Por supuesto, lideró el acto el presidente de la República, que en 2021 impulsó una reforma inconstitucional de la Ley de Garantías con el fin de repartir mermelada durante el periodo electoral que estamos viviendo.
El pasado martes se produjo el pomposo lanzamiento de la Ley Anticorrupción, nombre breve de la Ley de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción. Se trata de cerca de setenta artículos en los que trabajaron veinticinco entidades del Estado y constituye, según el presidente Iván Duque, “un hito de transparencia”. Esperamos que así sea, circunstancia que solo se sabrá en su aplicación real.
El parto del documento, sin embargo, fue poco auspicioso. Un grupo singular aplaudió la firma presidencial en la Casa de Nariño y con su presencia en la ceremonia hizo gala de su compromiso con la construcción de una sociedad más íntegra y honesta.
Allí estaba, por ejemplo, Jennifer Arias, la presidenta de la Cámara de Representantes, célebre por plagiar su tesis de maestría y por gritar instrucciones al despistado Anatolio (“¡Anatolio, vote sí!”) en una votación corporativa. La acompañaban, entre otros, el ministro del Interior, Daniel Palacios Martínez, nieto de Aníbal Martínez Zuleta, apodado el Negro Grande del Cañaguate, quien fue contralor general entre 1975 y 1982, y alcalde de Valledupar entre 1990 y 1992. Martínez Zuleta resultó condenado en 1985 por la Corte Suprema por abrir una cuenta con fondos de la Contraloría de la que recibió préstamos por cinco millones de la época, una fortuna. En 1992 lo destituyó de la Alcaldía la Procuraduría Regional del Cesar por violar el régimen de contrataciones municipales.
Aplaudía también el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, quien regenta una de las entidades que en 2021 extendió jugosos contratos a Karen Vaquiro, la lobista superdotada que en un año consiguió 1.250 millones en contratos sin declarar oficialmente su relación con la mano derecha de María Paula Correa. Según ella, no quería sacar partido de la posición de su marido, el inmaculado profesional y estrella en ascenso del Derecho y la Administración de negocios (¡especialmente del negocio familiar!) Andrés Mayorquín.
A las anteriores personalidades se sumó en el salón iluminado por lámparas de Baccarat la procuradora general Margarita Cabello, antecesora de Ruiz, quien pretende evadir amonestaciones internacionales mediante la reciente creación por decreto presidencial de 1.208 nuevos empleos, que empezarán a ser repartidos en pleno periodo electoral. Y la misma que se reúne a puerta cerrada en su apartamento de El Retiro con José Félix Lafaurie, jefe del gremio ganadero, acusado por el exgobernador Benito Osorio de relacionarse con el mariscal paramilitar Salvatore Mancuso y orquestar la elección del fiscal general Mario Iguarán en 2005. Fiscal que, poco después, contrató como directora de Asuntos Internacionales de la Fiscalía a María Fernanda Cabal, esposa de Lafaurie.
Otra de las intervinientes en la ceremonia fue la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quien ocultó durante décadas la condena en contra de su hermano por narcotráfico en la Florida, situación que Duque calificó en su momento como una “tragedia familiar”. Fue ella quien fundó Hitos Urbanos, la empresa que en 2006 tuvo negocios con “Memo Fantasma”, acusado por la Fiscalía por lavado de activos y concierto para delinquir.
Por supuesto, lideró el acto el presidente de la República, que en 2021 impulsó una reforma inconstitucional de la Ley de Garantías con el fin de repartir mermelada durante el periodo electoral que estamos viviendo. El mismo que, al inicio de la pandemia, decidió prorrogar los tiempos de respuesta de los derechos de petición, columna vertebral de toda transparencia. El que, a fines del año pasado, mientras los colombianos celebraban las fiestas decembrinas, objetó una norma impulsada por la congresista Juanita Goebertus orientada a retornar los plazos de respuesta a la normalidad. Con ello reafirmó su intención de obstaculizar el control social, la veeduría ciudadana y el periodismo, que tanto lo incomodan.
Otros distinguidos asistentes al parto de la norma fueron el fiscal paseador, Francisco Barbosa, famoso por su viaje —familia incluida— a San Andrés y por el preacuerdo que acaba de aprobar la Fiscalía con el corruptor de jueces Carlos Mattos, quien a cambio de un millón de dólares aseguró una pírrica condena de 32 meses; Juan Diego Gómez, presidente actual del Senado, que recientemente defendió la tesis de la infalibilidad casi teológica del Congreso en sus redes sociales; y José Andrés O´Meara, director de Colombia Compra Eficiente, cuyo hermano, antigua cabeza de la Notaría 67 de Bogotá, fue uno de los protagonistas de la tristemente célebre Yidispolítica en tiempos del presidente eterno Álvaro Uribe.
Así, tal parece que Pierre Lapaque, jefe de la oficina de Naciones Unidas de Lucha contra la Droga y el Delito en Colombia, fue una de las pocas personas asistentes al evento que no cargaban un prontuario oscuro a sus espaldas o nexos con otros que sí lo tuvieran. Me pregunto si habría asistido al evento de haber conocido previamente algunos de los contertulios reseñados en esta columna. Quiero creer que no.
*Director del Instituto Anticorrupción
@camiloencisov
