La penalización del aborto afecta predominantemente a las mujeres pobres, rurales, no escolarizadas o migrantes.
Se dice en la baranda judicial que en este momento el magistrado de la Corte Constitucional Antonio José Lizarazo se dedica a resolver la demanda presentada por varias organizaciones sociales para despenalizar el aborto en Colombia. Esta decisión histórica podría ser el principio del fin de una situación de tremenda desigualdad e injusticia. Nada de esto es nuevo, y así lo han dicho mejor otras feministas, pero permítanme -en estas páginas de señores- repetirlo.
En 2006 la Corte Constitucional aceptó el aborto en tres circunstancias específicas: violación, riesgo para la salud física o mental de la mujer o feto inviable. Desde entonces, este derecho ha sido vulnerado de todas las maneras posibles. Pero hay una víctima preferida: las mujeres pobres, rurales, no escolarizadas o migrantes. Es a ellas a quienes la penalización de la terminación voluntaria del embarazo afecta predominantemente. En nuestra sociedad, pacata e hipócrita, el problema no es el aborto sino quién aborta.
Al ser un delito, cuando una mujer decide interrumpir su embarazo debe enfrentar barreras estructurales para justificar que el procedimiento está amparado por alguna de las tres causales. Muchas veces esa decisión la toman médicos, trabajadores sociales, esposos... todos menos ella, la principal afectada. Lo cierto es que en Colombia el aborto es a la vez un derecho y un delito y existe una delgada y borrosa línea que los divide.
Menos mal la Corte será la que tome esta decisión que debe a las mujeres colombianas, pues el Congreso no solo ha descuidado sus obligaciones constitucionales de regular la materia sino que ha sido uno de sus más férreos enemigos. La bancada pro vida del parlamento insiste en que la vida existe desde que un espermatozoide penetra un óvulo. La tesis es que esta concepción activa los derechos y obligaciones del que un día podría nacer, el nasciturus. Tamaño disparate jurídico conduciría a que las personas podrían tener doble nacionalidad: una, que corresponde al lugar de la concepción; y otra, al sitio en donde nazcan, entre otros escenarios dignos de historieta. O tal vez habría que enjuiciar la masturbación masculina, pues acabaría con la expectativa legítima de los ociosos espermatozoides de asomarse un día al mundo.
En fin, estas lucubraciones medievales dan para más risas que para argumentos serios. Y lo absurdo es que a esta bancada masculina -pues la componen 16 hombres y apenas ocho mujeres- le importan solo unos niños, en realidad, proyectos de niños. En cambio, no se escandalizan por el 34% de menores colombianos que viven bajo las líneas de la pobreza. Por los otros agitan los misales y las masas. Por estos no mueven un dedo. El discurso de los niños es el que más manosea la derecha para avanzar sus causas de escapulario.
La vida ha cambiado mucho desde 2006. Estos quince años han servido especialmente para evidenciar que la existencia del delito de aborto es una barrera para que se cumplan las tres causales que avaló la Corte. También que la interrupción voluntaria del embarazo es un problema de salud pública que debe enfrentarse con educación sexual y no con represión.
Y lo más importante: la despenalización no significa que el aborto se volverá obligatorio. Al contrario, lo esencial de esta causa es la reivindicación de nuestro derecho a autodeterminarnos; a elegir cuándo y cómo queremos ser madres. “Imagina que te prohibieran embarazarte, ahora imagina que te obligaran”, dijeron las uruguayas.
Debemos el debate a muchas mujeres que han dedicado sus vidas a la búsqueda de nuestra libertad. En mi caso, a Florence, Mónica, Isabel Cristina, María Camila, Catalina, Matilde, Ana Cristina y muchas otras que han sido fuente de inspiración y fuerza. A ellas, gracias. Sea cual sea la decisión, esta causa justa solo terminará cuando seamos verdaderamente libres e iguales. Seguiremos, por Irene, Raquel, Celeste y todas las que vengan.
La semana pasada la Corte Constitucional garantizó el derecho a la muerte digna en Colombia. Dijo en el comunicado: “el Estado no cumpliría con su obligación de proteger el derecho a la vida, cuando desconoce la autonomía, la dignidad de las personas y la facultad del individuo de controlar su propia vida”. Funciona igual en este caso. Dicen que, al finalizar la votación, uno de los magistrados comentó: “Así debe ser para el aborto”. Dios lo oiga, señor magistrado.
