Una dama de mágico apellido, Ana Fernanda Maiguashca, presidenta del Consejo Privado de Competitividad, hablando de los retos sociales y fiscales del país, soltó estos días en "El Nuevo Siglo" una verdad de a puño. Algo que ya sabemos, pero que no sobra reiterar: Colombia jamás será competitiva mientras aquí mande la tramitomanía.
“Imperio de las diligencias inútiles”, “tiranía de las normas”, “freno al progreso”, llámesela como se quiera, la tramitomanía es una
maldición que viene de muy atrás y que cada día nos atrapa y empapela más. Crece, tal vez paradójicamente, al ritmo en que se expanden los derechos y garantías ciudadanos.
Hoy es casi un chiste cruel que sigamos hablando de volvernos “competitivos” en una economía mundial que se rige por la
productividad, castiga la ineficiencia y rehúye el formalismo burocrático. La doctora Maiguashca reveló que en el último índice
internacional sobre competitividad empresarial Colombia figura en el puesto 57 entre 63 países. Casi de última.
Pero somos los primeros, auténticos campeones, en normas y requisitos —trabas— a la actividad productiva. O a la obtención de
autorizaciones o documentos que el Estado demanda. Colombia es el tercer país en América con más demoras para realizar un trámite (superada apenas por Bolivia y Perú). ¿Quién no ha sufrido el calvario de ir hora tras hora de ventanilla en ventanilla en procura del indispensable papel? La paciencia de la gente es infinita.
Pienso mucho en el pequeño comerciante o empresario que para iniciar un negocio debe luchar contra una asfixiante barrera de requisitos formales, con frecuencia costosos o absurdos. Habrá alguna regla que le dice que no se puede porque le faltó tal firma o no adjuntó tal formulario. La presidenta del Consejo de Competitividad ponía el símil de las discotecas “en las que para entrar lo hacen sentir a uno que está mal vestido, lo miran mal, le preguntan que quién lo invito, que si tiene boleta; en lugar de hacer una fiesta en la que le digan que por favor siga adelante”.
Cada gobierno se propone aliviar la tramitomanía y poco logra. En 2012 se expidió una ley antitrámites que prometió eliminar centenares de requisitos y subir otros a la red. Un canto a la bandera, cuando la gente se encuentra entonces con que el sistema vive caído y la página siempre “cargando”. Para no hablar de tantos funcionarios en tantas dependencias que creen que su labor es empapelar al ciudadano en lugar de colaborarle. Para rematar, lo que funciona bien no dura mucho.
Hasta hace poco el trámite de un pasaporte era de una velocidad ejemplar. Hoy lo controlan intermediarios que toca aceitar. La tramitología es prima hermana de la corrupción.
En el campo empresarial un ejemplo actual del costo de la excesiva regulación lo ofrece la industria del cannabis legal que hoy mueve billones de dólares en el mundo y donde Colombia perdió una oportunidad de oro para arrancar a tiempo con un producto de marca. "Marihuana de Colombia "hubiera podido ser un gancho tan atractivo como "Café de Colombia". Hoy en este próspero negocio mandan empresas canadienses, estadounidenses o alemanas, mientras aquí jóvenes emprendedores que hace años lo visualizaron se lamentan de la infinidad de trabas y licencias que impuso el Estado. El precio de ser más papistas que el papa.
Nos ufanamos de ser “un país de leyes”, pero somos más uno de tinterillos, tramitadores y abogaduchos, donde no prima el “espíritu de la ley” sino su interpretación leguleya. El culto del inciso —del articulito— y de la forma sobre el fondo. Es también por supuesto un problema cultural y de idiosincrasia, que se remonta al sistema legal y clientelista heredado de la Corona española, que sofocó el surgimiento del espíritu capitalista que tuvieron colonias europeas como las británicas. Y trescientos años después, en una sociedad en la que la mitad de la gente que trabaja lo hace desde la informalidad absoluta, sigue siendo una proeza crear empleos formales “con todas las de la ley”.
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El problema es de vieja data y además universal. Ya Kafka había advertido que de la telaraña de la burocracia no se escapa nadie. Pero en Colombia el problema es tan kafkiano que entre más derechos se crean más se enreda el ciudadano. Defensorías, procuradurías, contralorías, cortes y consejos judiciales de toda índole no van a cortar este nudo gordiano porque son parte de un sistema que se alimenta a sí mismo y le interesa perpetuarse. Tantas garantías en la teoría para que en la práctica el ciudadano termine aplastado por el peso de la ley.
Cuando el presidente Petro afirmó hace poco que quería abolir la Procuraduría yo me dije: “¡por ahí es la vaina!”. Pero no se podrá
porque somos un Estado de derecho que exige respetar un enrevesado proceso legal y pasar por quien sabe cuántos debates en el Congreso. Álvaro Uribe también quiso recortar una burocracia judicial que se traga el presupuesto de la Nación y tampoco pudo. Franz Kafka tenía razón y en el caso colombiano se quedó corto. Él no hubiera imaginado un país donde hasta pagar impuestos es una proeza.
Hasta aquí llego porque esto va para largo. Me disculpo por esta columna tan negativa, pero ¿quién puede vivir sabroso entre tanto trámite?
