Toda América Latina se siente aludida al ver la película Argentina 1985 que muestra el panorama político de la región en los ochenta, porque prácticamente toda ella ha sido, en algún momento, víctima de una fuerte represión estatal.
Centroamérica se convirtió en teatro de operaciones de la guerra fría y, a pesar de los procesos de paz, en algunos países sus estructuras quedaron tan debilitadas que hoy son Estados sumidos en la más atroz violencia e impunidad.
Suramérica, por su parte, y más concretamente el Cono Sur, padeció desde los setenta fuertes dictaduras cívico-militares con una feroz represión para disciplinar a la sociedad en un contexto caracterizado por la creciente organización y movilización social, cultural y política.
El terrorismo de Estado se impuso para opacar toda resistencia social a la transformación del modelo económico de corte neoliberal con un plan de ajuste ortodoxo: devaluación, liberación de precios, facilidades para las importaciones, cese de la promoción de exportaciones industriales, congelamiento de salarios, etcétera.
Lo que vemos en la película refiere a 1985, es decir, dos años después de finalizada la dictadura de Jorge Videla en Argentina. Su democracia era muy débil y se rumoraba la posibilidad de que los militares se volvieran a tomar el poder.
Por eso, llamar a juicio a la junta militar era algo que requería no solo sobreponerse al rechazo de los funcionarios judiciales que siempre habían sido complacientes con los militares y no dejarse doblegar ante las fuertes amenazas que llegaban sin cesar, sino también ir contra corriente de una masa social que había aprendido a obedecer y a mantenerse en silencio ante un aparato represivo aún latente e impune en 1985; todo ello en un momento de democracia naciente en este país.
Más allá de las polémicas por posibles omisiones y desajustes históricos, la película tiene el mérito de resaltar el valor y compromiso del fiscal Julio Strassera y su fiscal adjunto, Ocampo, por superar todos los obstáculos, confrontar el poder de la cúpula militar y denunciar sus crímenes, apoyados en las leyes para reivindicar la justicia civil, la ética y la moral.
Desde entonces, Argentina vive en democracia y se ha convertido en un referente en temas de memoria histórica, con una ciudadanía activa que defiende sus derechos, el valor de la vida humana y la paz.
El alegato del fiscal durante el proceso judicial concluyó con la frase que, sobre todo, las víctimas y las organizaciones que las apoyaban venían repitiendo una y otra vez: “¡Nunca más!”. Con ello el trabajo de este fiscal y la decisión de los jueces reforzó el Estado de derecho, devolvió la esperanza a millones de ciudadanos y marcó la historia de ese país.
Esta película logra demostrar que no solo era necesario hacer justicia para los desaparecidos, asesinados y torturados por el terrorismo de Estado, para quienes siendo niños tuvieron que huir, para quienes se quedaron, quienes aún no habían nacido, para la memoria colectiva, sino, muy importante también, incluso si después hubiera otros desenlaces, para establecer un futuro con dignidad en ese país.
Es hora de que Colombia –¡que tiene un número de víctimas muy superior al de las tres dictaduras del Cono Sur juntas!– que no ha ni siquiera resuelto lo que sucedió en 1985 en este país, muestre de una vez que tiene el valor y la grandeza judicial de llevar al banquillo a militares de mucho poder, a grandes generales, e incluso ministros de Defensa que han cometido o acolitado atrocidades aberrantes como las de la dictadura argentina durante décadas, ofendiendo a la sociedad, la institucionalidad y la democracia colombianas.
La reacción a esta película no solo demuestra la importancia del arte para la memoria histórica, sino también la necesidad de escuchar los testimonios y la verdad de quienes han sido humillados y despreciados, y la trascendencia de debates pacíficos que permitan analizar los contextos autoritarios y macabros, sin relativizar, llamándolos por su nombre para pasar, como sociedad más madura, a la superación del pasado violento, poniéndolo bajo control y así a la sanación.
Porque hace 37 años, en 1985, mientras en Argentina se realizaban estos juicios, en Colombia, en cambio, miembros de la fuerza pública, que se han hecho llamar héroes de la patria, introducían un tanque de guerra en la sede máxima de la Justicia, tirando cañonazos contra un centenar de ciudadanos ¡que debían rescatar!; torturaron a los sobrevivientes, los ejecutaron, los desaparecieron y arrasaron el sistema judicial, y a los jueces que sí representaban a una justicia ética y las leyes que todos tienen que respetar, en completa impunidad y amparados por el aparato estatal. Una escena dantesca que ni el más barato director de películas podría imaginar. Según explicaron los militares, era su forma de “defender la democracia”. Aún hoy, en Colombia hay un sector de la sociedad que sigue justificando lo que allí sucedió y atacando a quien denuncia. Y la justicia sigue, amedrentada, sin reaccionar.
¡1985 para Colombia debe ser recordado como el año de la vergüenza!
"El sadismo no es una ideología política ni una estrategia bélica, sino una perversión moral”, diría el fiscal Julio Strassera.
Hace tiempo que Colombia debió haber hecho justicia gritando al unísono: ¡"Nunca más"!
