350 millones) y mantenimiento de lámparas de Baccarat (cinco millones mensuales).
Después de tres años de grave negligencia y retraso, el pasado 1 de septiembre el Gobierno Nacional publicó el borrador de la Política de transparencia, integridad, legalidad, corresponsabilidad e innovación: hacia un Estado abierto. El documento aspira a remplazar al Conpes 167 de 2013, que tuvo una vigencia de cinco años; durante ese periodo fue la hoja de ruta del Estado colombiano en materia de integridad, transparencia y anticorrupción.
Numerosas organizaciones de la sociedad civil dedicadas a estos temas, incluyendo las que integran el Comité por el Estado Abierto de la Alianza por el Gobierno Abierto Colombia —es decir Corlide, DataSketch, Fundación Corona y el Instituto Anticorrupción— y Transparencia por Colombia, coincidieron en la mayoría de sus críticas, que se pueden leer acá y acá, al flojísimo y extemporáneo borrador de Conpes, que asombrosamente no menciona ni una vez a la fiscalía. Pobre Barbosa.
Algunas de las críticas señalan que el Gobierno ignoró por completo los insumos brindados por la sociedad civil y que no le da la relevancia debida a la participación ciudadana. Otras advierten que el documento no incluye iniciativas para lograr mayor apertura en la información de las corporaciones de elección popular, la rama judicial, los órganos de control o el presupuesto del Estado. Y también afirman que le falta darles un impulso mayor a los datos abiertos, cerrar oportunidades a la corrupción en la contratación y elevar la eficacia del Estado en la represión y sanción de la corrupción.
Señalan igualmente que el documento no desarrolla con seriedad el problema de la protección a los denunciantes de corrupción y no aborda la necesaria reforma al sistema político y electoral. Además incurre en errores graves de contexto histórico y comprensión de la arquitectura institucional anticorrupción. Doy uno entre muchos ejemplos posibles: el borrador de Conpes afirma que la Comisión Nacional de Moralización fue creada con el Estatuto Anticorrupción en 2011. Pero ese órgano existía desde mediados de los años noventa.
Otra crítica no menos importante tiene que ver con el presupuesto total asignado para la implementación de las estrategias y actividades que el documento contempla. Según el Departamento Nacional de Planeación, la Secretaría de Transparencia y la Vicepresidencia de la República, principales responsables de la formulación del Conpes, la implementación de la política pública que proponen requiere 2582 millones de pesos para cuatro años de trabajo. Es decir, poco más de 645 millones de pesos al año, que deberán repartirse entre las diferentes entidades comprometidas con su ejecución.
Esto contrasta con el presupuesto de la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría, que supera los 6 billones de pesos al año. Así, mientras el Estado invierte una suma minúscula en todo lo que puede contribuir a la formación en ética, cultura de la integridad pública y empresarial, al fortalecimiento de la transparencia y los datos abiertos, o al desarrollo de herramientas innovadoras y para luchar contra la corrupción, gasta —¿o derrocha? — cientos de miles de millones en entidades inoperantes y politizadas.
También contrasta con la inversión de recursos del Gobierno en cosas que en esta coyuntura que vivimos no deberían ser la prioridad, y que bien hubieran podido asignarse a la implementación de la nueva política de transparencia y anticorrupción. Veamos algunos ejemplos: hace poco conocimos el contrato de la Presidencia con la Comercializadora Jarván por 42 millones para la adquisición de unas monedas de oropel; y en marzo la Presidencia invirtió 528 millones en la contratación del Centro Nacional de Consultoría para “determinar la percepción, satisfacción y efectividad de la gestión y el desempeño de las estrategias, proyectos e iniciativas adelantadas por el Gobierno (…)”.
Además, cientos de millones se han gastado en la producción del programa Prevención y Acción, la principal vitrina propagandística del presidente durante meses. En enero del año pasado el gobierno de la austeridad invirtió 390 millones de pesos para la conservación de los jardines de la Presidencia. En los últimos dos años ha pagado 120 millones para el mantenimiento de lámparas Baccarat. En julio contrató por 30 millones a una reconocida artista para elaborar una escultura en miniatura de la Casa de Nariño, que recorrerá los mares del mundo a bordo del Buque Gloria.
A eso podemos sumar los contratos que desde el Departamento para la Prosperidad Social les han venido dando a políticos curtidos, que en muchos casos poco saben de políticas públicas y de superación de la pobreza, pero mucho de política y de votos. Cabe mencionar —entre muchos— a Yaneth Reyes, excandidata del Centro Democrático a la Asamblea Departamental del Tolima, que trabaja como asesora en el despacho de Susana Correa. O a Pierre Eugenio García Jacquier, exrepresentante a la Cámara por el Tolima por el Centro Democrático entre 2014 y 2018.
Si a eso sumamos los más de 400 mil dólares que el Gobierno le ha pagado durante los últimos años a Fratelli Group, que se hizo famoso por la autoentrevista de Duque, y que lleva prestándole servicios de cabildeo y comunicación al Gobierno por más de una década, superamos con creces el pírrico presupuesto asignado para la que debería ser una prioridad nacional: la preparación e implementación seria de una política anticorrupción vigorosa, participativa e innovadora, que contribuya a debilitar, y por qué no, a derrotar la corrupción.
* Director del Instituto Anticorrupción
