Termina el año ¿y qué nos deja? ¿Qué nos dice? Todos hacemos fugaces balances y cada quien pensará en sus logros o reveses, lo bueno, lo malo, lo feo; los propósitos incumplidos o por cumplirse. A mí me da por estas reflexiones. Pero mas allá de lo personal —de cómo nos fue o nos puede ir en el que viene— hay que preguntarse también por lo que ha pasado en este país donde vivimos durante el 2022 que se despide.
Lo más destacable, me parece, es que Colombia eligió un gobierno de izquierda y no fue un evento cataclísmico. El país no se derrumbó, los colombianos asimilaron el cambio, el Gobierno mantiene mayorías y el jefe del Estado ha demostrado madurez y sagacidad política en los casi cinco meses de mandato. No es menos evidente que terminando el año con un dólar a casi cinco mil, un horizonte económico incierto y un entorno social siempre en ebullición, todo el mundo también se pregunta: “¿pa´ donde va esta vaina?”.
La anunciada reforma en la salud o la idea de contratar cien mil jóvenes a millón de pesos mensuales como “gestores de vida” son tópicos que alimentan la pregunta. En cambio, los planteamientos de Petro en la asamblea cocalera del Putumayo sobre coexistencia pacífica de cultivos ilegales y legales hasta que los primeros sean rentables me parecieron razonables. Es absurdo continuar destruyendo la forma de subsistencia de miles de campesinos sin garantizarles alternativas reales de superación.
No veo motivos para el pánico que los eternos agoreros del desastre se empeñan en sembrar. Frente a dictaduras o convulsiones vecinas, Colombia parece un ejemplo de estabilidad institucional, y toca bregar para que prevalezca el equilibrio de poderes que ha garantizado la supervivencia de nuestra democracia en medio de tan altos niveles de violencia. Una inquietud válida es que el año entrante se deteriorará este equilibrio a veces precario y el poder ejecutivo entrará en contradicciones serias con el legislativo o el judicial. Con el Congreso no veo por ahora fricciones que no sepa manejar la mano magnánima del Gobierno, pero en lo jurídico es clave la forma como se resuelva, por ejemplo, el debate sobre la decisión presidencial de liberar a los detenidos tras el “estallido social” de noviembre de 2019.
La última palabra la debe tener la ley y de ahí la importancia de un poder judicial autónomo y una referencia como la Constitución para dirimir estos dilemas. La Constitución del 91 que desde hace treinta años nos rige salió del voto popular, reformó la estructura del Estado y propició nuevos fenómenos políticos. Como la elección de un presidente de izquierda, que ha jurado respetarla como norma de su gobierno. Es de esperar que así sea. No creo, como sugiere el director de la revista Razón Pública, que para Petro las “aburridas” formalidades del Estado de derecho sean el “enemigo interno”.
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Todo va bien mientras se mantenga la capacidad de diálogo entre las ramas del poder público y voceros de sociedad civil y sector privado. El acuerdo sobre salario mínimo firmado esta semana entre sindicatos, empresarios y Gobierno (y el ambiente que lo rodeó) fue estimulante muestra de democrática madurez institucional. El 2022 también nos deja una incipiente negociación de paz con el Eln que, conociendo a los personajes, no hay forma en que culmine el año entrante. El serio senador Iván Cepeda asegura que los diálogos avanzan en buena tónica y que el tema ambiental será central en la agenda. Buena noticia, siempre y cuando signifique que el Eln dejará de dinamitar oleoductos, el mayor factor de contaminación de ríos y ciénagas en el país. Ver para creer.
Un viejo mal que corroe como pocos los mismos cimientos del sistema y que se agudizó de manera notoria es la maldita corrupción. Cada vez más descarada, escandalosa y sistemática, que salpica a todos los poderes públicos. Desde el avivato concejal de pueblo hasta el solemne magistrado o el condecorado oficial de la Fuerza Armada… Pero lamentarse de la corrupción como reflexión de fin de año puede resultar inocuo y obvio.
Solo resta confiar en que el gobierno Petro sepa endurecer la lucha contra este flagelo con sanciones de verdad ejemplarizantes. La gente ya no cree que sea posible castigar la corrupción y ni siquiera “reducirla a sus justas proporciones” según frase inmortal del expresidente Turbay Ayala, y esto es grave. Es el descreimiento colectivo sobre la capacidad del Estado para extirpar un cáncer que lo carcome por dentro y despoja a los más pobres de los dineros públicos destinados a su bienestar. El mejor propósito de año nuevo del Gobierno sería demostrar que sí se puede.
PS: Una plegaria de los bogotanos debe ser para que el improvisado “corredor verde” por la Séptima que se le ocurrió a la alcaldesa Claudia López no pase el año. De buenas intenciones como esta se pavimenta el camino al infierno. En este caso el de la infernal congestión que se armaría en la más emblemática vía de la capital.
